La Cámara de Apelación de Crimen Organizado ratificó la condena de 21 años de cárcel y 9 años de medidas de seguridad, totalizando así 30 años de pena para Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela. Asimismo, se confirmaron las sentencias condenatorias para varios procesados por el tráfico de drogas y armas desde el penal de Tacumbú. La resolución lleva la firma de los camaristas Mario Camilo Torres, Arnulfo Arias y Paublino Escobar.

Además de Rotela, también se confirmaron las penas de Juan Javier Rodas Román (19 años más 4 de medidas de seguridad); Vicente Ignacio Chase Lauseker (18 años más 4 de medidas de seguridad); y Carlos Damián Fernández González, con una pena privativa de libertad de 14 años.

Del mismo modo, se confirmó la condena de 10 años de cárcel para Carmen Carolina Ortiz Figueredo; 12 años de encierro para Fredy Magdaleno Pérez Montiel y Ronald Herminio Cantero Ibáñez; y 13 años para Christian Mario Martínez Medina. Todos ellos fueron procesados por narcotráfico y violación de la Ley de Armas.

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El camarista Camilo Torres, quien fue preopinante, estudió uno por uno los recursos y consideró que corresponde la confirmación de la determinación adoptada en primera instancia.

La investigación del caso se inició en el 2021, durante la pandemia, cuando se logró interceptar llamadas telefónicas mediante autorización judicial. Según la Fiscalía, Armando Javier Rotela seguía operando desde Tacumbú a través de los mismos guardiacárceles, quienes facilitaban la entrega de sustancias y la introducción de armas de fuego bajo sus órdenes.

En el caso de Armando Rotela, en abril de 2024, una jueza unificó dos sentencias en su contra y determinó una pena total de 23 años de cárcel y 8 años de medidas de seguridad. Se trataba de una sentencia previa de 19 años de cárcel y 8 años de medidas de seguridad, sumada a otra pena de 8 años de prisión. Con esa decisión, deberá permanecer en prisión hasta el año 2046.

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Durante los allanamientos simultáneos llevados a cabo en la mañana de este jueves hallaron importantes evidencias sobre la investigación de una supuesta filtración de datos desde la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico.

“Fueron incautados elementos electrónicos, documentos varios que van a ser analizados”, precisó el comisario Luis López, jefe del departamento Contra el Crimen, en declaraciones a la 1020.

Confirmó que fueron allanadas una sede fiscal, tres viviendas particulares y la municipalidad de Mayor Martínez, donde fueron incautados elementos de relevancia para la investigación.

“Hay una denuncia del Ministerio Público sobre la participación en filtraciones de algunos funcionarios de las unidades especializadas. Lo que se quiso corroborar con estas intervenciones es si realmente fueron así. Se encontraron elementos muy importantes que pueden concretar que la filtración se ha realizado”, precisó el jefe policial.

La sede fiscal allanada pertenece a las Unidades Penales Ordinarias Sector 1 de Asunción del Ministerio Público, ubicada sobre Félix Bogado. La intervención se llevó a cabo en el despacho de una asistente fiscal, identificada como Alba Cristina Duarte, quien hace 15 días fue trasladada a esta unidad penal; anteriormente cumplía funciones en la Unidad Contra el Narcotráfico.

Según las presunciones, esta mujer habría estado filtrando información sensible a través de su pareja, Damián Cardozo, precandidato a concejal de Villa Elisa. Sus domicilios fueron allanados. Se presume que la mujer habría recibido un monto importante para dar información sobre una investigación que se llevaba a cabo en la Unidad Contra el Narcotráfico.

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El comisario López explicó que la investigación surge de una filtración de una investigación relacionada con tráfico internacional. “Y hoy procedimos a hacer los allanamientos simultáneos en simultáneo para levantamiento de evidencias que nos permitan desarrollar y ahondar en la segunda parte y la prosecución de la primera”, indicó.

Fueron verificadas tres personas, y allanados lugares en particular. “Se levantaron elementos, evidencias relacionadas con la investigación, que van a ser analizados por el cuerpo técnico del Ministerio Público y van a tomar las decisiones correspondientes a posterior”, detalló.

Sin embargo, no hay personas detenidas. “Se estuvo conversando con cada una de las personas, pero ninguna fue detenida, ni la asistente fiscal ni el candidato a la concejalía de Villa Elisa ni el intendente de Mayor Martínez”, puntualizó.

Lo que se va a establecer es el grado de participación de los mismos. “Son objeto de incautaciones de elementos relacionados con la investigación, que nos permitirán desarrollar una mirada más exhaustiva a esta investigación muy incipiente aún y todo lo incautado va a ser analizado”, indicó López.

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La directora médica del Hospital de Policía “Rigoberto Caballero”, Luz Céspedes, confirmo que en el momento de la intervención y captura, Dalia López Troche no tenía un “cuadro grave”

Sin embargo, dijo que desconoce que la misma sufra de enfermedades crónicas, aunque solo se enteró a través de informaciones difundidas por los medios de comunicación.

“No puede asegurar si es una enfermedad de larga data”, dijo.

Hoy jueves, Dalia fue atendida al centro asistencial policial para la realización de unos exámenes médicos, bajo estrictas medidas de seguridad, con el rostro y las esposas cubiertas.

“Tenemos conocimiento en base a información pública que la señora López es hipertensa y diabética, una patología que no se puede confirmar con un solo estudio, son enfermedades crónicas”, afirmó la directora.

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De acuerdo a la información, López, quien se encuentra recluida en el Departamento de Judiciales Femenino de la Policía Nacional, sufriría de hipertensión y diabetes.

Confirmó que hoy ingresó al Hospital en una condición estable, saliendo en igual condición del servicio.

Luego de ser descubierto que la procesada estaba recluida en una celda reacondicionada, es decir con mejoras introducidas (baño moderno y accesorios renovados), la misma fue derivada al Hospital Policial para unos estudios médicos.

Ante esta situación, el comandante de la Policía, César Silguero, dispuso la remoción de la jefa y sub jefa del departamento Judiciales Femenino. Las funcionarias policiales están bajo sumario administrativo.

Por su parte, Delia López, habló brevemente con la prensa, negando que ella esté recluida en una celda vip.

López está procesada por supuestos delitos de producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal (caso del exfutbolista Ronaldiño Gaúcho), al que se suma ahora sospechas de vínculos con el narcotráfico.

La mujer de 55 años de edad fue capturada el jueves 2 de abril, en el barrio Herrera de Asunción, tras estar prófuga durante seis años.

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El cofundador y durante años líder del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG), Erick Valencia Salazar, se declaró culpable de narcotráfico ante un tribunal estadounidense, informó este martes el Departamento de Justicia.

Valencia Salazar, alias “El 85”, fue capturado inicialmente en marzo de 2012 en México, liberado y luego vuelto a capturar en 2022.

Fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, después de que el gobierno de Donald Trump designara al CJNG como “organización terrorista” en el marco del endurecimiento de su lucha contra el narcotráfico.

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“Valencia Salazar se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el fin de su importación ilícita a Estados Unidos”, indicó el comunicado oficial.

El narcotraficante conocerá su pena de cárcel, que puede ir de 10 años a cadena perpetua, el 31 de julio, añadió el texto.

Valencia Salazar formó parte primero del Cártel del Milenio, a las órdenes de Óscar Orlando Nava Valencia.

Tras la muerte de varios líderes de ese grupo, “El 85” fundó junto a otros lugartenientes el CJNG. Entre ellos estaba Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que murió el pasado 22 de febrero en un operativo militar mexicano en Tapalpa (Jalisco).

La muerte del “Mencho” provocó una oleada de incidentes violentos en numerosos estados mexicanos.

• Fuente: AFP

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