El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que combatirá a las pandillas “sin retroceder un tan solo paso”, al conmemorar ayer jueves 14 años de la muerte de 17 personas que fueron quemadas adentro de un microbús.
“Hace exactamente 14 años, el 20 de junio de 2010, vivimos uno de los episodios más crueles perpetrados por los pandilleros terroristas, quienes prendieron fuego a un microbús, quemando vivas a 17 personas y disparándole a quemarropa a los que intentaban escapar de las llamas”, escribió Bukele en la red social X.
El ataque, que dejó también 15 heridos, fue realizado por pandilleros del Barrio 18 en la ciudad de Mejicanos, periferia norte de San Salvador. “Por las víctimas de ese fatídico día y por las 150.000 personas que asesinaron, además de los extorsionados, asaltados, heridos y las que violaron; por ellos es que luchamos contra estos terroristas sin retroceder un tan solo paso”, enfatizó el mandatario.
Ochenta mil detenidos
El Barrió 18 y su rival la Mara Salvatrucha (MS-13) establecieron un estado paralelo que controlaba el 80 % del territorio. En el poder desde 2019, Bukele libra una “guerra” contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente desde 2022 y que suma más de 80.000 presuntos pandilleros detenidos.
El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue decretado por el Congreso a petición de Bukele como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
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“Nunca olvidemos de dónde venimos, para JAMÁS regresar a ese pasado tan oscuro, que se había vuelto nuestro día a día”, enfatizó Bukele. Organismos humanitarios cuestionan la detención de inocentes al amparo del régimen de excepción.
Fuente: AFP
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Una exdiputada y un líder sindical enfrentarán a Bukele en las presidenciales de El Salvador
Los dos partidos tradicionales de El Salvador, el derechista Arena y el izquierdista FMLN, designaron ayer domingo a sus candidatos para competir contra el presidente Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de febrero próximo, anunciaron ambas agrupaciones. La exdiputada Mayteé Iraheta, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y el líder sindical Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), inician la carrera con escasas posibilidades de vencer a Bukele.
La aprobación del mandatario supera el 80 % tras haber doblegado a las pandillas, que convirtieron a El Salvador en el país más violento del mundo. Bukele, un publicista de 45 años, fue proclamado hace dos semanas por su partido Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato que extendería su presidencia hasta 2033.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional denuncian que la ofensiva de seguridad del mandatario derechista, que se desarrolla bajo un estado de excepción, ha derivado en graves violaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La aspirante del partido Arena dijo ayer domingo a periodistas en el distrito de Antiguo Cuscatlán, cerca a San Salvador, que su plan consiste en “proteger” los “avances” en seguridad, pero que estos estarán al servicio de un “mayor progreso” colectivo y no solo para “un sector”.
“Venimos a ratificar nuestro compromiso (...) para poder presentar una alternativa diferente a cómo pueden hacerse las cosas”, señaló de su lado desde la capital salvadoreña el postulante del FMLN, quien urgió un “diálogo nacional”.
Bukele rompió en 2019 con tres décadas de bipartidismo (Arena y FMLN) al imponerse con 53 % de los votos, gracias al respaldo de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaron en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).
El presidente busca un tercer mandato tras impulsar una cuestionada reforma constitucional que permite la reelección indefinida.
Sus críticos lo acusan de autócrata al controlar todos los poderes del Estado, mientras que grupos de derechos humanos aseguran que el régimen de excepción no solo ha servido para encarcelar a unas 92.000 personas sin orden judicial, sino para silenciar a opositores.
Fuente: AFP.
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Peña apuesta a fortalecer el Estado y desarrollo rural para enfrentar al crimen organizado
El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que la lucha contra las organizaciones criminales y grupos terroristas será prolongada y afirmó que la única respuesta posible pasa por fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad, como ser la Policía Nacional, al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI); pero también un trabajo social con las familias campesinas.
El mandatario, que se encuentra desarrollando su jornada de gobierno en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, mantuvo una charla con varios medios de prensa, donde fue consultado respecto a lo que está ocurriendo en materia de seguridad y el ataque al puesto policial que ocurrió días atrás en la comunidad de Naranjito, Canindeyú.
Enfatizó que el trabajo de la lucha contra el crimen organizado y grupos terroristas se combate con presencia del Estado. “Me encantaría decir que hay una solución rápida a estos problemas, y una solución mágica; pero no. Esto es trabajo duro y puro y hay que continuar fortaleciendo a las instituciones del Estado“, remarcó.
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Al respecto, resaltó que la presión ejercida por el Estado en los departamentos del norte provocó el desplazamiento de grupos criminales hacia otras zonas del país. Señaló que actualmente en el Este convergen organizaciones dedicadas al narcotráfico, invasiones de tierras y algunas células del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).
Hace más de 10 años, bajo la presidencia de Horacio Cartes, se impulsó la Fuerza de Tarea Conjunta y la presencia más activa en los departamentos del norte: San Pedro, Concepción y Amambay. Esa mayor presencia también ayudó al desarrollo de emprendimientos legales formales; hoy estamos viviendo una transformación del departamento de Concepción a través de todo lo que es la industria forestal, se está haciendo la mayor inversión privada en la historia del Paraguay, en el proyecto Paracel”, remarcó.
Por tanto, señaló que ahora el trabajo del Gobierno es fortalecer el trabajo de inteligencia, de prevención y de investigación. Indicó que ayer jueves mantuvo una reunión en el Consejo de la Defensa Nacional (Codena), donde confluyen todas las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad interna, que sigue trabajando sin descanso para mejorar el sistema de seguridad interna.
En ese sentido, anunció que el CODI ampliará su cobertura territorial como parte de las medidas adoptadas luego del ataque armado contra el puesto policial. Asimismo, aseguró que el Estado responderá con todas las herramientas legales al atentado ocurrido en Canindeyú. Ratificó que fortalecerán la inteligencia, la prevención y las operaciones de seguridad.
Presencia del Estado en el campo
El mandatario señaló que, más allá de fortalecer las instituciones de seguridad, su Gobierno viene trabajando desde el inicio de su mandato en la regularización de la propiedad rural, el acceso al título de propiedad y, a su vez, el acceso a créditos financieros, que forman parte de la estrategia para reducir espacios aprovechados por organizaciones criminales y fortalecer la presencia del Estado en el campo.
Indicó que es un tema que se tiene que abordar de forma constante. Señaló que actualmente, en el acceso a la tierra en estos casi tres años de mandato, su administración ha logrado entregar más títulos de propiedad que lo que se había hecho en diez años anteriores.
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Sancionan acuerdo con la ONU para fortalecer lucha contra el crimen organizado
Durante la sesión ordinaria de este martes la Cámara de Diputados sancionó el “Acuerdo por Notas Reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el establecimiento de una Oficina de Programas de la UNODC en el Paraguay”.
El documento fue suscrito en Asunción y Bogotá D.C. el 6 de junio de 2025 y tiene como objetivo principal establecer una sede de la Oficina de Programas de la UNODC en el país.
Se prevé que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ceda un espacio físico destinado para el funcionamiento de dicha oficina.
Asimismo, se establece que, respecto a la permanencia del personal de la UNODC en las instalaciones de la institución, la República del Paraguay aplicará, conforme al principio mutatis mutandis, los términos previstos en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada en Nueva York en 1946.
Se explica que el principio mutatis mutandis, refiere a que se harán los ajustes necesarios, para hacer los cambios que deban realizarse, sin alterar el sentido de la norma. Es decir implica que las normas citadas serán aplicadas con las modificaciones necesarias, conforme al acuerdo.
La aprobación del acuerdo representa un paso significativo para optimizar la cooperación internacional en beneficio del Paraguay. Esto, considerando que contribuirá al fortalecimiento institucional para enfrentar con mayor eficacia los desafíos relacionados con las drogas y la delincuencia.
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El Salvador: piden miles de años de prisión en juicio contra jefes de pandilla MS-13
El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó ayer martes luego de tres meses de audiencias en las que la fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados. Se trata del primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos los 22 miembros de la llamada “ranfla histórica”, la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la “guerra” antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.
El proceso inició contra 485 imputados el 20 de abril, de acuerdo a la cifra oficial más reciente, y fue seguido en forma virtual desde diferentes presidios por los acusados, incluidos unos 220 jefes en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Antes de emitir un fallo, el tribunal Contra el Crimen Organizado de la capital escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía. La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión.
Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos, explicó la Fiscalía en un comunicado. La nota afirma que los pandilleros fueron inculpados de 14.420 crímenes cometidos entre el 2012 y el 2022 y utilizar el sistema de “apertura de válvulas”, cuando los mandos de la pandilla ordenaban asesinatos desde las prisiones.
Además, presentaron pruebas de la conformación de 230 células de pandillas distribuidas en todo el país.
Por su parte, el Órgano Judicial indicó en su cuenta en X que la Fiscalía “solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados”. Además de requerir, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 9 millones de dólares por extorsión agravada.
Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias.
El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, dijo en X que “con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario”.
“No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar”, agregó el representante de la Fiscalía.
Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la “guerra” contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a unas 92.000 personas sin orden judicial.
Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país. Grupos humanitarios también acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y de encarcelar a inocentes.
Fuente: AFP.