La Cámara de los Diputados de Brasil aprobó ayer martes un proyecto de ley que incluye el reglamento clave para implementar una reforma que simplifica el sistema tributario de la mayor economía de América Latina.
Aunque con algunas modificaciones, los diputados dieron el visto bueno a una iniciativa que el Senado había avalado la semana pasada y que ahora está sujeta a la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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La norma es considerada fundamental para poner en práctica la modificación general del sistema de impuestos al consumo de Brasil, que duró casi seis décadas sin transformaciones hasta hace un año, cuando el Parlamento aprobó una reforma promovida por la administración de izquierda para impulsar el crecimiento económico.
Reglamentación necesaria
El texto avalado establece la reglamentación necesaria para fusionar cinco impuestos sobre el consumo en uno: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que será desdoblado en un tributo federal y otro estatal.
“La reforma tributaria está reduciendo la carga en un 0,7 % para todos los brasileños”, dijo el diputado Reginaldo Lopes, del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y ponente de la iniciativa. “Todos los cambios que no adoptamos caminan en el sentido de mantener la alícuota general de referencia en 26,5 %”, agregó, citado en un comunicado de la Cámara de los Diputados.
La normativa también detalla un nuevo gravamen a productos considerados nocivos para la salud, como el alcohol y las bebidas azucaradas. El tributo de estas últimas fue añadido en la Cámara Baja tras haber sido retirado en el Senado.
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Establece además la exención total de impuestos sobre el consumo a los alimentos de la canasta básica, como la carne, arroz, el frijol y la leche, entre otros, y a algunos medicamentos.
La aprobación de la reglamentación tiene lugar en un momento de preocupación de los inversores sobre el compromiso fiscal del gobierno de Lula, una depreciación récord del real respecto al dólar estadounidense y temores por una posible aceleración del ritmo inflacionario.
Fuente: AFP
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Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
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Analizarán propuesta para modificar régimen de financiamiento de campañas políticas
La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.
El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.
Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.
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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.
La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.
El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.
Principales cambios se sintetizan en:
Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.
Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.
Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.
Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.
Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.
Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.
De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.
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EE. UU. establece los aranceles más altos para Siria, Suiza y Argelia
El presidente Donald Trump firmó ayer jueves un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países para reestructurar el comercio mundial en beneficio de Estados Unidos. Las nuevas tarifas aduaneras, una de las palabras preferidas del presidente republicano, conocido por tener una visión mercantilista de las relaciones comerciales, no entrarán en vigor este viernes como estaba previsto inicialmente, sino dentro de siete días.
Este retraso tiene como objetivo dar tiempo a las aduanas para prepararse, informó un alto cargo estadounidense a periodistas. “Reestructuración del comercio mundial en beneficio de los trabajadores estadounidenses”, escribió la Casa Blanca en mayúsculas y negrita en uno de los documentos en los que anuncia los nuevos gravámenes.
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“Amenazas extranjeras”
Se trata de “abordar aún más el creciente déficit comercial anual de bienes de Estados Unidos” y “proteger a Estados Unidos de las amenazas extranjeras a la seguridad nacional y la economía”, añade. Las nuevas tarifas aduaneras llegan al 41 % en el caso de Siria, a la que Suiza pisa los talones con el 39 %. Argelia está sujeta al 30 %, Bangladés al 20 %, Laos al 40 % e India al 25 %.
Canadá también recibe un golpe, al pasar del 25 % al 35 %, salvo los productos protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte junto con Estados Unidos y México. “Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos” lamentó la Casa Blanca.
“Los cárteles mexicanos operan cada vez más laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno en Canadá”, añade sobre dos opioides sintéticos que preocupan a Estados Unidos. La Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur, unos de los pocos socios que lograron renegociar las tarifas durante la tregua anunciada en abril y postergada desde entonces, estarán sujetos al 15 %, como la mayor parte de los países. El Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas también alcanzaron acuerdos, todavía preliminares.
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Brasil y México
Washington aumentó del 10 al 15 % los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantuvo intactos los previstos en abril para Venezuela (15 %) y Nicaragua (18 %). Brasil figura con un 10 %, pero será solo hasta el 6 de agosto. El miércoles el gobierno de Trump anunció que a este arancel mínimo universal añadirá 40 puntos porcentuales (pp), lo que equivale a un 50 %, debido sobre todo al juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intentona golpista.
Este jueves, tras hablar por teléfono con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, Trump se mostró indulgente con su vecino del sur y le concedió una prórroga de 90 días con el objetivo “de firmar” un acuerdo “dentro de ese plazo, o incluso más”. Entre tanto sigue sometido al 25 % salvo los bienes incluidos en el T-MEC.
Se alcanzó “el mejor acuerdo posible” si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa. México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30 %, “acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas”, añadió Trump.
“Destrozan” las reglas
“No cabe duda: el decreto y los acuerdos” concluidos en los últimos meses “destrozan el libro de reglas comerciales que ha gobernado el comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial”, opina Wendy Cutler, vicepresidenta senior del Asia Society Policy Institute. “Si nuestros socios pueden preservarlo sin Estados Unidos es una pregunta abierta”, añadió.
China ha quedado excluida del drama porque su tregua no expiraba este viernes, sino el 12 de agosto, cuando los aranceles podrían volver a niveles más altos. Hasta ahora la mayoría de los países se enfrentaban al arancel mínimo universal del 10 % impuesto en abril y los aplicados a ciertos productos como el 50 % al aluminio y el acero o el 25 % a los automóviles. A partir del viernes también entrarán en vigor recargos del 50 % para los productos fabricados con cobre. El impacto de los aranceles preocupa a los economistas. Los consideran un lastre para la inflación, que subió al 2,6 % en junio, según el índice PCE publicado el jueves, y para el crecimiento de Estados Unidos.
El uso de los aranceles como medio de presión para alcanzar acuerdos comerciales favorables a Estados Unidos acabó en los tribunales. Este jueves se celebró una vista en una corte de apelaciones de Washington para determinar si Trump se ha extralimitado en sus facultades constitucionales al imponer estos recargos. La Casa Blanca ha advertido que apelará ante la Corte Suprema si la sentencia le es desfavorable.
Fuente: AFP.
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Operativo fronterizo deja como resultado la incautación de una tonelada de droga
El trabajo de cooperación entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil dio este jueves un golpe a una estructura del narcotráfico que operaría en la zona fronteriza de la Colonia Guavira, distrito del Saltos del Guairá.
El allanamiento se ejecutó en un inmueble rural de la mencionada zona tras una investigación conjunta entre ambas instituciones, la cual busca neutralizar el tráfico fronterizo de droga. En el lugar fue encontrado un camión cargado de paquetes de marihuana.
Una vez inspeccionado el camión, los intervinientes constataron que en su interior había una carga de 52 paquetes, los cuales contenían 942 kilogramos de marihuana procesada y lista para su redistribución. Asimismo, en la cabina del vehículo fueron encontrados varios documentos que serán analizados.
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El procedimiento no arrojó detenidos, pero constituye un importante golpe al esquema logístico del narcotráfico fronterizo, en especial teniendo en cuenta que el lugar intervenido se encontraba a aproximadamente 1.000 metros de la línea fronteriza con Brasil, lugar donde esta droga multiplica su valor en el mercado.
Los intervinientes destacaron que este tipo de acciones refuerza el compromiso de Paraguay y Brasil en la lucha conjunta contra el crimen organizado, bajo una línea operativa que prioriza la inteligencia compartida y la acción simultánea en zonas sensibles de frontera.
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