Manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en Bolivia rechazaron este viernes los nuevos llamados del gobierno a dialogar y aumentaron los bloqueos de carreteras que sitian desde hace un mes a la capital política del país, constató la AFP.

Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros piden al mandatario centroderechista, con seis meses en el poder, una salida a la crisis económica, la peor en cuatro décadas, pero sus reclamos se radicalizaron al considerar que no fueron escuchados.

Vestidos con ponchos y mascando hojas de coca, cientos de campesinos aimaras tomaron este viernes la principal autopista que conecta a la ciudad de El Alto, a 4.100 metros de altitud, con La Paz, la sede de gobierno.

“Nos han invitado (a conversar), pero nosotros mismos hemos dicho: no podemos dialogar, este gobierno tiene que irse”, dijo a la AFP Juan Hidalgo, un dirigente de los Ponchos Rojos, poderoso sindicato campesino que protesta en las afueras de La Paz.

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Enormes bloques de concreto impedían el paso de vehículos, mientras que mujeres de polleras repartían los almuerzos. “Renuncia hoy día o convoca a elecciones”, agregó Hidalgo, rodeado de otros agricultores que llevaban sus látigos en bandolera.

Este viernes se reportaron más de 70 tomas de autopistas en el país, según la Administradora estatal Boliviana de Carreteras, una veintena más que a inicios de semana.

El miércoles, Paz, durante un acto público, invitó “por última vez” a negociar a los principales sindicatos obreros y campesinos. “Si no quieren dialogar, entonces viene la ley”, dijo.

El mandatario tiene vía libre para declarar estados de excepción y controlar protestas con militares, luego de que el Congreso eliminara una norma que lo limitaba.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor de Paz, impulsa una comisión de diálogo con representantes del gobierno, del parlamento, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo. Pero los principales manifestantes, los obreros y campesinos, no acudieron a ninguna de las sesiones.

Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, el sindicato más grande del país, tiene una orden de captura por supuestos delitos de “instigación a delinquir” y “terrorismo”.

Su gremio se rehúsa a conversar con el gobierno mientras no se elimine la medida.

• Fuente: AFP

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Al menos 25 personas entre civiles y policías murieron el jueves en dos ataques del crimen organizado en el norte de Honduras, informaron las autoridades, en momentos en que el país alista una ofensiva contra esas bandas. El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.

Esa localidad se halla bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades. “Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida”, dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.

En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional reportó cinco agentes y un civil muertos en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes. “Los encontramos en un sector montañoso de la frontera entre Honduras y Guatemala (...), ahí les habrían quitado la vida”, dijo a la AFP el portavoz de la policía hondureña, Edgardo Barahona.

Más temprano, la policía reportó un civil fallecido en ese hecho.

El presidente del país, Nasry Asfura, aseguró en un mensaje a la nación que van “a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas (...). Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune”.

Ambos ataques ocurrieron en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.

Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.

Al parecer “las personas asesinadas (en Trujillo) eran empleados de un grupo armado”, dijo telefónicamente a la AFP un líder campesino de una comunidad colindante con Rigores, la aldea donde ocurrió la matanza, que pidió mantener su nombre en reserva.

Videos difundidos más temprano por un canal regional mostraron varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.

“Es una escena dantesca”, señaló a periodistas el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien indicó que las víctimas al parecer “fueron ejecutadas con fusiles y escopetas”.

Varios de los fallecidos fueron trasladados a sus viviendas por familiares, informó la fiscalía en un comunicado, lo que ha dificultado su labor.

“Son campesinos miembros del Movimiento Campesino de Rigores”, comentó por su parte a la AFP Adilia Castro, líder comunitaria de la zona.

A raíz de los ataques, la embajada de Alemania en Honduras pidió a sus ciudadanos mantener una “precaución especial” en las zonas afectadas.

Sobre los hechos en Trujillo, el ministro sostuvo que se trata de un suceso inédito en una zona que, sin embargo, está “en conflicto desde hace muchos años” por el accionar de bandas dedicadas al narcotráfico y la invasión de terrenos agrícolas.

El jefe de la policía de Trujillo, Carlos Rojas, explicó a un noticiero local que estas organizaciones ocupan y explotan ilegalmente dos fincas de palma africana.

“Pertenecían a una corporación y con el tiempo se fueron apoderando. Ese dinero les permite dotarse de armas para controlar la zona”, señaló Rojas.

Por años, el movimiento campesino en la zona ha acusado a empresas agroindustriales de auspiciar a esos grupos y simular la ocupación para evitar que las tierras pasen a manos de los pobladores.

Debido al revés en Omoa, el gobierno suspendió al director y otros dos altos oficiales de la división antipandillas porque el operativo que terminó con el secuestro y el asesinato de los policías no siguió los “protocolos de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial”.

Fuente: AFP.

Miles de trabajadores marchan este viernes en la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, arrinconado por una ola de protestas pese a sus anuncios de que escuchará los reclamos sociales, constató la AFP.

“¡Que renuncie, carajo!”, grita la muchedumbre de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que paralizan las calles de La Paz, sede de gobierno aislada desde hace tres semanas por bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas.

Con apenas seis meses en el poder, Paz encara la peor crisis económica del país andino desde la década de 1980, con una inflación de 14 % interanual registrada en abril.

“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, dice en la marcha Melina Apaza, de 50 años, de la región minera de Oruro (sur).

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Ataviados con cascos o ponchos, los manifestantes, muchos de los cuales ondean banderas indígenas, avanzan entre el ruido de petardos hacia el centro de la ciudad.

Los accesos a la plaza de armas, frente al palacio de gobierno, están resguardado con rejas y vigilados por cientos de policías antimotines.

Muchos negocios cerraron sus puertas y los vendedores ambulantes recogieron su mercadería por temor a saqueos.

En medio de la convulsión social, el gobierno anunció esta semana que reorganizaría su gabinete con funcionarios con “capacidad de escucha”. En su primer cambio, nombró a un nuevo ministro de Trabajo.

Los reclamos iniciales de aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía se radicalizaron con el pasar de los días.

Ahora los manifestantes piden la salida del mandatario, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Medio centenar de bloqueos se registran en las vías del país este viernes, según datos oficiales. El gobierno reportó que cuatro personas murieron al no poder llegar de emergencia a centros médicos.

• Fuente: AFP

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Decenas de miles de manifestantes, simpatizantes del activista antiinmigración y antiislam Tommy Robinson por un lado, y propalestinos y antirracistas por el otro, se concentraron este sábado en el centro de Londres en dos marchas custodiadas por un amplio despliegue policial.

Unos 4.000 policías fueron movilizados para evitar incidentes. Las manifestaciones coincidieron con la final de la Copa de Inglaterra entre Manchester City y Chelsea en el estadio de Wembley, con capacidad para 90.000 espectadores.

Por la tarde, las fuerzas de seguridad indicaron haber detenido a 31 personas, pero aseguraron que ambas marchas se desarrollaban “sin incidentes importantes”.

La policía no comunicó ninguna estimación de la participación pero afirmó que esperaba que la marcha “Unite The Kingdom” (“Unir el Reino”), organizada por Robinson, superara los 50.000 asistentes.

El ultraderechista Tommy Robinson, que en realidad se llama Stephen Yaxley Lennon, ya organizó una manifestación en septiembre 2025 en Londres, que congregó a 150.000 personas en defensa de la “libertad de expresión”.

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La manifestación de este sábado no está afiliada al partido antiinmigración Reform UK pero se organizó una semana después del éxito electoral recabado por esa formación, liderada por Nigel Farage, en los comicios locales.

El líder de extrema derecha encabeza los sondeos en intención de voto de cara a las legislativas de 2029.

Para Christine Turner, una jubilada de 66 años del noreste de Inglaterra, “la inmigración es la principal preocupación”.

“Somos una isla. Tenemos una frontera bien definida que no está protegida. Hay que hacer algo. Esto dura desde hace demasiado tiempo”, declaró a la AFP, en alusión a las llegadas de migrantes irregulares por el canal de la Mancha.

Por su parte, la oficina del primer ministro, el laborista Keir Starmer, anunció que se había vetado la entrada al país a 11 “agitadores extranjeros de extrema derecha”, incluida la estadounidense-colombiana Valentina Gómez, acusada de “declaraciones incendiarias y deshumanizantes respecto a los musulmanes”.

Por otro lado, miles de personas participaron en una marcha propalestina, observó una periodista de la AFP.

La manifestación se organizó para conmemorar la Nakba (“Catástrofe”, en árabe), la huida y expulsión de unos 760.000 palestinos cuando se creó el Estado de Israel, y también para oponerse a la extrema derecha.

“Racistas fuera de nuestras calles, refugiados bienvenidos”, gritaban algunos manifestantes, muchos de ellos con kufiyas y banderas palestinas.

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“La extrema derecha siente que le están creciendo las alas, nosotros estamos aquí para intentar evitar eso, para hacer que la gente no sea ignorante”, declaró Simon Ralls, un vecino de Nottingham, en el centro de Inglaterra, de 62 años.

Fuente: AFP