Las autoridades aduaneras españolas anunciaron el decomiso de ocho toneladas de cocaína, uno de los mayores cargamentos confiscados en el país, descubiertas en el puerto de Algeciras dentro de un contenedor proveniente de Surinam. La droga venía escondida dentro de una estructura metálica fabricada con una aleación especial que buscaba confundir la señal del escáner de las autoridades, indicó en un comunicado el servicio de aduanas de la Agencia Tributaria.
Pese a ello, el escáner detectó “una gran cantidad de mercancía” que ocupaba casi todo el contenedor, y que resultó “ser cocaína de gran pureza” con un peso de 8 toneladas, detalló el comunicado, el lunes pasado. Esta operación volvió a evidenciar la posición de España como uno de los principales puntos de entrada de droga en Europa, por sus relaciones con Sudamérica, de donde procede la cocaína, y su proximidad con el norte de África, donde se produce la resina de cannabis.
A unos 70 km de Algeciras, en Barbate, otro puerto en el sur de España, dos guardias civiles murieron la noche del viernes tras ser arrollados por una lancha de narcotraficantes, un hecho por el que ocho personas fueron detenidas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, garantizó este lunes que el gobierno del socialista Pedro Sánchez “seguirá invirtiendo todo lo necesario” para “seguir trabajando contra el narcotráfico” en el estrecho de Gibraltar, una de las zonas más calientes en cuanto al contrabando de drogas.
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Pero Grande-Marlaska descartó “dimitir”, tal y como se lo exigieron la derecha y la extrema derecha, quienes se hicieron eco de sindicatos de la policía en la zona que han pedido más medios para combatir el narcotráfico. El contenedor donde fue hallada la cocaína había partido de Surinam, en Sudamérica, había hecho escala en Panamá y tenía previsto continuar hasta Portugal.
De allí, la carga iba a ser transportada por tierra a España, una ruta planeada para “dificultar al máximo [su] detección”, señalaron las autoridades de aduanas. El responsable de la recepción del cargamento en España fue detenido y otras dos personas son investigadas por los hechos, una de ellas el titular de la empresa a la que iba destinada la mercancía, agregó el comunicado.
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Fuente: AFP.
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México identifica cuatro posibles sucesores de “El Mencho”
El gobierno de México tiene identificados e investiga a cuatro cabecillas regionales del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían suceder a su abatido líder Nemesio Osegura, alias “El Mencho”, informó este viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
La muerte del capo, que hasta el pasado domingo era el criminal más peligroso y buscado por México y Estados Unidos, ha despertado temor a que la lucha por la nueva dirección del cártel produzca una ola de violencia, según expertos en seguridad consultados por la AFP.
Al respecto, García Harfuch subrayó que el grupo criminal tiene presencia en varios estados de México y que existen en su interior “liderazgos regionales” de donde se estima pueden surgir los posibles sustitutos.
“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, afirmó el funcionario, quien luego precisó que dos de esos son los “más probables” para sucederlo.
García Harfuch declinó revelar sus identidades porque “están bajo investigación”. Tras el operativo militar en que fue abatido Oseguera, las huestes del CJNG desataron una asonada criminal, con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.
El secretario reportó que el domingo fue el día de mayor violencia, pero que a partir del lunes la situación empezó a normalizarse. El miércoles, las fuerzas de seguridad lograron liberar todas las carreteras locales y federales que habían sido bloqueadas por los delincuentes, aseguró.
“No ha habido un repunte de violencia”, insistió García Harfuch durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el estado de Sinaloa (noroeste).
Oseguera cayó el domingo a manos de militares en Tapalpa, en el oeste del país. Resultó herido cuando intentaba huir y murió en el traslado al hospital. Analistas creen que el cártel tendrá que llenar el vacío que dejó “El Mencho”, quien manejó de manera vertical y con mano de hierro esta organización de más de 30.000 miembros, según estudios académicos.
Entrega de cuerpo
La Fiscalía General de México informó el sábado que entregó el cuerpo del poderoso narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera, muerto en un operativo militar, a sus familiares. Antes de entregar los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la fiscalía realizó “pruebas genéticas” para confirmar la existencia de “lazos consanguíneos” entre quien solicitó el cuerpo y el capo, indicó la institución en un comunicado.
El cadáver de “El Mencho”, muerto como resultado de un operativo militar en el estado de Jalisco (oeste) el domingo pasado, permanecía en instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México.
La cadena Televisa reportó más temprano que salieron carrozas fúnebres de ese lugar, con rumbo a una funeraria en el centro de la capital.
“El Mencho”, de 59 años, era el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.
Luego de su muerte, pistoleros del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en 20 de los 32 estados del país. Durante el operativo y en choques armados posteriores murieron más de 70 personas, entre agentes de seguridad y presuntos criminales, además de una civil.
Fuente: AFP.
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Che Róga Porã: MUVH busca captar inversión de migrantes con plan de viviendas
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), busca que los compatriotas que viven en el exterior puedan tener acceso a la vivienda propia y, al mismo tiempo, canalizar remesas hacia el desarrollo inmobiliario del país.
Para ello, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, viajará el próximo 6 de marzo a España para presentar el programa habitacional Che Róga Porã No Residente, dirigido a paraguayos que trabajan en ese país.
La agenda contempla encuentros con la comunidad paraguaya en Madrid, Málaga y Barcelona, donde se expondrán las condiciones del plan y se buscará medir el interés real de los migrantes en invertir en una vivienda en Paraguay. El objetivo es ofrecer un mecanismo seguro que permita transformar el ahorro generado en el exterior en un patrimonio en el país.
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Según explicó el ministro a la 780 AM, muchos paraguayos migran con la intención de enviar dinero para construir o comprar una casa, pero en varios casos ese objetivo no se concreta debido a problemas de gestión o falta de garantías. Con este programa, el Gobierno busca ofrecer un sistema formal que dé previsibilidad al proceso de adquisición.
El esquema contempla créditos con una tasa anual del 6,5 % y plazos de hasta 30 años, con la posibilidad de pagar las cuotas desde el extranjero. De esta manera, los beneficiarios podrán avanzar en la compra o construcción de su vivienda mientras continúan trabajando fuera del país.
Las autoridades estiman que en España residen entre 100.000 y 150.000 paraguayos, una comunidad que representa un importante flujo de remesas hacia Paraguay. De ese universo, el MUVH calcula que entre 5 % y 10 % podría tener capacidad real de acceder al programa, lo que representaría entre 7.000 y 15.000 viviendas potenciales a desarrollarse de forma progresiva.
La iniciativa se organiza en coordinación con la Embajada de Paraguay en España, encabezada por el embajador Justo Apodaca. Además de autoridades del MUVH, participarán desarrolladoras inmobiliarias y representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF), quienes brindarán información sobre financiamiento y proyectos disponibles.
Desde el Gobierno sostienen que esta primera gira también servirá para conocer de cerca la realidad laboral de los migrantes paraguayos en España y ajustar la oferta habitacional a su capacidad de inversión.
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Ecuador aumenta al 50 % sus aranceles a Colombia por insuficiente lucha antinarco
Ecuador elevará del 30 % al 50 % el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30 % a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.
La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. “Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, señaló la cartera en un comunicado. El ministro ecuatoriano de Producción y Comercio Exterior, Luis Jaramillo, aseguró que su país “ha cortado el diálogo” con Colombia, al no recibir una “respuesta favorable” al pedido de mayor control fronterizo.
“No puede haber comercio sostenible si no hay control de frontera y seguridad”, dijo Jaramillo al canal Ecuavisa. Lamentó que Colombia haya prohibido el ingreso por vía terrestre de algunos productos agrícolas ecuatorianos como arroz, aguacate o banano.
Las cancilleres y ministros de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. Tras el anuncio del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y, como respuesta, este elevó en 900 % la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.
Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica. Colombia solicitó a Ecuador que retire los aranceles. En su frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.
Fuente: AFP.
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Juzgarán en Valladolid a clan paraguayo de trata por explotación sexual de mujeres
La Audiencia de Valladolid celebra, desde este próximo martes 2 de marzo, el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.
El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.
De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales, un delito de grupo criminal y un delito de grupo criminal.
La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, L.C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P.G, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.
Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.
Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.
A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada L.C.P, natural de Paraguay, alias ‘Lorena y Nicole’, residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.
Fotos en lencería o semidesnudas
El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. Ya en el piso de la Avenida de Burgos, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.
La propia acusada asignaba a cada víctima su ‘nick’ o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertaba ‘Lorena’, fijando el importe, la duración y contenido del servicio sexual contratado.
Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.
Chat ‘Nicole Relax’
Normalmente, existía un chat compartido por la acusada y las víctimas, ‘Nicole Relax’, a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de WhatsApp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono del importe del taxi que utilizaría la víctima, que, hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibían una pequeña cantidad para poder vivir.
La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.
Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en literas, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.
Distribución de droga
En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar este servicio, no participaban del beneficio generado, que recogía únicamente a la acusada.
En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, empezó a tomar medidas de protección más eficaces para evitar ser responsabilizada, llegado el caso, de la actividad narrada.
A partir de ese momento, sería su prima y también acusada M.A.P.G, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.
En las tareas de captación de mujeres participarían también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.
Fuente: Europa Press.