El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó ayer martes luego de tres meses de audiencias en las que la fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados. Se trata del primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos los 22 miembros de la llamada “ranfla histórica”, la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la “guerra” antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.

El proceso inició contra 485 imputados el 20 de abril, de acuerdo a la cifra oficial más reciente, y fue seguido en forma virtual desde diferentes presidios por los acusados, incluidos unos 220 jefes en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Antes de emitir un fallo, el tribunal Contra el Crimen Organizado de la capital escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía. La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión.

Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos, explicó la Fiscalía en un comunicado. La nota afirma que los pandilleros fueron inculpados de 14.420 crímenes cometidos entre el 2012 y el 2022 y utilizar el sistema de “apertura de válvulas”, cuando los mandos de la pandilla ordenaban asesinatos desde las prisiones.

Además, presentaron pruebas de la conformación de 230 células de pandillas distribuidas en todo el país.

Por su parte, el Órgano Judicial indicó en su cuenta en X que la Fiscalía “solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados”. Además de requerir, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 9 millones de dólares por extorsión agravada.

Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias.

El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, dijo en X que “con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario”.

“No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar”, agregó el representante de la Fiscalía.

Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la “guerra” contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a unas 92.000 personas sin orden judicial.

Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país. Grupos humanitarios también acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y de encarcelar a inocentes.

Fuente: AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que permite la reelección indefinida. Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado la noche del domingo en las elecciones internas del partido de gobierno Nuevas Ideas, en las que participó como único aspirante.

Publicista de 44 años, el mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el que hasta hace unos años era el país sin conflicto bélico más violento del mundo. “Ha sido un cambio significativo, antes teníamos miedo. Vamos a apoyarlo los cinco, diez, 15 años que quiera permanecer. Es el único que puede darnos esta tranquilidad”, dijo el lunes a la AFP Julio Flores, de 40 años, dueño de una venta de comidas de San Salvador.

Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales fue a costa de violaciones a los derechos humanos y limitación de libertades.

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, abolió el límite de solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una “muerte de la democracia”.

“Aunque ha habido un avance en la seguridad, no es bueno para la democracia que Bukele vaya nuevamente como candidato”, declaró el lunes a la AFP Miguel Hernández, transportista de 35 años, quien resiente además el aumento del costo de vida.

Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El período de Bukele concluirá en 2027, pues fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.

Sin una oposición que le haga sombra, el gobernante derechista se presentará en los comicios en fórmula con su vicepresidente Félix Ulloa.

En las internas, el partido también designó a sus candidatos a diputados y alcaldías.

Bukele rompió en 2019 con tres décadas de bipartidismo al imponerse con 53 % de los votos, gracias al respaldo de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaban en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).

Pese a su popularidad de más del 85 % según encuestas, Bukele es señalado por sus críticos de autócrata al controlar el Congreso, la justicia, la fiscalía y el resto de instituciones estatales.

De estilo sarcástico, se describe como un “dictador cool” y su modelo de seguridad ha llamado la atención de varios gobiernos de derecha en el continente.

Leal a su “amigo” el presidente Donald Trump, su imagen internacional se vio empañada en 2025 por haber mantenido incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados a la megacárcel que construyó para pandilleros. Al ser liberadas, esas personas denunciaron torturas y abusos.

Afianzado por su relación con Trump, el gobierno de Bukele detuvo hace un año a defensores de derechos humanos, entre ellos la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental y restricción de libertades.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y otros locales como Cristosal y Socorro Jurídico -ahora en el exilio- aseguran que Bukele usa el régimen de excepción para silenciar a sus críticos.

Fuente: AFP.

La laguna de Apastepeque, en el centro de El Salvador, adquirió una coloración turquesa debido a una proliferación de cianobacterias que causa al mismo tiempo inquietud y satisfacción entre los pobladores. Las cianobacterias son unos microorganismos conocidos como algas verdeazuladas, cuyo incremento, según el ministerio salvadoreño del Medio Ambiente, se asocia a factores como la alta radiación solar, la ausencia de nubosidad y la condición alcalina del agua.

Aunque no hay una alerta sanitaria para la turística Apastepeque, en 2025 el ministerio pidió evitar inmersiones en otro lago con aglomeración de cianobacterias, al advertir que podían irritar la piel. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, estos microorganismos pueden producir toxinas y ocasionar síntomas respiratorios y sarpullido.

Aunque genera inquietud, el cambio de tonalidad también se convirtió en una buena noticia para los comerciantes del lugar que se benefician de un mayor arribo de turistas curiosos de ver y navegar por este espejo de agua verde, donde se practica la pesca deportiva.

“La gente se ha asustado al ver que sí está color turquesa, la vienen a ver (y) le toman fotos”, cuenta a la AFP Linda Alfaro, de 49 años, que tiene un restaurante a orillas de la laguna, situada a unos 70 km al este de San Salvador, en el departamento de San Vicente.

Nativa de la zona, Alfaro comenta que el lago a veces se ve café, amarillo o un poco verde, pero por primera vez cambió a turquesa.

El director del Centro de Investigación Ambiental de la estatal Universidad de El Salvador (UES), Édgar Marinero Orantes, explicó a AFP que este tono se produce por un contraste entre las cianobacterias y la luz del sol.

Pese al nombre que se les da por el color, estos microorganismos no son algas.

Con un equipo “sonar” (Sound Navigation And Ranging), investigadores de la UES establecieron que la laguna es un “maar” (cráter volcánico ancho y bajo), tiene 44 metros de profundidad y no registra “irregularidades en el fondo” de minerales.

La laguna “está tranquila, no pasa nada, los pescados están vivitos y coleando”, celebra Linda Alfaro.

Las explicaciones de algunos lugareños sobre el fenómeno están muy cerca de la realidad. “No hay ningún tipo de contaminación externa” y “la suposición que tenemos es que es por las altas temperaturas”, sostiene Kevin Flores, lanchero de 33 años feliz por el mayor flujo de turistas.

Fuente: AFP.

La justicia de El Salvador inició ayer lunes un juicio contra unos 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla. Entre miles de crímenes, según la Fiscalía general, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su “guerra” contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos.

La Fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que, sin mostrar su rostro, precisó que a los 486 cabecillas se le atribuyen 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre estos 29.000 homicidios. “Vamos a juzgar y vamos a saldar una deuda histórica. Se les estaría atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años”, afirmó el fiscal.

Centros Judiciales de El Salvador, que reúne a los juzgados, precisó en su cuenta en X que entre ellos están miembros de la “ranfla” (máxima jerarquía) de la MS-13, cabecillas por zonas y fundadores. La MS-13 y su rival Barrio 18 -con sus dos facciones-, consideradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, llegaron a controlar el 80 % del territorio nacional, según Bukele.

Al grupo “además se le procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo”, lo que atenta contra “la soberanía nacional”, según un comunicado de la Fiscalía General. Esta es la “primera vez” que se realiza un juicio masivo “contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes”, añadió.

Bukele es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero oenegés denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.

Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, se dedicaban a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

En tres décadas, de acuerdo con Bukele, las pandillas asesinaron a unas 200.000 personas, tomando en cuenta a unos 80.000 reportados como desaparecidos.

La Fiscalía dijo tener “abundantes pruebas para pedir las penas máximas”, sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y “terroristas”, según una reforma legal recientemente aprobada.

En la instalación ayer lunes de la llamada “audiencia única abierta”, el juzgador -no identificado- mencionó que estos grupos perturbaron por décadas “la paz” y la “seguridad del Estado”, por lo que serán juzgados “con todo el peso de la ley”, según el centro de juzgados.

El caso “revela una verdad ineludible: nos revela que los hechos no fueron casuales, fueron ordenados por una estructura que no tenía respeto por la ley, que no le importaba lo sucedido”, agregó.

Oenegés de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han criticado los juicios masivos por el riesgo de que sean condenados inocentes, al no individualizar la responsabilidad penal y haber eliminado la audiencia de valoración de pruebas, según reformas legales.

Según el fiscal que no se identificó, en esta audiencia comparecen de forma virtual 413 acusados y 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia.

Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. El fiscal señaló que esperan terminar “pronto” el juicio, sin precisar fechas.

Fuente: AFP.