Los problemas de abastecimiento empezaban a mejorar el lunes en Bolivia tras la reanudación del tráfico en la mayoría de las rutas, aunque persistían nueve bloqueos en el tercer día del estado de excepción decretado para poner fin a semanas de protestas. Desde principios de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca han paralizado carreteras en varios puntos del país contra el gobierno de centroderecha del presidente Rodrigo Paz, mientras Bolivia atraviesa la peor crisis económica en 40 años.

Paz, el primer presidente no socialista de Bolivia en dos décadas, decretó el sábado el estado de excepción para levantar los piquetes, que provocaron grave escasez de combustible, alimentos y medicinas en este país de 11,3 millones de habitantes. El número de bloqueos pasó de 50 a nueve desde la instauración del estado de excepción, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

La medida permite el despliegue del ejército, restringe el derecho a manifestarse y prohíbe cortar las rutas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades registraron hasta 100 cortes de carretera.

En Gareta de Lima, un mercado popular de La Paz, cientos de habitantes compraban este lunes alimentos llegados en las últimas horas.

“Hoy la situación se ha normalizado. En los días anteriores había cuatro cuadras de fila, pero ahora está más tranquilo. Ya no nos peleamos para comprar”, dijo a la AFP Rosa Quispe, una comerciante de 48 años que había ido a comprar pollo.

Los últimos focos de resistencia se concentraban en el departamento de Cochabamba, centro del país y bastión del expresidente de izquierda Evo Morales (2006-2019).

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, aseguró al canal televisivo Unitel que se estaba preparando un plan para permitir la entrada de fuerzas de seguridad a las zonas donde persisten los últimos focos de protesta.

Aseguró que la operación se llevaría a cabo “con tranquilidad y calma”.

Paz acusa a Morales de estar al frente de las protestas y de recibir apoyo financiero de narcotraficantes, sin aportar pruebas que respalden estas afirmaciones.

El dirigente indígena y excultivador de coca está refugiado desde hace dos años en el Chapare, donde sus partidarios impiden la ejecución de una orden de detención emitida en una causa por presunta trata de una menor.

Morales rechaza la acusación y denuncia una persecución política.

Fuente: AFP.

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, llamó el lunes a la “calma” a sus seguidores tras las protestas contra el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella, y exigió al presidente electo no amenazarlo. En uno de los balotajes más reñidos de la historia, Cepeda perdió el domingo por menos de un punto porcentual en el preconteo frente al abogado millonario que se hace llamar “El Tigre”.

Tras el triunfo del jurista de 47 años respaldado por Donald Trump, miles de personas salieron a protestar en Bogotá y Cali, donde quemaron banderas de Estados Unidos y chocaron con la policía antidisturbios. “Mi llamado es a guardar la calma y la tranquilidad, porque ese es nuestro talante”, dijo Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá.

“Mantengamos en este momento un comportamiento en este sentido ejemplar”, añadió el senador y defensor de derechos humanos de 63 años.

Cepeda reiteró que reconocerá los resultados solo después del escrutinio final que puede tardar algunos días.

De la Espriella, que gobernará a partir del 7 de agosto hasta 2030, amasó apoyos con un discurso vehemente contra la izquierda, que llegó por primera vez al poder de la mano del actual presidente, Gustavo Petro.

Lenguaraz y desfachatado, llegó a decir que iba a “destripar” al “cáncer” de la izquierda, en un país donde la persecución contra esa fuerza ha exterminado a miles de militantes incluido el padre de Cepeda.

Manuel Cepeda, un político comunista, fue asesinato en 1994 por agentes estatales en alianza con paramilitares de ultraderecha.

Cepeda también rechazó las declaraciones de De la Espriella el domingo por “irrespetuosas” y “desobligantes”.

Ante miles de seguidores en la caribeña Barranquilla, el abogado que ganó por primera vez un cargo público amenazó a su rival si llegaba a “estimular la violencia”.

“Doctor Cepeda, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre. Y le digo algo. El tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido en las urnas”, dijo en medio de una ovación.

Cepeda respondió el lunes: “A nosotros que no nos amenace. Se lo digo con toda claridad. Nosotros somos (...) un movimiento político muy numeroso”.

“Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos. Así que no, que no nos venga a amenazar, no nos asusta, ni sus rugidos, ni sus alaridos”, añadió.

En sus discursos de campaña, en general detrás de un cristal antibalas, el presidente electo ha prometido mano dura contra el crimen y el narcotráfico.

Acusa a Petro de ser un “jefe de la mafia” debido al fortalecimiento de los grupos armados con los que intentó negociar la paz y asegura que está dispuesto a extraditarlo a Estados Unidos.

Petro alertó el lunes que Colombia está “al borde del abismo del fraccionamiento violento” por la polarización.

En las calles, manifestantes principalmente jóvenes defienden los programas sociales que el mandatario promovió en beneficio de las comunidades más pobres y marginadas.

En cuanto al conflicto armado, expertos advierten sobre una posible espiral de violencia, por la respuesta de los grupos armados a la ofensiva militar que propone De la Espriella.

El presidente electo planea golpear a estas organizaciones de la mano de Estados Unidos, cuyo gobierno le manifestó el domingo su apoyo.

Colombia había logrado aplacar la violencia del conflicto armado interno al firmar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016, pero la calma duró pocos años.

Múltiples organizaciones guerrilleras que no se acogieron a ese pacto, paramilitares y ejércitos del narco siguen operando con el dinero de la cocaína y el oro ilegal en el país. “A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años: su tiempo se acabó”, les avisó De la Espriella.

Fuente: AFP.

El presidente boliviano, el conservador Rodrigo Paz, decretó el sábado el estado de excepción y ordenó el envío de policías y militares a despejar las barricadas de los manifestantes antigubernamentales que han paralizado el país desde hace más de seis semanas. Desde principios de mayo, una amplia coalición de sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca han llevado a cabo manifestaciones y bloqueos de vías.

Las principales ciudades del país, principalmente La Paz y su vecina El Alto, han sufrido una grave escasez de combustible, alimentos y medicamentos, y la economía ha perdido miles de millones de dólares debido a estas protestas que el primer presidente no socialista en dos décadas calificó el sábado de “intento de golpe de Estado” del “narcoterrorismo”.

Paz dio un discurso nocturno en la televisión estatal para advertir a los manifestantes que se enfrentarían a “todo el peso de la ley”, en un intento de poner fin a los disturbios generalizados y a la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

El estado de emergencia de 90 días restringe el derecho a manifestar y permite a Paz desplegar al ejército.

A primera hora del sábado, periodistas de la AFP en la ciudad de El Alto vieron cómo la policía antimotines y las excavadoras intervenían para despejar una barricada de piedras, troncos y escombros.

Algunos residentes aplaudieron a los escuadrones de agentes armados que llegaron a bordo de camionetas.

Carla Butrón, comerciante de 39 años, observaba contenta el despliegue de los uniformados.

“Mucha felicidad, mucha felicidad, mucha paz como alteña, porque todos estos casi cincuenta días que han pasado, ha sido todo coartado aquí en el Alto, tanto el trabajo, la libre circulación”, dijo a la AFP.

Dos tanquetas militares se sumaron al convoy policial para avanzar en una ruta que conecta con el sur del país y el norte chileno e ir limpiando escombros, piedras y troncos dejados por los manifestantes.

En La Paz, un puñado de policías militares y personal de la Armada custodiaban el palacio presidencial, mientras que unidades de la policía se encontraban apostadas en varios puntos de la ciudad.

“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, declaró Paz más tarde en una publicación en las redes sociales.

“Este estado de emergencia no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, señaló.

Los manifestantes reclaman que Paz deje de lado las reformas económicas liberales y dimita.

El mandatario, de 58 años, llegó a un acuerdo el viernes en la noche con uno de los principales sindicatos del país, la Central de Trabajadores de Bolivia, para poner fin a la crisis con la promesa de no privatizar las empresas estatales y mantener nuevas conversaciones.

Sin embargo, algunos grupos indígenas mantienen las protestas con más de 30 bloqueos en las principales carreteras del país. El Poder Ejecutivo espera que exista un descenso gradual de cortes de rutas.

“Queremos que se vaya. No queremos que sea él quien gobierne”, declaró recientemente a la AFP Lidia Callisaya, una líder aimara de 42 años.

Paz acusa a los “narcoterroristas” de estar detrás de las protestas e incluye entre ellos al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Morales, líder indígena y antiguo cultivador de coca, vive desde hace dos años en la clandestinidad, acusado de presunto tráfico de menores, cargo que él niega.

Su lugar de refugio es la región del Chapare, en el centro de Bolivia, donde cuenta con la protección de miles de simpatizantes indígenas que, hasta el momento, han impedido que la policía lo detenga. Morales declaró recientemente a la AFP que los bolivianos se estaban rebelando contra un gobierno conservador que es “totalmente sumiso” a Estados Unidos.

Fuente: AFP.

El gobierno de México anunció el miércoles la reanudación de las negociaciones con los maestros en huelga que intentaron nuevamente bloquear los accesos al estadio Azteca, donde horas después hay previsto un partido del Mundial. Un ala disidente del sindicato de la educación, la CNTE, comenzó hace un mes bloqueos callejeros y manifestaciones para exigir un aumento salarial del 100% y la derogación de un sistema de retiro que los deja sin pensión.

La protesta se encontró con policías en la ruta al Azteca, donde Colombia se enfrentó el miércoles por la noche a Uzbekistán, sin que se registraran incidentes. El secretario de Educación, Mario Delgado, anunció por su parte la reanudación de las pláticas al medio día en la sede de la secretaría de Gobernación (Interior).

Buscarán “concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar”, escribió el responsable en X. Las negociaciones quedaron suspendidas hace una semana y la misma presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuestionó la utilidad de reanudarlas.

“Dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera”, señaló la mandataria el pasado viernes, tras anunciar que hará consultas directamente con los maestros sobre los problemas del sector. La CNTE convocó una protesta durante la inauguración del Mundial, el 11 de junio en el Azteca. Los choques que se registraron ese día en el exterior del estadio fueron entre policías y colectivos de estudiantes.

Fuente: AFP.