La candidata derechista Keiko Fujimori lidera levemente los sondeos a boca de urna con poco más de un punto porcentual de las preferencias en la cerrada segunda ronda presidencial del domingo en Perú, según las encuestadoras privadas Ipsos y Datum.

Fujimori obtiene 50,7% frente a 49,3% del izquierdista Roberto Sánchez, según Ipsos; y 50,5% contra 49,5 según Datum. Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez.

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Las mesas de votación cerraron a las 17:00 (22:00 GMT) tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.

Tras una década de inestabilidad política, con caída récord de gobernantes desde 2016, unos 27 millones de electores estaban llamados a escoger presidente para un mandato de cinco años.

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El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar. Pese a la desilusión política, la mayor preocupación del peruano es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.

Fuente: AFP

El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.

Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.

Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.

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Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones. Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.

Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.

El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos. Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.

Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.

“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.

Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.

Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.

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En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de carburantes. Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.

El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios  conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.

Fuente: AFP

Los peruanos eligen este domingo a su noveno presidente en diez años entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, en un reñido balotaje al que acuden hartos del caos político y la imparable criminalidad.

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, quien repuntó en la última recta hasta llegar al empate en las encuestas.

Unos 27 millones de electores deben acudir a las urnas para un mandato de cinco años, tras una caída récord de presidentes desde 2016.

“Hay mucho desorden y corrupción y vamos a votar, como siempre, por el ‘mal menor’”, resume a AFP Hugo Vásquez, de 67 años, vendedor de artesanías en Lima.

Los dos candidatos, juntos, no superaron el 30 % en una primera vuelta, en abril, empañada por fallos logísticos y denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.

“Aún hay un antifujimorismo fuerte, aunque menor; y Sánchez, poco conocido, es una incógnita. Quien gane deslegitimará el resultado si es apretado. Eso trae más inestabilidad”, según el analista David Sulmont.

Fujimori, administradora de 51 años, apela al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindica la herencia campesina del exmandatario Pedro Castillo, un maestro rural preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.

Fujimori promete prosperidad y advierte del peligro del “comunismo”. “Esta elección es entre orden o retroceso”, repite.

“Prefiero la derecha. Tengo miedo que Perú sea una Cuba o Venezuela”, expresó a la AFP Benilda Trujillo, comerciante de 64 años.

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El izquierdista moderó su discurso de “cambio radical” de la primera ronda, se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a AFP que quiere una relación “respetuosa” con Washington.

“Si gana Keiko no dejará el poder. Soy de provincia y espero que Sánchez vea por el pueblo”, declaró Roxana Montes, vendedora ambulante de 28 años.

Sánchez, que porta siempre el sombrero que le regaló Castillo, a quien piensa indultar, acusa a su rival de ser parte de la “dictadura” del poderoso Congreso derriba presidentes, donde ella tiene influencia.

Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por un caso de antiguas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque vulnerable en un parlamento inclinado a la derecha.

Ni Sánchez ni Fujimori tienen mayoría legislativa. Quien gane debe tejer alianzas si quiere concluir su mandato, según el analista Jeffey Radzinsky.

El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.

Pese a la desilusión política, la mayor preocupación del peruano es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.

Ante eso, Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la “lacra social” con la “misma fuerza” -dice- con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.

“Matan, descuartizan, piden cupo (extorsión). ¡Ya basta!”, dijo exasperado Roberto Lovatón, taxista de 58 años.

Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la Justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.

Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que en 2025 triplicó la tasa de homicidios con 23 por cada 100.000 habitantes.

El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con crecimiento del PIB de 3,4 % y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.

Fujimori defiende propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones estadounidenses.

Sánchez prometió alzas salariales y trató de tranquilizar a los inversionistas al decir que mantendrá la apertura económica e independencia del estratégico banco central.

La votación abrirá a las 7:00 locales (12:00 GMT) y concluirá diez horas después.

Fuente: AFP

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La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez cerraron ayer jueves, ante miles de seguidores, sus campañas para el reñido balotaje presidencial del domingo, en un Perú azotado por la delincuencia y la inestabilidad política. En medio de gritos de “Keiko presidenta”, Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), pidió el voto a los peruanos para “evitar el caos y el retroceso”.

"¡Queremos un gobierno que nos traiga paz, que recupere el orden! Queremos un gobierno confiable (...) No los voy a defraudar", dijo Fujimori, administradora de empresas de 51 años que busca por cuarta vez consecutiva la presidencia de Perú. Mérida Delgado, de 65 años, expresó a la AFP en el mitin su temor por una victoria de la izquierda que, según ella, pueda llevar a Perú por el camino que siguieron Venezuela o Cuba: “No podemos dejarlos ganar con el comunismo y el terrorismo”.

Entre fuegos artificiales y música andina, Sánchez, congresista y exministro de 57 años, prometió “democracia”. “Será el fin del caos, el fin de la señora K, el fin de los asesinatos, la corrupción, la impunidad”, afirmó. “¡Abajo la señora mafiosa, Abajo el fujimorismo!”, gritó Sánchez, quien, como hizo en toda la campaña, llevaba el sombrero campesino que le regaló el expresidente Pedro Castillo, preso por un fallido autogolpe de Estado.

“Todos estos años han sido caóticos. Esta será la cuarta derrota de Keiko. Yo he vivido la época de su padre que fue de corrupción total”, dijo a la AFP una de sus seguidoras en el mitin, Cristina Sotomayor, administradora de 63 años.

A pocos días de la votación, el último sondeo de hace cinco días sitúa a ambos candidatos cabeza a cabeza, con una quinta parte del electorado indeciso, cansado de la turbulencia política vivida con ocho presidentes en una década.

Una primera vuelta, plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude, con una treintena de candidatos reflejó la frustración generalizada con la clase política peruana. Fujimori y Sánchez, juntos, no llegaron ni al 30 % de votos.

Sánchez se presenta como la voz de los electores pobres y de las áreas rurales, al prometer un “cambio radical” y acusar a las élites y al Parlamento de ser responsables de la inestabilidad.

Los seguidores de Keiko recuerdan que su padre derrotó a las guerrillas que desangraron al país en los años 1980 y 1990, y estabilizó la economía, mientras que sus detractores recuerdan su condena por corrupción y violaciones de los derechos humanos.

“Nosotros representamos progreso, ellos retroceso”, aseguró Fujimori, a quien los peruanos dicen “la china” por sus ojos rasgados.

Keiko promete una política de firmeza frente a la inseguridad en un país que registró un aumento del 20 % en las denuncias de extorsiones en 2025 respecto del año anterior.

“La vida cotidiana en Perú puede resultar aterradora: hay mucha delincuencia y muchos asesinatos. Extorsiones, asesinatos, cobros por protección...”, dijo en el mitin Raúl Porras, un agricultor de 52 años.

Lima registró 23 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, tres veces más que cinco años antes, según datos oficiales.

En su cierre de campaña, Sánchez atribuyó a la corrupción la imparable criminalidad. “Por eso vamos a proponer muerte civil a los corruptos”, manifestó al referirse a que los vetará en cargos públicos.

Dagni Espinoza, una enfermera de 42 años, y quien llegó vestida con su traje andino tradicional, dijo esperar que Sánchez “detenga las matanzas y las extorsiones”. “Tenemos miedo a morir por una bala perdida”, agregó.

A pesar de la inestabilidad, la economía peruana es estable. El próximo presidente tendrá que lidiar con un Congreso dividido y una profunda desconfianza pública hacia el gobierno. Alrededor de 27 millones de peruanos están llamados a sufragar en la segunda vuelta en un país donde el voto es obligatorio.

Fuente: AFP.