El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó ayer martes luego de tres meses de audiencias en las que la fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados. Se trata del primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos los 22 miembros de la llamada “ranfla histórica”, la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la “guerra” antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.

El proceso inició contra 485 imputados el 20 de abril, de acuerdo a la cifra oficial más reciente, y fue seguido en forma virtual desde diferentes presidios por los acusados, incluidos unos 220 jefes en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Antes de emitir un fallo, el tribunal Contra el Crimen Organizado de la capital escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía. La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión.

Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos, explicó la Fiscalía en un comunicado. La nota afirma que los pandilleros fueron inculpados de 14.420 crímenes cometidos entre el 2012 y el 2022 y utilizar el sistema de “apertura de válvulas”, cuando los mandos de la pandilla ordenaban asesinatos desde las prisiones.

Además, presentaron pruebas de la conformación de 230 células de pandillas distribuidas en todo el país.

Por su parte, el Órgano Judicial indicó en su cuenta en X que la Fiscalía “solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados”. Además de requerir, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 9 millones de dólares por extorsión agravada.

Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias.

El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, dijo en X que “con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario”.

“No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar”, agregó el representante de la Fiscalía.

Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la “guerra” contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a unas 92.000 personas sin orden judicial.

Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país. Grupos humanitarios también acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y de encarcelar a inocentes.

Fuente: AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que permite la reelección indefinida. Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado la noche del domingo en las elecciones internas del partido de gobierno Nuevas Ideas, en las que participó como único aspirante.

Publicista de 44 años, el mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el que hasta hace unos años era el país sin conflicto bélico más violento del mundo. “Ha sido un cambio significativo, antes teníamos miedo. Vamos a apoyarlo los cinco, diez, 15 años que quiera permanecer. Es el único que puede darnos esta tranquilidad”, dijo el lunes a la AFP Julio Flores, de 40 años, dueño de una venta de comidas de San Salvador.

Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales fue a costa de violaciones a los derechos humanos y limitación de libertades.

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, abolió el límite de solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una “muerte de la democracia”.

“Aunque ha habido un avance en la seguridad, no es bueno para la democracia que Bukele vaya nuevamente como candidato”, declaró el lunes a la AFP Miguel Hernández, transportista de 35 años, quien resiente además el aumento del costo de vida.

Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El período de Bukele concluirá en 2027, pues fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.

Sin una oposición que le haga sombra, el gobernante derechista se presentará en los comicios en fórmula con su vicepresidente Félix Ulloa.

En las internas, el partido también designó a sus candidatos a diputados y alcaldías.

Bukele rompió en 2019 con tres décadas de bipartidismo al imponerse con 53 % de los votos, gracias al respaldo de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaban en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).

Pese a su popularidad de más del 85 % según encuestas, Bukele es señalado por sus críticos de autócrata al controlar el Congreso, la justicia, la fiscalía y el resto de instituciones estatales.

De estilo sarcástico, se describe como un “dictador cool” y su modelo de seguridad ha llamado la atención de varios gobiernos de derecha en el continente.

Leal a su “amigo” el presidente Donald Trump, su imagen internacional se vio empañada en 2025 por haber mantenido incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados a la megacárcel que construyó para pandilleros. Al ser liberadas, esas personas denunciaron torturas y abusos.

Afianzado por su relación con Trump, el gobierno de Bukele detuvo hace un año a defensores de derechos humanos, entre ellos la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental y restricción de libertades.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y otros locales como Cristosal y Socorro Jurídico -ahora en el exilio- aseguran que Bukele usa el régimen de excepción para silenciar a sus críticos.

Fuente: AFP.

• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

En una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, el diputado colorado Alejandro Aguilera sostuvo que asumirá nuevamente la representación de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con la promesa de continuar manteniendo una línea de trabajo basada en la objetividad y el respeto al debido proceso.

El legislador también se posicionó en contra de las propuestas de eliminar la institución mediante una reforma constitucional, defendió la permanencia de los políticos en su estructura y rechazó las afirmaciones provenientes del sector opositor referente a un copamiento del oficialismo en el órgano extrapoder encargado de evaluar el desempeño de jueces, agentes fiscales y defensores públicos.

- Mi reelección como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la asumo con un enorme sentido de responsabilidad. Mi línea de trabajo será exactamente la misma que he sostenido desde el primer día en que asumí como miembro, actuar con objetividad, respetando el debido proceso, la Constitución y las leyes, sin perseguir a nadie, pero tampoco tolerando la impunidad.

- El Jurado no está para presionar ni para proteger a magistrados o fiscales; está para controlar su desempeño cuando existen denuncias fundadas. Mi compromiso es analizar cada caso por sus méritos, con absoluta independencia de cualquier interés particular.

- Tenemos excelentes jueces y fiscales que honran su función y merecen el reconocimiento de la ciudadanía. Pero también es una realidad que existen casos de mal desempeño y corrupción que dañan profundamente la credibilidad del sistema de justicia. Cuando un operador de justicia traiciona la confianza pública, no solo afecta un expediente, sino que debilita el Estado de Derecho. En esos casos, el Jurado debe actuar con firmeza, siempre dentro del marco legal y respetando las garantías.

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- Considero que toda institución es perfectible y siempre se pueden debatir mejoras. Sin embargo, un órgano encargado del control y la responsabilidad disciplinaria de magistrados sigue siendo necesario en cualquier democracia. Lo importante es fortalecer su funcionamiento, no eliminar los mecanismos de control.

- Esta es una decisión adoptada por el constituyente para garantizar una integración plural entre los distintos poderes e instituciones del Estado. Mientras ese sea el modelo constitucional vigente corresponde ejercer esa representación con responsabilidad, transparencia y apego absoluto a la ley.

- Creo que forman parte del debate político. Los integrantes del Jurado fueron designados conforme a los procedimientos previstos en la Constitución y las leyes. La mejor respuesta a cualquier cuestionamiento será nuestro trabajo, decisiones fundadas, transparencia y un compromiso permanente con una justicia más independiente, eficiente y confiable para todos los paraguayos.

También hay que decir que la Cámara de Diputados es un cuerpo colegiado donde se toman las decisiones construyendo consensos o mayorías, en este caso no se pudo llegar a una acuerdo con la oposición presentando ellos candidatos puramente liberales y, en nuestro caso, dos integrantes de la bancada de Honor Colorado, que fue apoyada por las tres bancadas del Partido Colorado, o sea se dio una unidad total de la ANR (Asociación Nacional Republicana) para la elección de estas representaciones.

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Camilo Benítez fue el primero en acudir ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

“Hoy más que venir a decir lo que podemos hacer, es impor­tante rendir cuentas de lo que hemos hecho”, dijo el contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, quien apunta a su reelección en el cargo.

El abogado fue el primero en acu­dir ayer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, que deberá confeccionar la terna de postulantes para su tratamiento en el pleno.

“Los resultados que hemos obtenido están a la vista de la ciudadanía. Yo formo parte de un equipo institucional que asumió hace 5 años, que pre­sentó una propuesta para la transformación institucional de la Contraloría”, comentó a los medios de comunicación. Benítez afirmó que, de lograr su continuidad en el cargo, buscará consolidar el proceso encarado con la mirada puesta principalmente en el mejora­miento del gasto público.

“Tene­mos también una propuesta para el futuro y un plan estra­tégico que pondremos a consi­deración, el tratar de mejorar el gasto público con la utilización de nuevas herramientas como la inteligencia artificial, mirando un poco el futuro de la econo­mía paraguaya, creo que debo ser una opción”, dijo.