Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por el arresto del líder de una pandilla haitiana, Jimmy “Barbeque” Cherizier, por presunta violación de las sanciones estadounidenses. El país más pobre de América Latina y el Caribe está sumido en una crisis política y en una ola de violencia de grupos armados a la que intenta poner fin una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia.

Cherizier, de 48 años, y Bazile Richardson, han sido acusados formalmente de haber intentado transferir fondos desde Estados Unidos hacia Haití para financiar las actividades de una pandilla, informó el Departamento de Justicia. “Hay una buena razón para ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Cherizier”, declaró la fiscal federal Jeanine Pirro en rueda de prensa.

“Es un líder de pandilla responsable de atroces violaciones de los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití”, añadió. Cherizier es objeto de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense desde 2020 y de la ONU desde 2022. El expolicía lidera una alianza de pandillas conocida como la “Familia G9”, cuyos miembros están acusados de asesinato, robo, extorsión, violación, asesinatos, tráfico de drogas y secuestros.

Según el Departamento de Justicia, Cherizier y Richardson, un estadounidense naturalizado que fue arrestado en Texas el mes pasado, recaudaron fondos de la diáspora haitiana en Estados Unidos y transfirieron el dinero a intermediarios en el país caribeño. Cherizier presuntamente utilizó los fondos para pagar a pandilleros y comprar armas. Al menos 3.141 personas fueron asesinadas en Haití entre el 1 de enero y el 30 de junio, advirtió en julio el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

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Con un arma automática al hombro, Jimmy “Barbecue” Chérizier, a quien le gusta presentarse como un revolucionario, encabeza la coalición de pandillas “Viv ansanm” (Vivir juntos) que devasta Haití y controla cada vez más terreno en Puerto Príncipe y el resto del país. A sus 48 años, este expolicía se ha convertido en la figura central de la violencia que sacude desde hace varios años a esta pobre nación caribeña, provocando una crisis humanitaria, política y de seguridad.

Estados Unidos ofreció este martes una recompensa de cinco millones de dólares por toda información que pueda llevar a su arresto. En febrero de 2024, “Viv ansanm”, la unión de las pandillas G9 y G-Pèp, antaño rivales, lanzó varios ataques contra infraestructuras claves de Puerto Príncipe, provocando la dimisión del primer ministro Ariel Henry y la instauración de un consejo presidencial de transición.

A pesar del despliegue de una fuerza internacional de apoyo a la seguridad en junio de 2024, el grupo liderado por “Barbecue” ha seguido conquistado nuevos territorios. Desde enero, varios municipios del país y barrios de la capital han caído en su poder. Esas pandillas han asesinado a policías y soldados haitianos, y a miembros de la misión internacional, además de provocar el desplazamiento de cientos de miles de habitantes.

El 7 de agosto, mientras el consejo de transición cambiaba de presidente, Chérizier intentó atacar el barrio que acoge las oficinas de esa institución y la del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé. Mientras la capital despertaba con el tableteo de las armas automáticas de los pandilleros, “Barbecue” apareció en un video para pedirle a la población que dejara que sus hombres alcanzaran ese barrio. “Tenemos que derrocar a esos ladrones que dirigen el país. El pueblo debe ayudarnos en la batalla por liberar Haití”, declaró en la grabación.

No es la primera vez que el expolicía llama la atención. En 2022, al frente de la pandilla G9, bloqueó durante meses la principal terminal petrolera del país, paralizando la distribución de combustible y sumiendo aún más a Haití en el caos. Este episodio desencadenó llamamientos para enviar una fuerza multinacional que ayudara a la policía haitiana, que se encontraba desbordada. Una misión que aún no ha cumplido las expectativas.

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Como muestra de su influencia, Chérizier fue el primero en ser incluido en octubre de 2022 en el nuevo régimen de sanciones de la ONU contra las bandas armadas haitianas (prohibición de viajar, congelación de activos, embargo selectivo de armas). “Viv Ansanm”, la principal coalición de bandas de Haití, también fue designada “organización terrorista extranjera” el 2 de mayo de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

A raíz de las sanciones impuestas por la ONU, un informe de expertos de la organización mencionó la implicación de “Barbecue” en la “masacre de La Saline”, ocurrida en 2018 en este barrio marginal de la capital. “Mientras era oficial de la policía nacional haitiana, Jimmy Chérizier planificó y participó en los ataques de La Saline”, afirmó también el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al imponerle sanciones a finales de 2020.

Durante esos acontecimientos, que se saldaron con 71 muertos en pocos días, las pandillas, utilizadas a veces por las autoridades para acallar las reivindicaciones de los barrios populares, “sacaron a las víctimas, incluidos niños, de sus casas para ejecutarlas y arrastrarlas por la calle, donde sus cuerpos fueron quemados, descuartizados y dados de comer a los animales”, escribió entonces el Departamento, refiriéndose al apoyo prestado a Chérizier por dos altos cargos de la administración del expresidente haitiano Jovenel Moïse, asesinado en 2021. Pero el líder de la banda, que publica a menudo vídeos en las redes sociales, rechazó las acusaciones en su contra. “No soy un gánster, nunca seré un gánster”, afirmó en 2021 en una entrevista con la cadena Al Jazeera, asegurando que lucha “por otra sociedad”.

Fuente: AFP.

• Por Juan Carlos Santos G.
• Columnista
• juancarlos.dossantos@nacionmedia.com

La muerte de Miguel Uribe Turbay no es solo la desaparición física de un candidato presidencial: es el nuevo capítulo de una historia que Colombia parece incapaz de cerrar. Su fallecimiento, el pasado 11 de agosto, dos meses después de recibir un disparo durante un acto político, se inscribe en la larga lista de magnicidios que han moldeado –y desgarrado– la vida pública del país.

Uribe Turbay, figura emergente del Centro Democrático, encarnaba la apuesta de una generación joven de derecha que buscaba disputar la presidencia en 2026 con un discurso firme en seguridad y economía. Su ausencia abre un vacío inmediato en la oposición y fuerza a reacomodos internos: entre las líneas duras que reclaman mano firme y los sectores más moderados que buscaban tender puentes.

Hasta antes del atentado, el exsenador era una de las cartas más visibles de su partido. Ahora, las precandidaturas de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia o Paola Holguín asumen un protagonismo acelerado, pero sin la ventaja del capital político que Uribe Turbay había acumulado en los últimos años. Para el gobierno de Gustavo Petro, esto podría significar enfrentar a una oposición más fragmentada, pero también más combativa y dispuesta a polarizar el debate.

El presidente condenó el asesinato con un llamado a la unidad: “Defendamos la vida como principio supremo de la democracia”. Sin embargo, desde la oposición no faltaron voces que le atribuyeron responsabilidad indirecta por el clima de crispación política. En un país donde la violencia electoral ha sido recurrente, la seguridad de los candidatos deja de ser un asunto de protocolo para convertirse en una prueba decisiva de gobernabilidad. Petro tendrá que mostrar resultados concretos, no solo discursos, si quiere evitar que este episodio erosione su legitimidad.

El asesinato revive imágenes y recuerdos de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán o Carlos Pizarro. Cada magnicidio, lejos de cerrar heridas, parece profundizar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Analistas y líderes sociales coinciden: es necesario un pacto nacional que incluya no solo garantías de seguridad, sino también inversión en educación, empleo juvenil y justicia social. La paz no se decreta, se construye.

Colombia ha aprendido a seguir adelante después de cada tragedia, pero a un costo altísimo. El crimen de Uribe Turbay marcará la campaña de 2026, no como un episodio aislado, sino como el recordatorio brutal de que la democracia sigue en riesgo.

Para Gustavo Petro, la disyuntiva es clara: liderar un esfuerzo genuino por blindar el proceso electoral o quedar atrapado en el mismo juego de polarización que, desde hace décadas, mantiene al país en un frágil equilibrio. El reloj político no se detiene, pero en Colombia, como bien sabe su historia, el tiempo nunca borra del todo las balas.

Nueve personas, entre ellas una misionera irlandesa y un niño de tres años, fueron secuestradas de un orfanato el domingo cerca de Puerto Príncipe, la capital haitiana, según informaron las autoridades. Las víctimas fueron raptadas en el orfanato Sainte-Helene, unos 10 kilómetros al sureste de la capital. Entre ellas se encontraba Gena Heraty, misionera irlandesa que dirige el orfanato operado por la organización humanitaria Nos Petits Freres et Soeurs.

Un niño de tres años y siete empleados también fueron secuestrados, según el alcalde de Kenscoff, Masillon Jean, y otra fuente cercana a la organización. “Los atacantes irrumpieron en el orfanato hacia las 3:30 (19:30 GMT) sin abrir fuego”, declaró Jean, y lo calificó de “acto planificado”.

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No se han presentado demandas ni solicitudes de rescate, aunque Heraty se comunicó para confirmar que se encontraba entre los secuestrados, según informó a la AFP una fuente cercana a la organización. Heraty reside en Haití desde 1993 y dirige el orfanato que acoge hasta 270 niños.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que al menos 3.141 personas han sido asesinadas en Haití en el primer semestre de este año, donde el creciente impacto de la violencia de pandillas amenaza con desestabilizar aún más el país.

Fuente: AFP.

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• Washington, Estados Unidos. AFP.

Estados Unidos cuestionó ayer jueves la existencia misma de la OEA si es incapaz de resolver las crisis en Venezuela y Haití y advirtió que su permanencia en la organización está bajo lupa. El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, hizo estremecer a la 55ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebra en Antigua y Barbuda, con un ataque en toda regla.

Advirtió que, por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado revisa qué organizaciones internacionales benefician a Estados Unidos y cuáles no, para determinar si le conviene “retirarse de alguna”. “Esta revisión sigue en curso” y “no estoy seguro de poder predecir el resultado”, declaró.

Landau puso dos ejemplos que, según él, ilustran la ineficacia de la OEA: Venezuela y Haití. La oposición venezolana “no solo ganó abrumadoramente” las elecciones presidenciales en 2024 “sino que contaba con pruebas para demostrarlo, las actas”, pero el gobierno del mandatario Nicolás Maduro lo ignoró, afirmó Landau.

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“En respuesta a ese descarado fraude electoral ¿qué ha hecho esta organización? Hasta donde sabemos, nada sustancial”, pese a que muchos países acogen a “cientos de miles o incluso millones de refugiados venezolanos”, lanzó.

“El mes pasado, el régimen venezolano realizó otra farsa electoral” con comicios legislativos y regionales que “incluyeron una controvertida votación” para elegir a representantes en la región de Esequibo, un territorio que Venezuela disputa con Guyana, insistió Landau.

“Si esta organización no está dispuesta o no puede responder a una situación en la que un régimen trata con desdén abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino, entonces debemos preguntarnos: ¿qué sentido tiene?”, apuntó.

Y “¿qué ha hecho esta organización?” frente a la crisis en Haití, prosiguió. Si “no está dispuesta o no puede desempeñar un papel constructivo en Haití, entonces debemos preguntarnos seriamente ¿por qué existe la OEA?”, reiteró.

El país más pobre de América Latina y el Caribe está sumido en una crisis política y en una ola de violencia de grupos armados a la que intenta poner fin una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha prometido una hoja de ruta sobre Haití y la Asamblea General, órgano supremo de la organización, debate un proyecto de resolución sobre el país.

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El canciller haitiano, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, pidió “compromisos concretos” y llamó a la OEA a aunar “todos los esfuerzos de cooperación con los socios regionales e internacionales del país focalizándose esencialmente en el desafío de seguridad, humanitario e institucional”.

Su homólogo de República Dominicana, Roberto Álvarez, sostuvo que la región “no puede permanecer indiferente”.

También se habló de Venezuela y Nicaragua, dos países que se salieron de la OEA, y de Cuba, que no se ha reincorporado a la organización pese a que en 2009 quedó sin efecto una exclusión decretada en 1962.

El representante argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, denunció “las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder por parte del régimen de Maduro”.

“Venezuela y Nicaragua son heridas abiertas en la conciencia democrática en la región” y “nuestra organización debe recuperar el papel que le corresponde como garante de las democracias en las Américas”, reiteró el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Verdún.

Mientras Bolivia pidió el “fin al bloqueo ecnómico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos a Cuba.

La migración y la crisis climática también preocupan.

Los flujos migratorios “requieren respuestas conjuntas, humanas y sostenidas y basadas en las mejores prácticas”, recalcó el mexicano Daniel Alberto Cámara, director general de organismos y mecanismos regionales americanos, en una alusión apenas velada a la drástica política de Donald Trump contra la migración ilegal.

Frente a la emergencia climática “se necesita profundizar la cooperación internacional”, afirmó Maria Laura da Rocha, secretaria general de Relaciones Exteriores brasileña.

Chile y Colombia pusieron el broche de oro de la jornada.

“No basta con creer en el multilateralismo ni con manifestar apoyo a la existencia” de la OEA sino que se necesitan “hechos concretos”, pidió la vicecanciller chilena, Gloria de la Fuente.

La canciller colombiana Laura Sarabia Torres pidió que se pase de los “discursos a la ejecución”.

“No puede haber democracia regional sin Haití -dijo - y no puede haber OEA si no somos capaces de actuar con urgencia” porque “no necesita más discursos de lástima”.