México considera limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales para proteger su salud mental, siguiendo el ejemplo de países como Australia, explicó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en entrevista con la AFP. En un contexto de creciente preocupación internacional por el impacto de estas plataformas en los menores, las autoridades mexicanas abrieron un periodo de consultas con diferentes actores sociales que debe desembocar en propuestas de regulación para junio.

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en vetar el acceso de menores de 16 años a redes. En enero, los diputados franceses aprobaron la misma prohibición para menores de 15 años, aunque aún debe ratificarla el Senado. España, Dinamarca e Indonesia estudian restricciones similares.

“El Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores de edad. Y ahí es donde deberíamos pensar en poner ciertos límites, porque no veo responsabilidad por parte de las empresas para hacerse cargo de esto”, afirma Delgado en referencia a las compañías que operan las redes sociales pero no regulan sus contenidos.

“A Meta, a Facebook, a TikTok, lo que les interesa es tener followers (seguidores) y no hay filtros sobre contenidos que pudieran afectar la salud emocional de los niños, de las niñas”, agrega. Consultada por la AFP, TikTok destacó sus “esfuerzos” para impedir que los niños usen su plataforma. “Los menores de 13 años no deben estar en redes sociales y TikTok no permite cuentas por debajo de esa edad”, señaló por correo electrónico. Las cuentas de adolescentes, entre 13 y 17 años, “cuentan con más de 50 configuraciones automáticas de seguridad, privacidad y protección”, algunas activadas “por defecto”, agregó, además de controles parentales.

Entre las restricciones, figuran la prohibición de mensajes directos, transmisiones en vivo y recomendación de sus cuentas a otros usuarios, así como un límite automático de tiempo en pantalla. Meta (matriz de Facebook e Instagram) también exige que sus usuarios tengan al menos 13 años y aplica medidas similares a TikTok, como cuentas específicas para adolescentes. Ambas, sin embargo, enfrentan críticas por las dificultades de implementar estos controles de forma efectiva.

Según Delgado, es obligación del Estado mexicano determinar los riesgos a los que están expuestos los estudiantes, en particular, porque muchas redes se han convertido en espacios “descontrolados” donde campean contenidos violentos o pornográficos y se ejerce el ciberacoso. Aclara, no obstante, que cualquier límite debe surgir del debate y no imponerse desde el poder.

“Queremos que [las propuestas] vengan de abajo, de la propia experiencia de los padres de familia, de distintas comunidades, de maestros y maestras. Que ellos nos señalen cuáles deberían ser estos límites y la manera de regularlos”, matiza.

El debate es parte del proceso impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) mexicana sobre el impacto de las tecnologías digitales en la educación y la salud mental. La semana pasada, la experiencia australiana fue presentada en un foro organizado por la SEP y la UNESCO.

La consejera de Educación de la embajada de Australia en México aseguró que las restricciones han mejorado el clima escolar en su país, reducido el acoso vinculado a redes y aumentado la concentración de los estudiantes. La ley australiana restringe el acceso de menores a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, e impone multas de unos 32 millones de dólares a las empresas que no tomen “medidas razonables” para cumplirla.

“A mí me gusta el modelo australiano, personalmente”, reconoce Delgado y confiesa que, como padre de una adolescente, comprende los retos de regular el uso de redes sociales.

Aclara, no obstante, que esa es su opinión personal y no una posición institucional: “La posición de la Secretaría de Educación Pública es lo que hemos hecho: abrir el debate”, añadió.

Las consultas incluirán a las firmas tecnológicas responsables de estas plataformas.

El objetivo de esta iniciativa es promover una cultura digital “responsable, crítica y consciente”, que no surja de una prohibición, señala el ministro.

Por ahora, México tampoco ha considerado vetar el ingreso de dispositivos móviles a las escuelas públicas, precisa. La AFP, entre más de una quincena de organizaciones de verificación de datos, es remunerada por Meta y TikTok en varios países para verificar contenidos desinformativos.

Fuente: AFP.

Los diputados mexicanos rechazaron este miércoles la reforma electoral presentada por la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum, que sufre así la primera gran derrota legislativa desde su llegada al poder en octubre de 2024.

El texto buscaba recortar el financiamiento de los partidos políticos y su poder para designar a candidatos.

Sheinbaum lo presentó hace una semana pese a que chocaba con la oposición de sus propios aliados parlamentarios, que consideraban la iniciativa perjudicial para los partidos pequeños.

Al tratarse de una modificación a la Constitución, el proyecto requería una mayoría de dos tercios de los diputados, es decir, 330 a favor del total de 494 legisladores presentes este miércoles. Obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.

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La propuesta proponía recortar el 25 % de financiamiento a los partidos políticos y reducir el tiempo en radio, televisión y otros medios para propaganda electoral pagada con dinero público.

También buscaba suprimir las listas proporcionales presentadas por los partidos, en las que los legisladores no son votados personalmente sino que obtienen un escaño según el resultado general de esa formación en una determinada circunscripción.

Actualmente se designan así 200 de los 500 diputados y 32 de los 128 senadores.

Sin embargo, desde antes de la votación, la iniciativa de Sheinbaum recibió críticas de analistas, opositores e incluso de los partidos Verde y del Trabajo, aliados del oficialista Morena y cuyos votos requería para poder aprobarla.

Todos ellos alegaban que el recorte podía dañar a las pequeñas formaciones políticas, fortalecer a Morena como “partido de Estado” y debilitar al árbitro electoral.

Fuente: AFP

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La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.

Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.

Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.

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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.

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Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.

En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.

Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.

La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.

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Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.

Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.

Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.

No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.

El Ministerio Público, a través de un análisis del Observatorio, difundió un informe donde visibiliza cinco hechos punibles en los que predominan las víctimas mujeres -niñas, adolescentes y jóvenes- registrados entre los años 2021 y 2025 en Paraguay, evidenciando el fuerte impacto que estos delitos generan en la vida de las afectadas.

Durante este periodo de cinco años se registraron 17.305 denuncias de abuso sexual en niños, 6.507 casos de coacción sexual y violación, 782 casos de acoso sexual y 671 casos de proxenetismo. A estos delitos se suman 38.794 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario y 172.722 denuncias por violencia familiar.

En el contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se recuerda hoy, la Fiscalía expone estos hechos punibles que reflejan una problemática estructural que trasciende el ámbito penal. La violencia contra niñas y adolescentes genera profundas consecuencias psicológicas, sociales y económicas que pueden extenderse durante toda la vida de las víctimas.

Comprender estas consecuencias resulta fundamental para dimensionar el impacto real del fenómeno, explicó la psicóloga Soledad Barge, integrante del equipo técnico del Observatorio del Ministerio Público.

La infancia y la adolescencia temprana constituyen etapas clave para la formación de la personalidad, la autoestima y las habilidades sociales. Cuando una niña es víctima de abuso sexual durante estos períodos, se produce una alteración profunda en los procesos de desarrollo psicológico. La exposición a la violencia sexual en la infancia se asocia con mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés postraumático y conductas autodestructivas.

El trauma puede manifestarse de diversas maneras, tales como recuerdos intrusivos, miedo persistente, dificultades para confiar en otras personas –especialmente en los adultos–, así como problemas en la regulación emocional.