La policía detuvo en la selva de Bolivia a un poderoso narcotraficante brasileño, Lourival Máximo da Fonseca, y anunció la inmediata entrega a su país, informó ayer viernes el gobierno. “Hemos logrado la aprehensión del señor Lourival Máximo Da Fonseca de nacionalidad brasileña”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.
La autoridad aseguró que el detenido “tiene mandamientos de prisión desde la República Federativa del Brasil” y que es acusado “por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación para el tráfico ilícito de drogas”. La policía boliviana realizó operativos desde el miércoles, tras un trabajo de inteligencia, en la Chiquitanía de Bolivia, una zona selvática en el departamento de Santa Cruz (este).
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El viernes en la mañana, durante la captura, se produjo una balacera entre el grupo de narcotraficantes y los uniformados, sin registrarse heridos o fallecidos. Junto a Máximo da Fonseca, alias Tiao, la policía detuvo a seis personas más: tres bolivianos, dos brasileños y un albanés.
Del Castillo explicó que “desarticuló una banda de narcotraficantes” y que estaba ligada a envíos de cocaína a Europa. Aseguró que el grupo está vinculado a dos cargamentos de droga incautados en Bolivia y Perú, durante el pasado mes de enero.
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En suelo boliviano se decomisaron 8,7 toneladas de cocaína y en el peruano 7,2 toneladas de cocaína, escondidos de manera similar en baldosas de madera. Bolivia, después de Colombia y Perú, es considerado el tercer productor mundial de cocaína, según la ONU.
El país comparte con Brasil una frontera de 3.423 kilómetros y existen zonas donde se realiza el trasiego de sustancias controladas. Según La Paz, mafias en Bolivia procesan coca boliviana y peruana en cocaína para exportarla por diferentes rutas por Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.
Fuente: AFP.
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Bolivia: acusan a Evo Morales de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas
El expresidente boliviano Evo Morales rechazó ayer jueves una denuncia penal presentada por grupos de derecha que lo acusan de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas contra el gobierno que desabastecieron a varias ciudades de Bolivia recientemente. En mayo y junio, Bolivia registró durante siete semanas protestas callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz, debido a la peor crisis económica en 40 años.
La Paz, su vecina El Alto y otras ciudades sufrieron una fuerte escasez de medicamentos, alimentos y combustibles por los cortes. El presidente Paz acabó con las manifestaciones tras decretar el estado de excepción. El comité cívico de Santa Cruz, un conglomerado de empresarios y líderes civiles de derecha, presentó el miércoles ante la fiscalía una denuncia contra Morales, el dirigente obrero Mario Argollo y el indígena Vicente Salazar por el daño económico que causaron los cortes al país.
El abogado de los denunciantes, Diego Coimbra, declaró a periodistas que el recurso también pide la captura de Morales y los dos dirigentes por “riesgo de fuga y obstaculización” de las investigaciones.
El periódico boliviano El Deber afirma que la fiscalía de Santa Cruz admitió la denuncia y abrió una investigación contra Morales y los dos dirigentes, pero el organismo no lo confirmó oficialmente.
“Procesos ha habido tantos... y les he ganado a todos”, dijo Morales ayer jueves en rueda de prensa tras conocerse la denuncia.
El expresidente se encuentra desde fines de 2024 en la región cocalera del Chapare, centro del país, fugitivo de la justicia. Contra él pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de una menor, que él denuncia como persecución.
Para el sindicalista cocalero, el grupo que presentó este recurso no tiene “ninguna autoridad para hablar de bloqueos” porque ellos mismos han sido “promotores” de cortes de rutas, como en 2019, afirma, cuando impulsaron su renuncia tras las elecciones en las que fue acusado de fraude.
El gobierno de Paz ha culpado a Morales por las protestas sociales y lo acusó de financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin presentar pruebas. Su gobierno ha dicho que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, sin fijar una fecha.
Fuente: AFP.
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Paraguay fuera del “corredor de la cocaína”, con USD 700 de perjuicio al crimen organizado
En el último año del gobierno de Santiago Peña se desplegaron acciones contra el crimen organizado con un perjuicio económico estimado en casi USD 700 millones; tan solo la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reportó USD 300 millones de pérdidas para el narcotráfico, que se suma a diversos operativos de otros organismos internos y trasnacionales de seguridad, según se desprende del informe de gestión presentado ayer ante el Congreso.
El reporte destaca en el apartado titulado “Paraguay dejó de ser el corredor de la cocaína de Latinoamérica” que la Senad aplicó controles estrictos, mecanismos de inteligencia operativa, el uso de tecnología y la cooperación internacional, que se habían debilitado durante la gestión anterior. “Desde principios de este gobierno hasta la fecha, no se ha registrado ninguna incautación de cocaína en Europa asociada a envíos desde Paraguay”, puntualiza el documento oficial.
Entre julio de 2025 a mayo de 2026, la Senad realizó 8.947 operativos, con 151 kilos de cocaína incautada y con un valor estimado en USD 1.057.000; 439 kilos de crack (3.075.758 dosis), equivalente a USD 3.075.758; 51.079 dosis de éxtasis, por valor de USD 1.532.370; 2.089 hectáreas de marihuana erradicadas, valuadas en USD 188.010.000; incautación de 625.968 kilos de marihuana lista, por valor de USD 18.779.040; incautación de 71 armas por valor de USD 71.000; además de 188 vehículo incautados y 341 detenidos. El total de perjuicio económico es de USD 212.525.168.
Varios operativos exitosos
Entre julio de 2025 a mayo de 2026, la Policía Nacional ejecutó 1.181 allanamientos en todo el territorio de la República. Estos procedimientos tácticos resultaron en la detención de 2.309 personas, la aprehensión de otras 1.009, mientras que 238 personas fueron expulsadas del país. En el combate al narcotráfico, las intervenciones operativas permitieron sacar de circulación 101.755,446 kg de marihuana picada, 25.262,5 kg de marihuana prensada, 578,95 kg de cocaína y 14,58 kg de cocaína tipo crack, dando un perjuicio económico sobre el narcotráfico de G. 270.775.420.080 (USD 39.294.067,63).
Por otro lado, la Senad en alianzas operativas con instituciones nacionales, como el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), e internacionales como la Policía Federal de Brasil, incautó más de 625.968 kilogramos de marihuana procesada, lista para su comercialización, desde julio de 2025 a mayo de 2026. En paralelo, se erradicaron 2.089 hectáreas de cultivos de cannabis en la zona de Canindeyú, evitando la circulación de aproximadamente 6.892.968 kilogramos de droga, con un lucro cesante estimado para las organizaciones criminales que asciende a G. 1 billón 424 mil 983 millones 271 mil (USD 206.789.040), según valor de la sustancia en el mercado paraguayo.
En dicho periodo, a través de las operaciones Norte Soberano III y Escudo Guaraní dirigidas por las Fuerzas Armadas, se propinó un golpe al narcotráfico con la incautación de 8.847.044 kg de marihuana, generando un perjuicio económico estimado de USD 163 millones solo en el 2026. El informe destaca otros operativos puntuales como Nueva Alianza, cuyas tres últimas ediciones (52 al 55) anularon 2.125 toneladas de marihuana, que se traduce en un golpe financiero de G. 434.133.000.000 (USD 63 millones).
“Se cierra el paso a drogas en terminales aéreas del país”, dice un apartado resaltado dentro de la descripción de operativos contra el crimen organizado, indicando que, desde julio del 2025, fueron ejecutados 38 operativos de impacto en el ámbito aeroportuario, principalmente en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Las mayores incautaciones estuvieron vinculadas a cargamentos de marihuana de alta concentración provenientes de los Estados Unidos, que pretendían ser ingresados al territorio nacional mediante encomiendas y equipajes.
En total, fueron confiscados 77 kg de esta droga, cuyo valor estimado asciende a USD 308.000 en el mercado ilegal. Se suma la incautación de 20 kg de cocaína, detectados en procedimientos orientados a impedir el envío de drogas hacia mercados internacionales, representando aproximadamente USD 140.000. En conjunto, las sustancias decomisadas representan una afectación económica estimada en USD 448.000 para las estructuras criminales.
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Pedro Juan: detienen a sindicado como nuevo líder del narcotraficante Barón Escurra
En un operativo realizado en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) capturaron al presunto sucesor del narcotraficante prófugo Felipe “Barón” Escurra. Se trata de Edgar Rafael Escurra, sobrino del narcotraficante y sindicado como líder de la estructura criminal dejada por su tío.
Según el reporte de la institución antidrogas, el procedimiento se desarrolló en el marco de cuatro allanamientos simultáneos, permitiendo la detención además de tres personas vinculadas con la organización delictiva. Los mismos fueron identificados como Lucio Medina Villalba (18), Fermín Núñez Núñez (26) y Carlos Gaona Cano (18).
En las intervenciones fueron incautadas un total de 16 paquetes de marihuana tipo marroquí, vehículos, motocicletas, armas de fuego, proyectiles, además de chapas brasileñas que eran usadas aparentemente para la logística de la organización.
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De acuerdo con las investigaciones, Escurra se había convertido en una pieza clave de la estructura dejada por su tío, pasando a liderar las operaciones que llevaba adelante el grupo criminal. El mismo fue detenido en una lujosa vivienda en la capital de Amambay.
Barón Escurra es conocido en el ámbito del narcotráfico por enviar toneladas de marihuana destinadas al mercado brasileño y es considerado uno de los narcos de frontera más buscados, ya que cuenta con varias ordenes de captura.
En un procedimiento realizado en abril pasado Escurra había logrado huir a través de un túnel de unos 50 metros construido en una vivienda lujosa en Capitán Bado y que fue descubierto por los intervinientes que llevaron adelante el operativo Campo Verde.
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El Chapare, la región cocalera donde se esconde el prófugo Evo Morales
A metros de un regimiento militar donde soldados montan guardia, decenas de cocaleros acampan en protesta pese a que rige un estado de excepción que lo prohíbe: en el Chapare boliviano, los movimientos sociales le disputan el control territorial al gobierno. En esta región selvática y pobre del centro de Bolivia se refugia el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y protegido por pobladores que desde hace semanas conforman el núcleo más duro de manifestaciones contra el actual mandatario de derecha Rodrigo Paz.
El izquierdista Morales anunció la última semana de junio una tregua en los cortes de rutas que desabastecieron de alimentos y combustibles por casi dos meses a ciudades bolivianas, en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas. Pero los manifestantes permanecen en vigilia a la vera de las precarias carreteras del Trópico de Cochabamba, conocido como Chapare y de unos 260.000 habitantes, listos para volver a la acción.
Protegidos del sol bajo toldos de lona y provistos de montañas de piedras para frenar el tránsito, estos trabajadores de la hoja de coca -principal motor productivo de la región- muestran carteles exigiendo la renuncia de Paz y reciben aliento de vecinos de la zona. “La lucha sigue hasta que se vaya este maldito gobierno”, dice a la AFP Rosalía Vilca, de 39 años, mientras vende el plato típico “salchipapa” en la plaza del municipio de Shinahota.
“Que Paz venga si es machito, aquí nos vamos a alzar para cuidar al Evito porque con él hemos vivido 14 años de felicidad”, agrega, frente a una amenaza del gobierno de intervenir en el Chapare para capturar al exmandatario (2006-2019).
Sobre Morales, exsindicalista cocalero y primer presidente indígena de Bolivia, pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de menor, que él denuncia como persecución. La Fiscalía lo acusa por una supuesta relación con una adolescente de 15 años con la que habría tenido una hija cuando gobernaba, con el consentimiento de los padres a cambio de beneficios.
“La vida por Evo”
La coca es omnipresente en el Chapare, desde cultivos en comunidades rurales de acceso vedado para extraños hasta tramos de rutas ocupados para el secado artesanal de la cosecha al sol. La planta es la materia prima de la cocaína. Más del 90 % de lo que se produce en la región no pasa por el mercado autorizado, según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos, aunque no necesariamente todo va al narcotráfico.
Los pobladores defienden su producción para usos heredados de costumbres milenarias de pueblos indígenas, como el “chasqueo”: mascado de coca para mitigar el cansancio, hambre y frío.
“En las ciudades dicen que los chapareños somos narcotraficantes, pero no es así: aquí trabajamos y también sufrimos los bloqueos, aunque son por una causa justa”, dice Zulma Torres, de 42 años y trabajadora de la terminal de buses de Shinahota.
“En el Chapare estamos dispuestos a dar la vida por Evo”, advierte, ante acusaciones no probadas de Paz acerca de que Morales recibiría financiamiento del narcotráfico.
El exmandatario tiene su base de operaciones políticas en Lauca Eñe, un poblado de 900 habitantes dentro de Shinahota donde está la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, estructura sindical de los cocaleros.
Sin policías a la vista, a Lauca sólo se puede ingresar con custodia de los asesores de Morales, tras atravesar una barricada de madera y paja con torres de vigilancia y hombres pertrechados con lanzas, escudos de chapa de barril y ‘walkie-talkies’.
En las calles del poblado, familias enteras acampan desde hace meses a la intemperie como escudo humano para el expresidente.
Se alimentan en ollas populares, mezclan el quechua con el español y se turnan para montar guardia en puntos de control.
“No me voy a rendir, el que negocia su sobrevivencia no es digno”, dijo el martes Morales en una entrevista con la AFP.
“Somos discriminados”
En las rutas del Chapare, tiendas improvisadas venden bidones de gasolina a valores exagerados: un mercado ilegal favorecido por una escasez de combustibles que afecta a Bolivia desde antes de los bloqueos. “Somos discriminados por el gobierno central, no nos quiere para nada y la gasolina ya ni entra al Trópico: compramos en la calle a precio alto y estamos jodidos”, dice Nicolás García, un chofer de 52 años.
En los últimos días, los chapareños también sufrieron apagones eléctricos que Morales atribuyó a una supuesta represalia del gobierno. “Así sólo van a convulsionar más al pueblo boliviano, provocan enfrentamientos”, dice Mario Flores, de 51 años, verdulero de Shinahota. “Le achacan al Evo que financia los bloqueos, pero aunque seamos campesinos y no hayamos estudiado, sabemos que el gobierno tiene la culpa”, lanzó.
Fuente: AFP.