La autopsia practicada a Amalia Beatriz Cáceres González (19), quien falleció calcinada en una vivienda de la ciudad de Nanawa, confirmó que la joven estaba viva en el momento del incendio.

Según el informe forense, no se encontraron fracturas, proyectiles ni lesiones visibles, pero sí se confirmó que la víctima estaba con vida al momento del siniestro. “Estaba viva, porque se encontró hollín en las vías aéreas superiores e inferiores”, precisó la médica forense, en declaraciones a C9N.

El procedimiento arrojó que la víctima murió a causa de una intoxicación por monóxido de carbono. Una insuficiencia respiratoria le produjo la muerte. El cuerpo se encontraba totalmente afectado por las quemaduras.

“Pudimos determinar que tuvo una intoxicación aguda por monóxido de carbono. Quiere decir que inhaló el humo del incendio y eso le produjo una insuficiencia respiratoria. Entonces, se desmaya y como el cuerpo queda en el fuego, sufre la carbonización”, precisó.

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Confirmó además que la víctima estaba consciente en el momento del incendio. “Que tan consciente estaba no sabemos. La persona va perdiendo conciencia a medida que va inhalando el monóxido de carbono. Entonces, probablemente, ella empezó inhalando estando viva, pero a medida que va inhalando el humo se va debilitando y perdiendo conciencia”, explicó.

Dentro de la evaluación del cuerpo, no se hallaron golpes. “Le hicimos radiografías y no encontramos fracturas ni proyectiles. Y en cuanto a la examinación del cuerpo no tenía lesiones”, afirmó la forense.

En el marco de la investigación, Porfiria Diana Giménez (34), expareja del dueño de la vivienda, Cristhian Rolón Maidana (40), aparece como principal sospechosa del crimen. La Fiscalía ya imputó a ambos, sosteniendo que podrían tener participación directa en el incendio.

“Fueron imputados por homicidio doloso y están detenidos. El hombre también fue imputado, porque no podemos descartar que él haya estado en el momento del incendio en connivencia con la otra mujer”, dijo la fiscal Liz Portillo, ante los diferentes medios.

Según averiguaciones entre vecinos del a zona, supuestamente la pareja de la víctima y la joven se encontraban descansando en su domicilio, cuando el hombre sintió que estaba ardiendo su colchón, y al intentar sofocar el fuego tuvo quemaduras en la mano.

“Él manifestó, como también manifestaron los vecinos, que él se fue a pedirle ayuda a una hermana que vive a cinco cuadras aproximadamente del lugar de los hechos para curar sus heridas”, mencionó la agente fiscal.

En ese ínterin, apareció la expareja del hombre y supuestamente, fue ella quien derramó combustible a la vivienda y a la víctima, iniciando el incendio que acabó con la muerte de Amalia Cáceres.

Según manifestación de vecinos, de la Policía Nacional y de bomberos es la décima vez que la misma es quemada y que en todas las oportunidades fue Porfiria Diana la causante. “El móvil sería celos, porque es expareja del señor Cristhian”, indicó Portillo.

En ese sentido, la principal hipótesis habla de un homicidio por celos. “Según Cristhian ya no tenían ningún tipo de relación, pero dijo que Porfiria no le deja en paz”, concluyó la representante del Ministerio Público.

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La presunta asesina de la joven de 19 años negó su participación en el hecho y dio su versión ante los medios de prensa. La mujer afirmó que eran amigas y que rechazó que esté involucrada en el incendio provocado, en el que la víctima murió calcinada.

“Éramos amigas, consumíamos juntas, nunca la amenacé, al contrario, yo sique le acompañaba y todo a la casa de Cristhian”, aseveró Porfiria Diana Giménez Aguirre (34). Sin embargo, reconoció que sí había lanzado amenazas en contra de su expareja, Cristhian Rolón Maidana (40).

“A Cristhian sí le había amenazado, pero no por esa chica, sino por otra chica, a quien yo no le soportaba. Yo le pegué a la otra chica, pero no a Amalia. Amalia era mi compinche”, afirmó.

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Por otro lado, la principal sospechosa del crimen dijo estar bastante tranquila, porque “la que nada debe, nada teme”, exclamó.

Dijo, además, que esperaba que se aclare todo y que se demuestre su inocencia. “Yo no me atrevería a hacer eso y mucho menos por un hombre”, aseguró.

Añadió que hay gente que puede comprobar que ella no estuvo en el lugar de la tragedia. “A mí, me avisó la mamá de Cristhian. Yo no entré al patio y menos a la casa. Ella me dijo que la casa de Cristhian se estaba quemando”, refirió.

Asimismo, comentó que encontró a su expareja lo más tranquilo del mundo, pese al incendio. “Ni él (Cristhian) sabía qué le había pasado a su novia, supuestamente le había sacado del incendio y estaba lo más tranquilo en lo de su cuñado”, precisó.

Insistió en que no estaba al tanto de lo ocurrido. “Me fui yo ahí, estuvimos discutiendo y después me volví a ir. Al volver, estaban los bomberos y me dijeron que había una chica muerta, y yo ni sabía”, manifestó.

Amalia Beatriz Cáceres González (19) murió calcinada, supuestamente a causa de un incendio provocado. El hecho ocurrió el lunes en horas de la mañana en el barrio Quinta de la ciudad de Nanawa, a orillas del río Pilcomayo.

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La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.

Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.

Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.

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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.

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Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.

En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.

Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.

La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.

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Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.

Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.

Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.

No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.

El Ministerio Público, a través de un análisis del Observatorio, difundió un informe donde visibiliza cinco hechos punibles en los que predominan las víctimas mujeres -niñas, adolescentes y jóvenes- registrados entre los años 2021 y 2025 en Paraguay, evidenciando el fuerte impacto que estos delitos generan en la vida de las afectadas.

Durante este periodo de cinco años se registraron 17.305 denuncias de abuso sexual en niños, 6.507 casos de coacción sexual y violación, 782 casos de acoso sexual y 671 casos de proxenetismo. A estos delitos se suman 38.794 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario y 172.722 denuncias por violencia familiar.

En el contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se recuerda hoy, la Fiscalía expone estos hechos punibles que reflejan una problemática estructural que trasciende el ámbito penal. La violencia contra niñas y adolescentes genera profundas consecuencias psicológicas, sociales y económicas que pueden extenderse durante toda la vida de las víctimas.

Comprender estas consecuencias resulta fundamental para dimensionar el impacto real del fenómeno, explicó la psicóloga Soledad Barge, integrante del equipo técnico del Observatorio del Ministerio Público.

La infancia y la adolescencia temprana constituyen etapas clave para la formación de la personalidad, la autoestima y las habilidades sociales. Cuando una niña es víctima de abuso sexual durante estos períodos, se produce una alteración profunda en los procesos de desarrollo psicológico. La exposición a la violencia sexual en la infancia se asocia con mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés postraumático y conductas autodestructivas.

El trauma puede manifestarse de diversas maneras, tales como recuerdos intrusivos, miedo persistente, dificultades para confiar en otras personas –especialmente en los adultos–, así como problemas en la regulación emocional.