La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este jueves el proyecto de ley que permite la castración química a las personas procesadas y condenadas por abuso sexual a menores de edad. El documento pasa al Senado para su análisis y consideración.
Igualmente, este proyecto prevé además la inclusión de la creación de un registro fotográfico de pederastas.
La medida, que fue aprobada por 267 votos a favor, 85 en contra y 14 abstenciones, contó con el apoyo de la derecha moderada y de la radical.
El documento explica que la castración será a través de “medicamentos inhibidores de libido y según los términos reglamentados por el Ministerio de Salud”, señala la enmienda formulada por el diputado bolsonarista Ricardo Salles. La derecha política en el país vecino celebró este avance, aunque señalaron que lo ideal sería la pena de muerte.
En cuanto a la creación de un registro público con imágenes fotográficas e informaciones de los condenados por este delito, este registro será gestionado por el Consejo Nacional de Justicia, un organismo encargado de controlar la transparencia de los procesos judiciales.
El expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) celebró en redes sociales la sanción de este proyecto considerando como un “paso histórico”.
Diputados de la izquierda, como el caso de Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), afirmaron que la mejor manera de combatir estos casos de pedofilia es la prevención a través de la educación sexual en las escuelas, y que el proyecto de ley es una “farsa”.
La pedofilia es la atracción erótica o sexual que una persona adulta tiene hacia niños o niñas (menores de edad).
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Conformarán Comisión Bicameral que estudiará informe de CGR sobre gestión del MEF 2025
Durante la sesión extraordinaria de este martes, la Cámara de Diputados analizó un proyecto relacionado con la designación de cinco diputados nacionales para integrar la Comisión Bicameral encargada del estudio del informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el informe financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Por sugerencia del diputado Miguel Del Puerto, el pleno resolvió que los líderes de las diferentes bancadas acerquen a la mesa directiva sus respectivas propuestas de nombres para conformar dicho organismo parlamentario.
Tras la presentación, la mesa directiva tendrá a su cargo la elaboración de la nómina de representantes de la Cámara Baja que integrarán la Comisión Bicameral.
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El informe y dictamen fue remitido mediante la Nota CGR N° 4443/2026, de conformidad con el artículo 282 de la Constitución Nacional y el artículo 70 de la Ley Nº 1535/1999, modificado por la Ley Nº 2515/2004.
El documento tuvo entrada en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria y en la Comisión Bicameral - Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República.
La Comisión Bicameral tendrá un plazo máximo e improrrogable de 45 días para expedirse sobre el informe presentado por el presidente de la República. Para ello, podrá solicitar informes adicionales tanto a los organismos y entidades del Estado como a la Contraloría General de la República.
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Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial
Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada a raíz de un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las presidenciales.
La inédita crisis en el máximo tribunal ha alcanzado de llena la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro.
El escándalo se originó la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En ellos, Vorcaro pidió ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.
Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.
En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de “gravísima” la vigilancia de la que era objeto y comparó el episodio con la novela distópica “1984”, de George Orwell.
El magistrado decidió “la suspensión preventiva” del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.
Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que demostró una violación a la independencia judicial.
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Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de “abuso de autoridad”.
Una fuente del gobierno de Lula dijo a periodistas, incluida la AFP, que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión de Rodrigues en las próximas horas.
El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato conservador, nombró a Mendonça en la corte suprema durante su presidencia.
“Intereses electorales”
Hijo mayor del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), Flávio respaldó la decisión de Mendonça. El “grupo especial de Lula en la policía federal (fue) desenmascarado oficialmente”, escribió el candidato en X.
Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, ha cuestionado a Moraes por haber condenado a su padre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.
El evento que “la gloriosa policía federal volvió a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no los adversarios políticos de Lula”. En el campo de Lula, la lectura fue opuesta.
“Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país”, dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula.
“No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales”, agregó Carvalho.
De su lado, el nuevo director general en ejercicio de la policía federal, William Murad, reafirmó “la total confianza” de la institución en Rodrigues.
El resto de una vez jefes de divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las “narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales” que llevaron a la suspensión, según una carta obtenida por la AFP.
- Fuente: AFP
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Diputados analizaron proyecto de Presupuesto 2027 con el titular del MEF
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados recibió este martes al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, con el fin de analizar la situación del sector salud, en el marco del próximo tratamiento del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2027 (PGN 2027).
Tras el encuentro, la diputada Cristina Villalba, presidenta del bloque asesor y que este año también liderará la Comisión Bicameral de Presupuesto confirmó que habrá una inyección presupuestaria importante para la compra de medicamentos e insumos, previsto tanto para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), como para el sistema de salud pública en general.
Adelantó que se tendrá en cuenta el pago de deudas a proveedores para el próximo año, situación que podría solucionar parcialmente el problema del desabastecimiento de medicamentos e insumos, conforme expresó.
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La congresista colorada detalló que se puso énfasis en la situación actual de los médicos, ante la solicitud de mejoramiento de sus salarios, e indicó que está prevista, para mañana, una nueva reunión entre el gremio de dicho sector y el Ministerio de Economía.
La legisladora Villalba indicó que durante el encuentro se socializará la propuesta elaborada por el ente estatal junto con la Comisión de Presupuesto, con miras a destrabar la situación de conflicto. Sobre el punto explicó que se priorizarán las especialidades y subespecialidades, además de los incentivos para los profesionales de la salud.
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Jubilados piden postergación del proyecto de emergencia sanitaria del IPS
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) solicita la postergación del proyecto que declara emergencia sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), por colisionar con el artículo 95 de la Constitución Nacional y arriesgar las reservas de los fondos jubilatorios.
El mencionado artículo de la Carga Magna consagra el derecho y la obligatoriedad de la Seguridad Social.
En un comunicado entregado hoy a la opinión pública, la UNJP señala que toda situación de emergencia implica la toma de decisiones inmediatas para corregir lo antes posible un determinado imprevisto.
“Pero plantear un “Estado de Emergencia Sanitaria” con soluciones a implementarse en un plazo excesivo o para abarcar problemas ajenos a la causa de esa emergencia, es admitir problemas estructurales mucho más profundos” refiere el documento
Agrega que solucionar esos problemas estructurales no pueden ser objeto de una ley hecha a las apuradas, sino objeto de una reforma sistémica total del IPS, debatida con franqueza y sin hipocresía.
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El proyecto declara emergencia hasta el 15 de agosto de 2028, y según la UNJP permite que un problema de déficit presupuestario y financiero del programa de salud se agrave y se generalice por una razón elemental: no hay mayor riesgo que otorgar facultades extraordinarias y por mucho tiempo a los mismos causantes de ese déficit.
En efecto, el vicepresidente de la UNJP, Elvio Brun, explica que que las acciones resultantes de esta emergencia del IPS” deben ser de corto plazo – como máximo hasta diciembre del 2026, y deben centrarse en solucionar el déficit del programa de salud.
Inicialmente, el proyecto había comenzado a estudiarse con la incorporación de cuatro artículos y al final aumentó a cerca de 20 artículos, afectando a aspectos estructurales y que podría poner en riesgos los fondos jubilatorios, mencionó.
“Pero el Proyecto de Ley en estudio autoriza acciones abarcantes de aspectos relacionados a las Inversiones y Colocaciones de las Reservas Técnicas del Fondo de Jubilaciones, o la modificación de Leyes vigentes (Ley de Superintendencia de Jubilaciones)”, señala el escrito.
El proyecto de ley tal como está redactado equivale a admitir la supresión de una garantía constitucional mediante una norma legal y sus consecuentes reglamentos administrativos.
El gremio realiza esta advertencia en base al análisis técnico puntual de las disposiciones que atañen al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS (Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 17°, 18° y 19° del Proyecto de Ley).
Refiere que el gremio de jubilados pone a disposición del Congreso el análisis realizado por la agremiación. Igualmente, de las autoridades del IPS, de la Superintendencia de Jubilaciones, de las organizaciones de asegurados, de los sindicatos de trabajadores y de la Unión Industrial del Paraguay, a fin de deslindar las responsabilidades políticas, económicas y jurídicas por el daño que se podrían causar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a los miles de Aportantes y Jubilados del IPS.
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