Dos periodistas y un policía murieron el martes 24 de diciembre en un ataque armado de pandillas mientras cubrían la reapertura de un hospital en el centro de Puerto Príncipe, la capital haitiana, informó a la AFP un colectivo de medios. “Markenzy Nathoux y Jimmy Jean fueron asesinados este martes 24 de diciembre durante el ataque de bandidos de la coalición ‘Viv ansanm’ (Vivir Juntos) durante la reapertura del hospital HUEH (Hospital de la Universidad Estatal de Haití)”, dijo a la AFP Robest Dimanche, portavoz del Colectivo de Medios en Línea (CMEL).
Otros periodistas resultaron heridos y fueron atendidos en otro hospital público de Puerto Príncipe. También murió un policía, dijo a la AFP el portavoz adjunto de la Policía Nacional de Haití (PHN), Lionel Lazarre, sin dar detalles ni un balance. Según información preliminar, miembros de una pandilla abrieron fuego durante la reapertura del hospital, en una zona de alta inseguridad donde las pandillas imponen la ley.
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El HUEH estaba cerrado desde el 29 de febrero, tras ser atacado por miembros de la coalición “Viv ansanm”, que la semana pasada también había incendiado el hospital Bernard Mevs, sin causar víctimas. Haití, un empobrecido país caribeño, enfrenta violencia endémica de pandillas armadas e inestabilidad política.
El ataque del martes se produce en medio de una creciente inseguridad en Puerto Príncipe, donde a principios de mes al menos 207 personas murieron por los abusos ordenados por un poderoso líder contra practicantes del culto vudú, según la ONU. La llegada este verano de una misión multinacional de apoyo a la policía haitiana, encabezada por Kenia y apoyada por la ONU y Estados Unidos, no ha permitido reducir los delitos de los grupos armados, como numerosos asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.
Fuente: AFP.
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Ecuador inicia fuerte operativo para combatir grupos criminales con apoyo de EE. UU.
Ecuador inicia este domingo en la noche un plan de dos semanas para atacar a las bandas narcotraficantes con apoyo de Estados Unidos y bajo estrictos toques de queda en las regiones más golpeadas por la violencia.
Fiel aliado de Washington, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles de la cocaína, pero las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y otros delitos no ceden.
Entre el domingo en la noche y el 31 de marzo las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una “ofensiva muy fuerte” con “asesoramiento” de Estados Unidos, anticipó el martes el ministro de Interior, John Reimberg.
Unos 30.000 militares fuertemente armados participan en las operaciones, acompañados de caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros, según imágenes difundidas por las autoridades.
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El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de la misión y si desplegará efectivos estadounidenses en su territorio como ha ocurrido durante el mandato de Noboa. A lo largo de dos semanas los ecuatorianos de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro tendrán prohibido salir entre las 23:00 locales (4:00 GMT) y 5:00 (10:00 GMT).
Principal punto de partida
“Estamos en una guerra”, dijo Reimberg: “No se arriesguen, no salgan, quédense en casa”, añadió. Aunque no produce cocaína, Ecuador se ha convertido en el principal punto de partida de la droga que llega a Estados Unidos mientras en sus calles la guerra se ensaña contra la población local.
Vecino de los mayores productores del polvo blanco, Colombia y Perú, el país pasó de ser una isla de paz a tener una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.
Durante el toque de queda sólo podrán salir viajeros con tiquete de avión en mano, personal de salud y de emergencias. La medida preocupa a periodistas, transportistas, dueños de restaurantes, bares y otros negocios nocturnos y personas que viven lejos de sus trabajos.
Martha Ladines, de 28 años, es panadera en Guayaquil y no podrá comenzar a tiempo su jornada laboral.“Nos han dicho que esa hora no se recupera porque hay turnos de los otros compañeros, y nos descontarán del sueldo”, dice a la AFP esta madre de dos niños.
“Será duro”
Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por Donald Trump para combatir al narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de mes en Miami bajo el nombre de “Escudo de las Américas”.
Noboa se alinea con países como El Salvador y Argentina, dispuestos a respaldar la campaña estadounidense para ampliar su influencia en Latinoamérica tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por Trump en Venezuela.
Desde hace meses las Fuerzas especiales estadounidenses apoyan a los comandos ecuatorianos en entrenamiento, inteligencia y financiación. El miércoles el gobierno anunció la inauguración de la primera Oficina del FBI en Ecuador.
La semana pasada bombardeó con apoyo de Estados Unidos un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en los límites de ambos países.
Esta ofensiva divide a los ecuatorianos, ante denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública durante los frecuentes estados de excepción ordenados por Noboa desde que llegó al poder en noviembre de 2023.
El toque de queda “será duro para muchos por el trabajo, pero se necesita para tratar de controlar la inseguridad que vivimos. Ojalá las autoridades hagan un buen operativo táctico y no haya tantos muertos”, dice Luis Villacís, un guardia de seguridad de 58 años.
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Quienes incumplan la medida se exponen a penas de hasta tres años de prisión. Los ecuatorianos votaron “no” al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo promovido por Noboa. Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano y un bastión narco.
Fuente: AFP
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#8M: la violencia contra la mujer no termina el día de la agresión
La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.
Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.
Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.
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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.
La importancia de las 72 horas
Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.
En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.
Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.
La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.
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Atención digna
Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.
Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.
Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.
No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.
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8-M: informe sobre “la violencia que deja huellas” en la sociedad
El Ministerio Público, a través de un análisis del Observatorio, difundió un informe donde visibiliza cinco hechos punibles en los que predominan las víctimas mujeres -niñas, adolescentes y jóvenes- registrados entre los años 2021 y 2025 en Paraguay, evidenciando el fuerte impacto que estos delitos generan en la vida de las afectadas.
Durante este periodo de cinco años se registraron 17.305 denuncias de abuso sexual en niños, 6.507 casos de coacción sexual y violación, 782 casos de acoso sexual y 671 casos de proxenetismo. A estos delitos se suman 38.794 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario y 172.722 denuncias por violencia familiar.
En el contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se recuerda hoy, la Fiscalía expone estos hechos punibles que reflejan una problemática estructural que trasciende el ámbito penal. La violencia contra niñas y adolescentes genera profundas consecuencias psicológicas, sociales y económicas que pueden extenderse durante toda la vida de las víctimas.
Comprender estas consecuencias resulta fundamental para dimensionar el impacto real del fenómeno, explicó la psicóloga Soledad Barge, integrante del equipo técnico del Observatorio del Ministerio Público.
ETAPAS CRÍTICAS
La infancia y la adolescencia temprana constituyen etapas clave para la formación de la personalidad, la autoestima y las habilidades sociales. Cuando una niña es víctima de abuso sexual durante estos períodos, se produce una alteración profunda en los procesos de desarrollo psicológico. La exposición a la violencia sexual en la infancia se asocia con mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés postraumático y conductas autodestructivas.
El trauma puede manifestarse de diversas maneras, tales como recuerdos intrusivos, miedo persistente, dificultades para confiar en otras personas –especialmente en los adultos–, así como problemas en la regulación emocional.
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Investigan muerte de una mujer abandonada en el hospital de Barrio Obrero
Una mujer con rastros de violencia fue abandonada en el hospital de Barrio Obrero, adonde fue llevada por un desconocido el jueves en horas de la madrugada. El hombre llegó en motocarro, dejó a la paciente y luego se retiró sin identificarse.
En principio, se sospechó que la mujer fue víctima de violencia sexual, pero posteriormente se descartó esta versión tras la inspección médica. La mujer falleció a raíz de una hemorragia interna causada por golpes.
La víctima fue identificada como María Leticia Sánchez (33), quien según familiares antes de fallecer confesó que la misma se resistió a un abuso sexual y fue brutalmente golpeada.
“Ella le contó a su hermano que el tipo quiso abusar de ella. Ella no se entregaba y ahí comenzó la pelea. Esas fueron sus últimas palabras”, refirió Sonia María Sánchez, madre de la difunta, en declaraciones a canal Trece.
La Fiscalía investiga el caso como posible feminicidio. Según datos recabados, la mujer ingresó al centro asistencial el 5 de marzo de 2026 alrededor de las 05:31 y falleció el viernes, luego de permanecer en terapia intensiva.
Tras ser revisada, no se encontraron rastros visibles de abuso sexual, aunque sí se constató que presentaba trauma cerrado de abdomen con presencia de líquido en la cavidad abdominal, por lo que fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia.
Luego de la operación, la paciente permaneció intubada en la sala de cuidados críticos, donde finalmente se produjo su muerte.
“Según el forense, por golpes. Nosotros creemos que le pateó todo mal, porque encontramos rastros de patadas en la cara, en su estómago y en cuatro a cinco partes del cuerpo”, mencionó.
Dijo además, que el hecho ocurrió frente al local de la Asociación de Pescadores, donde disponen de cámaras de seguridad, cuyas imágenes serán analizadas por los investigadores.
Finalmente, la madre pidió justicia para su hija, quien deja tres niñas huérfanas. “Yo pido justicia, porque ya no me van a poder devolver la vida de mi hija”, sentenció.
Aprehendido
Esta sábado, en horas de la tarde, fue aprehendido un hombre sospechoso de haber dado muerte a la mujer.
“Pudimos ubicar al hombre que manejaba el motocarro, hablamos con él. Manejamos el nombre del supuesto autor y detuvimos al ciudadano conocido como ‘Moreno’. Fue aprehendido en una zona boscosa y será derivado a la Fiscalía para declarar”, señaló el subcomisario Antonio Espínola a C9N.
Se refirió además a los motivos del conflicto: “La riña supuestamente empezó debido a que el tal ‘Moreno’ le sacó un billete de 2 mil a la señorita y se maneja que sólo es él el que agarra una piedra y le tira a la señorita”, detalló el jefe policial.
Por otro lado, refirió que la víctima fatal era una persona adicta en situación de calle y que el supuesto agresor formaba parte de su entorno.