El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció ayer sábado que ha movilizado a más de 8 mil militares a las fronteras para evitar y combatir el contrabando de alimentos a otros países. “Hemos instruido al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, refuerce los controles fronterizos”, indicó Arce en la red social X.
“Más de 8 mil efectivos militares han sido desplegados para combatir el contrabando en puntos fronterizos y pasos clandestinos”, confirmó. El mandatario señaló que la medida se da “en el marco de lucha contra el agio y la especulación y para proteger la economía de las familias bolivianas”.
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“Hemos solicitado al Comité de Seguridad Alimentaria intensificar los controles en mercados y supermercados para garantizar el acceso al aceite refinado a precio justo a nivel nacional”, agregó. Bolivia registra una escasez de aceite comestible, carnes de res y arroz, que el gobierno atribuye al contrabando hacia países vecinos como Perú, Argentina y Brasil.
“Estamos en una lucha frontal, esta lucha es permanente hasta bloquear lo que es el contrabando y tener una Bolivia cero en contrabando”, dijo a la prensa el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez. La inflación en Bolivia ha superado los pronósticos oficiales. Entre enero y octubre se registró un aumento de precios de 7,26 %, cuando la proyección para 2024 era de 3,5 %. La inflación a doce meses fue de 7,94 % a octubre.
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Fuente: AFP.
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El contrabando y economía paralela siguen siendo las principales amenazas al comercio formal
Respecto al informe de Economía Subterránea 2024, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, expuso que el mismo deja en evidencia las debilidades que enfrenta Paraguay en la lucha contra el contrabando y otras prácticas ilegales que afectan al comercio formal.
Para el empresario, lo más relevante de la edición 2024 es el cambio en la metodología, que permite por primera vez comparar la situación local con la de los países vecinos.
“Eso es lo más rico de esta edición, el poder tener visualizado cómo estamos en comparación con nuestros vecinos. Nos da la sensación de que se han hecho algunas cosas, pero que todavía hay mucho por hacer”, aseguró a La Nación/Nación Media y acotó que la vulnerabilidad de las fronteras sigue siendo uno de los mayores desafíos.
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Dijo que, aunque los países vecinos presentan porcentajes menores de economía subterránea, el volumen de sus economías es tan grande que las cifras absolutas son muy significativas y terminan impactando en el mercado paraguayo.
El titular del CIP hizo hincapié en que el contrabando y la subvaloración aduanera son dos de los principales problemas que afectan al sector importador. Por eso, insistió en la necesidad de que los gremios y el gobierno trabajen juntos para descomponer los datos del informe y así poder atacar cada problema por separado.
“La única forma de accionar y empezar a generar resultados diferentes sería tratar de tener alguna manera de medir los porcentajes de los que se compone la economía subterránea e ir atacando uno por uno cada uno de ellos”, afirmó.
En el análisis de Dumot, el informe señala claramente dos frentes que el Estado debe abordar de manera decidida: la informalidad, que requiere medidas desde el ámbito fiscal, y la ilegalidad, que debe ser combatida desde el área de seguridad. Ambos frentes, dijo, no solo afectan a las empresas formales, sino que también tienen un impacto directo en la recaudación y en las arcas públicas, lo que limita los recursos disponibles para el desarrollo.
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Dumot reconoció que el año pasado se logró una reducción importante en los niveles de contrabando, gracias sobre todo a la caída del contrabando proveniente de Argentina, en un contexto de restricciones y crisis en ese país. Sin embargo, advirtió que “los niveles que se lograron disminuir el año pasado no van a ser fáciles de sostener este año”, por lo que será necesario crear nuevas herramientas y estrategias para mantener el avance.
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Standard & Poor’s rebajó calificación de Bolivia por disputas políticas
La calificación crediticia de Bolivia para sus deudas a largo plazo cayó debido al áspero clima político, su alto endeudamiento y su limitado acceso a mercados internacionales, informó la calificadora de riesgo Standard & Poor’s. Bolivia atraviesa una crisis económica a causa de una escasez de dólares, derivada de la caída de sus exportaciones de gas. Y el gobierno del presidente Luis Arce no consigue nuevos financiamientos con organismos multilaterales para pagar sus actuales deudas por obstáculos en el Congreso.
“Estamos procurando no entrar en ‘default’. Tenemos toda la intención de pagar nuestra deuda, ¿pero si no tenemos los recursos?”, señaló Arce en una reciente entrevista con la AFP. Según el mandatario, la derecha y los congresistas afines al expresidente Evo Morales, convertido hoy en su mayor adversario, se han unido para trabar sus pedidos.
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En un informe publicado este miércoles, Standard & Poor’s rebajó el rating de Bolivia de CCC+ a CCC- y asignó una “una perspectiva negativa” para los siguientes seis a 12 meses, que estarán marcados por las elecciones de agosto y los elevados pagos de deuda que deberá empezar a desembolsar en 2026. “Las disputas políticas en medio de las próximas elecciones limitarán la habilidad del gobierno para abordar los desbalances macroeconómicos, como la creciente brecha entre el tipo de cambio paralelo y una inflación ascendente”, señala el reporte.
La inflación de Bolivia llegó al 18,4 % interanual en mayo, la más alta en al menos 17 años. Y el dólar en las calles ha duplicado el tipo de cambio oficial. El país casi agotó sus reservas líquidas de divisas para mantener sus subsidios a los combustibles, que aún importa a precio internacional y los distribuye subvencionados internamente. La calificadora detalló que el “estancamiento político” y el limitado acceso a los mercados externos de bonos “continúan limitando la capacidad del país para revertir la erosión de su liquidez”.
Fuente: AFP.
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Apuntan a posicionar a Paraguay como destino turístico para bolivianos
La Secretaría Nacional del Turismo (Senatur) apunta a posicionar al país como destino turístico en Bolivia y para ello realizó una misión comercial que finalizó con éxito en Santa Cruz de la Sierra con el objetivo de fortalecer la promoción del destino en este mercado estratégico de la región.
Bajo el lema “Paraguay Destino Turístico” en el Hotel Marriott de dicho país, operadores turísticos, agentes de viajes, gremios y medios locales conocieron de cerca las principales propuestas que ofrece nuestro país de la mano de representantes de cada rubro.
Fueron presentadas las opciones para el turismo de naturaleza y comunitario, la Ruta Jesuítica, ruta de la caña, rutas culturales y artesanales, recorridos gastronómicos y los grandes eventos como el WRC Rally Paraguay 2025, así como la Feria Internacional del Turismo (Fitpar).
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“Con acciones como esta, Paraguay reafirma su compromiso con un turismo competitivo, auténtico y sostenible, que impulsa el desarrollo económico, cultural y la integración regional”, mencionaron. El evento incluyó un workshop de negocios entre empresarios paraguayos y bolivianos, generando nuevas oportunidades de cooperación y alianzas comerciales.
Asimismo, se tuvo el acompañamiento del Cónsul General de Paraguay en Santa Cruz, ministro Julio César Echagüe, y del primer secretario, Óscar Benítez. En ese marco, Rossana Fustagno, presidenta de Fitpar, presentó oficialmente la próxima edición de la feria e invitó a los destinos turísticos bolivianos a sumarse como expositores.
La presentación oficial estuvo a cargo del director de gabinete de Senatur, Ángel Bogado, en representación de la ministra de Turismo Angie Duarte, en la búsqueda de posicionarnos en el plano regional; además la delegación estuvo compuesta por referentes del sector privado especializados en turismo y aviación.
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Colombia: liberan a 57 militares retenidos en zona de guerrilla
- El Tambo, Colombia. AFP.
El ejército y la policía de Colombia liberaron ayer lunes “sin un solo disparo” a 57 militares retenidos el fin de semana por pobladores de un enclave guerrillero en el suroeste del país y capturaron a una veintena de presuntos secuestradores, anunciaron las autoridades. El presidente izquierdista Gustavo Petro emprendió en 2024 una ofensiva para recuperar el control de esa zona conocida como Cañón del Micay, enclave de producción de cocaína y donde operan grupos armados como bandas criminales y guerrillas, pero se ha encontrado con una fuerte resistencia de los locales.
“El rescate perfecto, sin un solo disparo”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras abrazar a uno de los soldados rescatados que llegaron a una base en Popayán, capital del conflictivo departamento del Cauca. Los cuatro suboficiales y 53 soldados quedaron en libertad tras una operación de rescate en la que militares y policías capturaron a “más de veinte personas” en “flagrancia”, dijo Petro en X.
“Volviendo a casa (...) con ganas de ver a la familia”, dijo con una sonrisa uno de los soldados rescatados en un video difundido por el Ministerio de Defensa el lunes en la noche. Los soldados fueron retenidos el fin de semana por habitantes de dos pueblos del Cauca que viven del cultivo de hoja de coca.
Un primer pelotón quedó en manos de pobladores el sábado en medio de una operación en el municipio de El Tambo, mientras que otro grupo fue rodeado el domingo cuando se dirigía hacia el vecino El Plateado.
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“Mordisco”, en la mira
El gobierno señala al Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco, de haber perpetrado el “secuestro”.
Las retenciones de uniformados son una práctica común en las zonas cocaleras de Colombia. Para impedir el avance de la fuerza pública, los grupos ilegales instrumentalizan a civiles y les obligan a cometer estas acciones.
A diferencia de otras ocasiones en las que organizaciones humanitarias han apoyado en las liberaciones, esta vez las comunidades “se negaron” a dialogar con la estatal Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, dijo el ministro Sánchez, por lo que “se optó por un rescate”.
Imágenes captadas por un reportero de la AFP el lunes muestran a cerca de un centenar de militares fuertemente armados recorriendo a trote el municipio de El Tambo, mientras vehículos blindados se abren paso por las calles del pueblo.
El gobierno adelanta “pesquisas” sobre los capturados, pues “huyeron en varias direcciones” cuando llegaron las tropas, dijo en una declaración en video el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Las autoridades ofrecen recompensas de hasta 120.000 dólares por información que lleve a detener a líderes guerrilleros locales.
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Ola de violencia
Colombia, inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, vive su peor crisis de seguridad en la última década.
Petro intentó negociar la paz con el EMC durante más de un año, pero Mordisco abandonó los diálogos en 2024. Desde entonces, aumentó su presión violenta contra el estado.
En el suroeste del país también son cada vez más frecuentes los ataques con explosivos y emboscadas armadas con víctimas mortales, entre uniformados y civiles.
La reciente ola de violencia en Colombia tiene focos activos en varias regiones, entre ellas, la del Catatumbo en la frontera con Venezuela, que desde enero sufre una arremetida del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que deja más de un centenar de muertos y unos 65.000 desplazados.
El primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia llegó con la intención de desactivar el prolongado conflicto con negociaciones de paz con grupos guerrilleros y narcotraficantes.
Pero a un año y medio de dejar el poder, su plan denominado “paz total” ha dejado pocos resultados y el Ejecutivo ha endurecido su discurso contra las guerrillas.
“O se desmovilizan y se someten a la justicia (...) o son capturados o abatidos”, advirtió contra las fuerzas del EMC el ministro Sánchez. Mordisco es el criminal más buscado del país y Petro lo compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar. Según las autoridades, huye por la Amazonía tras ser herido en un operativo de la fuerza pública.