Al menos 2.300 personas han muerto en Haití desde principios de año a causa de la violencia de las bandas criminales, anunció este lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “En Haití, la violencia de las pandillas ha causado al menos 2.300 muertos, 1.100 heridos y 99 secuestros desde principios de año”, declaró Volker Türk ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en la violencia de bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. El Alto Comisionado instó a las autoridades a “actuar con rapidez para establecer estructuras judiciales que permitan combatir la impunidad”.

También pidió continuar desplegando la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), una misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. En septiembre, el Consejo de Seguridad decidió reemplazar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) por la FRG, que podrá contar con hasta 5.500 efectivos uniformados, entre policías y militares.

Fuente: AFP.

Mientras las expectativas por el Mundial de Fútbol 2026 crecen en todo el mundo, algunas selecciones llegan desde contextos marcados por conflictos armados, desplazamientos e incertidumbre. ¿Qué hay detrás del fútbol en países atravesados por crisis humanitarias y conflictos regionales? Las historias de Haití, Congo y Jordania.

Hoy 48 selecciones van por la Copa del Mundo, pero no todas parten del mismo lugar. Haití y Congo enfrentan crisis humanitarias agudas: violencia armada, desplazamiento interno y sistemas de salud al límite. Jordania atraviesa una realidad desafiante: es uno de los países que más refugiados acoge en el mundo. El evento deportivo es una oportunidad de visibilizar realidades que rara vez ocupan la agenda internacional. En estos contextos, equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) brindan atención médica de emergencia, atención materno-infantil, cuidados para sobrevivientes de violencia sexual, rehabilitación y respuesta a brotes epidémicos. Hoy, mientras el fútbol concentra la atención del mundo, también es una ocasión para mirar qué pasa afuera de la cancha.

Haití atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de la región. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la violencia armada y el colapso institucional se profundizaron: grupos armados controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones del país, miles de personas fueron desplazadas y gran parte de la población quedó atrapada entre enfrentamientos y situaciones de violencia.

El deterioro del sistema de salud es extremo. Más del 60 % de las instalaciones sanitarias de Puerto Príncipe están cerradas o fuera de servicio, y solo queda un hospital público con capacidad quirúrgica, completamente desbordado. Mientras tanto, aumentan las necesidades médicas vinculadas a heridas por violencia armada y violencia sexual, utilizada cada vez más como mecanismo de control territorial.

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Los ataques reiterados contra ambulancias, hospitales y personal sanitario agravan todavía más la situación. En varias ocasiones, MSF se vio obligada a suspender actividades y cerrar centros de atención.

Aún en este contexto, Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene su presencia en hospitales, clínicas móviles, servicios materno-infantiles y espacios de atención para sobrevivientes de violencia sexual. Solo en los primeros meses de 2026, se realizaron más de 7.500 consultas médicas y se atendieron más de 4.300 urgencias.

En medio de esta crisis, Haití volverá a jugar un Mundial después de 52 años.

En la República Democrática del Congo (RDC), el desplazamiento se volvió parte de la vida cotidiana. Los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas estatales obligaron a más de 7 millones de personas a abandonar sus hogares, en un contexto de violencia e inestabilidad que sigue deteriorando las condiciones de vida de la población.

A esta situación se suman crisis sanitarias recurrentes. La RDC es, de hecho, el país donde Médicos Sin Fronteras (MSF) desarrolla su mayor número de proyectos médico-humanitarios. Los equipos de la organización trabajan en consultas ambulatorias, campañas de vacunación, programas de hospitalización y tratamiento para la desnutrición infantil e intervenciones quirúrgicas. Además, responden a emergencias epidemiológicas y desastres naturales en diversas regiones del país.

En mayo, se declaró un nuevo brote de Ébola en el este del país, una región afectada desde hace años por la violencia y la inestabilidad. Frente a esta emergencia, MSF desplegó una respuesta a gran escala junto con el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y organizaciones locales. Cientos de trabajadores y trabajadoras de la organización llevan adelante actividades de atención médica, aislamiento y tratamiento de pacientes, vigilancia epidemiológica, rastreos de contactos y medidas de prevención y control de infecciones. MSF tiene una amplia experiencia en la respuesta a brotes de enfermedad por ébola y está movilizando equipos, recursos y materiales para apoyar y colaborar con las autoridades de la RDC.

En medio de este escenario crítico, el país volverá a participar de un Mundial después de 50 años.

Jordania alberga a una de las mayores poblaciones refugiadas de Medio Oriente: personas que huyeron de crisis y conflictos en Irak, Yemen, Sudán y Somalia, además de 2,4 millones de refugiados palestinos, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo (UNRWA).

En Amán, capital del país, Médicos Sin Fronteras (MSF) gestiona un hospital de cirugía reconstructiva. Este centro especializado ofrece atención integral para pacientes que requieren cirugías reconstructivas por heridas de guerra, fracturas, quemaduras, en otras causas, provenientes de diversos conflictos en Medio Oriente.

A nivel general, el programa trabaja de forma continua para crear soluciones innovadoras y mejoras en la atención de todos sus pacientes, tales como prótesis impresas en 3D, mascarillas para quemaduras y un laboratorio especializado en microbiología y resistencia a los antibióticos.

Dentro de este contexto regional, la situación de la Franja de Gaza representa un desafío crítico. En los últimos casi tres años, la escalada de la guerra en Gaza ha causado pérdidas y devastación inimaginables; las personas han sido asesinadas, heridas, sitiadas y desplazadas de manera sistemática.

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Frente a este escenario, los equipos de MSF en Amán brindan atención especializada a heridos de la guerra en Gaza, incluidos niños y niñas evacuados por motivos médicos.

Sin embargo, MSF denuncia que, desde el 1 de enero de 2026, las autoridades israelíes bloquean la mayoría de las evacuaciones médicas de pacientes que necesitan atención especializada fuera de Gaza. Esta medida agrava una situación que ya era crítica: las derivaciones por traslados médicos fuera de la Franja llevaban meses siendo extremadamente limitadas. Como consecuencia, más de 18.500 personas continúan en lista de evacuación médica, incluidos 4.000 niños, según datos de la OMS.

Este año será la primera participación de Jordania en un Mundial. Pero detrás del debut histórico también están las historias de millones de personas desplazadas por las guerras y conflictos de la región.

Los reclusos eran “torturados y golpeados”. María Eugenia Durán denuncia los tratos despiadados que, según le contó su esposo, recibían los presos de una cárcel del oeste de Venezuela antes de amotinarse el domingo. La revuelta estalló en un centro para presos comunes del estado de Barinas. Cientos treparon hasta el techo de la prisión y colgaron pancartas con mensajes como “SOS” y “No más tortura”, según observaron periodistas de la AFP.

Varios de ellos con el rostro cubierto incendiaron colchones y sábanas. Durán, de 48 años y esposa de un hombre preso hace cuatro años, dijo a la AFP que la razón que detonó la protesta es que los reos “fueron torturados, golpeados”. Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Esta cárcel de Barinas tiene una población de 1.200 hombres y poco más de 100 mujeres, aunque su capacidad es sólo para 450 personas, según la oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Ansiosos, decenas de familiares permanecieron todo el día en las inmediaciones de la cárcel, mientras veían a varios autobuses salir del penal para reubicar a los reclusos en otras prisiones.

“Queremos un listado de nuestros familiares” trasladados, demandaban a uno de los mandos militares en el lugar, ante la falta de claridad en el proceso. El militar dijo que los presos decidieron voluntariamente si querían o no ser llevados a otra prisión. Las autoridades no han ofrecido un balance sobre el motín ni confirmado si ya retomaron el control del penal.

El director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido tras la rebelión de los reclusos, confirmó un funcionario a la AFP. La oenegé indicó que desde que Macuare asumió el cargo hace una semana, los reos fueron objeto de “golpizas y torturas”. Además de que “presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”, añadió la organización.

“Ese hombre era el diablo”, dijo bajo anonimato una mujer que espera noticias de un familiar. El penal “había sido tranquilo”, pero “cambió cuando llegó el director”, contó Carla Rivas, de 36 años y quien espera noticias de su hermano recluido en esta cárcel. “Ellos lo golpearon, no sabemos cómo está”, lamenta. Militares y policías custodiaron la mañana del lunes el penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Temprano, 112 mujeres fueron trasladadas a otro centro penitenciario, informó el OVP. Más tarde partieron otros tres autobuses con reclusos a bordo. “¿Adónde van?”, gritaban familiares apiñados en una entrada. “¡Al Rodeo!”, respondían los presos. El centro de reclusión El Rodeo, a las afueras de la capital, es conocido por albergar presos por razones políticas en uno de sus pabellones, incluidos extranjeros.

“Aquí estamos todas las madres sin saber para dónde mandan a nuestros familiares”, se queja María Cristina Villamizar, de 66 años. “No le sigan violando sus derechos humanos, tengan compasión de ellos”, pide. El observatorio dijo en X que estos traslados “terminan incrementando el hacinamiento crítico que ya existe en los penales, generan separación familiar, aumentan el retardo procesal”.

La Fiscalía anunció más temprano en un comunicado que abrió una investigación sobre la “situación de protesta”. Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo envió una comisión para verificar “la integridad física” de los reclusos y “escuchar sus demandas”, indicó un comunicado del ombudsman. Las autoridades prometieron a familiares instalar una “mesa técnica” para mediar, según el OVP.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades. En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia. Rodríguez impulsó además una ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que expertos han criticado por considerarla insuficiente.

Fuente: AFP.

Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.

Fuente: AFP.