La presidenta encargada de Venezuela anunció el martes la creación de una comisión de “reestructuración” del gobierno para adaptarlo a una “nueva realidad política” tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Antes vicepresidenta, Delcy Rodríguez asumió las riendas del país después que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario izquierdista en una operación militar en enero.

Desde entonces, Rodríguez ha cambiado la mitad del gabinete que heredó de Maduro, así como a todos los integrantes del alto mando militar ya gran parte de los comandantes regionales del ejército.

La presidenta encargada designó el martes a Héctor Rodríguez, ministro de Educación y figura del chavismo, como comisionado para “la reestructuración y reingeniería del gobierno”.

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La comisión se crea para lograr “una nueva estructura del gobierno adaptada a esta nueva realidad de Venezuela, a una Venezuela que renace”, dijo Rodríguez durante una reunión del consejo de ministros en el palacio presidencial de Miraflores.

Debe presentar resultados en “un lapso de 90 días”, precisó la mandataria durante la alocución televisada.

Además, comisionó a Anabel Pereira, ministra de Economía, para la “gestión eficiente” del gobierno. “El basamento administrativo financiero es fundamental para una gestión eficiente”, dijo Rodríguez, sin dar mayores detalles.

La mandataria gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a carga del país caribeño. Rodríguez ha profundizado cambios gubernamentales como la eliminación de varios programas sociales del chavismo.

Asimismo, impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo global a inversores extranjeros.

• Fuente: AFP

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• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

"Hace rato que la oposición tiene como hoja de ruta volver a las listas cerradas, sin las máquinas de votación serían impracticable las listas abiertas", dijo el diputado Alejandro Aguilera, en torno a la campaña de desprestigio que impulsa el mencionado sector conjuntamente con la disidencia colorada contra el sistema electoral rumbo a las internas del 7 de junio, para las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Nosotros creemos plenamente en el sistema electoral paraguayo y en la fiabilidad de las máquinas de votación, que ya fueron auditadas en su momento, según los plazos del calendario electoral, con participación de técnicos, partidos políticos y observadores", sostuvo al diario La Nación/Nación Media.

Aguilera acotó: “Desde el movimiento Honor Colorado no tenemos ningún problema con la transparencia ni con los controles. Lo que no podemos permitir es que se pretenda instalar un relato de fraude sin una sola prueba, porque eso debilita la confianza ciudadana en la democracia“.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezada por Jorge Bogarín, emitieron un comunicado indicando que la auditoría de las máquinas de votación fue realizada del 2 al 27 de febrero pasado, con la presencia de los representantes técnicos de las diferentes organizaciones políticas cuyos movimientos internos pujarán el próximo 7 de junio.

No obstante, el órgano electoral accedió nuevamente a ejecutar una verificación técnica con la finalidad de disipar cualquier duda sobre la fiabilidad de las máquinas de votación. El proceso inicia con la Asociación Nacional Republicana (ANR), el 25 y 26 de mayo, y continúa con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el 27 y 28 de mayo.

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La verificación técnica contará con la presencia de especialistas en hardware y software pertenecientes al consorcio Comitia – MSA, que resultó adjudicado para el arrendamiento de las 18.000 máquinas de votación por un valor de USD 35 millones.

“Da la impresión de que algunos ya están abriendo paraguas ante una catastrófica derrota electoral y buscan sembrar dudas antes de que la gente vote. Nosotros defendemos elecciones libres, transparentes y en la fecha que corresponde. Bajo ningún motivo se puede hablar de suspender elecciones por especulaciones políticas“, puntualizó.

Por otra parte, Aguilera lanzó un mensaje a la ciudadanía argumentando que “el sistema electoral paraguayo es ejemplo a nivel internacional. La incapacidad de la disidencia y la oposición de conseguir respaldo popular no tiene por qué embarrar unas elecciones democráticas“.

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Los reclusos eran “torturados y golpeados”. María Eugenia Durán denuncia los tratos despiadados que, según le contó su esposo, recibían los presos de una cárcel del oeste de Venezuela antes de amotinarse el domingo. La revuelta estalló en un centro para presos comunes del estado de Barinas. Cientos treparon hasta el techo de la prisión y colgaron pancartas con mensajes como “SOS” y “No más tortura”, según observaron periodistas de la AFP.

Varios de ellos con el rostro cubierto incendiaron colchones y sábanas. Durán, de 48 años y esposa de un hombre preso hace cuatro años, dijo a la AFP que la razón que detonó la protesta es que los reos “fueron torturados, golpeados”. Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Esta cárcel de Barinas tiene una población de 1.200 hombres y poco más de 100 mujeres, aunque su capacidad es sólo para 450 personas, según la oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Ansiosos, decenas de familiares permanecieron todo el día en las inmediaciones de la cárcel, mientras veían a varios autobuses salir del penal para reubicar a los reclusos en otras prisiones.

“Queremos un listado de nuestros familiares” trasladados, demandaban a uno de los mandos militares en el lugar, ante la falta de claridad en el proceso. El militar dijo que los presos decidieron voluntariamente si querían o no ser llevados a otra prisión. Las autoridades no han ofrecido un balance sobre el motín ni confirmado si ya retomaron el control del penal.

El director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido tras la rebelión de los reclusos, confirmó un funcionario a la AFP. La oenegé indicó que desde que Macuare asumió el cargo hace una semana, los reos fueron objeto de “golpizas y torturas”. Además de que “presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”, añadió la organización.

“Ese hombre era el diablo”, dijo bajo anonimato una mujer que espera noticias de un familiar. El penal “había sido tranquilo”, pero “cambió cuando llegó el director”, contó Carla Rivas, de 36 años y quien espera noticias de su hermano recluido en esta cárcel. “Ellos lo golpearon, no sabemos cómo está”, lamenta. Militares y policías custodiaron la mañana del lunes el penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Temprano, 112 mujeres fueron trasladadas a otro centro penitenciario, informó el OVP. Más tarde partieron otros tres autobuses con reclusos a bordo. “¿Adónde van?”, gritaban familiares apiñados en una entrada. “¡Al Rodeo!”, respondían los presos. El centro de reclusión El Rodeo, a las afueras de la capital, es conocido por albergar presos por razones políticas en uno de sus pabellones, incluidos extranjeros.

“Aquí estamos todas las madres sin saber para dónde mandan a nuestros familiares”, se queja María Cristina Villamizar, de 66 años. “No le sigan violando sus derechos humanos, tengan compasión de ellos”, pide. El observatorio dijo en X que estos traslados “terminan incrementando el hacinamiento crítico que ya existe en los penales, generan separación familiar, aumentan el retardo procesal”.

La Fiscalía anunció más temprano en un comunicado que abrió una investigación sobre la “situación de protesta”. Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo envió una comisión para verificar “la integridad física” de los reclusos y “escuchar sus demandas”, indicó un comunicado del ombudsman. Las autoridades prometieron a familiares instalar una “mesa técnica” para mediar, según el OVP.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades. En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia. Rodríguez impulsó además una ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que expertos han criticado por considerarla insuficiente.

Fuente: AFP.

Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.

Fuente: AFP.