El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció ayer sábado que ha movilizado a más de 8 mil militares a las fronteras para evitar y combatir el contrabando de alimentos a otros países. “Hemos instruido al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, refuerce los controles fronterizos”, indicó Arce en la red social X.
“Más de 8 mil efectivos militares han sido desplegados para combatir el contrabando en puntos fronterizos y pasos clandestinos”, confirmó. El mandatario señaló que la medida se da “en el marco de lucha contra el agio y la especulación y para proteger la economía de las familias bolivianas”.
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“Hemos solicitado al Comité de Seguridad Alimentaria intensificar los controles en mercados y supermercados para garantizar el acceso al aceite refinado a precio justo a nivel nacional”, agregó. Bolivia registra una escasez de aceite comestible, carnes de res y arroz, que el gobierno atribuye al contrabando hacia países vecinos como Perú, Argentina y Brasil.
“Estamos en una lucha frontal, esta lucha es permanente hasta bloquear lo que es el contrabando y tener una Bolivia cero en contrabando”, dijo a la prensa el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez. La inflación en Bolivia ha superado los pronósticos oficiales. Entre enero y octubre se registró un aumento de precios de 7,26 %, cuando la proyección para 2024 era de 3,5 %. La inflación a doce meses fue de 7,94 % a octubre.
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Fuente: AFP.
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Pedro Juan: sospechoso sobrevuelo de dron sobre penitenciaría movilizó a fuerzas de seguridad
El sobrevuelo de un dron en las cercanías de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero movilizó el fin de semana a policías y militares. El sospechoso avistamiento del objeto se produjo alrededor de las 21:00 del sábado, lo que generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El interventor de la penitenciaría, Cristian Ortiz, y el jefe de seguridad, Hugo González, comunicaron a la comisaría jurisdiccional que un dron estaba sobrevolando la zona cercana al establecimiento penitenciario.
A raíz de la denuncia, los agentes consultaron a personal técnico de los departamentos de Antinarcóticos e Investigaciones a fin de corroborar si el aparato les pertenecía. Sin embargo, ambas unidades descartaron que el aparato observado les perteneciera.
Ante esa situación, los efectivos policiales, con el apoyo de personal militar, procedieron a realizar recorridas en el perímetro que rodea a la penitenciaría con el objetivo de localizar el aparato electrónico además de ubicar a la persona responsable de operarlo.
Pero, a pesar de los intensos controles ejercidos durante la noche por las fuerzas de seguridad, no se pudo identificar al propietario ni ubicar el dispositivo.
No obstante, las autoridades siguen investigando para determinar quién o quiénes estarían detrás de esta situación, mientras se mantienen atentos ante cualquier novedad relacionada con el caso. El hecho fue comunicado al Ministerio Público a la par de reforzar la seguridad en la penitenciaría y alrededores.
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Bolivia: autorizan usar militares para desbloquear rutas cerradas por protestas
El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.
Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.
Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.
Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones. Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.
Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.
El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos. Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.
Presunción de legalidad
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.
“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.
Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.
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En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de carburantes. Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.
El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.
Fuente: AFP
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Desbloquean en La Paz ruta clave para alimentos
- AFP
Policías y militares desbloquearon ayer viernes una ruta vital para abastecer de alimentos a las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, asfixiadas por más de un mes de protestas sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El mandatario centroderechista, en el poder desde hace seis meses, se apresta a declarar un estado de excepción que le permita un mayor uso de la fuerza militar para levantar los bloqueos que mantienen campesinos y obreros en varias regiones del país.
A la espera de que el parlamento lo habilite para tomar esa medida, policías, apoyados por un grupo de militares, quitaron escombros que cortaban una estratégica vía al sur de La Paz para dejar pasar alimentos, según imágenes del Ministerio de Defensa.
Antes de ese operativo, decenas de personas han tenido que caminar varios kilómetros para abastecerse de verduras y otros alimentos debido al bloqueo de esa ruta que une La Paz con las comunidades agrícolas de Lipari y Río Abajo.
El propio ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien asumió el puesto esta semana, encabezó el operativo. En la ruta aún se observan escombros, piedras y palos que complican el tránsito de pasajeros y carga.
Las ciudades de La Paz y El Alto y en menor medida las de Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste) carecen de alimentos, medicamentos y combustibles, debido al casi centenar de bloqueos extendidos por el país.
El gobierno de Paz, que culpa al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las protestas, recibió un nuevo apoyo de Estados Unidos.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró el jueves en X que Estados Unidos sigue de cerca la situación: “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narcoterrorista en la región vuelva a imponerse”.
Morales, enconado crítico de Washington, aseguró ayer viernes en X que Estados Unidos “recurre nuevamente al discurso del ‘narcoterrorismo’ para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas” de los sectores sociales.
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Países socios del Escudo de las Américas respaldan al gobierno boliviano
El departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer una declaración conjunta que emite con las Naciones Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago; que son Estados socios del Escudo de las Américas por la cual brinda su total respaldo al gobierno democrático y legítimamente elegido de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz.
En dicho pronunciamiento conjunto condenan de manera firme los esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y a la vez contravenir la voluntad de los votantes mediante bloqueos de suministros vitales para el pueblo boliviano y la financiación de actividades delictivas deben ser rechazados, y los responsables deben rendir cuentas.
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“Respaldamos al gobierno democrático del presidente Paz mientras enfrenta los intentos que buscan hacer retroceder a Bolivia mediante esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano a través de falsos bloqueos en las carreteras”, expresa parte del pronunciamiento.
Señalan que los grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas para dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos.
“Quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos. Aquellos que tengan reclamos legítimos deberían aprovechar la disposición del gobierno al diálogo y denunciar a quienes pretenden instrumentalizar sus causas para recuperar el poder”, concluye la declaración conjunta.