El centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones del país. El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.

El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún había personas encarceladas ahí.

El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, según confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos. La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.

Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros.

“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.

El lugar habría quedado “totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos”, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez (1999-2013) y falleció en esta cárcel en 2021.

Durante la noche, este colectivo volvió a acercarse a El Helicoide para realizar una vigilia como lo han hecho desde hace 147 días para pedir por la liberación de los presos políticos.

“Seguimos insistiendo: estas personas no tienen por qué estar detenidas, y mucho menos someter a sus familias a la incertidumbre de preguntarse cómo están”, dijo el comité en X.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de esta cárcel, semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y ciudades vecinas.

Los alrededores de la prisión lucían tranquilos durante el día. Uno de los agentes encargados de la vigilancia del lugar indicó a una periodista de la AFP que “ya no quedaba nadie” en el interior.

El miércoles, familiares protagonizaron en el exterior del Helicoide escenas de llanto y desesperación por no saber del paradero de sus seres queridos, ante una barrera de uniformados.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que “las autoridades no han publicado un listado oficial”.

Esta ONG precisó que en El Helicoide había más de 70 prisioneros.

El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de “otros centros de tortura” es fundamental que “el Estado cambie su política represiva”. “De lo contrario es puro show”, señaló al recordar que cuando estuvo ahí vio personas durmiendo en las escaleras y “con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies”.

Fuente: AFP.

• Jorge Torres Romero

En Paraguay existe una peligrosa costumbre política: cuando un hecho no alcanza para generar el impacto deseado, se lo agranda hasta convertirlo en otra cosa. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy con el debate sobre las máquinas de votación.

Lo que dio origen a la polémica no fue una denuncia de fraude electoral. No apareció ninguna evidencia que demuestre manipulación de votos. Tampoco se comprobó vulnerabilidad alguna en las máquinas que serán utilizadas en las próximas elecciones municipales.

Lo que existe es un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) referido a una licitación anterior, cancelada en 2025, y a una conducta que el organismo considera irregular por parte de una empresa durante aquel proceso.

Pero una cosa es investigar una posible irregularidad administrativa y otra muy distinta es instalar la idea de que todo el sistema electoral paraguayo está comprometido.

El dictamen de la DNCP no juzga elecciones. No analiza resultados electorales. No concluye que las máquinas de votación sean fraudulentas. No afirma que la voluntad popular pueda ser alterada. Su objeto es mucho más concreto: determinar si existió una conducta irregular dentro de una licitación específica.

Sin embargo, algunos sectores han optado por transformar un expediente administrativo en una supuesta prueba de que el proceso electoral entero carece de garantías.

Es una conclusión que no surge del dictamen y que jurídicamente carece de sustento.

Pero detrás de esta ofensiva contra las máquinas de votación también existen motivaciones políticas que pocos se animan a mencionar. En Asunción se ha conformado una suerte de cóctel de conveniencias. Por un lado, sectores de la disidencia colorada, particularmente el grupo liderado por los hermanos Samaniego, observan con preocupación encuestas y mediciones que no les resultan favorables frente a la candidatura de Camilo Pérez.

Las elecciones municipales no solamente definirán la conducción de la capital; también marcarán quiénes llegan fortalecidos y quiénes llegan debilitados a la gran disputa política de 2028.

Cuando los números no acompañan, la tentación de cuestionar las reglas del juego suele crecer.

A ello se suma un sector del PLRA que nunca terminó de adaptarse al sistema de desbloqueo de listas y al uso de la tecnología electoral. Es el mismo sector que condujo al liberalismo a algunas de las derrotas más duras de su historia reciente, pero que hoy evita plantear abiertamente su verdadero objetivo: volver al viejo sistema de papeletas. Como no se animan a sostener públicamente esa posición, intentan desacreditar el mecanismo vigente instalando sospechas permanentes sobre las máquinas de votación.

La paradoja es evidente. El problema no son las máquinas. El problema es que el sistema actual modificó formas tradicionales de acumulación de poder político y obliga a competir en condiciones distintas a las de antes.

Incluso si la DNCP resolviera eventualmente sancionar o inhabilitar a una empresa para futuras contrataciones, ello no implica automáticamente la nulidad de un proceso ya adjudicado y actualmente en ejecución. Las sanciones administrativas tienen procedimientos, alcances y efectos definidos por la ley. No operan por contagio político ni por especulación mediática.

Lo preocupante es que detrás de este debate pareciera existir una intención más profunda: sembrar dudas anticipadas sobre el resultado electoral antes incluso de que los ciudadanos concurran a las urnas.

Y confundir una cosa con la otra solo contribuye a deteriorar la confianza de los ciudadanos en un sistema democrático que debe ser protegido por todos, independientemente de las diferencias políticas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, aseguró que el cronograma electoral se cumplirá a cabalidad, y que no existen motivos para postergar o suspender las elecciones internas partidarias programadas para el 7 de junio. El titular electoral refirió que existen otras intenciones con el pedido de disidentes y opositores, que sería volver a las listas cerradas para los cargos plurinominales.

“Pareciera y yo diría que existe casi la certeza que la intención de un grupo importante del sector político es llegar al final de sustituir el sistema electoral, que se vuelva a las listas cerradas, las famosas listas sábanas. Ese parece ser realmente el trasfondo”, dijo este martes en nota al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Paraguay concretó la apertura de un nuevo mercado para el sector avícola con la habilitación de Emiratos Árabes Unidos para las exportaciones de productos cárnicos del rubro aviar. Así lo anunció este martes el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

“Esta habilitación representa un importante avance para el sector avícola nacional y es el resultado de un trabajo técnico y diplomático, orientado a fortalecer la presencia de los productos paraguayos de origen animal en mercados internacionales”, destaca el comunicado del servicio veterinario.

Organizaciones civiles y familiares de la primera abogada del país entregaron una nota al presidente de la previsional para frenar el derrumbe de este patrimonio histórico. Buscan convertir las ruinas en un centro cultural y de contención para las mujeres.

La emblemática vivienda de Serafina Dávalos, ubicada en pleno centro de Asunción (sobre la calle Luis Alberto de Herrera casi Estados Unidos), se encuentra en un avanzado estado de deterioro y abandono que amenaza con su derrumbe definitivo.

Continuando con el análisis del salario mínimo, en la segunda reunión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam) prosiguió el debate sobre el reajuste salarial, cuya propuesta final deberá ser presentada antes del próximo 15 de junio. Durante el encuentro, el sector empresarial reiteró su postura de mantener el ajuste en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El viceministro del Trabajo, César Segovia, mencionó que la recomendación será presentada este miércoles, en la próxima sesión de la comisión. “El miércoles 13 se realizó la segunda reunión, siguiendo con el cronograma de actividades. El sector empresarial tuvo algunas observaciones y debe presentar una contestación por escrito”, comentó en el programa Así son las cosas, emitido por el canal GEN/Nación Media.

El viceministro de Industria, Javier Viveros, estuvo presente en el evento conocido como Conexa 2026, en la ciudad de Florianópolis, Santa Catarina. El alto funcionario expuso ante alrededor de 4.000 empresarios del país vecino las oportunidades de integración con Paraguay.

La actividad reúne a líderes empresariales, representantes institucionales y actores del sector productivo de todo Brasil, con el objetivo de fortalecer el asociativismo, generar oportunidades de negocios e impulsar la conexión entre industrias y cadenas de valor de la región. Se trata de uno de los principales encuentros empresariales del vecino país, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El senador liberal Dionisio Amarilla manifestó su profunda preocupación ante el peligroso escenario electoral que se está construyendo de cara a las internas partidarias. Indicó que durante los recorridos que está realizando en distritos del interior del país recibe denuncias sobre aquellos lugares donde han logrado candidaturas únicas o de consensos para las elecciones de intendencias municipales, desde el Nuevo Liberalismo estarían instando a la gente a “cargar las urnas”, en las próximas internas partidarias previstas para el 7 de junio.

En ese sentido, la Lista 100 del movimiento Diálogo Azul emitió un comunicado, denunciando esta situación, el cual fue igualmente confirmado por el senador liberal Amarilla en comunicación con La Nación/Nación Media, señalando que bajo el argumento de un supuesto “consenso”, “unidad” y “desmovilización electoral”, se ha impulsado una operación política orientada a desalentar la competencia interna legítima, evitando deliberadamente la confrontación democrática de ideas, proyectos y liderazgos dentro del PLRA.

El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, tomó la decisión de rechazar la solicitud de autorización judicial realizada por el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, para viajar al Brasil, en consonancia con el reciente fallo de un tribunal que consideró inconsistencias en su pedido.

El juzgado entendió que no se justificaron suficientemente las razones que hagan necesaria su salida del país. “Para este juzgado, el simple hecho de solicitar la salida del país por motivos de carácter institucional y empresarial no justifica la necesidad del viaje ni lo torna imprescindible, resultando insuficiente para asegurar el sometimiento del procesado al presente proceso”, señala parte de la resolución.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el lunes investigar la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Quero, cuya madre falleció el domingo, días después de confirmar la muerte de su hijo. Quero, de 51 años, había sido arrestado en enero de 2025 y sus familiares nunca tuvieron información de su paradero hasta que las autoridades informaron de su fallecimiento casi un año después.

Su madre Carmen Navas, de 81 años, falleció pocos días después de reconocer el cuerpo tras una exhumación solicitada por ella. Su caso ha generado gran conmoción en el país. Otras 19 personas detenidas por razones políticas han fallecido en Venezuela bajo custodia del Estado desde 2014.

Navas buscó exhaustivamente a su hijo por más de un año, sin obtener respuestas de las autoridades. Sus allegados advirtieron que postergó sus problemas de salud para enfocarse en hallar a Quero. El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que la muerte del detenido se produjo el 24 de julio.

“La presidenta ordenó una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido y se solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público”, según la nota oficial.

La Fiscalía ya había informado el 8 de mayo del inicio de una investigación penal sobre el caso y ordenó exhumar el cuerpo de Quero.

“Una vez concluidas las averiguaciones, se informará al país de manera amplia sobre los resultados y las acciones correspondientes”, agregó la Presidencia.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos luego de la captura en enero de Nicolás Maduro en una operación militar, impulsó una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 presos políticos. Unas 314 personas han sido liberadas de las cárceles y el resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena. Aún quedan unos 500 presos políticos en Venezuela, según la oenegé Foro Penal. Mientras que se desconoce el paradero de otras 11 personas arrestadas por razones políticas.

Fuente: AFP.