Este jueves, se dio a conocer como actuó Gianina García, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, durante su traslado al penal de mujeres Martín Mendoza de Emboscada, ocasión en la que amenazó de muerte a los militares que participaron del procedimiento. Además, de que su pareja tomaría represalias y se arrepentirían del cambio.

El documento fue emitido por la Suprema Corte de Justicia Militar y remitida a la jueza Rosarito Montanía. En este relatan la situación por la que pasaron funcionarios militares la semana previa y el mismo día de la ejecución del traslado de García, en el que la tensión subió y fueron amenazados de muerte.

El informe señala con detalles todo lo que se vivió entre el 16 al 20 de febrero dentro del penal militar de Viñas Cué. En ese periodo, la mujer recibió la visita de su abogado Balbino Garcete en dos ocasiones y consultó con la psiquiatra Lilian Ovelar. La familia no la visitó y se tenía un ambiente tenso, indica.

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El 20 de febrero, día del traslado, la situación se desbordó cuando García vio que los militares se preparaban para la ejecución de la orden y opuso resistencia, amenazando a los uniformados y serían víctimas de represalias por parte de Sebastián Marset.

“Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”, fueron las palabras de la mujer, según el documento firmado por el coronel Luis Vega de la Dirección de Justicia Militar.

La mala conducta se viene repitiendo desde el año pasado, una de las situaciones fue el 1 de diciembre cuando la mujer amenazó con suicidarse y luego rompió todas las cámaras de seguridad de su celda. Gianina Gar­cía Troche está imputada en el marco del operativo a Ultranza Py porque habría colaborado con el esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.

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El Ejecutivo decidió utilizar las fuerzas públicas de manera con­junta y coordinada para hacer frente a algunos casos de secues­tro y otros tipos de violencia que se dieron en sitios ubicados entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. La intervención unificada de las fuerzas militares y poli­ciales ayudará a dar más fuerza al opera­tivo y aumentará la seguridad pública en las zonas con problemas.

El propósito es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y eliminar cualquier tipo de delincuencia que intente romper el bien­estar de la gente que trabaja y quiere pro­gresar mediante su esfuerzo cotidiano.

Se habló de que el que secuestró al ciuda­dano Almir de Brun da Silva sería el grupo armado que en años pasados realizó varios secuestros y crímenes con el fin de ame­drentar al Gobierno y proponer otra con­ducción política. Luego de más de un lustro vuelve a aparecer con la misma siniestra intención de secuestrar, matar y hacer daño a la ciudadanía sin importarles nada más que sus tétricos propósitos criminales con supuesta intención política.

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) decidió que intervengan las fuerzas públi­cas para eliminar los problemas de seguri­dad existentes a fin de que vuelva todo a la normalidad.

El titular del Codena, Cibar Benítez, explicó que es necesario que los elemen­tos de las fuerzas militares actúen en forma coordinada con sectores de otras insti­tuciones estatales en las zonas geográfi­cas que están fuera de los departamen­tos en que se estableció anteriormente la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Porque la intención es que las Fuer­zas Armadas hagan su tarea de seguridad donde exista la amenaza. “No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria. Ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el directivo de Codena.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que se trata de hacer una flexibili­zación del poder de fuego del Estado ante la amenaza que puede existir en el territo­rio nacional. Explicó que la determinación que se ha tomado obedece a una orden del presidente de la República, Santiago Peña, que decidió hacerlo para concretar mayores medidas de seguridad. Por ello se decidió establecer lugares de control de documen­tos de vehículos y de personas, los retenes, para que se pueda sentir la presencia del Estado.

Que el Gobierno se ocupe de poner el máximo de cuidado militar y policial para combatir a los delincuentes que preten­den socavar la tranquilidad de la gente con secuestros y otros delitos es una buena señal. Y una decisión muy oportuna, por­que como país en plena tarea por el creci­miento económico y el bienestar de su gente no debe tolerar a la locura criminal de los que con el secuestro y otros comportamien­tos de gran violencia quieren ir contra el derecho a la vida, la tranquilidad de la ciu­dadanía y la seguridad de las personas.

Nadie, ninguna agrupación, partido político o nucleación cívica puede utilizar la violen­cia para imponer sus puntos de vista o hacer valer sus intenciones. Son actitudes crimi­nales que solo adoptan los delincuentes que, usando algunas ideas poco razonables, quie­ren imponer posiciones cuestionables y pos­turas políticas que ya no funcionan ni para engañar a los más ingenuos.

El Paraguay, en toda su historia, ya ha sufrido bastante por la incursión de crimi­nales disfrazados de gente pacífica que han querido imponer posiciones políticas que solo sirvieron para el fracaso. No se puede soportar el secuestro, el robo, la agresión de cualquier tipo, o la muerte de seres huma­nos para aceptar ciertas posiciones ideoló­gicas o políticas.

El que mata, aunque use la ropa o la ban­dera que se le ocurra, es un asesino. Como el que roba, con el pretexto o la explica­ción que fuere, es un simple ladrón. Ambos merecen el rechazo y el castigo que les corresponde de acuerdo con las disposi­ciones legales. Lo que está mal no se puede aceptar y debe ser rechazado y combatido con energía.

Por ello la ciudadanía tiene que acompañar la postura asumida por el Gobierno nacio­nal contra la delincuencia y la criminali­dad. Lo importante es que se persiga a los que quieren hacer daño y se apoye a quienes procuran el bienestar de las personas.

El Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo (CAAP) expresó a través de un comunicado su firme respaldo al operativo encabezado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que permitió la incautación de un importante cargamento de azúcar de contrabando en el departamento de Cordillera, el pasado 22 de febrero.

Durante la intervención fue interceptado un camión de gran porte que transportaba aproximadamente 27.900 kilogramos de azúcar (unos 930 fardos) ingresados de manera ilícita desde Brasil, según el comunicado difundido por el gremio.

Desde el CAAP destacaron el trabajo coordinado de las instituciones involucradas, aunque advirtieron que el volumen de azúcar que ingresa ilegalmente al país sigue siendo significativamente mayor al que se logra incautar. “Valoramos el esfuerzo y el compromiso demostrado por las autoridades, pero las cifras de contrabando anual siguen superando ampliamente las cantidades decomisadas”, señalaron.

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El gremio sostuvo además que este fenómeno representa una amenaza directa para los empleos formales vinculados a la cadena productiva de la caña de azúcar, afectando tanto a la industria como a miles de familias productoras. En ese sentido, plantearon avanzar hacia medidas más severas, como el comiso definitivo de los medios de transporte utilizados para el contrabando, lo que afirman podría generar un efecto disuasivo más contundente.

El titular del CAAP consideró necesario un mayor involucramiento del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en la fiscalización de los canales de comercialización interna, particularmente en el control del etiquetado y la trazabilidad sanitaria de los productos en góndolas, a fin de evitar que azúcar sin control oficial llegue a los consumidores.

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La Ceremonia de Entrega de Medallas por término de misión distinguió a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de la Nación que cumplieron funciones como observadores internacionales en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC), en reconocimiento a su desempeño en el ámbito internacional.

Durante el acto fueron condecorados el teniente coronel DCEM Israel Ananías Medina Vera y la mayor Evelin Elizabeth Araújo Reyes, quienes recibieron la distinción por su profesionalismo, compromiso y destacada labor en representación de la República del Paraguay. La ceremonia resaltó el valor del servicio prestado en escenarios multilaterales.

Las autoridades destacaron que la participación en este tipo de misiones fortalece la proyección internacional del país, además de consolidar la experiencia operativa y diplomática del personal militar en contextos de cooperación global.

La actividad reafirma el compromiso de las Fuerzas Armadas de la Nación con los principios de paz, seguridad y cooperación internacional, en el marco de iniciativas impulsadas por organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, consolidando la presencia paraguaya en operaciones de verificación y apoyo a la estabilidad regional.