Para la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conjazar), dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la persecución de las bancas y plataformas de juego ilegal se posiciona como una prioridad de gestión de alta sensibilidad.

En ese marco, la Conajzar impulsó una serie de allanamientos simultáneos en el departamento de Amambay como parte de la estrategia estatal de combate a las apuestas clandestinas. Los operativos civiles y policiales fueron ejecutados por la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, tras recepcionar denuncias formales sobre la explotación irregular de plataformas de apuestas deportivas y otras modalidades de azar.

El argumento de fondo de las instituciones señala que estas actividades clandestinas no sólo erosionan la recaudación fiscal y generan una competencia desleal contra las empresas concesionarias que operan bajo la economía formal, sino que también actúan como canales para la configuración de delitos conexos, tales como el lavado de activos y el financiamiento de estructuras vinculadas al crimen organizado.

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De acuerdo con las verificaciones preliminares de los interventores, los establecimientos comerciales intervenidos operaban completamente al margen del sistema regulatorio, careciendo de las licencias y autorizaciones obligatorias emitidas por la Conajzar. Durante las incursiones, las fuerzas del orden procedieron a la incautación de un volumen importante de evidencias digitales, equipos informáticos de soporte, dispositivos de telefonía celular y vehículos de uso logístico, elementos que quedaron bajo custodia fiscal para el desarrollo de las pericias correspondientes.

Las autoridades fiscales indicaron que el operativo conjunto constituye uno de los primeros hitos procedimentales ejecutados bajo el nuevo esquema de articulación interinstitucional establecido en la Ley N.º 7438/25 y sus respectivos decretos reglamentarios. Esta reciente normativa fue estructurada con el propósito de robustecer la cooperación técnica entre los diferentes estamentos de seguridad del Estado, optimizando los canales de denuncia ciudadana y dotando de mayor agilidad a las fiscalizaciones en zonas fronterizas.

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Venezuela excarceló bajo la ley de amnistía a tres antiguos presos políticos el martes, quienes tenían más de 20 años en prisión, luego del anuncio del jefe del Parlamento sobre la excarcelación esta semana de 300 detenidos. La ley de amnistía fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington en enero.

"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Entre los primeros liberados mencionó a exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas vinculados al golpe de 2002, cuando militares derrocaron momentáneamente al presidente Hugo Chávez (1999-2013). Estas excarcelaciones ocurrieron la noche del martes.

“Confirmamos la excarcelación de los policías metropolitanos presos políticos: Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain, injustamente privados de libertad desde el 19/04/2003. Nunca debieron estar tras las rejas”, informó la ONG Foro Penal en un mensaje en Instagram. Los exfuncionarios habían sido condenados a 30 años de prisión, acusados de disparar a manifestantes. En marzo se les había negado la amnistía.

“Lo primero que tengo que decir a los familiares de los presos políticos es que mantengan la fe. Fuerza, sí se puede. Pasar por este proceso no es nada fácil”, dijo Erasmo Bolívar en un video publicado por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. “Sé que no va a ser fácil reincorporarnos tras más de dos décadas”, agregó a su salida de la cárcel Fénix, ubicada en la región centro-occidental de Venezuela.

La promesa de nuevas excarcelaciones ocurre el mismo día en que los venezolanos dieron el último adiós a Carmen Navas de 81 años, cuyo hijo Víctor Quero Navas murió en custodia del Estado tras ser detenido en enero de 2025. Navas buscó incansablemente a su hijo durante más de un año y se le negó su lugar de reclusión en múltiples oportunidades, hasta que las autoridades le informaron el 7 de mayo que el fallecimiento de Quero había ocurrido en julio de 2025.

Días después de reconocer el cuerpo y darle sepultura, Carmen Navas falleció y el martes fue sepultada junto a la tumba de su hijo. Decenas de personas la lloraron en silencio en un cementerio de Caracas. Lanzaban rosas y margaritas desde los flancos de su féretro.

Se convirtió en un “símbolo de resistencia” para familiares, activistas y perseguidos políticos en Venezuela que el martes la despidieron entre llanto y reclamos. “Si algo logró Carmen fue convertirse en símbolo de la resistencia, de la resiliencia, de la terquedad”, consideró su sobrina Fabiola Parra, abogada de 57 años.

En la mañana del martes unos 16 presos políticos acusados de delitos vinculados con la industria petrolera recibieron libertad condicional. El grupo es parte de un caso denominado ‘Pdvsa Obrero’ que implica a más de 170 detenidos entre trabajadores de Petróleos de Venezuela, agentes policiales y personas sin relación con la compañía estatal.

Todos se encontraban recluidos en Yare, una prisión ubicada a unos 75 km de Caracas. El caso ‘Pdvsa Obrero’ no recibió el beneficio de la amnistía. Las excarcelaciones se gestionaron mediante peticiones enviadas a la Defensoría del Pueblo y a una comisión parlamentaria creada para revisar casos no contemplados por la ley, explicó la abogada Zimaru Fuentes, familiar de uno de los detenidos.

El lunes fueron también excarceladas una adolescente de 16 años y una mujer septuagenaria. “Bienvenido el anuncio sobre exarcelaciones y/o liberaciones de presos políticos, pero más que las palabras, son los hechos los que importan (...) Que no quede nadie por fuera es la consigna”, escribió en redes sociales Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.

Según Foro Penal, cerca de 800 personas han sido excarceladas desde enero, de las cuales 186 salieron mediante esta ley. Los datos contrastan con el parte oficial del gobierno interino, que contabiliza más de 8.000 beneficiados con la normativa, de los cuales 314 han salido de prisión. El resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena. Foro Penal contabiliza más de 400 personas detenidas por razones políticas aún en las cárceles venezolanas.

Fuente: AFP.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el lunes investigar la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Quero, cuya madre falleció el domingo, días después de confirmar la muerte de su hijo. Quero, de 51 años, había sido arrestado en enero de 2025 y sus familiares nunca tuvieron información de su paradero hasta que las autoridades informaron de su fallecimiento casi un año después.

Su madre Carmen Navas, de 81 años, falleció pocos días después de reconocer el cuerpo tras una exhumación solicitada por ella. Su caso ha generado gran conmoción en el país. Otras 19 personas detenidas por razones políticas han fallecido en Venezuela bajo custodia del Estado desde 2014.

Navas buscó exhaustivamente a su hijo por más de un año, sin obtener respuestas de las autoridades. Sus allegados advirtieron que postergó sus problemas de salud para enfocarse en hallar a Quero. El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que la muerte del detenido se produjo el 24 de julio.

“La presidenta ordenó una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido y se solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público”, según la nota oficial.

La Fiscalía ya había informado el 8 de mayo del inicio de una investigación penal sobre el caso y ordenó exhumar el cuerpo de Quero.

“Una vez concluidas las averiguaciones, se informará al país de manera amplia sobre los resultados y las acciones correspondientes”, agregó la Presidencia.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos luego de la captura en enero de Nicolás Maduro en una operación militar, impulsó una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 presos políticos. Unas 314 personas han sido liberadas de las cárceles y el resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena. Aún quedan unos 500 presos políticos en Venezuela, según la oenegé Foro Penal. Mientras que se desconoce el paradero de otras 11 personas arrestadas por razones políticas.

Fuente: AFP.

El empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, compareció ayer lunes ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero, dos días después de ser deportado desde Venezuela. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Saab, de 54 años, por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.

El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después. Su caída vino ligada a la de su protector, Maduro, derrocado en una operación militar estadounidense en enero.

La sustituta del mandatario, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, destituyó a Saab en febrero. Empezaron entonces a circular rumores de su arresto, que nunca fueron confirmados por las autoridades hasta el sábado, cuando Caracas anunció su deportación a Estados Unidos.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a gestionar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. Según la acusación, desde octubre de 2015 el empresario conspiró con varios cómplices para sobornar a funcionarios venezolanos y lograr la gestión del programa CLAP para importar alimentos al país sudamericano.

Pero, en vez de cumplir con los contratos, los implicados utilizaron empresas fantasmas y documentos falsos para desviar cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de comida. Parte de sus ganancias ilícitas se ocultaron con transferencias hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

La Fiscalía señala que las sanciones económicas estadounidenses al petróleo venezolano complicaron el pago a las empresas que importaban alimentos para el CLAP. Ante esa presión financiera, Saab y sus cómplices recurrieron presuntamente a sus contactos corruptos en el gobierno para acceder a miles de millones de dólares en crudo de la estatal PDVSA y venderlo de manera fraudulenta.

Tras ser detenido en 2020 en Cabo Verde, Saab fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021. La justicia lo acusaba ya entonces de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.

El gobierno de Maduro calificó aquella extradición de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe” que alimentó al país en medio de sanciones internacionales.

Después de su excarcelación en 2023, Saab fue ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.

Se reunía entonces con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.

El derrocamiento de Maduro cortó en seco su ascenso hasta las altas esferas del chavismo.

La presidenta Rodríguez declaró ayer lunes en Caracas que la “deportación” se había basado en “intereses nacionales” de Venezuela.

Según el servicio de migración venezolano, el empresario fue expulsado porque “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos”.

El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó por su parte que Saab operaba con un documento de identidad venezolano falso emitido en 2004. Fue “deportado” a Estados Unidos “porque ese es el último país de donde él vino para Venezuela”, según Cabello. “Que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí”, añadió.

Venezuela News, un medio digital ligado al empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto Nicolás Maduro, cerró de forma abrupta ayer lunes, informó el sindicato de trabajadores de la prensa. Unos 100 empleados fueron notificados del “cierre temporal” de la plataforma de medios, tras la “deportación” de Saab a Estados Unidos el sábado por decisión del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Venezuela News es “un medio vinculado a la propaganda oficialista, con una línea editorial ampliamente cuestionable, pero eso no elimina los derechos laborales de quienes trabajaban allí”, dijo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en un mensaje en redes sociales. Los empleados debieron abandonar de inmediato sus puestos.

Según “versiones preliminares”, la medida pudo estar relacionada con “problemas de financiamiento”, añadió el SNTP. Venezuela News surgió en 2021. Su presidente Pedro Carvajalino manifestó abiertamente su afinidad con el partido oficialista y se mantuvo en el cargo hasta los primeros días de marzo.

“El medio estuvo muy vinculado al Movimiento #FreeAlexSaab. La página se creó cuando Saab fue detenido la primera vez por Estados Unidos y el objetivo era hacer un contrapeso comunicacional a las noticias sobre su caso”, dijo a la AFP un trabajador del medio que pidió el anonimato.

Venezuela envió el sábado a Saab hacia Estados Unidos.

Ayer lunes compareció ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo inculpó por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.

El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después. Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, destituyó a Saab en febrero.

Hasta el momento, los directivos de Venezuela News no se han pronunciado sobre el cierre del medio. Además de la página web, contaba con una radio y una revista. “Ya sospechábamos desde el fin de semana que con la deportación de Alex Saab traería problemas para el medio, pero no pensamos que sería tan rápido”, dijo el trabajador del medio.

Fuente: AFP.