El viceministro de Trabajo, César Segovia manifestó que existe una buena predisposición por parte del sector del transporte y el Gobierno de concretar un acuerdo para el levantamiento del paro previsto para el lunes 21 de julio por un lapso de 72 horas. Este viernes se prevé la continuidad de la mesa tripartita establecida el lunes último.

“Nosotros hemos avanzado en el acercamiento de las posiciones. El Viceministerio del Transporte ya está bastante avanzado en la cuestión del pago al subsidio que se denuncia como atrasado. Tenemos la esperanza que pueda lograrse el levantamiento de la medida de fuerza. Veo una buena predisposición de que se pueda destrabar, hay un 60/40 %“, indicó Segovia, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Segovia sostuvo: “Vamos a depender de que se puedan realizar algunas gestiones asumidas por el Viceministerio del Transporte, hay la voluntad necesaria no solo por parte de ellos, sino del Gobierno mismo. Un paro total no puede darse, sería ilegal”.

Los empresarios reclaman al Gobierno el pago inmediato del subsidio correspondiente a los meses de mayo y junio, el cual, según el sector, equivale a USD 8 millones. Piden la actualización de la tarifa técnica del pasaje, alegando que el 71 % de los coeficientes no fueron actualizados.

Lea también: INE estima que paro afectará a 270.000 usuarios del transporte público

Señalan también que el cálculo de la tarifa técnica se debe basar en el manual de la Asociación Nacional de Transporte Público de Brasil, especialmente en el coeficiente de remuneración empresarial. Piden la emisión de un decreto que asegure el pago de subsidio como máximo hasta el día 20 de cada mes y que el subsidio se transfiera directamente a las tarjetas de los usuarios, eliminando el pago a las empresas.

Por otra parte, Segovia reiteró que de avanzar el paro de buses, las autoridades de Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y de la Unión de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama), deberán garantizar a la ciudadanía una cobertura mínima del servicio con el fin de evitar que los sectores imprescindibles como salud, educación y energía se vean afectados.

“Esto se sabrá en base al billetaje y la cantidad de pasajeros que utilizan cada tramo o cada línea. El Gobierno también está preparando un plan de contingencia con vehículos militares, de la Policía Nacional, instituciones públicas, entre otros, para que pueda verse afectada en la menor medida posible la movilidad”, refirió el viceministro de Trabajo a Nación Media.

Te puede interesar: Nueva ley y Comisión Antilavado pusieron fin al “carnaval” de las ONG, dice Núñez

El titular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Iván Ojeda, expresó que 207.000 personas de Asunción y el área metropolitana se verán afectadas en caso de concretarse el paro de buses previsto para el próximo lunes 21 de julio por un lapso de 72 horas. Este viernes se buscará destrabar la huelga anunciada, en la continuidad de la reunión entre el Gobierno y transportistas.

“La información que tenemos sale de una encuesta de movilidad que hemos realizado en el año 2021. Quizás los números hay que actualizarlos o sea un poco más, pero en ese momento veíamos que el 20 % de las personas de Asunción y área metropolitana se movilizan en buses. Serían aproximadamente 207.000 personas que diariamente utilizan los transportes públicos y muchas de ellas hacen varios viajes”, sostuvo Ojeda, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ojeda detalló que en ambos sitios se genera casi dos millones y medio de viajes mediante diferentes medios de movilidad. Agregó que el 51 % de la población sale de sus casas para desplazarse al trabajo. “Del total de los que se trasladan en buses, un 15 % van de regreso al hogar; trabajo y trámites, un 20 %; asistencia médica, un 20 %; estudios, un 10 %“, puntualizó.

Lea también: Canindeyú: EPP fue sorprendido por la FTC mientras hacía prácticas de tiros

Señaló que el tiempo promedio que le lleva a una persona radicada en Asunción y área metropolitana para desplazarse rumbo a su trabajo es de 41 minutos, para una asistencia médica es de 35 minutos y para el regreso al hogar son unos 35 minutos. “También se midió la hora pico, vemos que la mayor cantidad de viajes se da a las 6:00 de la mañana y el otro pico se tiene a las 17:00”, refirió.

Añadió que Asunción y el área metropolitana cuentan con el 35 % de la población nacional. “La fuerza de trabajo o la gente que se encuentra ocupada en el Paraguay equivale a 2.911.000″, indicó.

El pasado lunes, el especialista en empleo, Enrique López Arce, advirtió que el paro de buses generará una pérdida equivalente a G. 22.400.000.000 por día o G. 66.000.000.000 por las tres jornadas.

“Si de estas 100.000 personas perdieran el día y dejaran de cobrar, el perjuicio laboral sería de G. 22.400.000.000 por día. Si nos vamos al paro por 3 días, estamos hablando más de G. 66.000.000.000. Esto también generará una pérdida comercial y de logística ya que ese día saldrán muchos vehículos pequeños que eran reemplazados por los buses, se generará más tráfico”, manifestó López Arce a La Nación/Nación Media.

Te puede interesar: TSJE lanza calendario electoral para las Municipales 2026

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo en la tripartita ya cuentan con un plan de contingencia para garantizar el servicio del transporte público durante los tres días.

Dijo que cuentan con los buses que pondrá el gobierno, más el ofrecimiento del sector privado, con lo que esperan llegar a cubrir el 70 % de la demanda, lo que significará que el paro anunciado por Cetrapam podría tener un impacto del 30 %.

Nota relacionada: Paro de buses generará perjuicio laboral por G. 66.000 millones, advierte experto

El alto funcionario fue convocado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde abordaron tema del paro y destacaron la prioridad de garantizar que la ciudadanía no se vea muy afectada por la medida de fuerza.

“Estamos trabajando con la presidencia de la República el plan de contingencia, y estamos afinando con las distintas instituciones del Estado, para disponer de la flota del sector público para sacar ese día. También tenemos el ofrecimiento de varios gremios del sector privado que nos han confirmado que dispondremos de su flota, uno de ellos cuenta con 320 buses que no se sumará al paro”, precisó.

Fernández resaltó que un elemento importante, que ahora por primera vez se va a dar, es que se declarará el transporte público como servicio imprescindible, así como el servicio de salud pública. Entonces, indicó que se deberá garantizar una movilidad mínima por parte de las empresas que se sumen a la medida de fuerza.

“Nosotros vamos a trabajar en la declaración de imprescindibilidad, y por más que las empresas se sumen al paro, van a tener que sacar buses. Porque si no lo hacen estarán violando un derecho del ciudadano", dijo.

Remarcó que se hará un control estricto con estas empresas de que cumplan con el servicio mínimo de la flota de buses y de constatarse que no se cumple, se llevará adelante el sumario con las sanciones correspondientes.

Afirmó que la mesa de contingencia ya está trabajando también en el plan de acción e itinerarios que serán cubiertos. No obstante, el viceministro señaló que existe un tiempo aun de diálogo, y que apelarán a esa mesa tripartita para llegar a un acuerdo y evitar a llegar a la medida de fuerza.

Por otra parte, el viceministro Fernández aseguró que desde el Gobierno siempre hubo predisposición a pagar los subsidios, hubo inconvenientes, pero se terminaron pagando. Igualmente indicó que hay mesas técnicas que analizan el tema de la discrepancia sobre la tarifa técnica con el gremio.

“Por eso, decimos que la medida es desproporcional. Hemos informado a los diputados todos estos pormenores, y vamos a seguir trabajando. El lunes inicia la tripartita en el ámbito del viceministerio del Trabajo, y ahí tendremos espacio de diálogo donde vamos a exhortar todo lo que acabo de mencionar”, indicó.

Siga informado con: Verificarán con censo cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción

El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte", dijo.

Nota relacionada: Gobierno convoca a mesa tripartita con transportistas para evitar el paro

De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.

Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del −18 %.

“Nosotros, y menos la ciudadanía, puede seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .

El legislador recriminó de este modo las últimas declaraciones del titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, quien bajo tono amenazantes hizo el anuncio del paro de tres días. Indicó que esa no es la base para iniciar una mesa de negociación seria.

“Las bases de negociación deben ser sobre realidades, y éstas son que el combustible bajó entre 4 o 5 veces en este gobierno. En enero del 2023, estaba G. 8.900, que fue el punto más alto registrado el diésel común. De ahí fue bajando, hasta G. 6.920. Recién ayer, 10 de julio, subió de vuela el costo del combustible, subió a G. 7.300; y aún así sigue siendo 1.600 guaraníes más bajo, de cuando inició este gobierno”, explicó.

Por otra parte, indicó que el aumento salarial que se dio en este mes, es aún muy poco, en comparación a lo que los empresarios están exigiendo para ajustar la tarifa.

“No existen argumentos válidos para decir que van a paralizar el país. Estoy de acuerdo, que cualquier sector puede exigir reivindicaciones, que pueda pedir revisiones y pueda asentar criterios o conceptos por los cuales cree que merece un mejor trato, y no generar de la nada una crisis cuando no los hay”, acotó.

Por otra parte, el legislador colorado señaló que considera que ha llegado el momento de analizar alguna legislación, para que cualquier ciudadano, usuario del transporte público, pueda demandar civilmente a los dueños de líneas transporte; cuando éstos suspendan el servicio sin razón válida.

Sostuvo que los empresarios deberían asumir las responsabilidades cuando perjudican económica, o en su salud al usuario de transporte.

“El usuario también necesita contar con garantías cuando utiliza el servicio, porque también está solventando el servicio con el pago de su pasaje. Por que la persona el día del paro, no podrá llegar a su lugar de trabajo, a riesgo que se lo descuenten la jornada, no podrá llegar a su consulta médica. Entonces, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad civil o penal que ellos generan”, señaló.

Mencionó que también es necesario que se analice alguna legislación que establezca cancelar los itinerarios y volver a licitar los mismos, de aquellos que no cumplen con el servicio.

Le puede interesar: Verificarán con censo cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción