La Mesa Nacional del Transporte, que reúne a los principales sindicatos del sector transportista de Argentina, convocó un paro nacional para el próximo 30 de octubre para enfrentar la política “de ajuste” que impulsa el Gobierno de Javier Milei para esta actividad del país.
La decisión se tomó ayer martes e implica una huelga de 24 horas que paralizará los servicios de transporte público de Argentina, a la espera de conocer el parecer del sector de autobuses, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que agrupa a los trabajadores de la rama del transporte colectivo en Argentina, no ha participado de la reunión.
La medida afectará a trenes, aviones y barcos. “Estamos unidos por nuestras centrales de transporte porque así lo demanda la situación política que atravesamos”, ha defendido la Mesa Nacional del Transporte desde su creación.
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“Nuestro eje es la defensa de la soberanía del país que está representada en las rutas nacionales, en los ferrocarriles, mares, ríos y cielos, frente al atropello cotidiano que vemos implementa el gobierno de Javier Milei en cada modo”, han explicado.
En las últimas semanas, el sector había avisado sobre la posibilidad de optar por un estado de alerta y movilización frente a los ajustes de Milei, lo que les llevó a convocar inicialmente un paro para el 17 de octubre, que finalmente tendrá lugar el 30 de este mismo mes.
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Fuente: Europa Press.
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Cuatro claves de la controvertida reforma laboral de Milei
La controvertida reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, destinada a flexibilizar el régimen laboral vigente, ya es ley tras un tratamiento parlamentario acompañado de protestas sindicales y una huelga general que afectó la actividad la semana pasada.
La llamada “ley de modernización laboral” es presentada por el gobierno como una herramienta para fomentar el empleo en blanco, facilitar nuevas contrataciones y reducir la litigiosidad; mientras los sindicatos la consideran “regresiva” y “anticonstitucional”, la repudiaron en la calle y se aprestan a combatirla también en los tribunales. A continuación, cuatro claves de la reforma laboral impulsada por Milei:
Jornadas y vacaciones
La “Ley de Modernización Laboral” modifica la Ley de Contrato de Trabajo vigente y otros regímenes.
Permite extender la jornada diaria de ocho a hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir a partir de un banco de horas o con francos compensatorios.
Las vacaciones pueden fraccionarse en tramos de siete días, en lugar de en un mínimo de 14 como era hasta ahora.
Aunque el proyecto explicita que estos cambios serán de mutuo acuerdo, los sindicatos interpretan que la disparidad de fuerza irá en detrimento del trabajador.
Indemnizaciones
La ley reduce los montos de las indemnizaciones por despido y habilita para costearlas un fondo financiado con contribuciones mensuales deducidas de los aportes jubilatorios.
Además, explicita los criterios de actualización de montos para el pago de los juicios laborales, que hasta ahora quedaban a consideración de cada juez, y permite a los empleadores pagar las sentencias condenatorias en hasta 12 cuotas.
El gobierno sostiene que la norma permitirá “unificar criterios”, evitar juicios laborales y aliviar a las pequeñas y medianas empresas.
Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, dijo a la AFP que estas modificaciones incumplen “el deber del Estado de proteger la fuente de trabajo” al eliminar el “efecto disuasivo” de las indemnizaciones sobre los despidos sin causa.
Dirigentes opositores advirtieron que podría redundar en un desfinaciamiento de las cajas previsionales.
Salarios y convenios
La nueva norma habilita a los empleadores a pagar salarios en moneda extranjera o parcialmente en especies: es decir, con comida, habitación u otros bienes y servicios.
Además permite renegociar contratos para ajustar salarios según métricas de productividad, cumplimiento de objetivos o desempeño.
Los convenios colectivos hechos por empresa o regionales tendrán prioridad por sobre los convenios establecidos de cada sector laboral.
Además, se derogan algunos estatutos profesionales, entre ellos el de periodistas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y los sindicatos del sector rechazaron la derogación al considerar que constituye “un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”.
Derecho a huelga
La norma incorpora porcentajes mínimos de funcionamiento durante huelgas del 75 % para rubros como telecomunicaciones, aeronáutica comercial y educación y del 50 % para un amplio número de industrias incluyendo medicamientos, siderurgia, alimentos, construcción, minería y comercio electronico.
Además, las asambleas de personal y los congresos de delegados deberán contar con autorización del empleador, y el trabajador no cobrará por ese tiempo.
Para Cremonte “la restricción del derecho de huelga es ostensiblemente contraria a toda la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El Abogado, que asesora a varios sindicatos locales, explicó que el control de constitucionalidad en Argentina es “difuso” por lo que “pueden pasar años hasta que se vaya consolidando una jurisprudencia que determine que haya inconstitucionalidad”.
Fuente: AFP.
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Argentina eleva nivel de seguridad por conflicto en Medio Oriente
El gobierno de Argentina elevó este sábado el nivel de seguridad a “alto” en todo el territorio nacional y en las embajadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bombardeos de Teherán en represalia. La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía”. También implica el refuerzo de los controles fronterizos, según un comunicado difundido en X por la oficina del presidente Javier Milei.
La justicia argentina señala a Irán y al movimiento libanés Hezbolá como responsables del atentado contra la mutual judía AMIA, el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. La decisión del mandatario argentino busca “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”, dice el comunicado.
“En ese marco, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”, detalló.
El dispositivo implica además el monitoreo de la situación en Medio Oriente, en cooperación con agencias internacionales, “a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.
En enero, el gobierno de Milei incluyó a las Fuerzas Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní en el registro de personas y organizaciones señaladas como “terroristas”.
La justicia del país sudamericano cree que hubo vínculos entre ese grupo militar y el atentado perpetrado con un coche-bomba contra la AMIA.
Más de tres décadas después, la causa permanece impune. La justicia argentina impulsa la realización de un juicio en ausencia contra diez acusados iraníes y libaneses.
Fuente: AFP.
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Histórico: el Senado argentino cambia la ley y baja a 14 años la edad de imputabilidad
El Senado argentino convirtió en ley el viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que el gobierno festejó como “un acto de justicia hacia la sociedad”.
El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. Modifica el sistema penal juvenil que data de 1980.
“Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”, publicó en X la Presidencia minutos después de la votación.
Argentina mantenía la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
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Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
“Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, dijo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal promotora del proyecto.
Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.
“Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización”, dijo el senador Martín Soria (peronismo, oposición), que votó en contra de la nueva ley. “Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal”, añadió.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
La sanción de la nueva ley se produjo en una jornada en la que el Senado se apresta a ratificar la reforma laboral, que también impulsa Milei.
Fuente: AFP
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Argentina ratifica el acuerdo Mercosur-UE con voto en el Congreso
Argentina ratificó el jueves el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea al completar el trámite legislativo con la aprobación en el Senado.
Argentina fue el segundo país, detrás de Uruguay, en ratificar el acuerdo Mercosur-UE.
El convenio crea la mayor zona de libre comercio del mundo entre los 27 estados de la UE y los miembros fundadores del Mercosur: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.
Con 69 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, el Senado completó el trámite de ratificación parlamentaria del acuerdo firmado el 17 de enero en Asunción.
El tratado eliminará aranceles a más del 90 % del comercio entre los dos bloques que reúnen el 30 % del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.
Brasil y Paraguay ya comenzaron los procedimientos institucionales para que sus respectivos parlamentos ratifiquen el acuerdo en los próximos días.
Mientras el acuerdo avanza en sus pasos formales en los países del Mercosur, el Parlamento Europeo congeló su ratificación por tiempo indefinido el 21 de enero, cuando los eurodiputados enviaron el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar su legalidad.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE presidido por Ursula Von der Leyen, puede decidir implementarlo de forma provisional. Por el momento no ha tomado ninguna decisión.
El tratamiento del acuerdo en el Parlamento europeo encontró duras resistencias y fuertes protestas del sector agropecuario que teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.
La Comisión Europea adoptó una serie de salvaguardas para proteger a sectores puntuales.
- Fuente: AFP