El presidente de la República, Santiago Peña, se reunió este lunes en Nueva York, Estados Unidos, con los empresarios Santiago Jariton, Daniel Hiller y María Bertha Peroni, quienes se encuentran impulsando uno de los proyectos de entretenimiento y desarrollo urbano más importantes en la historia del país.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado señaló que con esta iniciativa inversionista, se busca transformar la Costanera Norte de Asunción en un nuevo polo comercial, turístico y de entretenimiento para el Paraguay y la región.

Mencionó que en su primera etapa, el desarrollo contempla la construcción de una arena, un centro de eventos, un moderno hotel y un shopping.

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Indicó que la administración de la futura arena estará a cargo de Daniel Hiller, socio de Live Nation en Chile y Perú, quien cuenta con amplia experiencia en la operación de este tipo de recintos a nivel regional.

“Se proyecta la realización de cerca de 100 shows al año, además de unos 80 eventos adicionales en el centro de eventos, abarcando exposiciones, ferias y conferencias. Para ello, se trabajará en conjunto con promotores y operadores tanto locales como internacionales”, confirmó el mandatario.

Destacó además que el proyecto ejecutivo de la obra se encuentra actualmente en su etapa final, con una previsión para iniciar la construcción a principios de 2027. “Este desarrollo representará una importante fuente de generación de empleos directos e indirectos, tanto en su fase constructiva como durante su operación continua”, acotó.

Finalmente, señaló que por su gran impacto estratégico y económico, la iniciativa ha sido declarada de interés nacional y cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Paraguay y de la Municipalidad de Asunción, marcando un hito en los esfuerzos por posicionar al país como un referente del turismo y los espectáculos.

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Funcionarios de Estados Unidos y China analizaron la creación de un canal de comunicación para abordar las preocupaciones sobre la inteligencia artificial (IA) durante una reunión celebrada el domingo en Nueva York. El encuentro también sirvió de antesala para preparar una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping el próximo jueves en la Casa Blanca.

Las conversaciones se producen mientras Washington y Pekín afrontan temores crecientes sobre los sistemas de IA, lo que ofrece un raro incentivo para la cooperación pese a una carrera cada vez más intensa por el liderazgo en esta tecnología. “Acabamos de tener una reunión muy exitosa con los chinos sobre comercio e IA”, declaró a periodistas el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras el encuentro con el vice primer ministro chino, He Lifeng.

Las conversaciones, en las que también participó el representante de Comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer, duraron alrededor de ocho horas en la sede de JPMorgan Chase en Nueva York. Bessent señaló que Estados Unidos propuso un mecanismo de notificación entre los dos países para incidentes relacionados con la IA, como amenazas a la seguridad.

“Lo que debatimos fue establecer un mecanismo. Así que se va a llamar el Diálogo sobre IA entre Estados Unidos y China”, dijo. “Hemos acordado volver a reunirnos”. Los medios estatales chinos describieron el lunes las reuniones como “francas, profundas y constructivas”.

El funcionario chino Li Chenggang, que fue ascendido a un puesto de máximo nivel como representante de comercio internacional poco antes de las reuniones, también estuvo presente. Greer añadió que “es imperativo que podamos trabajar juntos”. Preguntado sobre la posibilidad de una reducción mutua de aranceles a ciertos bienes, Greer dijo que los equipos “siguen trabajando en ello”. Ambas potencias buscan aliviar las tensiones en materia de comercio, tecnología y otras preocupaciones estratégicas.

Entre ellas figuran la posible prórroga de una tregua comercial y la implantación de salvaguardias para el desarrollo de la IA. Los funcionarios estadounidenses también quieren garantizar el flujo continuo de imanes de tierras raras y minerales críticos que son vitales para los fabricantes estadounidenses.

Las reuniones técnicas podrían continuar hasta el lunes, dijo anteriormente a la AFP una fuente conocedora de las conversaciones. En negociaciones anteriores, China se comprometió a comprar productos agrícolas estadounidenses, y el cumplimiento de esos compromisos también podría ser objeto de examen.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó el domingo que busca el respaldo de las grandes firmas tecnológicas para las leyes de protección de niños en internet y las regulaciones de la inteligencia artificial. Albanese se reunió el sábado, en California, con el exjefe de Apple, Tim Cook. Tras la cita en la sede de Apple, sostuvo que su país “no puede hacerlo solo”, en referencia a la protección de los niños de las amenazas en internet.

“Hablamos de lo que estamos haciendo para proteger a los niños del peligro en internet (...) Estamos aplicando reglas más firmas para mantener a los australianos a salvo”, explicó Albanese en redes sociales.

“Ahora las grandes empresas tecnológicas como Apple nos están apoyando”, agregó.

Cook dijo en X que compartió con Albanese nuevos “controles fuertes e intuitivos para ayudar a mantener a los niños seguros en la internet”.

Australia adoptó el año pasado leyes para impedir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, una iniciativa pionera para resguardar a los niños del bullying cibernético y los “algoritmos depredadores”.

Nuevos proyectos de ley presentados este mes imponen a las plataformas como Facebook, TikTok e Instagram el deber de proteger a los usuarios jóvenes de contenido dañino y permite a los usuarios desconectarse de los algoritmos si así lo desean.

Albanese también aprovechó su visita a Estados Unidos para urgir mayores regulaciones sobre la IA, luego de los tenebrosos pronósticos de los dirigentes del sector. Adelantó que Australia presentará este año nuevas normas para la IA. “El riesgo es que la IA se desarrolle de forma que los humanos dejen de estar en control de lo que produce la IA”, declaró Albanese a la televisión nacional ABC.

Fuente: AFP.

La presidenta de Venezuela participará en la Asamblea General de la ONU, informó el domingo el Ministerio de Comunicación, en un viaje marcado por la expectativa de un posible encuentro con el mandatario Donald Trump. Delcy Rodríguez asumió el gobierno en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense. Desde entonces gobierna bajo la tutela de Washington.

“La presidenta Delcy Rodríguez llevará la voz de la nación al escenario mundial”, dijo el Ministerio de Comunicación en un video publicado en redes sociales. Será la primera participación de un mandatario venezolano desde el discurso de Maduro en 2018. “Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta”, agregó.

El gobierno venezolano ha manejado con hermetismo este viaje. No han hecho pública su agenda ni las reuniones previstas. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, informó que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York al margen de la asamblea. Caracas no ha confirmado este encuentro.

Rodríguez ha impulsado cambios políticos y económicos que se alinean con los objetivos de Trump, quien ha respondido con elogios a la gestión de la mandataria. Ambos gobiernos alcanzaron en agosto un acuerdo petrolero que le permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, también ha afirmado las últimas semanas que tiene previsto un encuentro con Rodríguez en la ONU. La Asamblea General de la ONU se llevarán a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, logró una “tregua” tras años de represión, pero el país requiere de reformas institucionales urgentes, consideró el viernes la oenegé HRW, que estuvo ausente por casi dos décadas de esta nación. “Hay una pausa en la represión”, dijo a la prensa internacional, Federico Borello, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, luego de reunirse el jueves con la mandataria en Caracas.

Pero añadió que “en este frágil momento político, estos avances solo serán sostenibles con reformas institucionales sólidas y la liberación de todos los presos políticos”. Una delegación de la oenegé, basada en Washington, regresó esta semana a Venezuela luego de que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) expulsara en 2008 al entonces jefe para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, y limitara el ingreso de misiones internacionales independientes.

Para Borello, “nada es irreversible hasta que haya una completa transición institucional” y “garantía un estado de derecho”. Eso solo sucederá cuando el legislativo derogue normas “muy problemáticas, como la ley contra el terrorismo, la ley contra el odio, fiscalización y otras” como la ley Bolívar, que castiga de manera severa a quienes promuevan sanciones contra Venezuela y prohíbe participar en política.

Venezuela vivió una ola de represión recrudecida tras la polémica reelección del presidente Nicolás Maduro en 2024. Miles de personas acabaron en la cárcel o en el exilio. El regreso de esta organización ocurre ocho meses después de la captura de Maduro en un sangriento operativo militar estadounidense. Presionado por Washington, el gobierno de Rodríguez impulsó desde febrero una amnistía que permitió excarcelar a 1.046 presos políticos, según sus propias cifras. Aunque, la oenegé Foro Penal dice que aún hay más de 340 tras las rejas.

Borello precisó que tiene conocimiento de 900 liberados y de los cientos que siguen presos, además de que muchos excarcelados siguen con procesos en su contra que “restringen su libertad” plena. Se comprometió a entregar a la brevedad al gobierno una lista de presos políticos.

La oenegé pidió el cierre de El Rodeo, “definida por muchos de los familiares de los presos y de las organizaciones de la sociedad civil como un centro de tortura”, indicó el subdirector ejecutivo de HRW, que dijo haberse reunido con familias de los presos políticos, con opositores y representantes de la prensa en Venezuela. También habló de la necesidad de una transición democrática.

“Los venezolanos merecen participar en elecciones oportunas, libres y justas”, dijo Borello. “Eso requiere permitir urgentemente que los opositores políticos participen en el proceso político y se postulen para cargos públicos”, añadió. “Sabemos que el aparato legislativo e institucional de los últimos 27 años sigue intacto”, agregó.

Borello cree que la pausa empezó con la captura de Maduro y que “seguramente hay una presión que viene de afuera”, pero también existe “una presión que viene de adentro”. Estimó que Washington “debería usar su influencia para desempeñar un papel protagónico en la promoción de cambios significativos en materia de derechos humanos en Venezuela”.

La inesperada reunión de Delcy Rodríguez con HRW el jueves estuvo precedida del anuncio del desbloqueo de decenas de sitios de noticias que llevaban años censurados en Venezuela y la reanudación del diálogo político con la oposición. Las delegaciones acordaron crear una mesa técnica que abrirá un proceso de consultas para implementar mejoras en el ámbito de la libertad de expresión, informaron en un comunicado conjunto.

Las negociaciones, auspiciadas por Estados Unidos, iniciaron en agosto y apuntan a una transición política. Esta segunda ronda de conversaciones culminará el 23 de septiembre. La jornada se vio ensombrecida por la aparatosa detención temporal el jueves de un exalcalde opositor que había retornado al país del exilio tan solo 48 horas antes.

Fuente: AFP.

• AFP

Dinamarca celebró el sábado un acuerdo “vinculante” anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que otorgaría a Washington el control “para siempre” de la seguridad de Groenlandia e impediría la instalación de bases rusas y chinas en esa isla.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump insiste en que Estados Unidos necesita controlar esa isla ártica por motivos estratégicos, generando preocupación en Dinamarca, país aliado de la OTAN, y provocando una fuerte oposición dentro de la Alianza.

Dinamarca y Groenlandia, territorio autónomo del reino danés, saludaron el acuerdo y señalaron que será firmado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana.

“Esperamos que un largo período de incertidumbre sea sustituido por un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte”, escribió el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, en redes sociales.

Añadió que el pacto, que según él respeta las “líneas rojas” de Dinamarca, es “importante” ante un entorno de seguridad que cambió.

Sin embargo, los términos del acuerdo siguen siendo inciertos y Dinamarca sostiene que su soberanía permanece intacta.

En un comunicado, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, describió el acuerdo como “un pacto que reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”.

Será un pacto “positivo para la OTAN y para Europa”, afirmó.

El primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, declaró que el acuerdo con Estados Unidos “refuerza” la seguridad del territorio.

Igualmente, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró el sábado que el acuerdo permitirá “reafirmar la soberanía danesa” sobre el territorio del Ártico.

Pero en Nuuk, capital de Groenlandia, los habitantes tenían opiniones encontradas.

“No sé exactamente cuál es el acuerdo ni qué se firmó. Pero cada vez que se menciona a Estados Unidos y a Trump, tengo sentimientos encontrados”, comentó a la AFP Soren Kreutzmann.

“No me siento del todo cómodo con la cantidad de atención que Groenlandia está recibiendo ahora”, explicó este peluquero de 29 años.

“Esperamos que los líderes hayan llegado a un buen acuerdo, porque nuestro país necesita estar protegido, tanto por aire como por mar”, dijo de su parte Bibbi Kleist Jepsen, pedagoga de 64 años.

El mandatario estadounidense aseguró en su anuncio que se trata de un acuerdo “para siempre, sin fecha de expiración” y avanzó que comenzarán de inmediato a reforzar significativamente su presencia militar en el territorio.

“Me complace anunciar que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente de la seguridad, y de todas las demás necesidades, en Groenlandia”, afirmó Trump en su red Truth Social.

“A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá JAMÁS tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito”, agregó.

Aunque Trump presentó el acuerdo como un gran triunfo, comentaristas daneses apuntan que no cambia mucho respecto a un pacto de defensa de 1951 que ya permite a Estados Unidos reforzar su presencia militar en la isla si avisa con antelación a Dinamarca y Groenlandia.

“No le digan a Trump que es el Reino de Dinamarca el que se salió con la suya”, escribió Jacob Heinel Jensen, corresponsal en Estados Unidos del periódico danés Berlingske.

Ulrik Pram Gad, investigador del Instituto Danés de Estudios Internacionales, afirmó que Trump “no consiguió en este acuerdo lo que se había propuesto inicialmente, es decir, el control soberano sobre toda Groenlandia como parte de Estados Unidos”.

El dirigente estadounidense advirtió repetidamente sobre los intentos de Rusia y China de establecerse en Groenlandia en una creciente competencia por el dominio del Ártico.

“Este acuerdo garantiza que China y Rusia no puedan tener una base en Groenlandia, que no puedan enviar tropas al territorio y que existan mecanismos para impedir inversiones en sectores sensibles”, declaró un funcionario del Departamento de Estado.

Trump no ofreció detalles. Varios medios informan que Washington quiere abrir tres nuevas bases en el sur de Groenlandia, además de la que tiene en Pituffik, en el norte.

En el punto álgido de la crisis, Trump se negó a descartar el uso de la fuerza para tomar el territorio de 57.000 habitantes, lo que generó inquietud en la Unión Europea y en la OTAN.