La carne porcina paraguaya tiene a Argentina como nuevo destino y los productores celebran el hito y destacan el buen trabajo tanto del sector como de la Cancillería Nacional, en las gestiones. Desde la Cámara de la Industria Porcina y Derivados (Capainprod), afirman que la importancia del mercado argentino radica en su proximidad y por las oportunidades de crecimiento comercial con el vecino país.

La presidenta de la Capainprod, Marta Mareco de Ros, destacó que empresarios argentinos visitaron varias plantas procesadoras locales y se espera que el primer envío de carne porcina al país vecino se materialice en la brevedad. “Argentina nos habilitó de manera muy dinámica y estamos en contacto con compradores interesados”, dijo a la 1330 AM.

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De esta manera, dicho país se suma a los destinos ya consolidados como Taiwán, Rusia y Uruguay, destacando a este último país como el primero que abrió su mercado para la proteína porcina paraguaya en medio de un escenario complicado como el de la pandemia del Covid-19.

La presidenta del gremio hizo una mención especial a la labor de la Cancillería Nacional por las gestiones interinstitucionales y afirmó que esta apertura tendrá un impacto sumamente positivo para productores del interior del país, ejemplificando que en localidades como Alto Verá lograron una transformación económica a través de esta actividad pecuaria.

“Las familias que trabajan en todo el sector productivo porcino son alrededor de 50.000 y muchas vienen de pequeñas granjas, de pequeños productores. Por eso es la sostenibilidad la que tenemos que trabajar con este sector, porque nosotros necesitamos crecer todos juntos”, consideró.

Según Mareco de Ros, el desafío actual es lograr la apertura de otros mercados como Chile, Singapur, Filipinas y México, países con los que ya se desarrollan las fiscalizaciones previas. “El cerdo paraguayo es una proteína saludable, eficiente y de alta calidad. Queremos que esta industria siga creciendo de forma planificada e inclusiva, con participación de los pequeños, medianos y grandes productores”, afirmó.

Dijo además que durante los primeros meses de mayo, presentarán al Servicio Nacional de Calidad y Salubridad Animal (Senacsa), la compartimentación que realizaron en Itapúa. Se trata de un sistema de gestión que busca mejorar la sanidad y seguridad de la producción porcina, facilitando el acceso a nuevos mercados internacionales.

“Eso es sumamente importante porque se va a certificar la unidad de genética, la unidad productora de lechones, la fábrica de lanceado, el frigorífico y las granjas. Va a ser todo un proceso totalmente trazable y eso nos vamos a presentar al Senacsa para poder abrir el mercado chileno”, destacó.

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Ayer lunes falleció un joven que fue embestido por una unidad del transporte público el pasado viernes por la mañana. La víctima se encontraba en el Hospital de Trauma con pronóstico delicado y tras varios días de luchar por su vida, finalmente los médicos confirmaron su deceso. Los familiares del fallecido reclaman justicia y que las autoridades intervengan tras lo ocurrido.

Mauricio Marcelo Paniagua, de 29 años, se encontraba transitando sobre la avenida Acceso Sur con destino a su lugar de trabajo, ya que prestaba servicios como guardia penitenciario en Tacumbú, y mientras aguardaba para cruzar, su automóvil fue embestido por un colectivo de la línea 47 Ñemby.

Según manifestaron sus familiares, el conductor del transporte público se dio a la fuga y se presentó horas más tarde ante las autoridades. El joven habría sufrido un traumatismo craneanoencefálico además de varias lesiones de consideración, por lo que necesitaba atención en una unidad de terapia intensiva, a la cual accedió tras varias horas de espera.

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“Mi hermano tenía todas las intenciones de vivir, pero lastimosamente no recibió la ayuda que necesitaba. Primeramente, nos dijeron que necesitaba una cama en terapia intensiva, pero que no había y buscamos por todos lados hasta en nuestro seguro, pero nos decían que no cubría o que no tenían, lo mismo en el Hospital del Trauma, ahí perdimos muchas horas y su situación era delicada”, comentó la hermana del fallecido Laura Paniagua en conversación con canal Trece.

La misma comentó que desde la empresa de transporte público no se hicieron responsables y que es más el conductor si bien fue detenido tras el hecho como su hermano continuaba con vida fue liberado y no lo imputaron por lo que ahora exigen que el Ministerio Público realice el seguimiento correspondiente, ya que el conductor inclusive se habría dado a la fuga hecha que aseguran se debe tener en cuenta como omisión de auxilio.

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En la noche de este lunes, un desconocido ingresó a la vivienda de un suboficial retirado y, sin mediar palabras, disparó contra el mismo. El hecho se registró en la Colonia Paso Hu del distrito de Yby Yaú, Concepción.

La víctima fatal fue identificada como el suboficial retirado Tomás López, de 54 años, quien se encontraba en el interior de su vehículo cuando fue abordado por el desconocido. El mismo habría fallecido en el momento tras el impacto a quemarropa.

En las imágenes de circuito cerrado se puede observar cómo el atacante, quien utilizaba unos jeans azules, una camisa de mangas largas gris y un pasamontañas, se acercó al vehículo raudamente, a pie, portando una escopeta y disparó sin mediar palabras. Según los datos preliminares, la escopeta usada sería una de calibre 12.

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Tras el ataque, el perpetrador se dio a la fuga a pie nuevamente y hasta el momento se desconoce su identidad y su paradero. Los investigadores ya desplegaron equipos para el rastrillaje de la zona, puesto que no se descarta que el autor se encuentre en inmediaciones del lugar.

Los efectivos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las diligencias investigativas, las cuales se encuentran en plena etapa de desarrollo. Si bien se manejan diferentes hipótesis, no se ha confirmado si la víctima habría recibido o no amenazas de algún tipo.

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El diputado Saúl González presentó el proyecto de ley que establece la creación del Programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de violencia familiar, con daños físicos graves y manifiestos. La propuesta será remitida a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Baja para sus dictámenes y posterior tratamiento en plenaria.

La iniciativa estipula una pensión mensual equivalente al 70 % del salario mínimo legal vigente, financiado por el Estado, con una duración de 10 años. En casos en que hayan quedado con un grado de discapacidad del 33 % o más, el beneficio se extendería de por vida.

En la exposición de motivos, el legislador colorado refiere que el proyecto surge como respuesta a las graves secuelas físicas y psicológicas que sufren estas mujeres, “las que muchas veces quedan en condiciones de vulnerabilidad, con discapacidades permanentes, y enfrentando barreras significativas para su reinserción laboral y social”.

A diferencia de la normativa 7349/2024, Que establece pensiones para hijas, hijos y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio”, la iniciativa apunta, directamente, a las víctimas sobrevivientes. “Muchas de estas mujeres quedaron con las manos amputadas, con rostros desfigurados, con dificultades motrices severas. Son secuelas físicas graves y manifiestas que afectan, profundamente, su calidad de vida y su derecho a una vida digna”, refirió González.

Se establece además que el Ministerio de la Mujer será la institución responsable de administrar el programa de apoyo económico, así como de evaluar las solicitudes y verificar los certificados médicos presentados por las víctimas.

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Mientras que la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad certificará los casos con discapacidad, y el Ministerio de la Defensa Pública actuará en los casos en que las víctimas no puedan ejercer plenamente sus derechos.

“Esta es una deuda pendiente del Estado con las víctimas directas de una de las expresiones más extremas de violencia de género. No podemos seguir amparándonos solo en discursos: es hora de garantizar apoyo real, integral y sostenido”, comentó González.

En su planteamiento, el legislador expone un estudio publicado en la Revista Jurídica del Poder Judicial, que revela que solo el 24 % de las denuncias de violencia contra la mujer al amparo de la Ley n.° 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, culmina en una condena, lo cual refleja, según entiende el diputado, la fragilidad del sistema de protección actual.

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