El jefe de la entidad electoral que organizó los comicios generales en Perú renunció ayer martes, poco antes de ser interrogado por la fiscalía por las múltiples fallas en las votaciones de la primera vuelta. Piero Corvetto fue citado para rendir declaratoria por los inconvenientes logísticos en la jornada electoral del 12 de abril, que retrasaron el escrutinio.

Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori. El izquierdista radical Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 15.000 sufragios para el primero con cerca del 94 % del conteo.

Corvetto, al mando de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se apartó del cargo antes de acudir a la fiscalía ayer martes en calidad de funcionario para rendir su versión sobre lo ocurrido. “Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, señaló en una misiva que publicó en X.

Corvetto estaba en el cargo desde el 31 de agosto de 2020. En 2024 había sido ratificado en el cargo. Calificó de “problemas técnicos operativos” las irregularidades registradas en el despliegue del material electoral en Lima durante las votaciones. Dichos problemas provocaron demoras en la apertura de las mesas electorales en la capital peruana y dejaron sin votar a más de 50.000 personas, lo que obligó a ampliar por 24 horas el sufragio, algo inédito en Perú.

La misión de observación de la Unión Europea (UE) se refirió a “graves fallos”, pero precisó que no encontró “ninguna prueba objetiva” de fraude, como alegó el candidato López Aliaga. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo debido a las demoras en el cómputo que realiza la ONPE. Boletas en un contenedor de basura, actas electorales impugnadas y acusaciones de fraude ensombrecieron la jornada electoral y afectaron el recuento de votos de las presidenciales.

Keiko Fujimori, quien encabeza los conteos parciales con 17 % de los votos, celebró la renuncia de Corvetto. “De cara a la segunda vuelta es una buena noticia para el Perú que este señor haya dado un paso al costado”, dijo a periodistas tras salir de un acto público. El partido Juntos por el Perú, del izquierdista Roberto Sánchez, denunció en un comunicado que la renuncia obedeció a “una perversa acción mediática” que busca instalar “una narrativa” de fraude, para anular las elecciones ante el avance de esa agrupación.

El partido de López Aliaga, Renovación Popular, señaló a través de su candidata a la vicepresidencia Norma Yarrow, que “los responsables, que traicionaron a la patria, asuman las consecuencias por el golpe” a la democracia “con unas elecciones cero transparentes”. Tras dejar su cargo, Corvetto acudió a la fiscalía, donde permaneció 90 minutos. Entregó su pasaporte y se retiró sin dar declaraciones.

La fiscalía no ha informado sobre el tipo de diligencia que cumplió el ahora exfuncionario. La caída del titular de la ONPE era cuestión de horas en medio de una fuerte presión política y mediática para que dejara el cargo. El Jurado Nacional de Elecciones también lo denunció penalmente ante la fiscalía por las fallas en la primera ronda de las presidenciales.

Fuente: AFP.

Boletas en un contenedor de basura, actas electorales impugnadas y acusaciones de fraude: el recuento de votos de las presidenciales del 12 de abril en Perú está estancado, lo que alimenta la desconfianza hacia instituciones ya debilitadas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo.

Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori, la única con boleto asegurado. El izquierdista radical Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 14.000 sufragios para Sánchez con cerca del 94% del conteo.

Un gran número de las actas restantes contienen irregularidades y deben ser examinados por los jurados electorales. Se trata de casi un millón de votos repartidos en 5.143 actas observadas, según la autoridad electoral. Las actas objetadas son procesadas caso por caso. “Generalmente toma alrededor de tres días” el proceso de revisión de cada acta, declaró a la AFP Yessica Clavijo, secretaria general del JNE.

Este plazo puede prorrogarse, sin embargo, en caso de disputas. La tarea se complica porque los votantes emitieron su sufragio simultáneamente en cinco elecciones (presidenciales, legislativas y de otros órganos), lo que multiplica el número de actas de escrutinio que deben procesarse.

En una contienda muy reñida por el segundo puesto, donde solo un pequeño porcentaje de votos separa a los candidatos, los partidos suelen presentar numerosas impugnaciones, a veces para retrasar el cómputo final con la esperanza de revertir el resultado. “El objetivo de impugnaciones masivas, incluso en zonas donde el candidato que reclama está relegado, es restar votos al contrincante y alargar todo el proceso”, dijo a la AFP el politólogo Fernando Tuesta.

Las actas pueden impugnarse por diversos tipos de errores, como inconsistencias en las cifras o datos faltantes o ilegibles, algo usual en una votación récord con 35 candidatos y cinco elecciones simultáneas. Cuando estas anomalías no pueden corregirse, la ley prevé un recuento de votos en lugar de la anulación de las actas, como ocurría a veces anteriormente.

Se han reportado varias irregularidades. Los retrasos en la entrega de urnas y papeletas impidieron que unos 50.000 ciudadanos votaran el día de las elecciones, lo que obligó a las autoridades a extender la votación una jornada en algunos colegios electorales. El jueves, por otra parte, se encontraron cuatro cajas con aproximadamente 1.200 papeletas en un contenedor de basura en Lima.

Se han iniciado inspecciones de la fiscalía a las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsable del proceso de votación, mientras que el JNE presentó una denuncia contra su titular, Piero Corvetto, y otros funcionarios por violación del derecho al voto.

Rafael López Aliaga, quien se ubicaba segundo detrás de Keiko Fujimori al inicio del escrutinio, denunció “fraude electoral” sin aportar pruebas. Convocó a manifestaciones que congregaron a más de 3.000 personas el domingo en Lima, y ha ofrecido recompensas de unos 5.800 dólares a quien proporcione información sobre irregularidades. La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) se refirió a “graves fallos”, pero precisó que no encontró “ninguna prueba objetiva” de fraude.

López Aliaga ha pedido anular los comicios o realizar una elección complementaria en Lima. Ambas opciones parecen improbables. “La ley electoral solo permite la anulación cuando los votos inválidos, defectuosos o en blanco superan los dos tercios de los votos válidos a nivel nacional”, declaró a la AFP el abogado penalista Roberto Pereira. Tampoco prevé elecciones complementarias, acotó.

Las tensiones alimentan un clima de profunda desconfianza hacia las instituciones en un país marcado por la inestabilidad política crónica, con ocho presidentes en diez años. “Han encontrado votos en la basura... da risa, parece un chiste. ¿Qué dirán en otros países?, qué vergüenza”, dijo Miguel Espino, taxista de 71 años de Lima.

Fuente: AFP.

El gobierno de Ecuador impondrá en mayo un toque de estancia nocturna en Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, informaron el lunes las autoridades.

El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, ha declarado frecuentes estados de excepción y toques de queda para enfrentar al crimen organizado, una lucha respaldada por Estados Unidos.

En ese marco, la libre movilización nocturna quedará vedada en mayo en nueve de las 24 provincias de Ecuador, entre ellas Pichincha (cuya capital es Quito) y Guayas (Guayaquil), así como en varias localidades de otras tres jurisdicciones, informó la secretaría de Comunicación.

El toque de queda regirá entre el 3 y el 18 de mayo durante seis horas a partir de las 23H00 (04H00 GMT), “para “proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados”, según un comunicado.

El 2 de abril el gobierno de Noboa renovó por 60 días el estado de excepción decretado en enero para estas mismas provincias ante lo que demostró un estado de “grave conmoción interna” derivado de la violencia del narcotráfico.

Más información: Más de 200 turistas atrapados en un mirador de Río por una operación antinarco

El presidente ordenó la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto.

Por Ecuador circula un 70 % de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Las organizaciones criminales se han convertido al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime.

La mano dura de Noboa contra el narco cuenta con el respaldo del gobierno de Donald Trump.

En ese marco, el mandatario ecuatoriano se reunió con el administrador de la DEA, Terry Cole, el sábado en Guayaquil, indicó la embajada estadounidense en Quito. Se “discutió estrategias para profundizar la cooperación antidrogas”, añadió la legación.

Noboa declaró en 2024 a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar a las calles a los militares, lo que ha generado denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública.

• Fuente: AFP

Lea más: Balacera en la zona arqueológica mexicana de Teotihuacán deja dos muertos y 15 heridos

Al menos 3.000 personas, entre miembros de colectivos civiles y simpatizantes del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, se manifestaron ayer domingo en Lima para exigir que se respete su voto en las elecciones presidenciales de Perú, constató la AFP. La protesta se produce en medio de severos cuestionamientos de “fraude” contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las presuntas irregularidades en la organización y la logística.

Al grito de “no al fraude, el voto se respeta”, manifestantes con banderas y carteles se congregaron en la avenida La Peruanidad, cerca de la sede de la ONPE. “Estas elecciones ya son un fraude, pero no lo quieren aceptar vamos a luchar por nuestros votos”, dijo a la AFP Edith Valverde de 64 años. López Aliaga, exalcalde de Lima, es el candidato más crítico del proceso y pide su “nulidad absoluta”. Ha ofrecido recompensas de 5.800 dólares a quien le envíe pruebas de irregularidades.

“Hermanos nos están robando el país. Lo que estamos sufriendo ahora estaba planeado. Nunca en la historia del Perú se ha visto eso”, dijo Aliaga convocante de la protesta. Una misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una “narrativa de fraude”.

El Jurado Nacional de Elecciones anunció el sábado que los resultados presidenciales que definirán quiénes pasarán a la segunda vuelta se conocerán a mediados de mayo, debido a la lentitud del conteo y la observación de miles de actas electorales. “No estamos de acuerdo con el conteo de votos porque hay muchas irregularidades”, dijo a la AFP Víctor Suárez de 40 años.

Con 93,4 % de las actas contabilizadas, los resultados parciales de la elección del domingo pasado dan como favorita para el balotaje a la derechista Keiko Fujimori, con 17 % de los sufragios. El izquierdista radical Roberto Sánchez (12 %) y Aliaga (11,9 %) pelean codo a codo su pase a la segunda vuelta. La distancia entre ambos se amplió ligeramente ayer domingo, pero aún es ínfima: 14.000 votos.

Las presidenciales del 12 de abril estuvieron marcadas por problemas en la distribución de urnas y papeletas de votación, lo que retrasó la apertura de la jornada en varios centros electorales en Lima. La autoridad electoral tuvo que ampliar hasta el lunes la votación para más de 50.000 peruanos que no pudieron sufragar en 13 locales. Fiscales y policías intervinieron las instalaciones de la ONPE y el jefe del organismo, Piero Corvetto, fue denunciado por el Jurado Nacional de Elecciones, junto a otros tres funcionarios, por supuestos delitos contra el sufragio.

Fuente: AFP.