Un total de 10.085 personas fueron asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela durante los últimos diez años, en la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, según un informe de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
“Estos diez años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, indicó este martes la coordinadora de investigación de Provea, Lissette González.
Los datos responden en su mayoría a presuntas ejecuciones extrajudiciales, aunque también se cuentan las muertes ocurridas durante los años 2014 y 2017, de masivas protestas.
La cifra estuvo en aumento hasta 2020, cuando comenzó a descender, según la ONG. La baja, añadió, podría ser porque “efectivamente haya menos asesinatos” o una ausencia de denuncia y reseña en medios.
En 2023, el total de víctimas mortales de estas fuerzas fue de 620, la mayoría de entre 18 y 30 años, siendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la responsable del 30 % de los casos.
Provea también documentó 1.652 víctimas de tortura durante la gestión del gobierno de Maduro, de las cuales 53 ocurrieron el año pasado.
“Por primera vez en los registros de Provea -desde hace 35 años- la mayoría de las víctimas de tortura fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, apuntó.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, siguió González.
La ONG advirtió que además de la pobreza, la impunidad, es “la mayor violación de derechos humanos” en Venezuela y advirtió sobre el aumento de la represión de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en las que Maduro aspira a un tercer mandato de seis años.
Fuente: AFP
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Alliana pospone anuncio de dupla para priorizar internas
“Quiero anunciar mi intención de proteger y resguardar, en primer lugar, las internas municipales del Partido Colorado del próximo mes de junio”, fueron las expresiones del vicepresidente de la República y candidato presidencial, Pedro Alliana, sobre su dupla para la chapa con miras a los comicios del 2028.
El anuncio se da este viernes luego del pedido de los miembros de la bancada de Honor Colorado de la Cámara de Diputados y el Consejo de Gobernadores de definir la figura para la precandidatura a la vicepresidencia de la República luego de pasar las municipales. Alliana destacó que el “sentimiento de participación” de la dirigencia de base de cara a las internas municipales, por lo que el compromiso debe ser cumplir primeramente con este proceso electoral para luego definir a su dupla.
“En mi carácter de precandidato a presidente de Honor Colorado, quiero expresar, en primer lugar, entusiasmo y optimismo por el sentimiento de participación que están demostrando nuestras bases, dirigentes y líderes de cara a nuestro compromiso principal a corto plazo: las internas municipales”, señaló a través de su cuenta de red social X.
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Así también, ratificó que la dirigencia del movimiento le dio la potestad de ser el encargado de esta definición. “Tanto la Presidencia del glorioso Partido Colorado, ejercida por el respetado líder, don Horacio Cartes, como el presidente de la República del Paraguay, el compañero y amigo Santiago Peña, me han conferido la misión de escoger a un candidato a vicepresidente de la República en la inteligencia de llevar un gobierno de complementación y colaboración tal como hoy sucede entre el presidente y el vicepresidente”, mencionó.
Adelantó que, previamente a tomar esta decisión, se abocará a conversar con las bases y dialogar para llegar a un consenso y a la unidad total sobre el nombre que lo acompañará en la chapa presidencial.
“Deseo, por lo tanto, anunciar al candidato a vicepresidente después de una serie de encuentros y reuniones con las bases dirigenciales, de manera a lograr un consenso fuerte y unánime como caracteriza al movimiento para que luego estemos ya enfocados en los próximos compromisos electorales en un clima de absoluta unidad que es la principal fortaleza de nuestro querido movimiento Honor Colorado”, sentenció.
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Perú: renunció el jefe de la entidad electoral por fallas en comicios
El jefe de la entidad electoral que organizó los comicios generales en Perú renunció ayer martes, poco antes de ser interrogado por la fiscalía por las múltiples fallas en las votaciones de la primera vuelta. Piero Corvetto fue citado para rendir declaratoria por los inconvenientes logísticos en la jornada electoral del 12 de abril, que retrasaron el escrutinio.
Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori. El izquierdista radical Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 15.000 sufragios para el primero con cerca del 94 % del conteo.
Corvetto, al mando de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se apartó del cargo antes de acudir a la fiscalía ayer martes en calidad de funcionario para rendir su versión sobre lo ocurrido. “Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, señaló en una misiva que publicó en X.
Corvetto estaba en el cargo desde el 31 de agosto de 2020. En 2024 había sido ratificado en el cargo. Calificó de “problemas técnicos operativos” las irregularidades registradas en el despliegue del material electoral en Lima durante las votaciones. Dichos problemas provocaron demoras en la apertura de las mesas electorales en la capital peruana y dejaron sin votar a más de 50.000 personas, lo que obligó a ampliar por 24 horas el sufragio, algo inédito en Perú.
La misión de observación de la Unión Europea (UE) se refirió a “graves fallos”, pero precisó que no encontró “ninguna prueba objetiva” de fraude, como alegó el candidato López Aliaga. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo debido a las demoras en el cómputo que realiza la ONPE. Boletas en un contenedor de basura, actas electorales impugnadas y acusaciones de fraude ensombrecieron la jornada electoral y afectaron el recuento de votos de las presidenciales.
Festejo y crítica
Keiko Fujimori, quien encabeza los conteos parciales con 17 % de los votos, celebró la renuncia de Corvetto. “De cara a la segunda vuelta es una buena noticia para el Perú que este señor haya dado un paso al costado”, dijo a periodistas tras salir de un acto público. El partido Juntos por el Perú, del izquierdista Roberto Sánchez, denunció en un comunicado que la renuncia obedeció a “una perversa acción mediática” que busca instalar “una narrativa” de fraude, para anular las elecciones ante el avance de esa agrupación.
El partido de López Aliaga, Renovación Popular, señaló a través de su candidata a la vicepresidencia Norma Yarrow, que “los responsables, que traicionaron a la patria, asuman las consecuencias por el golpe” a la democracia “con unas elecciones cero transparentes”. Tras dejar su cargo, Corvetto acudió a la fiscalía, donde permaneció 90 minutos. Entregó su pasaporte y se retiró sin dar declaraciones.
La fiscalía no ha informado sobre el tipo de diligencia que cumplió el ahora exfuncionario. La caída del titular de la ONPE era cuestión de horas en medio de una fuerte presión política y mediática para que dejara el cargo. El Jurado Nacional de Elecciones también lo denunció penalmente ante la fiscalía por las fallas en la primera ronda de las presidenciales.
Fuente: AFP.
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Tragedia: motín en cárcel de Venezuela deja cinco muertos
Al menos cinco prisioneros murieron durante un motín en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela, informó el martes el ministerio de Servicio Penitenciario.
Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios y el control que ejercen grupos delictivos.
El lunes “se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín” en la cárcel Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, informó el ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado difundido en redes.
“Deja como resultado el fallecimiento de cinco personas privadas de libertad”, añade el escueto texto.
Las autoridades penitenciarias no detallaron las razones del conflicto, tampoco si hubo heridos.
La Fiscalía venezolana anunció la víspera una investigación sobre el incidente.
La cárcel consta de tres instalaciones: Yare I, II y III.
En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.
Decenas de presos fueron trasladados a Yare III tras estas operaciones.
La instalación vecina, Yare II, sirve como prisión política.
La semana pasada al menos 46 presos políticos vinculados con la industria petrolera fueron excarcelados de ese centro de detención, constató un equipo de la AFP.
La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 105 muertes en cárceles venezolanas durante 2024 vinculadas con las precarias condiciones de reclusión.
Fuente: AFP
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¿Por qué se demoran tanto los resultados de las presidenciales de Perú?
Boletas en un contenedor de basura, actas electorales impugnadas y acusaciones de fraude: el recuento de votos de las presidenciales del 12 de abril en Perú está estancado, lo que alimenta la desconfianza hacia instituciones ya debilitadas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo.
Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori, la única con boleto asegurado. El izquierdista radical Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 14.000 sufragios para Sánchez con cerca del 94% del conteo.
Un gran número de las actas restantes contienen irregularidades y deben ser examinados por los jurados electorales. Se trata de casi un millón de votos repartidos en 5.143 actas observadas, según la autoridad electoral. Las actas objetadas son procesadas caso por caso. “Generalmente toma alrededor de tres días” el proceso de revisión de cada acta, declaró a la AFP Yessica Clavijo, secretaria general del JNE.
Este plazo puede prorrogarse, sin embargo, en caso de disputas. La tarea se complica porque los votantes emitieron su sufragio simultáneamente en cinco elecciones (presidenciales, legislativas y de otros órganos), lo que multiplica el número de actas de escrutinio que deben procesarse.
¿Por qué se impugnan tantas actas?
En una contienda muy reñida por el segundo puesto, donde solo un pequeño porcentaje de votos separa a los candidatos, los partidos suelen presentar numerosas impugnaciones, a veces para retrasar el cómputo final con la esperanza de revertir el resultado. “El objetivo de impugnaciones masivas, incluso en zonas donde el candidato que reclama está relegado, es restar votos al contrincante y alargar todo el proceso”, dijo a la AFP el politólogo Fernando Tuesta.
Las actas pueden impugnarse por diversos tipos de errores, como inconsistencias en las cifras o datos faltantes o ilegibles, algo usual en una votación récord con 35 candidatos y cinco elecciones simultáneas. Cuando estas anomalías no pueden corregirse, la ley prevé un recuento de votos en lugar de la anulación de las actas, como ocurría a veces anteriormente.
Irregularidades denunciadas
Se han reportado varias irregularidades. Los retrasos en la entrega de urnas y papeletas impidieron que unos 50.000 ciudadanos votaran el día de las elecciones, lo que obligó a las autoridades a extender la votación una jornada en algunos colegios electorales. El jueves, por otra parte, se encontraron cuatro cajas con aproximadamente 1.200 papeletas en un contenedor de basura en Lima.
Se han iniciado inspecciones de la fiscalía a las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsable del proceso de votación, mientras que el JNE presentó una denuncia contra su titular, Piero Corvetto, y otros funcionarios por violación del derecho al voto.
¿Hay evidencia de fraude?
Rafael López Aliaga, quien se ubicaba segundo detrás de Keiko Fujimori al inicio del escrutinio, denunció “fraude electoral” sin aportar pruebas. Convocó a manifestaciones que congregaron a más de 3.000 personas el domingo en Lima, y ha ofrecido recompensas de unos 5.800 dólares a quien proporcione información sobre irregularidades. La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) se refirió a “graves fallos”, pero precisó que no encontró “ninguna prueba objetiva” de fraude.
López Aliaga ha pedido anular los comicios o realizar una elección complementaria en Lima. Ambas opciones parecen improbables. “La ley electoral solo permite la anulación cuando los votos inválidos, defectuosos o en blanco superan los dos tercios de los votos válidos a nivel nacional”, declaró a la AFP el abogado penalista Roberto Pereira. Tampoco prevé elecciones complementarias, acotó.
Las tensiones alimentan un clima de profunda desconfianza hacia las instituciones en un país marcado por la inestabilidad política crónica, con ocho presidentes en diez años. “Han encontrado votos en la basura... da risa, parece un chiste. ¿Qué dirán en otros países?, qué vergüenza”, dijo Miguel Espino, taxista de 71 años de Lima.
Fuente: AFP.