El presidente Gustavo Petro pidió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas medidas para “potenciar la capacidad financiera” de Colombia con el fin de implementar los acuerdos de paz con las FARC. Foto: AFP
Presidente de Colombia plantea ante la ONU plan para relanzar acuerdos de paz
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El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió ayer jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas medidas para “potenciar la capacidad financiera” de Colombia con el fin de implementar los acuerdos de paz con las FARC y ampliar siete años su vigencia.
En una sesión dedicada a analizar los avances trimestrales de los acuerdos, Petro pidió en particular que a Colombia le “quiten el riesgo de endeudamiento (los intereses de la deuda)”, que son del orden del “8-9%”. “Hemos entregado 7.000 millones de dólares en spread, en riesgo por encima de la tasa de interés de mercado por nuestra deuda”, dijo.
Para Petro, ese dinero podría destinarse a la implementación de los acuerdos firmados en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en particular la repartición de tierras entre los campesinos que han depuesto las armas -en el origen del viejo conflicto armado-, uno de los principales puntos del mismo.
De paso, también contribuiría a resolver otros problemas que afectan al mundo como las drogas y la crisis climática. “La paz de Colombia acaba la cocaína en el mundo (...). Salva el tercer pulmón de estabilidad climática del mundo”, pues el “90 % del conflicto” colombiano se centra en la selva amazónica, dijo el mandatario.
“No habría un trato mutuo mucho más honorable, digno y contundente”, aseguró el mandatario a los 15 países reunidos en el Consejo de Seguridad.
Es la primera vez que Petro asiste a este ejercicio trimestral del máximo órgano de la ONU que sigue de cerca los avances de los acuerdos pactados en 2016 y que ahora pretende ampliar a otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a grupos armados disidentes, en lo que denomina “Paz total”.
Pacto nacional y 7 años más
Para avanzar en la implementación del acuerdo de paz, propuso una decena de medidas entre las que destaca la creación de “un pacto nacional” en el que participe el “liderazgo político, social y económico de la mitad de la población que se ha puesto del acuerdo de paz”, para poder hacer un “cambio de normas”.
Ello para poder llevar a cabo una reforma rural integrada, un plan de salud, plan de vivienda con el fin de integrar los territorios en conflicto al desarrollo nacional, o excarcelar a “35.000 campesinos” por producir hoja de coca.
“En Colombia la paz se ve como algo revolucionario, mientras la violencia que ha durado durante generaciones acompañándonos se ve como lo normal”, dijo. “¿Por qué Colombia fracasa continuamente?” en la consecución de la paz, se preguntó Petro, tras recordar que desde mediados del siglo pasado la violencia ha dejado 700.000 muertos.
Y lo achacó a la desigualdad. En Colombia, dijo, hay 10 millones de campesinos, “pero solo el 1% tiene el 90% de la tierra fértil. Y ese 1% ha usado la tierra fértil no para producir comida, sino para lavar los activos del narcotráfico. Y la defiende a sangre y fuego”.
“Por eso tenemos millones de desplazados. Centenares de masacres. Fue lo que quiso resolver el acuerdo de paz del 2016″, pero hasta ahora no lo ha conseguido.
Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general en Colombia, subrayó por su parte que “nunca insistiré lo suficiente en la urgencia de la aplicación integral del Acuerdo de Paz de 2016 como tarea fundamental” para “garantizar la sostenibilidad del proceso de reintegración a largo plazo”.
La inseguridad, dijo, “claramente” es el principal obstáculo para la reincorporación y el éxito del proceso de paz, y recordó que desde la firma del Acuerdo, 421 firmantes han sido asesinados. Las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen siendo las principales víctimas de la violencia.
Para Diego Tovar, un excombatiente de las Farc -el primero que ha viajado a Nueva York para participar en el Consejo de Seguridad-, es “urgente y fundamental fortalecer la coordinación interinstitucional y reforzar la intervención estatal integral en los territorios”.
“Estamos convencidos que con las voluntades manifiestas y el valioso apoyo de ustedes a Colombia, la paz vencerá”, concluyó.
Petro aseguró que el número de escoltas fue reducido “el día del atentado”. Pasó de “7 a 3 personas” previo al ataque, dijo en la red social X. Foto: Archivo
Petro denuncia reducción de custodia de Miguel Uribe
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Bogotá, Colombia. AFP.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció ayer lunes que el dispositivo de seguridad del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe “fue disminuido extrañamente” antes de sufrir un atentado. El sábado, el dirigente del opositor Centro Democrático, el principal partido de derecha del país, recibió tres impactos de bala durante un evento de campaña en Bogotá. Luego de pasar por una primera cirugía, la situación del político de 39 años es de “máxima gravedad” y su pronóstico es reservado, según la clínica.
Petro aseguró que el número de escoltas fue reducido “el día del atentado”, en el que presuntamente abrió fuego un sicario de 15 años que está detenido. La custodia pasó de “7 a 3 personas” previo al ataque, dijo en la red social X. La seguridad de políticos de alto perfil o personas amenazadas en Colombia está a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, contó a medios que a Uribe lo protegían tres empleados directos de ese organismo y cuatro policías. Buena parte del sábado los escoltas de la UNP estuvieron descansando tras una larga jornada de trabajo del día anterior, dijo.
Eso explica que en el momento del atentado “había menos personas de las que debería haber” en el esquema de seguridad. Rodríguez precisó que en este caso el encargado de coordinar la logística entre los escoltas era uno de los policías. Rodríguez es una de las personas más cercanas a Petro. Juntos pertenecieron a la extinta guerilla M-19.
Horas antes de estas palabras del presidente, el abogado de Uribe dijo que presentó una demanda penal contra el jefe de la UNP, pues este año hizo más de 20 solicitudes para reforzar el esquema de seguridad de su cliente, pero supuestamente no fueron escuchadas. El jurista pidió a la fiscalía abrir una investigación que “establezca si por omisión el Estado dejó en indefensión” a Uribe.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo a periodistas que Uribe tenía un esquema de seguridad “robusto” igual al de otros congresistas: siete escoltas y dos automóviles blindados. Un adolescente de 15 años fue capturado por los guardaespaldas de Uribe como sospechoso de intentar asesinar al aspirante presidencial para las elecciones de 2026. Uribe no denunció sufrir amenazas de muerte ante la fiscalía, según la fiscal general.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó como “deplorable” el atentado, que “debe investigarse exhaustivamente” para llevar a los responsables “ante la justicia”. La fiscal general aseguró el lunes que el menor capturado podría pasar hasta ocho años privado de libertad si es hallado culpable, aunque no en una cárcel común debido a su edad.
Camargo añadió en una rueda de prensa que el adolescente fue operado debido a una herida de bala que recibió en una pierna antes de ser detenido. Será interrogado cuando se recupere de la herida, dijo la fiscal. Una de las hipótesis es que fue contratado por una “red sicarial” que busca a menores de edad para ejecutar “conductas tan graves como” el atentado contra Uribe. Las autoridades aún buscan a los autores intelectuales del hecho.
Arma comprada en Estados Unidos
El director de la policía, general Carlos Triana, informó que el arma modelo Glock aparentemente utilizada para herir a Uribe fue adquirida legalmente en Arizona, Estados Unidos, en 2020. De momento se desconoce cómo ingresó a Colombia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró el domingo que se manejan varias hipótesis sobre los motivos del atentado al senador: una es que se trató de un mensaje contra el Centro Democrático, que lidera el influyente expresidente Álvaro Uribe.
El exmandatario, que gobernó entre 2002 y 2010, denunció de su lado otro presunto ataque. “La inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra”, afirmó en la red social X. Según el ministro Sánchez, otra hipótesis de lo ocurrido el sábado es que sea un intento de “desestabilizar” al gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, a quien sectores de la derecha acusan de incitar el odio contra la oposición.
El atentado contra Miguel Uribe tensa la carrera por la presidencia de Colombia, que recién empieza en medio de fuertes disputas entre la izquierda y la oposición que busca recuperar el poder. Triana aseguró que el Estado fortalecerá la seguridad de por lo menos 30 precandidatos.
ONU: los océanos no deben convertirse en el “Far West”
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Niza, Francia. AFP.
La Conferencia de la ONU sobre los Océanos arrancó este lunes en Francia con el llamado del secretario general António Guterres a evitar que los fondos marinos se conviertan en el “Far West” y con críticas a la política unilateral de Estados Unidos. Esta tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC) que se celebra en Niza, en la Costa Azul francesa, cuenta con la presencia de cerca de 60 jefes de Estado y de Gobierno que deberán debatir temas como la minería en aguas profundas, la basura plástica o la sobrepesca.
Entre los asistentes a esta reunión, copatrocinada por Francia y Costa Rica, está el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Guterres defendió en el inicio de la conferencia que “las profundidades marinas no pueden convertirse en el Far West”(el lejano oeste), después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abriera la puerta a la minería en aguas profundas.
Guterres expresó su esperanza de lograr pasar de “la explotación a corto plazo, a la gestión a largo plazo”.
El anuncio hecho por Trump a finales de abril de que acelerará la revisión de solicitudes para la exploración y extracción minera más allá de la jurisdicción estadounidense añadió urgencia en el debate internacional sobre la explotación del lecho marino.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) que tiene jurisdicción sobre el lecho marino en aguas internacionales se reunirá en julio para debatir la regulación de la minería en aguas profundas.
Guterres ha expresado su apoyo a estas negociaciones y muchos países se oponen a la minería de aguas profundas, una oportunidad que Francia espera aprovechar para sumar voces para una moratoria sobre esta práctica hasta tener más información sobre su impacto ambiental.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó por su parte a una “movilización” para proteger los océanos.
“Las profundidades marinas no están en venta, como tampoco está en venta Groenlandia, ni la Antártida ni la alta mar”, dijo Macron, en referencia velada a Trump, que codicia Groenlandia, un estratégico territorio autónomo danés.
“Creo que es una locura emprender una acción económica depredadora que alterará el lecho marino, la biodiversidad y la destruirá (...) La moratoria sobre la explotación del lecho marino es una necesidad internacional”, afirmó el mandatario francés.
Estados Unidos no envió ninguna delegación a esta reunión donde Lula denunció que “la amenaza del unilateralismo” se cierne sobre el océano.
“No podemos permitir lo que está sucediendo con el mar, lo que sucedió con el comercio internacional”, declaró el presidente brasileño.
Francia busca lograr que más de 60 países firmen un acuerdo que data de 2023, para que se convierta en una legislación internacional que de una mayor protección a los océanos. Macron afirmó que recibió suficientes apoyos y la ratificación del tratado está “ganada”.
“A las cincuenta ratificaciones ya depositadas aquí mismo en las últimas horas, se han sumado quince países que se han comprometido formalmente a unirse”, declaró Macron. La presidencia francesa, que no precisó la lista de países, indicó que esto se concretará antes de final de año. La oenegé Greenpeace expresó su cautela.
“Si esto es cierto, nosotros no lo creeremos hasta que estén las 60 ratificaciones, será lo que estábamos esperando, un momento importante para la protección de los océanos”, expresó.
La entrada en vigor de este tratado se considera crucial para alcanzar el objetivo acordado globalmente de proteger el 30% de los océanos para 2030. Las áreas marinas protegidas (AMP), actualmente, suponen apenas un 8,4% de la superficie total de los océanos.
Se espera que durante la reunión varios países anuncien la creación de nuevas zonas marinas protegidas o la prohibición de prácticas como la pesca de arrastre, en algunas áreas. Las recientes conferencias de la ONU han tenido dificultades para encontrar consensos y fondos necesarios para combatir el cambio climático y otras amenazas ambientales.
Para muchos Estados insulares, muy vulnerables al cambio climático, esta reunión es una oportunidad para mantener la presión sobre los países ricos. “Si realmente quieren proteger los océanos, pruébenlo”, afirmó Surangel Whipps Jr, presidente de Palaos, que abogó por un alivio de la deuda para que países como este archipiélago en Oceanía puedan “invertir en la adaptación” al cambio climático.
El Paraguay y Brasil buscan fortalecer el turismo binacional
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A fin de potenciar el turismo binacional en la región se llevó a cabo una reunión estratégica en la que participaron la ministra de la Secretaría Nacional del Turismo (Senatur), Angie Duarte, y representantes de la ONU Turismo en el marco del Festival Cataratas 2025.
Durante el encuentro se identificaron propuestas que buscan posicionar la región como un destino competitivo y globalizado, respondiendo a las tendencias del turismo internacional, informó la Senatur. Además, brindar experiencias sostenibles como en las reservas naturales.
“Esta colaboración busca fortalecer el turismo binacional regional y contribuir al desarrollo económico para consolidar a la región como un destino turístico mundial”, destacaron.
Duarte se reunió con el Dr. Heitor Kadri, director de la oficina regional de turismo de las Naciones Unidas para las Américas en Río de Janeiro; Dr. Yuri Benites, director de turismo en Itaipú Parquetec; Silvana Gomes, de Itaipú Parquetec, y Diana Centurión, asesora de la coordinación de turismo de Itaipú Binacional en Paraguay.
Según informaron desde la institución, a través de estas acciones en conjunto, ambas márgenes impulsarán el desarrollo de productos turísticos integrados que unen a Paraguay y Brasil, promoviendo experiencias sostenibles y conectadas.
Qué hacer para fomentar la cultura de la bicicleta en Asunción
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Paulo César López
paulo.lopez@nacionmedia.com
Fotos: Emilio Bazán
El próximo 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha que fue instituida en 2018 por la asamblea general de las Naciones Unidas con el fin de promover el uso de este medio de transporte accesible, limpio y sostenible. En el caso de nuestra capital y las ciudades del Área Metropolitana, la bicicleta puede contribuir a disminuir la congestión en un contexto en el que el problema no son las largas distancias, sino la lentitud en el desplazamiento por la alta densidad de automóviles individuales que transitan por sus calles y avenidas.
A propósito de esta fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que “ofrecer una infraestructura segura para las actividades físicas, como caminar o andar en bicicleta, es el camino para alcanzar una mayor equidad en materia de salud.
Para los sectores urbanos más pobres, que no pueden permitirse vehículos propios, ir a pie o en bici se puede convertir en su medio de transporte.
Al mismo tiempo, pueden reducir el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte.
La mejora del transporte activo (caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público) no es por tanto solo una cuestión de salud, sino que también puede suponer una mayor equidad y eficacia en cuanto a los costes”.
La bicicleta, además de ser un medio de transporte saludable, es también más asequible para el conjunto de la población, en especial para los sectores de menores ingresos.
En una ciudad rebasada por los vehículos motorizados como Asunción y el Área Metropolitana, cuyo sistema de transporte público es además cada vez más ineficiente, la bicicleta es una opción barata y rápida para desplazarse a través de las distancias cortas y relativamente cortas que demandan nuestros centros urbanos.
BENEFICIOS
Entre otros beneficios, la asamblea general destaca que el uso de la bicicleta mejora la salud mental, el bienestar físico, disminuye el estrés, fomenta la tolerancia, el entendimiento y el respeto, facilita la inclusión social y la cultura de paz.
Además de mejorar la calidad del aire y disminuir la congestión por la menor circulación de vehículos motorizados, es dable esperar que esto también conlleve la reducción de los siniestros viales, que diariamente desvían recursos valiosos que podrían ser empleados para cubrir otras necesidades.
Además de ello, una población más ejercitada y la menor emisión de gases nocivos al ambiente debería implicar una menor demanda de servicios sanitarios.
Más allá de las tendencias fluctuantes vinculadas a las modas e incluso las impuestas por la pasada pandemia, que impulsó este medio ante la escasez del transporte masivo y por facilitar la distancia social, no aparece como algo sencillo una conversión masiva hacia esta forma de movilidad en el corto plazo.
El principal problema es la falta de infraestructura. Es decir, la escasez y falta de integración de vías segregadas que permitan a los ciclistas desplazarse por carriles distintos al resto de los vehículos.
Si bien la red de ciclovías ha aumentado en la capital, en grandes tramos están bloqueadas por vehículos estacionados o no tienen la integración suficiente, por lo que cubren recorridos exiguos que están mayormente desconectados.
La escasa infraestructura disponible no puede ser utilizada debidamente a raíz del privilegio excesivo otorgado a la cultura del automóvil. Foto: Emilio Bazán
ACCIONES OFICIALES
Entre las políticas que está implementando el municipio para promover esta forma de movilidad, el arquitecto Diego Sotomayor, director de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Asunción, refirió que recientemente se lanzó en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) la norma paraguaya PNA ISO 37120, que se enfoca en la gestión y medición de la sostenibilidad de las ciudades y que tiene unos indicadores específicos sobre servicios de la ciudad y calidad de vida.
La normativa busca que los edificios se vuelvan más sostenibles y que fomenten el uso de bicicleta. Con este fin contempla beneficios impositivos para los desarrolladores inmobiliarios y propietarios de edificios que incluyan en los diseños espacios seguros y cubiertos para el estacionamiento de bicicletas.
Con relación a si observa que la movilidad en bicicleta se ha incrementando en la actualidad, Sotomayor aseguró que sí debido al aumento de ciclovías y bicisendas. Sin embargo, admitió que esto aún se encuentra en una etapa muy primaria de evolución y adaptación.
ENFOQUE SOSTENIBLE
“Yo creo que esta recuperación pospandemia que estamos teniendo nos ofrece una oportunidad para repensar y remodelar el futuro de la movilidad para apuntar en un enfoque con acento en la sostenibilidad en la eficiencia y en la adaptabilidad. En esto sin lugar a dudas tiene un lugar muy importante la bicicleta”, indicó.
Con relación a cuál fue el crecimiento de esta infraestructura en la capital, mencionó que la Red de Bicisendas del Área Metropolitana de Asunción (Amabici) en su fase piloto sumó 31 km de bicisendas que “en teoría” conectan Asunción con ciudades del Área Metropolitana como Luque, Fernando de la Mora y San Lorenzo.
Respecto a proyectos futuros, señaló que el AMA contempla una red de bicisendas y ciclovías que trata de asegurar la integración de la bicicleta con el transporte público. De esta manera, el objetivo es promover comunidades sostenibles reduciendo el impacto ambiental y mejorando el acceso a áreas verdes a través del uso de la bicicleta.
El proyecto está dividido en cuatro componentes. El primero es la planificación urbana; el segundo, la gestión de residuos; tercero, el manejo de áreas urbanas y verdes, y cuarto, la movilidad y transporte sostenible, donde la bicicleta ocupa un lugar central.
DIFUSIÓN E INTEGRACIÓN
Muchos de los circuitos disponibles ni siquiera son conocidos por los habitantes de la ciudad y por quienes ingresan a diario a ella. No se plantea aquí algo irrealizable, sino ampliar, integrar y difundir los tramos con los que ya contamos.
Para muestra vale un botón. La bicisenda de la calle Capitán Ruiz Díaz de Melgarejo, que se inicia detrás del Hospital Bautista y se extiende hasta las cercanías de Alas Paraguayas, permite a los ciclistas evitar nada más y nada menos que las avenidas República Argentina y Eusebio Ayala a través de un corredor verde que ofrece seguridad y confort térmico.
La ciclovía de Boggiani está copada por motocicletas estacionadas, vendedores ambulantes y peatones. Foto: Emilio Bazán
Esta a su vez está interconectada con la bicisenda de Souza, que atraviesa La Cuadrita y serpenteando cruza Choferes del Chaco hasta casi el nacimiento de la avenida Mariscal López, en las proximidades de la estación central del ferrocarril.
Así, es posible transitar por vías exclusivas un tramo de la principal avenida asuncena e incluso evitarla desde la plaza Batallón 40 hasta la avenida Kubitschek. Es decir, reemplazar un auto por una bicicleta no solo ocupa menos espacio, genera menos ruido y emisiones, sino que también conduce a las personas por otras vías alternativas que son de poco o difícil acceso para vehículos de mayor porte.
De su lado, aunque en su estado actual sirve para fines casi exclusivamente recreativos, otro modelo de infraestructura a ampliar y replicar es la bicisenda de Yegros, que parte del Colegio Naciones Unidas y llega hasta 21 Proyectadas.
Con bicisendas y ciclovías que ofrezcan seguridad y confort térmico sería posible estimular el uso de la bicicleta como medio de transporte. Foto: Emilio Bazán
FACTORES CULTURALES
Empero, el fallido proyecto de ampliación de esta vía hasta el centro a través de la calle Iturbe muestra que la lucha es cruel y es mucha, tal como también ocurrió con la ciclovía de Palma, a la cual se opusieron frontalmente los comerciantes y que en la práctica es casi inutilizable.
Es decir, el problema no solo es la escasa infraestructura disponible, sino factores culturales que requieren acciones más profundas como la educación cívica y vial.
Por otra parte, la costanera Sur es otra vía que ofrece seguridad a los ciclistas para ingresar al centro evitando la pesada avenida Félix Bogado, con sus largas arribadas y los buses y recolectores de basura rozando la humanidad de quienes transitan en bicicletas. En este sentido, es preciso controlar otros factores ambientales como el combate a la incineración de residuos en el vertedero Cateura, que pueden terminar siendo contraproducentes en la salud y causar accidentes por problemas de visibilidad.
En resumidas cuentas, si bien en términos realistas sería poco factible esperar un cambio masivo en el corto plazo en el patrón de transporte de las personas que ingresan a la capital desde el Área Metropolitana, un medio de transporte más limpio, rápido y sostenible entre el centro y el resto de los barrios de Asunción sí es posible.
A su vez, esto podría resultar replicable al interior de las ciudades centralinas. No obstante, para ello es preciso primero ofrecer mejores garantías para la protección de la integridad y la vida de los usuarios a través de vías más seguras y segregadas del resto del tráfico.