La ONG Foro Penal informó ayer sábado de que ha contabilizado 1.303 arrestos “verificados e identificados”, desde el 29 de julio, día siguiente a las elecciones presidenciales de Venezuela en las que la oposición denuncia un supuesto fraude por el que ha sido proclamado presidente electo Nicolás Maduro.
Entre los detenidos hay además 116 adolescentes de entre 14 y 17 años, 14 indígenas, 16 personas con discapacidad y 170 mujeres según la clasificación del organismo, que destaca que el balance incluye las detenciones registradas en el marco de la “represión de protestas en contexto postelectoral” desde el 29 de julio hasta las 10.00 horas del 10 de agosto.
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Por regiones, la del Distrito Capital es la que más acumula, con 230; seguida de Carabobo, con 198, y Anzoátegui, con 115 arrestos. Muy por detrás se sitúan Miranda (79), Barinas (73), Lara (70) y Nueva Esparta (67). “Seguimos recibiendo, verificando y procesando denuncias”, ha apuntado el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, en su cuenta en la red social X.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha anunciado la victoria de Maduro con el 51,95 por ciento de los votos frente al 43,18 por ciento obtenido por la candidatura de González. Una vez conocidos los primeros resultados el lunes, la oposición salió rápidamente al paso para reivindicar su victoria --que aseguran lograron con más de un 70 por ciento de los votos-- y exigir un recuento de actas respaldado a nivel internacional. El propio Maduro ha confirmado unos 2.000 detenidos.
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Fuente: Europa Press.
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Protestas de proveedores no debe afectar stock de los medicamentos
Las instituciones responsables deben encontrar el mecanismo de acabar con las protestas que embarran los procesos en las licitaciones de compra de medicamentos.
Es sabido que la principal causa del desabastecimiento en los hospitales proviene de la guerra entre proveedores que con despiadadas maniobras postergan la compra de los insumos, esta situación se ha vuelto insostenible, están jugando con la vida de la gente.
La serie de ataques que han mediatizado algunos políticos para pegar al Gobierno por reclamos en Salud Pública como en la previsional básicamente terminó por sacar a la luz el juego perverso de las protestas. Lejos de perjudicar la reputación de la administración estatal, lo que salió a la luz revela un robusto negocio en el que todo vale y algunos proveedores (no todos) que están muy distantes del compromiso de un servicio sanitario más eficiente.
La oscura herencia del gobierno anterior ha dejado una factura muy pesada para la actual administración estatal. Instituciones minadas de corrupción entre las cuales las del servicio sanitario han cobrado notoriedad por las carencias y los problemas a resolver.
La coalición político-mediática intentó de todas las formas aprovechar las carencias para responsabilizar de manera absoluta a este Gobierno. Sin embargo, uno de los hilos detrás de la emergencia que sufrimos todos, lleva a maniobras en las que el negocio no se apiada de la salud de la gente.
La falta de medicamentos es una de las principales dificultades en el acceso a un servicio de salud eficiente. Sin embargo, la solución para esta problemática es más compleja que cualquier instrucción administrativa autoritaria que se pudiera pensar.
Existe toda una rosca amañada detrás de la provisión de medicamentos, insumos sanitarios, servicios hospitalarios.
La estrategia sistemática consiste en protestas, muchas de ellas torcidas como para amañar procesos pasando por alto reglas y principios bien establecidos en las contrataciones públicas.
La situación se ha vuelto caótica. Hay protestas que llegan a dilatar por años la compra de medicamentos para pacientes muy vulnerables cuya vida, literalmente depende de estos insumos.
No es una cuestión solamente de burocracia estatal, sino de jugadores que embarran la cancha antes de comenzar el partido. Bien lo dijo en estos días el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) que la angurria de ciertos proveedores boicotea la gestión.
Es una rosca pequeña, no todas las empresas se dedican al apriete mediante protestas para adjudicarse contratos vía licitaciones. Sin embargo, ese grupúsculo dilata procesos y sacrifica el stock de los puestos sanitarios.
Tiene que haber alguna herramienta jurídica para sanear el mercado licitatorio. No se puede supeditar las compras del Estado a la guerra comercial entre proveedores. Si las reglas son claras, es cuestión de acatarlas; de lo contrario, esta decadencia en el abastecimiento no tendrá solución jamás.
Corresponde realizar una profunda revisión de las normativas de contrataciones públicas, pulir estadísticas y calificar a los proveedores conforme al comportamiento y respeto de las normas en cada proceso licitatorio, en todos los rubros.
No se puede seguir tolerando que el Estado esté supeditado a las maniobras de los proveedores para brindar un servicio eficiente sea en salud y otro segmento. Tiene que encontrarse una solución a este problema de larga data.
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Venezuela: vacían la temida cárcel El Helicoide ante protestas por traslado de presos
El centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones del país. El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.
El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún había personas encarceladas ahí.
El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, según confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos. La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.
Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros.
“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.
“Totalmente vacío”
El lugar habría quedado “totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos”, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez (1999-2013) y falleció en esta cárcel en 2021.
Durante la noche, este colectivo volvió a acercarse a El Helicoide para realizar una vigilia como lo han hecho desde hace 147 días para pedir por la liberación de los presos políticos.
“Seguimos insistiendo: estas personas no tienen por qué estar detenidas, y mucho menos someter a sus familias a la incertidumbre de preguntarse cómo están”, dijo el comité en X.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de esta cárcel, semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y ciudades vecinas.
Los alrededores de la prisión lucían tranquilos durante el día. Uno de los agentes encargados de la vigilancia del lugar indicó a una periodista de la AFP que “ya no quedaba nadie” en el interior.
El miércoles, familiares protagonizaron en el exterior del Helicoide escenas de llanto y desesperación por no saber del paradero de sus seres queridos, ante una barrera de uniformados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que “las autoridades no han publicado un listado oficial”.
Esta ONG precisó que en El Helicoide había más de 70 prisioneros.
El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de “otros centros de tortura” es fundamental que “el Estado cambie su política represiva”. “De lo contrario es puro show”, señaló al recordar que cuando estuvo ahí vio personas durmiendo en las escaleras y “con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies”.
Fuente: AFP.
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Preocupan protestas de maestros en México a una semana del Mundial
Manifestantes arrancaron postes del alumbrado y embistieron contra un edificio público en una escena digna de una justa medieval. Ocurrió en México, sacudido por protestas a una semana del Mundial. Un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, ha realizado movilizaciones masivas antes del torneo, que arranca el 11 de junio en el estadio Azteca. Reclaman un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones.
Las acciones escalaron desde el lunes, cuando los manifestantes llamaron a un paro. Luego derribaron con cuerdas estatuas de futbolistas levantadas en el concurrido Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital. Un balón gigante que las adornaba quedó en el medio de la avenida.
El diálogo entre el gobierno y los maestros no ha dado resultados. “No es la respuesta que queremos escuchar”, dijo el jueves la representante sindical Yenny Pérez tras una propuesta del gobierno que, estimó, “no cubre las demandas centrales” del movimiento.
“Es hoy o nunca”
La emblemática plaza del Zócalo, donde se ubican el palacio presidencial y el ‘fan fest’, permanece rodeada de barreras metálicas para impedir el paso de los manifestantes, que suelen instalarse ahí para presionar por sus demandas.
Muchos comercios se vieron forzados a cerrar y el ya caótico tránsito capitalino solo empeora con cada protesta. “¡Por más que nos organizamos, por más que marchamos, por más que gritamos, el gobierno nada más no nos escucha!”, señaló Fabián Villegas en una de las protestas de esta semana. “Vamos a seguir... es hoy o nunca”.
La policía recurrió el lunes a gases lacrimógenos para contenerlos. Dos manifestantes y al menos un peatón fueron heridos en el choque. Un maestro fue evacuado mientras sangraba del rostro y la CNTE reportó que perdió un ojo.
“Verificaremos si este actuar se apegó o no a los protocolos”, explicó a la AFP el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vázquez. “En ningún momento hay una instrucción ni de reprimir, ni de actuar en contra de los manifestantes”.
“Paralizado”
La presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gobierno llaman a diario a dialogar y analizar los planteamientos de la CNTE, que por ejemplo rechazan un aumento acordado con el gobierno de 9 % por el sindicato oficial de los educadores.
“Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial”, dijo la mandataria izquierdista en su rueda de prensa. “No vamos a caer en la provocación”.
Analistas consultados por la AFP coinciden en que el gobierno no atendió a tiempo las demandas de los maestros, que han amenazado con más protestas durante todo el Mundial.
Luis Hernández Navarro, especialista en este grupo de maestros, indicó que una reunión entre la mandataria y los maestros ayudará “a bajar esta tensión”, pero Sheinbaum descartó por ahora el encuentro y encargó las negociaciones a sus ministros.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surgió en 1979 y desde entonces incomodó a presidentes del otrora hegemónico PRI y del derechista PAN.
Y ahora al gobernante partido Morena, “incapaz de responder” ante una crisis a la que no está acostumbrado por sus altos índices de popularidad, estimó el analista Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México.
“Concesiones”
Aguayo considera “casi imposible” que Sheinbaum use la fuerza para controlar estas protestas, tras el antecedente de la llamada masacre de Tlatelolco.
Fue un mitin estudiantil que la policía reprimió en 1968 y dejó 400 muertos, según familiares y activistas, aunque las cifras oficiales solo registraron 30 víctimas.
Sheinbaum se dice heredera de ese movimiento y uno de sus primeros actos como presidenta fue ofrecer una “disculpa pública” por la masacre. Por ello, con el Mundial encima, no tiene mucha más opción que “hacer concesiones” ante la CNTE, concluyó Aguayo.
Fuente: AFP.
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FMI y Venezuela avanzan en negociación sobre monitoreo y asistencia
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Venezuela mantienen discusiones para el regreso paulatino del país sudamericano a los programas de monitoreo y de asistencia de la institución, declaró este jueves la portavoz del Fondo, Julie Kozack.
El FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la reanudación de sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019.
El vicepresidente de Economía y Finanzas venezolano, Calixto Ortega Sánchez, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, la semana pasada en Washington, explicó el portavoz.
“Discutieron sobre cómo el FMI puede apoyar los esfuerzos de Venezuela para fortalecer su estabilidad macroeconómica”, indicó.
“Eso incluye una vía para llevar a cabo una consulta en virtud del artículo IV”, añadió.
Todos los miembros del FMI están obligados a aceptar una revisión anual de sus cuentas, lo que se conoce como consulta del Artículo IV del Convenio Consultivo del Fondo.
La última vez que las autoridades monetarias y financieras venezolanas se reunieron formalmente con una misión del FMI fue en 2004.
El vicepresidente venezolano y la jefa del FMI discutieron “las prioridades de asistencia técnica” o cómo mejorar “las estadísticas macroeconómicas”, indicó el portavoz.
Uno de los temas más delicados de la negociación es la reanudación del acceso a las reservas de Venezuela en el Fondo, el equivalente a 5.100 millones de dólares.
Otra cuestión es la renegociación de la deuda exterior venezolana, algo en lo que el Fondo “no está todavía involucrado”, precisó Kozack.
El Banco Central de Venezuela no publica datos oficiales sobre la deuda pública externa desde 2018, cuando el monto ascendía a casi 90.000 millones de dólares.
Estados Unidos ha ido acelerando el levantamiento de sanciones tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en enero mediante una operación militar.
El Tesoro estadounidense admite ahora “determinados servicios” en relación con esa reestructuración de la deuda, pero aún quedan pendientes otras sanciones, que Washington mantiene como forma de control sobre las finanzas públicas venezolanas.
- Fuente: AFP
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