Panamá y El Salvador declararon el martes la emergencia para enfrentar las lluvias y sequía asociadas al fenómeno de El Niño, que se perfila como el más inteso jamás registrado y que ya obligó a reducir el tráfico de buques por la vía interoceánica pañameña. Sumado al calentamiento global por la actividad humana, El Niño tiene el potencial de provocar en los siguientes meses eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta, según los expertos.

Esto podría convertir a 2027 en el año más caluroso de los registros. En Panamá, el gobierno dijo que activó la emergencia para abreviar los procesos burocráticos y aligerar las respuestas a las consecuencias económicas y ambientales derivadas del evento natural. El Niño no solo provocará inundaciones sino también acarreará “complejidades con (...) la sequía”, afirmó la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo en rueda de prensa.

El fenómeno ha provocado en los últimos meses un aumento del 25 % de las lluvias en el Caribe. En el Pacífico, por el contrario, ha ocasionado una escasez del 60 % en las precipitaciones, según la directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz de Calzadilla.

El Canal de Panamá, por donde pasa el 5 % del comercio marítimo mundial y funciona con agua de lluvia que almacenan dos lagos artificiales, bajará a partir del 3 de septiembre el número de tránsitos diarios de 36 a 34 barcos, y doce días después a 32, según la autoridad que administra el cruce interocéanico.

El Niño es un fenómeno natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que genera cambios globales en los vientos y las lluvias.

De su lado, la Protección Civil de El Salvador también declaró la “alerta roja (máxima) por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional”.

Así podrá redoblar la vigilancia de las fuentes hídricas y cultivos, además de identificar comunidades en situación crítica y aumentar la vigilancia epidemiológica.

Con seis millones de habitantes, El Salvador afronta una sequía generalizada y registró 14 récords de temperatura en agosto, según las autoridades ambientales.

La falta de lluvias ha provocado la pérdida de cultivos y por ello el Ministerio de Agricultura anunció previamente apoyo alimentario para las familias afectadas que no cuentan con sistemas de riego.

Según la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, la primera cosecha de granos básicos registrará una pérdida de alrededor de 20 %.

En Honduras, la sequía también ha provocado pérdidas de cultivos de maíz y frijol en comunidades del sur y el oeste del país, y llevó al gobierno a declarar en alerta casi el 80 % del territorio.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU estimó recientemente que Centroamérica “será probablemente la región más afectada en términos de aumento relativo de la inseguridad alimentaria” por El Niño.

Desde México hasta el norte de Brasil, pasando por las costas del Pacífico y el escudo guayanés, unos 110 millones de personas vivieron el mes de julio más caluroso de toda la historia de los registros. El Salvador, Nicaragua y Honduras batieron sus récords de temperatura mensual tanto en junio como en julio, lo que ha agravado los temores de hambruna.

Fuente: AFP.

Los dos partidos tradicionales de El Salvador, el derechista Arena y el izquierdista FMLN, designaron ayer domingo a sus candidatos para competir contra el presidente Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de febrero próximo, anunciaron ambas agrupaciones. La exdiputada Mayteé Iraheta, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y el líder sindical Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), inician la carrera con escasas posibilidades de vencer a Bukele.

La aprobación del mandatario supera el 80 % tras haber doblegado a las pandillas, que convirtieron a El Salvador en el país más violento del mundo. Bukele, un publicista de 45 años, fue proclamado hace dos semanas por su partido Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato que extendería su presidencia hasta 2033.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional denuncian que la ofensiva de seguridad del mandatario derechista, que se desarrolla bajo un estado de excepción, ha derivado en graves violaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La aspirante del partido Arena dijo ayer domingo a periodistas en el distrito de Antiguo Cuscatlán, cerca a San Salvador, que su plan consiste en “proteger” los “avances” en seguridad, pero que estos estarán al servicio de un “mayor progreso” colectivo y no solo para “un sector”.

“Venimos a ratificar nuestro compromiso (...) para poder presentar una alternativa diferente a cómo pueden hacerse las cosas”, señaló de su lado desde la capital salvadoreña el postulante del FMLN, quien urgió un “diálogo nacional”.

Bukele rompió en 2019 con tres décadas de bipartidismo (Arena y FMLN) al imponerse con 53 % de los votos, gracias al respaldo de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaron en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).

El presidente busca un tercer mandato tras impulsar una cuestionada reforma constitucional que permite la reelección indefinida.

Sus críticos lo acusan de autócrata al controlar todos los poderes del Estado, mientras que grupos de derechos humanos aseguran que el régimen de excepción no solo ha servido para encarcelar a unas 92.000 personas sin orden judicial, sino para silenciar a opositores.

Fuente: AFP.

El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó ayer martes luego de tres meses de audiencias en las que la fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados. Se trata del primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos los 22 miembros de la llamada “ranfla histórica”, la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la “guerra” antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.

El proceso inició contra 485 imputados el 20 de abril, de acuerdo a la cifra oficial más reciente, y fue seguido en forma virtual desde diferentes presidios por los acusados, incluidos unos 220 jefes en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Antes de emitir un fallo, el tribunal Contra el Crimen Organizado de la capital escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía. La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión.

Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos, explicó la Fiscalía en un comunicado. La nota afirma que los pandilleros fueron inculpados de 14.420 crímenes cometidos entre el 2012 y el 2022 y utilizar el sistema de “apertura de válvulas”, cuando los mandos de la pandilla ordenaban asesinatos desde las prisiones.

Además, presentaron pruebas de la conformación de 230 células de pandillas distribuidas en todo el país.

Por su parte, el Órgano Judicial indicó en su cuenta en X que la Fiscalía “solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados”. Además de requerir, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 9 millones de dólares por extorsión agravada.

Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias.

El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, dijo en X que “con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario”.

“No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar”, agregó el representante de la Fiscalía.

Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la “guerra” contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a unas 92.000 personas sin orden judicial.

Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país. Grupos humanitarios también acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y de encarcelar a inocentes.

Fuente: AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que permite la reelección indefinida. Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado la noche del domingo en las elecciones internas del partido de gobierno Nuevas Ideas, en las que participó como único aspirante.

Publicista de 44 años, el mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el que hasta hace unos años era el país sin conflicto bélico más violento del mundo. “Ha sido un cambio significativo, antes teníamos miedo. Vamos a apoyarlo los cinco, diez, 15 años que quiera permanecer. Es el único que puede darnos esta tranquilidad”, dijo el lunes a la AFP Julio Flores, de 40 años, dueño de una venta de comidas de San Salvador.

Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales fue a costa de violaciones a los derechos humanos y limitación de libertades.

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, abolió el límite de solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una “muerte de la democracia”.

“Aunque ha habido un avance en la seguridad, no es bueno para la democracia que Bukele vaya nuevamente como candidato”, declaró el lunes a la AFP Miguel Hernández, transportista de 35 años, quien resiente además el aumento del costo de vida.

Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El período de Bukele concluirá en 2027, pues fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.

Sin una oposición que le haga sombra, el gobernante derechista se presentará en los comicios en fórmula con su vicepresidente Félix Ulloa.

En las internas, el partido también designó a sus candidatos a diputados y alcaldías.

Bukele rompió en 2019 con tres décadas de bipartidismo al imponerse con 53 % de los votos, gracias al respaldo de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaban en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).

Pese a su popularidad de más del 85 % según encuestas, Bukele es señalado por sus críticos de autócrata al controlar el Congreso, la justicia, la fiscalía y el resto de instituciones estatales.

De estilo sarcástico, se describe como un “dictador cool” y su modelo de seguridad ha llamado la atención de varios gobiernos de derecha en el continente.

Leal a su “amigo” el presidente Donald Trump, su imagen internacional se vio empañada en 2025 por haber mantenido incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados a la megacárcel que construyó para pandilleros. Al ser liberadas, esas personas denunciaron torturas y abusos.

Afianzado por su relación con Trump, el gobierno de Bukele detuvo hace un año a defensores de derechos humanos, entre ellos la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental y restricción de libertades.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y otros locales como Cristosal y Socorro Jurídico -ahora en el exilio- aseguran que Bukele usa el régimen de excepción para silenciar a sus críticos.

Fuente: AFP.