Arqueólogos descubrieron en Guatemala una estructura circular maya de más de 2.000 años de antigüedad que servía de altar para ofrendas y sacrificios humanos, un hallazgo que permitirá comprender uno de los períodos más complejos de esta civilización, informaron el lunes fuentes oficiales. El descubrimiento se produjo en el sitio arqueológico de El Tigre, en las selvas del norteño departamento de Petén, fronterizo con México y Belice, señaló en un comunicado el ministerio guatemalteco de Cultura.

El lugar, denominado “Okox” (“hongo” en idioma maya q’eqchi), es un edificio circular construido durante el período Preclásico Terminal (100 a.C-150 d.C) y fue localizado durante excavaciones iniciadas en 2025. En las investigaciones participaron especialistas de Guatemala, Francia, México y Canadá.

“Okox constituye un caso de estudio excepcional para comprender uno de los períodos más complejos de la historia de las tierras bajas mayas”, destacó el reporte. La plataforma tiene 2,2 metros de altura y cinco metros de diámetro, y está asociada a una estructura rectangular. En conjunto alcanzan cerca de 10 metros de longitud.

La calidad de la construcción constituye uno de los aspectos más sobresalientes del descubrimiento. Está hecha de grandes bloques de piedra caliza “cuidadosamente labrados” y presenta elementos decorativos poco comunes, como molduras perimetrales y vestigios de pintura roja sobre superficies.

Las investigaciones revelaron “entierros de niños asociados a la construcción del edificio” posiblemente como “ofrendas rituales”, que sugieren probables “prácticas de sacrificio humano”, indicó el comunicado.

Un niño de menos de tres meses de nacido fue sepultado al norte de la estructura, debajo de un cuenco con efigies zoomorfas.

Otro menor de siete a nueve años fue enterrado en el lado oeste, detalló en rueda de prensa Julien Hiquet, jefe del proyecto y arqueólogo de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne.

En el centro fue inhumado un hombre de entre 30 y 40 años, debajo de un recipiente de gran diámetro. Cerca de él se encontró un punzón hecho de espina de mantarraya, utilizado “en rituales de autosacrificio, por lo que se presume que tenía un papel religioso o político de alto rango”, añadió Hiquet.

La cultura maya tuvo su mayor esplendor en el período clásico (250-900 d.C) hasta que entró en decadencia en el postclásico (900-1200 d.C) y abarcó el área mesoamericana que comprende el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice.

Fuente: AFP.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, descartó la ejecución de operaciones militares de Estados Unidos contra el crimen organizado en su país, en una entrevista ayer lunes con la AFP. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró hace una semana a la cadena CBS que Washington podría ejecutar en Guatemala y Ecuador acciones militares como la que dio muerte en Venezuela a Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, jefe de la banda criminal Tren de Aragua.

Arévalo, quien participa en Panamá en la Asamblea General de la OEA, negó que haya aprobado ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en territorio guatemalteco, como afirmó a fines de mayo el diario The New York Times. El mandatario aseguró a la AFP que la Constitución guatemalteca lo impide, aunque destacó la cooperación como parte de la Coalición Anticarteles de las Américas que impulsa el presidente Donald Trump.

Según Arévalo, esa colaboración se reforzó tras concluir hace mes y medio la gestión de ocho años de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por 40 países, encabezados por Estados Unidos, que la consideran corrupta y antidemocrática.

Porras lideró una ofensiva contra Arévalo en 2024 para impedir su investidura y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados. El presidente designó en su lugar a Gabriel García Luna.

- ¿En qué consiste la cooperación con Washington?

- Lo que necesitamos es capacitación, acompañamiento a nivel de operaciones tácticas para planificación de operativos e intercambio de inteligencia.

- ¿Operarán militares estadounidenses en Guatemala?

- Operando militarmente, portando armas (...) la ley no lo permite. Nuestra Constitución no permite la conducción de operaciones militares conjuntas como las que se realizan en otros lugares, pero tenemos operaciones cooperativas. Estados Unidos nos apoya a que las fuerzas de seguridad de Guatemala tengan la capacidad de ser más efectivas en su combate al narcotráfico.

- ¿Pero EE. UU. le planteó la posibilidad?

- Estados Unidos lo que preguntó es los términos en los que estaríamos dispuestos a establecer estos mecanismos. Respondimos, claro que sí, en el marco de estos parámetros que son los que podemos políticamente, porque tenemos un interés compartido; pero además legalmente porque tenemos ciertas limitaciones para actuar. Las operaciones (como la ejecutada contra Héctor Guerrero) las podemos ejecutar con personal policial y militar guatemalteco.

- ¿En qué cambia la relación con EE. UU. tras la salida de la fiscal?

- Teníamos una fiscal cuya responsabilidad era la persecución del narcotráfico, que implica una coordinación muy fluida con Estados Unidos, pero no podía viajar a ese país por estar sancionada. Cuando el Ministerio Público estaba cooptado por la élite político-criminal era imposible la coordinación. Tenía un contacto mínimo con las fuerzas de seguridad, lo que impedía (...) operativos específicos de persecución contra el crimen organizado. Con la salida de Consuelo Porras la coordinación interna en la lucha contra el crimen (...) empieza a funcionar normalmente. Además, permite una coordinación más efectiva con nuestros socios internacionales.

- ¿Aún hay en el Estado operadores del “pacto de corruptos”?

- Lo que hicimos fue comenzar un proceso de desmantelamiento de las estructuras de corrupción dentro del Ejecutivo. Ha sido un proceso no fácil. Con Porras, la élite político corrupta mantenía la cooptación del Estado. La recuperación del Estado es un proceso gradual en el que vamos avanzando. En el momento en el que el Ministerio Público ya no está en manos de estos grupos, el edificio se empieza a desmoronar. No se ha terminado de hacer la tarea.

- ¿Quedarán impunes las acciones de la fiscal?

- Empezarán procesos (para) deducir las responsabilidades legales.

- ¿Volverán los exiliados?

- Se van a ir cayendo muchos de estos casos espurios (...) y podrán ir regresando. ¿De quién estaban huyendo? De la persecución y la criminalización del Ministerio Público. La Fiscalía ya no está en manos de los criminales, está en manos de la justicia.

- ¿Cómo ve el avance de la ultraderecha en América Latina?

- Hay que visualizar a la región más allá de los vaivenes electorales y avanzar en la consolidación de estructuras democráticas. Advertí que la polarización que existe en América Latina (...) es una de las vías al autoritarismo y que tenemos que contenerla. En la medida en que la política de la polarización continúe, vamos a empezar a caer en la deslegitimación de nuestros propios conciudadanos.

Fuente: AFP.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció que la “izquierda radical” en América Latina es financiada por el narcotráfico, y criticó las protestas que enfrentó el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, en un discurso al inaugurar la Asamblea General de la OEA el lunes. Desde principios de mayo, sindicatos, indígenas y cultivadores de coca bloquearon carreteras en varios puntos del país en contra de Paz, a quien responsabilizan de la peor crisis económica del país en 40 años.

Paz llegó a un acuerdo el viernes con la principal central obrera para pacificar el país y decretó un estado de excepción. Ayer lunes, el expresidente izquierdista Evo Morales anunció el levantamiento temporal de los últimos cortes de rutas. “El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado que buscan subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, dijo Mulino.

“Este es un problema serio, muy serio, que estamos enfrentando todos como podamos (...) los problemas de Rodrigo Paz no son distintos a los de cualquier país amenazado por la izquierda radical y el narcotráfico que lo financia”, añadió.

Mulino también manifestó que avaló una propuesta de la OEA para enviar a Bolivia una misión de cancilleres y ministros de seguridad y defensa para apoyar a Paz y evaluar la situación en ese país. Paz, que puso fin en noviembre a dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa al expresidente Morales (2006-2019) de haber orquestado las protestas, que provocaron escasez de combustibles, alimentos y medicamentos.

Fuente: AFP.

La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche en el módulo de máxima seguridad del Complejo para Mujeres de Emboscada (Comple), mientras aguarda su audiencia preliminar, prevista para el 10 de agosto, a las 9:00, dentro del proceso penal que enfrenta en el marco del caso “A Ultranza Py”.

La pareja del narco uruguayo Sebastián Marset (actualmente procesado en Estados Unidos) está acusada por el fiscal Deny Yoon Pak de lavado de dinero y crimen organizado. La decisión de la magistrada fue adoptada a través del Auto Interlocutorio n.º 124.

La defensa de la acusada, integrada por los abogados Christian Fernando González Rivas, Rafael Alcides Blanco Sanabria y Hugo Ramón Núñez Ortíz, había solicitado la revisión de la prisión preventiva, alegando la aparición de nuevos elementos que, a su criterio, modificaban las circunstancias originales de la medida cautelar. Entre los argumentos presentados se citó una pericia caligráfica realizada en una causa conexa relacionada con la firma “Summun S.A.”, la cual, según la defensa, podría afectar parte de la base fáctica de la imputación fiscal.

Sin embargo, el juzgado mantuvo la medida privativa de libertad y también dispuso la postergación de la audiencia preliminar, que inicialmente debía realizarse el 9 de junio. La magistrada argumentó que el expediente principal del caso se encuentra actualmente en manos de un Tribunal de Sentencia, situación que, según su criterio, podría generar limitaciones para el ejercicio pleno de la defensa y eventuales situaciones de indefensión.

El pedido de arresto domiciliario también fue rechazado atendiendo a que el inmueble ofrecido como garantía en Luque ya tiene tres causas penales como garantía y el código QR no se pudo validar. La jueza lo calificó de “ineficaz e insuficiente”. La jueza sostuvo que por la pena de 5 a 15 años y el perfil de la organización transnacional, el arresto domiciliario es “intrínsecamente precario” y que persiste el peligro de obstrucción.