La policía detuvo en la selva de Bolivia a un poderoso narcotraficante brasileño, Lourival Máximo da Fonseca, y anunció la inmediata entrega a su país, informó ayer viernes el gobierno. “Hemos logrado la aprehensión del señor Lourival Máximo Da Fonseca de nacionalidad brasileña”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.
La autoridad aseguró que el detenido “tiene mandamientos de prisión desde la República Federativa del Brasil” y que es acusado “por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación para el tráfico ilícito de drogas”. La policía boliviana realizó operativos desde el miércoles, tras un trabajo de inteligencia, en la Chiquitanía de Bolivia, una zona selvática en el departamento de Santa Cruz (este).
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El viernes en la mañana, durante la captura, se produjo una balacera entre el grupo de narcotraficantes y los uniformados, sin registrarse heridos o fallecidos. Junto a Máximo da Fonseca, alias Tiao, la policía detuvo a seis personas más: tres bolivianos, dos brasileños y un albanés.
Del Castillo explicó que “desarticuló una banda de narcotraficantes” y que estaba ligada a envíos de cocaína a Europa. Aseguró que el grupo está vinculado a dos cargamentos de droga incautados en Bolivia y Perú, durante el pasado mes de enero.
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En suelo boliviano se decomisaron 8,7 toneladas de cocaína y en el peruano 7,2 toneladas de cocaína, escondidos de manera similar en baldosas de madera. Bolivia, después de Colombia y Perú, es considerado el tercer productor mundial de cocaína, según la ONU.
El país comparte con Brasil una frontera de 3.423 kilómetros y existen zonas donde se realiza el trasiego de sustancias controladas. Según La Paz, mafias en Bolivia procesan coca boliviana y peruana en cocaína para exportarla por diferentes rutas por Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.
Fuente: AFP.
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Presidente de Bolivia destituye al ministro de Economía
El presidente Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía después de que el Congreso lo censurara por no presentarse a una interpelación sobre su gestión en medio de una grave crisis económica.
La destitución de José Gabriel Espinoza ocurre mientras Bolivia atraviesa su peor turbulencia económica en cuatro décadas, que el gobierno de centroderecha de Paz, elegido el año pasado, está bajo presión para resolver.
Paz dejó sin efecto la designación de Espinoza y nombró como su reemplazo interino al actual ministro de Medio Ambiente, Óscar Mario Justiniano Pinto, según un decreto publicado en la gaceta oficial.
Espinoza fue convocado el martes al Congreso en La Paz para responder sobre emisiones de bonos soberanos y retrasos en la formulación en el presupuesto general del Estado, entre otros temas. Pero comunicó que no podría asistir porque tenía programado viajes a Santa Cruz (este) y a Brasil.
En la misma jornada, 91 de los 129 senadores y diputados presentes en la sesión votaron a favor de remover al ministro, lo que obligaba al presidente a destituirlo.
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El gobierno de Paz consideró que no se habían alcanzado los dos tercios de votos necesarios para retirar a Espinoza del cargo, pues los miembros de la Asamblea son 166, y presentó una acción judicial ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la decisión del Congreso.
Este viernes, la Presidencia comunicó que “el mandatario acató la decisión de destituir al ministro de Economía (...) mientras espera el fallo” del máximo órgano de justicia del país.
El Tribunal Constitucional fijó audiencia para examinar el caso el 24 de agosto.
La salida de Espinoza se produce días después de la detención del asesor personal de Paz, el argentino Fernando Cerimedo, denunciado por su expareja de planificar un ataque armado contra ella.
Momentos difíciles
Espinoza había asumido en noviembre de 2025, cuando Paz llegó a la presidencia y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
En un giro en su política exterior, Bolivia se acercó a Estados Unidos y a los organismos multilaterales de crédito en busca de ayuda financiera.
Durante la gestión de Espinoza se consiguieron programas de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Fondo Monetario Internacional por unos 9.500 millones de dólares.
Bolivia agotó sus reservas internacionales de dólares para financiar una política de subsidios a los combustibles, una bandera de los gobiernos socialistas, que Paz eliminó a fines de 2025.
Aunque entre noviembre y julio la inflación interanual pasó del 21 % al 5 %, la nación andina aún enfrenta un tipo de cambio encarecido, una economía estancada y un desabastecimiento crónico de carburantes.
“No son momentos fáciles para el país. Nos han dejado en bancarrota”, dijo Paz el jueves, durante un acto público con representantes indígenas.
El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo entre junio y agosto entre 0,7 % y 1 %, estima el Ministerio de Economía.
Fuente: AFP
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Ecuador despliega operaciones militares contra el narco con apoyo de EE. UU.
Estados Unidos sostiene operaciones militares contra el narcotráfico en el norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, informó el gobernador regional. Washington y Quito mantienen operaciones conjuntas desde hace meses para doblegar a los grupos ilegales en el país sudamericano, sumido en una ola de violencia.
“Estamos con el séptimo grupo del ejército de los Estados Unidos (...) estamos trabajando en conjunto en la lucha contra el narcoterrorismo”, dijo el miércoles el gobernador de la provincia de Esmeraldas, Juan Jaramillo, que se negó responder cuántos militares estadounidenses están desplegados en la zona y desde cuándo.
Las operaciones se llevan a cabo con hermetismo y hacen parte del acuerdo del Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump. La costera provincia de Esmeraldas está azotada por asesinatos, secuestros y extorsiones de cuenta de grupos del narcotráfico, que usan los puertos del Pacífico para exportar droga hacia Estados Unidos y Europa.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció este jueves la llegada de dos barcos de guerra y tres helicópteros Black Hawk estadounidenses para controlar puntos marítimos y ciudades costeras, como la violenta Manta. “Vamos a aumentar por tres nuestras capacidades de interdicción en la zona marítima”, dijo en un video compartido en redes sociales con música de guerra de fondo.
El derechista Daniel Noboa intenta reducir el crimen con una política de mano dura desde que llegó a la presidencia en 2023. Pero los índices de homicidios no dan tregua, con un récord de 52 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
El gobierno ecuatoriano publicó esta semana un decreto que permite a los militares estadounidenses estar en suelo ecuatoriano hasta 180 días sin visa y les da inmunidad migratoria.
Trump, aliado regional de Noboa, promueve una política antidrogas con bombardeos y ataques en tierra en el continente americano.
En 2025, el mandatario estadounidense lanzó una campaña de bombardeos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico, que hasta la fecha ha dejado al menos 215 muertos.
En un referendo en 2025, los ecuatorianos votaron en contra de la implantación de bases militares estadounidenses en el país.
Human Rights Watch y medios internacionales denuncian que Estados Unidos estaría detrás de bombardeos a lanchas pesqueras en Ecuador que dejan al menos ocho desaparecidos. Según un comunicado del Departamento de Estado el jueves, el país embargó diez pesqueros ecuatorianos por tráfico drogas. También anunció sanciones contra 15 personas de una red de narcotráfico ecuatoriana.
Fuente: AFP.
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Las mafias brasileñas buscan nueva ruta criminal en las fronteras bolivianas
A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan de lanchas sin detenerse en el control migratorio de Guayaramerín, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia. “Nunca nadie revisa” a los pasajeros, dice Donald Somoza, un albañil retirado de 75 años, en las cercanías del pequeño puerto amazónico que vive del comercio con Brasil.
La pequeña ciudad de 40.000 habitantes, con pistas de polvo rojizo que contrasta con el verdor de la selva, parece calma durante el intenso calor del día. Pero los lugareños denuncian una creciente inseguridad. Según el gobierno boliviano, Guayaramerín, como otras localidades fronterizas de Bolivia, se ha convertido en “refugio” del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), grupos armados brasileños enfrentados por el control de corredores para traficar cocaína hacia el Atlántico.
Una docena de asesinatos atribuida a estas bandas sorprendió en las últimas semanas al país, donde es inusual ver crímenes tan feroces, entre ellos la matanza de una familia, el descubrimiento de cuerpos decapitados o el homicidio de un agente policial. Somoza asegura que fue testigo de un sonado asesinato que estremeció a la población local semanas atrás: la víctima extranjera recibió más de 80 balazos en plena plaza de armas, por un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico.
Esto es “un fenómeno bastante nuevo en Bolivia”, un “país muy seguro hasta hace unos cuantos años”, explica a la AFP el investigador Joaquín Chacín, especialista en crimen organizado.
Las bandas de narcotraficantes antes trabajaban con cierta permisividad del Estado, que no los enfrentaba para evitar un brote de violencia, mientras regía entre ellas una “pax mafiosa”, dice. “Y esto se ha roto de alguna forma”.
“En las narices”
Ariana Roca, una maestra boliviana de 35 años, regresa con sus bolsas de compras tras cruzar el tranquilo río Mamoré. Llega de la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, visible desde el lado boliviano.
Ahora hay delitos más “seguido” y “a veces pasan cosas hasta en las narices de los policías”, dice a la AFP.
Entre enero y septiembre de 2025, se denunciaron 774 homicidios de todo tipo, frente a los 325 del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Gobierno.
También crece una fuerte sensación de inseguridad por asaltos armados, secuestros y otras agresiones.
El cambista de divisas Ademar Zapata, protegido del sol por una sombrilla, últimamente fue atacado dos veces por asaltantes, la última a inicios de agosto. Uno de ellos era brasileño, según las investigaciones.
El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), acusa a sus predecesores de permitir la propagación de la criminalidad.
Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la gestión de Paz, en noviembre, se capturó a 17 capos de bandas delictivas internacionales.
Más policías
La semana pasada Paz lanzó en Guayaramerín un plan de seguridad para aumentar la presencia policial en las fronteras, intercambiar información de inteligencia con Brasil y capturar en ambos lados a criminales fugitivos.
Para Chacín, contingentes policiales en las fronteras pueden disuadir la violencia, pero el crimen organizado debe ser atacado en su estructura económica, hay que investigar cómo se lava el dinero y quién se enriquece.
“Hace falta un plan serio, pero no se escucha que se esté trabajando en algo así”, dice.
Paz anunció además que Guayaramerín se construirá un puente que unirá a Brasil con Bolivia, como parte de lo que será un corredor vial que llegue hasta el Pacífico, en Perú.
Muchos lugareños, como el cambista Zapata, están de acuerdo porque dinamizará el comercio, aunque también les genera preocupación.
“Las pandillas, las mafias de robo, pueden cruzar” con más facilidad, teme Yestin Durán, una comerciante de bebidas tropicales de 31 años. El propio jefe policial de la localidad, el coronel Johnny Rivas, lo reconoce. La violencia “va a aumentar”” y “nos va a exigir que aumentemos más efectivos”, dice a la AFP.
Fuente: AFP.
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Canindeyú: Nueva Alianza 57 arroja pérdidas por más de USD 9 millones para el narcotráfico
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó este miércoles que está en marcha la operación Nueva Alianza 57 en Canindeyú, una iniciativa de cooperación entre Paraguay y Brasil impulsada para combatir el narcotráfico y que en esta ocasión se concentra en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú.
La primera jornada permitió sacar de circulación alrededor de 63 toneladas de marihuana, arrojando una pérdida estimada en más de USD 9 millones para las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, según el reporte de la institución.
Durante las incursiones fueron destruidas 21 hectáreas de marihuana y desmantelados 8 campamentos que operaban en el lugar. También incautaron 400 kilogramos de marihuana que estaba lista para la comercialización. Las acciones apuntan a proteger la reserva natural del avance del crimen organizado.
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La operación se desarrolla con miembros de las fuerzas especiales y agentes Antidrogas que llevan a cabo las tareas con apoyo de la Policía Federal de Brasil, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y el Ministerio Público.
La Senad destacó que “el monitoreo de la Fundación Moisés Bertoni registra una reducción del 74 % en la apertura de nuevas parcelas ilegales durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2024, gracias a este tipo de tareas interinstitucionales”.
Resultados
Hay que señalar que en las incursiones realizadas durante 10 días en el marco de la operación Nueva Alianza 56, que finalizó la primera semana de agosto, fueron sacadas de circulación 498 toneladas de marihuana, con un perjuicio económico de más de USD 73 millones para las organizaciones vinculadas al narcotráfico.