Israel prometió poner fin a la presencia en Gaza de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), envuelta en una polémica por el presunto papel de algunos de sus empleados en el ataque de comandos de Hamás del 7 de octubre. Estados Unidos anunció el viernes que suspendía temporalmente su financiación a la agencia, una decisión imitada el sábado por Australia, Canadá, Italia, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos y Alemania.
El director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, consideró “choqueante ver que se suspenden fondos para la Agencia en reacción a las acusaciones contra un pequeño grupo de su personal”, teniendo en cuenta que ya se adoptaron medidas y que de esa ayuda “depende la supervivencia de dos millones de personas” en la franja de Gaza.
La UNRWA, creada en 1949 y en la mira de las autoridades israelíes desde hace tiempo, despidió a varios de sus empleados, después de que Israel los acusara de estar involucrados en la letal incursión del movimiento islamista en el sur del Estado hebreo. Según Estados Unidos, la agencia de la ONU echó a 12 de sus empleados.
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Los hechos concretos que se les reprocha no han salido a la luz. Pero el jefe de la diplomacia israelí afirmó el sábado que la UNRWA no tenía futuro en la Franja de Gaza, donde los combates no dan tregua. El gobierno quiere “asegurarse de que la UNRWA no sea parte” de la solución en el territorio palestino tras la guerra, afirmó el canciller Israel Katz en un comunicado.
Katz llamó a los donantes a favorecer agencias “que se dedican a la paz y al desarrollo de manera sincera” y llamó a Lazzarini a dejar su puesto. “Señor Lazzarini, por favor renuncie”, dijo Katz la noche del sábado en la red social X, luego de que el jefe de la UNRWA advirtiera de que los cortes en el financiamiento de la agencia podrían provocar el colapso de sus operaciones.
El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, escribió en X que era el momento de “crear una alternativa que no eduque a generaciones de palestinos en el odio”. Hamás denunció seguidamente las “amenazas” israelíes contra la UNRWA e instó a la ONU y a otras organizaciones internacionales a no “ceder ante las amenazas y el chantaje”.
El grupo islamista, catalogado como “organización terrorista” por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, acusó a Israel de querer privar a los gazatíes de cualquier ayuda. La guerra estalló el 7 de octubre, con la incursión de comandos islamistas en el sur de Israel, que provocaron la muerte de unas 1.140 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a cerca de 250, según un balance de la AFP realizado a partir de datos oficiales israelíes.
En respuesta, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre en Gaza, que ha dejado hasta el momento 26.257 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, según el ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás.
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“Papel vital”
La UNRWA, que interviene en los territorios ocupados palestinos, así en Líbano, Jordania y Siria, enfrentó dificultades para financiar sus operaciones en los últimos años. Las relaciones entre Israel y la UNRWA empeoraron después de que la agencia de la ONU atribuyera el miércoles a tanques israelíes los disparos contra uno de sus centros de acogida de desplazados en Jan Yunis, en el sur de Gaza.
Al menos 13 personas murieron y 56 resultaron heridas en ese ataque, según la agencia, que denunció una “flagrante violación de las reglas fundamentales de la guerra”. El ejército israelí indicó que realizaría una “investigación exhaustiva” de sus operaciones en la zona, pero no descartó la responsabilidad de Hamás en el ataque.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se mostró prudente. Aunque reconoció que la agencia desempeña un “papel vital” en Gaza, afirmó que esperaba “total transparencia” y “medidas inmediatas” antes de tomar una decisión.
Johann Soufi, abogado internacional y exdirector de la oficina jurídica de la UNRWA en Gaza, aseguró a la AFP que la agencia tenía una “política de tolerancia cero frente a la violencia y la incitación al odio”. “Sancionar a la UNRWA (...) por la supuesta responsabilidad de unos pocos empleados equivale a castigar colectivamente a la población gazatí, que vive en condiciones humanitarias catastróficas”, defendió.
Fuente: AFP.