• Jorge Zárate
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• Fotos: Archivo / Gentileza

Derribar aquello de que el hombre manda/mujer obedece es clave para enfrentar el flagelo del feminicidio. La violencia de género tiene en estos crímenes su desenlace más extremo, la punta del iceberg. Subyacen allí controles cotidianos, humillaciones, aislamiento, amenazas, dependencia económica, miedo, celos naturalizados, violencia psicológica, golpes, acoso, persecución, silencios familiares e instituciones que llegan tarde. Aquí el análisis de tres especialistas.

El cuadro social determina comportamientos, coinciden las especialistas consultadas para este informe. El machismo estructural es la respuesta principal al por qué se sigue matando de la manera aberrante que se vio en el profusamente televisado caso de Deisy Giménez.

Entendiendo esto, se preguntó por qué el duro castigo previsto no detiene estas acciones, a qué se debe la insuficiencia de lo punitivo. Raquel Samudio, del departamento de Psiquiatría y Psicología Forense del Ministerio Público, explica que “la mayoría de los feminicidas no tienen una enfermedad mental que anule su comprensión o su voluntad, saben lo que hacen. Entonces, atribuir esto a un trastorno desplaza la responsabilidad y además estigmatiza a las personas que tienen un sufrimiento mental que en la mayoría de los casos son víctimas y no victimarios”.

“El agresor no hace un cálculo racional de los costos, actúa desde una lógica “si no es mía no es de nadie”. Entonces, la pérdida de control sobre la mujer lo vive como algo intolerable. Por esto es que no es raro que después se autoeliminen porque no es que les importe el castigo, sino que su objetivo es eliminar ese objeto que perdieron. Entonces esto también es muy importante porque la respuesta no puede ser solo penal, tiene que ser preventiva y tiene que ser temprana”, señala.

De su experiencia, describe que en los feminicidas suelen verse rasgos como “posesividad extrema o celos, baja tolerancia a la frustración, dependencia emocional que muchas veces se disfraza como de dominio, como la necesidad de dominar en realidad porque dependen emocionalmente de la otra persona y creencias rígidas sobre los roles de género”. También se dan “antecedentes de violencia previa, en algunos casos hay consumo de sustancias, que no es en sí misma la causa de la violencia, pero sí la agrava”, agrega.

Myrian González desde hace más de 20 años es redactora del capítulo “Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia” para el informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Describe entonces que el feminicida “se ciega ante lo que considera una afrenta a su hombría. Muchas veces le da vergüenza que otros hombres le consideren inútil, débil, por permitir que la mujer sea ‘juru guasu’, no baje la cabeza, no se calle, denuncie, le abandone”, describe.

“Según mi análisis, no es que sufre por amor, porque le dejaron, ni porque tiene algún descontrol psíquico. Lo que le pasa es que ve en peligro su hombría, él no puede actuar como un pelele, el mandato cultural masculino le dicta que él es el que manda sobre su novia o mujer. Siente que se le rompe el mandato tradicional del macho, del hombre de la casa”, dice describiendo el cuadro.

González, que es directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), entiende que “un problema principal es la ausencia, la falta de una educación igualitaria, que es responsabilidad del Estado”.

Agrega que la “educación machista es resultado de esa cultura que valora de manera diferenciada a mujeres y hombres. El Estado, con sus ministerios y políticas públicas, es responsable de no promover la educación igualitaria. Esto es, mirando la realidad con perspectiva de igualdad de género”, describe.

“Se debe visualizar, comprender y aceptar que esas diferencias entre mujeres y hombres generan discriminación y desigualdades y que estas se traducen en que las niñas tienen que portarse bien y no “tentar” a los varones, las mujeres deben obedecer a sus esposos para que no se enojen, las jóvenes no tienen que provocar sexualmente a los hombres vistiéndose de x forma, ni salir solas o a la noche. Esta es la cadena que somete a mujeres y envalentona a los hombres”, apunta llamando a la transformación de esta matriz.

Monserrat Fois es antropóloga social y preside la Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas (APIF). Considera que una de las dimensiones más graves del problema “es la abrumadora irresponsabilidad del Estado porque no estamos frente a un fenómeno desconocido ni mucho menos inexplicable. Existen décadas de investigación en estudios de género, en sociología, antropología, en derecho y en políticas públicas que permiten comprender cómo se producen y reproducen las violencias contra las mujeres”.

Yendo a los datos, recuerda que “en Paraguay, solamente en 2025 hubo 37 feminicidios y más de 37 mil víctimas registradas de violencia familiar. En lo que va de 2026, ya van 20 feminicidios y 28 tentativas de feminicidios. Es decir, detrás de los casos extremos que llegan a los medios existe un universo muchísimo mayor de violencia cotidiana”, describe.

“Entonces, no me estoy refiriendo solamente a que una institución haya actuado mal ante una denuncia concreta, sino a gobiernos que, teniendo evidencia disponible, deciden escuchar a sectores políticos y religiosos que cuestionan sistemáticamente las políticas de género basados en prejuicios, supersticiones, odio o miedo y desoyen el conocimiento acumulado generado por investigadoras, académicas, funcionarias públicas y organizaciones feministas”, apunta.

Explica entonces que hay estudios e informes internacionales que permiten generar una trazabilidad sobre eventuales agresores: “Esto no significa, por supuesto, que podamos saber con certeza qué agresor va a matar ni en qué momento. Pero sí nos está diciendo que existen trayectorias y señales de riesgo que pueden ser identificadas y que deberían activar respuestas estatales diferenciadas”.

Insiste en que “antes que hablar de ‘combatir el feminicidio’, el Estado necesita construir capacidad para identificar trayectorias de violencia antes de que se vuelvan letales”.

Apunta entonces que “en el corto plazo, debemos evitar que una trayectoria de violencia tenga a la muerte al final de la historia. Y en el largo plazo, transformar las condiciones sociales, económicas, culturales e institucionales que producen, permiten y las legitiman. El problema es estructural y, por lo tanto, la respuesta también tiene que tener esa categoría”.

Es hora de actuar.

Lo mediático juega un papel clave en la reproducción del modelo que incuba los feminicidios, pero puede también convertirse en factor de reversión. Todo depende de los ejercicios profesionales y empresariales, entienden las especialistas.

Para la psiquiatra Raquel Samudio, “una cobertura con muchos detalles morbosos del método, de fotos de la víctima, de relatos que romantizan al agresor como que la amaba demasiado o fue un crimen pasional o que terminan culpabilizando a la mujer, revictimiza a las familias. Además, también hay evidencia de que la difusión masiva de estos casos puede asociarse a un efecto dominó en otras personas que ya estaban predispuestas a cometer un crimen”, recuerda.

Apunta a su vez que “los medios también pueden funcionar como un factor protector muy grande cuando nombran el hecho como feminicidio, cuando contextualizan la violencia como un problema social y no como un caso individual, como un hecho privado, cuando muestran las señales de alerta y cuando informan dónde pedir ayuda. El periodismo responsable salva vidas”, recuerda.

Para la antropóloga social Montserrat Fois, “tanto los medios como las autoridades públicas producen sentidos y categorías a través de las cuales interpretamos la realidad. Contribuyen a decirnos qué es grave, qué es normal, qué es excepcional, qué es tolerable y hasta dónde una determinada violencia merece ser considerada un problema público”.

Citando a Rita Segato en su libro “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”, recuerda que no es correcto presentar esta violencia como “algo disperso, anómalo o episódico. Un crimen acá, otro crimen allá, una pareja que discutió, un hombre que perdió el control”, sin reflejar “la estructura que conecta fenómenos que aparentemente no tienen relación entre sí”.

Otro elemento que pone en discusión es la espectacularización de la violencia. “Vimos circular por todas partes el video del feminicidio de Deisy y amanecimos a los días con la noticia de otro feminicidio ocurrido en Canindeyú. Quiero ser muy cuidadosa acá porque no puedo ni pretendo afirmar que exista una relación causal directa entre la difusión de un feminicidio y la comisión de otro. Pero Segato plantea algo muy importante para pensar este fenómeno y es que la propia violencia puede funcionar como una forma de comunicación”.

Agrega entonces que “la violencia no solamente actúa sobre la víctima concreta, puede comunicar poder, mostrar de qué es capaz el agresor, hasta dónde puede llegar, qué capacidad tiene de controlar, castigar o disponer sobre el cuerpo de otra persona. Y cuando los medios o las redes espectacularizan esa violencia pueden, potencialmente, convertirse en parte de la circulación de ese mensaje, ampliar su audiencia”.

Expone ante el caso que “esa exhibición reiterada puede ofrecer repertorios de acción y modelos de potencia con los cuales otros agresores pueden llegar a identificarse. No estoy diciendo que alguien que vea un feminicidio en televisión o en Tiktok automáticamente salga a cometer otro. Sería irresponsable afirmarlo de esa manera. Lo que estoy diciendo es que debemos preguntarnos qué efectos sociales produce mostrar una y otra vez el momento exacto en que una mujer es violentada o asesinada, convertir al agresor en protagonista y hacer circular su acto de poder millones de veces”, apunta.

Entiende que en esa situación el medio deja de ser solamente un canal que informa sobre un crimen corriendo el riesgo de transformarse, “aun sin proponérselo, en parte del dispositivo mediante el cual ese crimen adquiere visibilidad, audiencia y capacidad de comunicar poder. Para mí, ahí está la enorme responsabilidad de los medios y también de las plataformas digitales: informar sin convertir la crueldad en espectáculo”.

Los siete aspirantes a suceder al secretario general de la ONU recibieron el viernes el veto de al menos un miembro del Consejo de Seguridad del organismo, lo que abre la puerta a nuevas candidaturas, informó una fuente diplomática.

Al término de esta votación preliminar, ninguno de los siete candidatos logró evitar votos negativos por parte de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad.

Cuatro mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués António Guterres, de 77 años, quien concluirá el 31 de diciembre su segundo mandato de cinco años al frente de la ONU.

La votación del viernes fue la primera de estas consultas informales y anónimas en la que los cinco miembros permanentes utilizaron papeletas de colores para identificar sus vetos, mientras que los diez miembros no permanentes del Consejo siguieron utilizando papeletas sin esa distinción.

La costarricense Rebeca Grynspan, que figuró entre los favoritos en las cinco votaciones anteriores, obtuvo esta vez el mayor número de votos de “aliento”, pero también recibió cinco de “desaliento”, dos de ellos de miembros permanentes.

Según medios estadounidenses, Washington se opone a los siete aspirantes.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, se negó a comentar esas informaciones, pero declaró el viernes: “Siempre hemos dicho que simplemente necesitamos a la mejor persona”.

No se descarta que en cualquier momento se presente un nuevo aspirante. Ocurrió en 1996, cuando “Kofi Annan no era candidato y apareció un día antes de ser elegido”, recordó recientemente una fuente diplomática.

“Si los países quieren presentar más candidatos, están en todo su derecho soberano de hacerlo” declaró Waltz antes de la votación.

Tras la candidata Grynspan se situó el actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

Recibió 8 votos de “aliento”, pero seis de “desaliento”, dos provenientes de las potencias con poder de veto.

Le siguieron Carolyn Rodrigues-Birkett, exministra de Asuntos Exteriores de Guyana, el exrepresentante especial de la ONU para la infancia y los conflictos armados, y el ugandés Olara Otunnu.

Al final aparecen el expresidente de Senegal, Macky Sall, la exministra de Asuntos Exteriores y de Defensa de Ecuador María Fernanda Espinosa y la diplomática ecuatoriana Ivonne A-Baki.

Aunque un candidato obtenga los nueve votos necesarios de los quince que integran el Consejo de Seguridad, también debe evitar el veto de cualquiera de las cinco grandes potencias, profundamente divididas.

Entre los nuevos nombres que circulan están el búlgaro Nikolai Mladenov, alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, y Lana Nusseibeh, viceministra de Asuntos Políticos de Emiratos Árabes Unidos.

El proceso de selección se desarrolla en medio de uno de los periodos más difíciles en la historia de la ONU, ante los múltiples conflictos en curso, las dificultades financieras y las divisiones en el seno del Consejo de Seguridad.

América Latina reivindica esta vez el puesto siguiendo una tradición geográfica no siempre respetada. Numerosos países también abogan por que una mujer asuma por primera vez la secretaría general de la ONU.

La Asamblea General, que reúne a todos los Estados miembros de la ONU, deberá confirmar al candidato que reúna los dos requisitos de las votaciones.

Fuente: AFP.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles en su sesión extraordinaria el proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a convocar a una cumbre de poderes del Estado para el abordaje integral del hecho punible de feminicidio en la República del Paraguay.

El documento impulsado por la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, y aprobado por sus pares de forma unánime, refiere que “el feminicidio se presenta como una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres y exige una respuesta estatal integral, coordinada y sostenida, pero lo más importante, con carácter urgente”, refiere.

Agrega que “la persistencia de estos hechos impone la necesidad de evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención, protección, investigación y sanción, así como las eventuales falencias en la actuación de las instituciones competentes”.

La iniciativa sostiene que tanto el artículo 60 de la Constitución Nacional, que dispone que el Estado promoverá políticas para evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad, como la Ley N.º 5777/2016 “de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, que establece responsabilidades estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, cuya implementación requiere la articulación efectiva de distintos organismos e instituciones.

“En este contexto, una Cumbre de Poderes permitiría reunir a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación del Ministerio Público y de las instituciones especializadas, a fin de identificar obstáculos, fortalecer la coordinación interinstitucional y definir medidas concretas de actuación”, expresa.

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Señala también que los datos alarmantes arrojan que en el año 2025 se registraron un total de 37 víctimas de feminicidio y 55 víctimas de tentativa de feminicidio, lo que derivó en un saldo de 69 niños que han quedado huérfanos. Con respecto al año en curso, en el 2026 ya se registran 20 feminicidios y 28 víctimas de tentativa de feminicidio, según fuentes oficiales del Ministerio Público.

“​Por tanto, se considera necesario exhortar al Poder Ejecutivo a articular los mecanismos para la convocatoria a dicha instancia, en coordinación con las máximas autoridades de los demás poderes del Estado, con el propósito de establecer compromisos institucionales verificables y avanzar en una estrategia integral que fortalezca la prevención de los feminicidios, la protección efectiva de las mujeres en situación de violencia y la respuesta oportuna de los órganos competentes que se orienten a la protección integral de las familias paraguayas", indica la iniciativa.

A la vez, el plenario aprobó tratar dentro de 15 días el proyecto de ley para la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, impulsado por la senadora colorada Lilian Samaniego.

La propuesta tiene como finalidad principal dar celeridad a las renuncias reales y desestimar las falsas. Se plantea que los juzgados y tribunales se encuentren conformados por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras para asistir a las víctimas mediante la coordinación efectiva entre instituciones y la erradicación de la burocracia.

Dicha propuesta había sido objeto de controversia en el Legislativo, donde se sancionó una versión que creaba juzgados especializados de violencia en el grupo familiar, suprimiendo la especificación sobre las mujeres, punto que fue cuestionado por Samaniego. Finalmente, el proyecto de ley terminó siendo vetado por el Ejecutivo.

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Con una llamativa naturalidad, Paulo Storm Chamorro, de 20 años, relató ante los medios de comunicación los momentos previos a la muerte de Teresita de Jesús Sánchez Báez, de 27 años, ocurrida durante la madrugada de este miércoles en Villarrica, departamento de Guairá.

El joven, detenido como principal sospechoso del crimen -que podría tratarse de un feminicidio-, reconoció que ambos habían discutido y que llegó a sujetar a la mujer del cuello. Sin embargo, lejos de asumir la gravedad de lo ocurrido, intentó minimizar su conducta. “Ella tenía luego asma, yo no le apreté mucho tiempo”, manifestó el sospechoso al ser interrogado sobre lo sucedido.

La frase fue una de las declaraciones más impactantes de su relato, especialmente porque hizo referencia a una condición de salud de la víctima mientras intentaba justificar la agresión.

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Durante la entrevista, Chamorro aseguró que había estado compartiendo bebidas alcohólicas con Teresita y reconoció el consumo de sustancias estupefacientes. Según su versión, ambos comenzaron a discutir luego de que la mujer le solicitara que fuera a buscar a sus hijos, pedido al que él se habría negado.

El detenido también fue consultado sobre una supuesta discusión relacionada con drogas, circunstancia que forma parte de las versiones que deberán ser esclarecidas por los investigadores. En medio de sus explicaciones, reconoció que había existido una pelea y que sujetó a la víctima del cuello.

Las declaraciones del sospechoso llamaron la atención por la manera en que describió la agresión, restándole importancia al tiempo durante el cual habría mantenido sujeta a la joven. Su referencia al asma de la víctima tampoco constituye una explicación médica sobre la causa de muerte, que deberá ser determinada mediante los estudios forenses correspondientes.

Las manifestaciones de Chamorro serán contrastadas con las evidencias reunidas por los investigadores para reconstruir lo ocurrido y determinar su responsabilidad penal.

Teresita tenía 27 años y perdió la vida en circunstancias que ahora investiga el Ministerio Público. La Justicia deberá establecer qué ocurrió, más allá de las explicaciones ofrecidas por el principal sospechoso.

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