• Ciudad Victoria, México. AFP.

La violencia ligada al narcotráfico golpeó a un grupo de cinco músicos en México, cuyo asesinato a manos de presuntos miembros de un cártel en un estado fronterizo con Estados Unidos fue confirmado por la fiscalía este jueves. Nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo, que hace tres meses fue designado como “organización terrorista” por el gobierno estadounidense de Donald Trump, fueron detenidos como presuntos responsables del crimen.

Los cadáveres de los integrantes del grupo musical Fugitivo -cuyos corridos están listados en Spotify- fueron hallados en un predio de la ciudad de Reynosa, dijo el fiscal del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, en rueda de prensa. El rastro de los artistas, de entre 20 y 40 años de edad, se desconocía desde el domingo cuando tenían previsto realizar una presentación en un bar del centro de Reynosa, según sus familiares.

Barrios informó que los cinco hombres fueron secuestrados la noche del domingo cuando se dirigían al evento en una camioneta de color negro. Sus captores los trasladaron al lugar donde fueron asesinados, agregó. Además del Cártel del Golfo, el gobierno de Trump etiquetó a otras cinco mafias mexicanas como “organizaciones terroristas extranjeras”.

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La hermana de uno de los músicos, que declinó identificarse por seguridad, dijo a la prensa que había recibido llamadas extorsivas tras su desaparición. También denunció el robo de dos vehículos de la agrupación.

Los familiares, junto a colegas de otros grupos musicales, realizaron el miércoles una protesta frente a la alcaldía de Reynosa y luego bloquearon el puente internacional que comunica la localidad con la ciudad estadounidense de Pharr, en Texas.

Por años, músicos mexicanos del género regional han sido blanco de amenazas y agresiones de grupos del crimen organizado, que les pagan por componer e interpretar canciones que exalten a sus líderes, conocidas como “narcocorridos”.

Esas composiciones establecen una forzada lealtad con las mafias que las solicitan y detonan la ojeriza de los cárteles rivales.

En enero pasado, medios reportaron que una avioneta arrojó en Culiacán (noroeste) panfletos con amenazas a una veintena de artistas e influencers por supuestos tratos con Los Chapitos, una de las facciones en guerra por el control del cártel de Sinaloa fundado por el detenido Joaquín “Chapo” Guzmán.

Entre los amenazados figuraba el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, quien admite haber escrito canciones por encargo de narcotraficantes.

La violencia en Sinaloa deja unos 1.200 muertos desde septiembre pasado.

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En 2013, en el estado de Nuevo León (noreste), 17 músicos del grupo Kombo Kolombia fueron ejecutados por miembros del cártel de Sinaloa, quienes habrían castigado así su supuesto vínculo con una banda rival.

En 2008, cuatro integrantes del grupo Herederos de Sinaloa fueron asesinados en Culiacán.

Otros casos sonados fueron los del cantante Valentín Elizalde, asesinado también en Reynosa cuando salía de una presentación en 2006, y el de Sergio Gómez, vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, abatido en Michoacán (oeste) en 2007.

Entre 2006 y 2013, unos cincuenta músicos de narcocorridos habían sido ultimados en México.

Pese a estos crímenes, el género mantiene gran popularidad, lo que impulsó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a lanzar en abril un concurso binacional de música “por la paz y contra las adicciones”, que busca contrarrestar su auge entre jóvenes de México y Estados Unidos.

Varias regiones del país han prohibido la difusión de narcocorridos, lo que recientemente desató disturbios durante un concierto en el estado de México, luego de que un cantante se negara a interpretar algunos de sus más populares números. Otros artistas mexicanos de renombre internacional, como el grupo Los Ángeles Azules y las bandas de rock Molotov y Café Tacvba, también han sido blanco de la delincuencia, con el robo de sus equipos e instrumentos.

• Morelia, México. AFP.

Seis militares murieron y dos resultaron heridos la noche del martes pasado por la explosión de una mina mientras patrullaban en una conflictiva región del oeste de México, según un documento interno del Ejército al que tuvo acceso la AFP. El artefacto explotó al paso del vehículo blindado en el que viajaban los agentes. Dos de los fallecidos eran oficiales de la militarizada Guardia Nacional y cuatro de un grupo especial del Ejército mexicano, detalla el reporte militar conocido este miércoles.

La explosión provocó la “pérdida total” del blindado, que circulaba por una zona limítrofe de los estados de Michoacán y Jalisco, una región golpeada por la disputa territorial entre las mafias Cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación (CJNG). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó este miércoles el uso de “artefactos explosivos” en contra de las fuerzas de seguridad, aunque evitó atribuir el hecho a algún grupo del crimen organizado. Expresó además su solidaridad con las familias de las víctimas.

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Los dos heridos fueron evacuados al hospital de la ciudad de Apatzingán, mientras que el Ejército dispuso el envío de seis aviones y cuatro helicópteros a la zona donde ocurrió la agresión para “proporcionar apoyo” a la fuerza terrestre, señala el documento.

Estados Unidos designó este año al CJNG y a Cárteles Unidos como organizaciones terroristas extranjeras por su participación en el tráfico de fentanilo a ese país. Además, ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

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• México. AFP.

Los mexicanos empezarán a elegir el próximo domingo a todos sus jueces, un ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo de izquierda defiende como panacea contra la impunidad, pero que según sus críticos consolidará un régimen autoritario y abrirá una rendija a los criminales. La elección es fruto de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien enfrentó el bloqueo judicial a ambiciosos proyectos, desde cambios constitucionales hasta grandes obras.

Su sucesora y copartidaria, la izquierdista Claudia Sheinbaum, argumenta que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad: 90% de casos sin sentencia. Pero para sus detractores, el verdadero objetivo es controlar el poder judicial y acabar con el único contrapeso al oficialismo, que domina el legislativo y la mayoría de gobernaciones.

“Hay quienes dicen que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados. El pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar”, asegura la popular mandataria, quien rechaza que los mexicanos sean indiferentes a la elección.

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Sin embargo, se estima que solo la mitad de los electores sabe la fecha de los comicios y cuatro de cada 10 están seguros de participar, según encuestas de los diarios El Universal y El País.

En un contexto de franco debilitamiento de los partidos opositores, activistas llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, en la que serán elegidos 2.600 jueces federales y magistrados de 19 de 32 estados. Los restantes 4.000 jueces locales serán votados en 2027.

La jornada no tiene antecedentes, pues si bien países como Estados Unidos o Bolivia contemplan la elección popular de algunos jueces, en ninguno se había empleado hasta ahora para designar a todos los magistrados.

Aunque en el papel el proceso es apartidista, expertos opinan que la Suprema Corte de Justicia -gran piedra en el zapato de López Obrador- podría quedar con una mayoría afín al gobierno.

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En un país golpeado por la corrupción y la violencia criminal, la elección aumenta el temor de que los jueces terminen sometidos al poder político y económico, o a las amenazas de narcotraficantes.

Una oenegé crítica de los comicios detectó a 19 candidatos señalados por vínculos con cárteles, corrupción y abuso sexual.

Incluso Silvia Delgado, una antigua abogada del legendario narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, es candidata a jueza del estado de Chihuahua (norte).

La eventual victoria de personas cuestionadas solo podrá impugnarse tras la votación, en la que participan miles de aspirantes que fueron seleccionados por los tres poderes del Estado.

La elección también desafía la independencia de la justicia.

“Podría incrementar el riesgo de que los candidatos (...) busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección”, lo que comprometería la imparcialidad, advirtió en un informe Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

Para Olimpia Rojas Luviano, abogada de 28 años, “la justicia no se vota” porque ante todo requiere funcionarios especializados y con experiencia. La sociedad mexicana “no está preparada para este ejercicio”, añade a la salida de un despacho judicial capitalino.

La impunidad y la desconfianza apuntalan el discurso de Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa diaria exhibe a jueces que -según ella- favorecen a delincuentes y entorpecen la administración de justicia.

“En mis cuarenta y pico de años de litigante, jamás le he dado a un juez, mucho menos a un magistrado, ni un solo centavo para que dicten una sentencia a mi favor”, asevera Claudia Rojas, abogada civil con 48 años de carrera.

Expertos sostienen que la liberación de muchos sospechosos suele ser resultado de investigaciones deficientes de las fiscalías, entes autónomos que no fueron tocados por la reforma.

Otros factores que complican la elección han sido las restricciones para promocionar a los candidatos, que en su mayoría apelaron a las redes sociales, y la complejidad del sufragio.

En el caso de Ciudad de México los votantes deberán marcar nueve boletas (6 para jueces federales, 3 para locales). Solo los candidatos federales suman 3.414, debido a lo cual los resultados recién se conocerán a partir del 2 de junio. “Creo que hasta las propias personas que lo idearon ni siquiera saben cómo se hace”, afirma Rojas Luviano, quien pese a sus reparos acudirá a votar. “Salgan a votar y participen, porque no es solo criticar”, añade.

• Ciudad Victoria, México. AFP.

Cinco integrantes de un grupo musical están desaparecidos desde el pasado domingo, informó este martes último la fiscalía del estado mexicano de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos y golpeado por violentos grupos criminales. Según datos del ente investigador, los desaparecidos son cinco hombres, de entre 20 y 40 años, integrantes del grupo musical Fugitivo, quienes acudieron a un bar de la ciudad de Reynosa el domingo y desde entonces no se tiene rastro de ellos.

Sus parientes y amigos se reunieron este martes al exterior del establecimiento para protestar y exigir a las autoridades su ubicación, mientras la policía local desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona. “Se verificaron las cámaras de seguridad (...), efectivamente ellos entran al bar. Entonces pedimos que se difunda toda la información y si saben algo verídico que lo hagan saber”, denunció una mujer que se identificó como hermana de Víctor Garza, uno de los desaparecidos, pero que declinó dar su nombre por razones de seguridad.

“Hemos estado recibiendo llamadas de extorsión”, agregó la mujer, quien denunció además que un tráiler de la agrupación también está perdido, mientras que otro de sus vehículos apareció desvalijado en otra zona de la ciudad. Los músicos iban a ofrecer un concierto en un recinto de la zona el domingo, informaron sus familiares.

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Los manifestantes, que sumaron unas cien personas entre parientes y colegas músicos, también protestaron frente a la alcaldía de Reynosa y luego bloquearon el puente internacional que comunica a esa localidad con la ciudad de Pharr, en Texas.

“No nos vamos a mover hasta encontrarlos, hasta que aparezcan nos quitamos”, dijo una mujer con una pancarta dirigiéndose hacia los transportistas varados en el cruce fronterizo, tercero más importante para el comercio entre Estados Unidos y México, según autoridades estadounidenses.

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Músicos mexicanos han sido blanco de amenazas de grupos del crimen organizado que suelen pagarles por componer e interpretar canciones que exalten las peripecias de sus líderes, conocidas como “narcocorridos”.

En abril pasado, el concierto de Luis R. Conríquez, un famoso intérprete del género, terminó en caos en el central Estado de México cuando el público enfureció luego de que el cantante dijo que no podía tocar dichas canciones por una orden estatal que impide la apología del delito. Poco antes, el país se escandalizó por la proyección de imágenes que elogiaban al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante el concierto de otro grupo de música regional en Guadalajara (oeste).