La violencia de tintes racistas vivida en días pasados en el sureste de España ilustra las crecientes tensiones en el país ante la inmigración, un tema que en pocos años ha entrado de lleno en el debate político azuzado por la extrema derecha.

Torre Pacheco, una ciudad de 40.000 habitantes cerca de Murcia y la costa mediterránea, ha sido escenario de enfrentamientos nocturnos entre grupos de extrema derecha y residentes de un barrio de mayoría inmigrante, principalmente de origen marroquí.

La violencia se desencadenó por la agresión el 9 de julio a un jubilado de 68 años, quien relató a varios medios españoles, con el rostro magullado, que fue atacado sin motivo aparente por tres jóvenes de origen magrebí.

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Dos días más tarde, la alcaldía de Torre Pacheco, dirigida por el Partido Popular (PP, derecha), organizó una manifestación contra la inseguridad, que degeneró rápidamente, ya que grupos de extrema derecha se unieron con consignas hostiles hacia los inmigrantes.

A partir de ahí y por varias noches, estallaron disturbios en las calles de la ciudad, si bien el despliegue de numerosos miembros de la Guardia Civil permitió evitar enfrentamientos directos entre los grupos rivales y limitar el número de heridos.

Según las autoridades, 14 personas fueron detenidas, incluidas tres vinculadas a la agresión del jubilado y que no residían en Torre Pacheco. Entre los arrestados también figura un responsable del grupo de ultraderecha “Deport them now” (“Depórtenlos ya”), que animó en Telegram a una “cacería” de inmigrantes.

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El alcalde de Torre Pacheco, una ciudad donde aproximadamente el 30% de los residentes son personas de origen extranjero llegadas en su mayoría para trabajar en el campo, hizo un llamado inmediato a la calma, pidiendo no confundir a los autores de la agresión con la población inmigrante de la ciudad.

Pero el partido de extrema derecha Vox, la tercera fuerza en el Parlamento español, multiplicó sus declaraciones hostiles hacia los inmigrantes, como las de su líder regional José Ángel Antelo, quien atribuyó el clima de inseguridad en Torre Pacheco a la “inmigración ilegal”.

A su juicio, esa inmigración irregular “es la misma que agrede a nuestros ancianos” o “viola a nuestras hijas en nuestras calles”, una postura respaldada por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, quien pidió “deportaciones inmediatas” ante la “invasión migratoria criminal”.

Unas declaraciones duramente criticadas por el Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acusó a Vox de “echar gasolina al fuego”, y por su socio de extrema izquierda, Sumar, que le reprochó “promover la violencia”. La Fiscalía de Murcia abrió una investigación contra Antelo.

“Es un ejemplo muy claro de esa tensión que va creciendo por los problemas de la inmigración” en España, consideró en declaraciones a la AFP Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, para quien el fenómeno guarda relación con “el auge de la extrema derecha”, que ha convertido este tema en un asunto central.

El fenómeno de la inmigración es relativamente reciente en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 637.000 extranjeros vivían en el país en 1998, el 1,6% de la población. Hoy en día son 6,95 millones (14,13%), de ellos 920.000 marroquíes, la mayor comunidad extranjera. El Gobierno de izquierda, que desea regularizar hasta 300.000 inmigrantes por año de aquí a 2027, ve la inmigración como una oportunidad.

Según el INE, la inmigración explica gran parte de la buena salud económica del país, cuyo PIB creció un 3,2% el año pasado.

Según el informe anual de Ipsos sobre el populismo, solo el 34% de los españoles piensa que el país sería “más fuerte” si se limitara el número de llegadas de inmigrantes (frente al 46% en Alemania). Es el porcentaje más bajo de la Unión Europea.

Pero eso no impide que haya tensiones en el país, como por ejemplo por la distribución de los menores no acompañados, que saturan el dispositivo de acogida de las islas Canarias, el archipiélago próximo al noroeste de África que es la principal puerta de entrada de la inmigración irregular.

Unas tiranteces explotadas por Vox, que propuso a principios de julio un programa masivo de expulsiones, denominado “remigración”. “En un país que gracias a la inmigración crece, es un poco contradictorio”, señaló Paloma Román, para quien la dureza de Vox se explica por su rivalidad con el PP, en medio de la creciente fragilidad política de Pedro Sánchez por varios escándalos de corrupción.

Fuente: AFP

• Nueva York, Estados Unidos. AFP.

Tras las protestas por las redadas contra la inmigración en Los Ángeles, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió miles de tropas de la Guardia Nacional y cientos de marines, una medida que ha sido fuertemente criticada por el gobernador de California. Entrenada para dar respuesta rápida en situaciones de emergencia, la Guardia Nacional es una fuerza militar de reserva dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que significa que la mayoría de sus miembros prestan servicio a tiempo parcial mientras desempeñan trabajos civiles o realizan otras actividades.

Como fuerza de respuesta, la Guardia Nacional puede ser movilizada rápidamente para hacer frente a situaciones de emergencia en suelo estadounidense, normalmente catástrofes naturales. Asimismo, puede ser activada para su despliegue en zonas de combate, especialmente en caso de guerra.

A diferencia de otros cuerpos del ejército estadounidense, la Guardia Nacional desempeña funciones tanto a nivel estatal como federal, y está organizada en agrupaciones con base en los 50 estados del país, así como en el Distrito de Columbia, que alberga a la capital, Washington, y los territorios estadounidenses de Puerto Rico, Guam e Islas Vírgenes.

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Como fuerza de base estatal, generalmente es el gobernador de un estado o territorio quien activa y comanda la Guardia Nacional cuando es necesario. Sin embargo, en algunas situaciones la Guardia Nacional puede ser “federalizada” por el presidente, con lo que queda bajo su control hasta que finalice la misión federal específica, como ocurre actualmente en Los Ángeles.

El último presupuesto del Departamento de Defensa autoriza un total de 433.000 efectivos de este cuerpo, repartidos entre la Guardia Nacional del Aire y la Guardia Nacional del Ejército.

Esto significa que, en comparación con otros componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Guardia Nacional sólo es superada por el Ejército en cuanto a tamaño.

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En caso de huracanes, incendios forestales e inundaciones, a menudo se recurre a la Guardia Nacional para que ayude a evacuar zonas peligrosas, entregue suministros en lugares aislados o proporcione el equipo especializado necesario para retirar escombros peligrosos.

El mayor despliegue de la Guardia Nacional en los últimos años se produjo durante la pandemia de covid-19, durante la que ayudó a construir centros de emergencia y dotarlos de personal, transportar suministros sanitarios por todo el país y coordinar otros aspectos logísticos.

Fuera de un desastre natural, el despliegue de la Guardia Nacional puede ordenarse en emergencias creadas por la ruptura del orden público, la controvertida disposición que el presidente Trump invocó para enviar tropas a California.

Recurrir a la Guardia Nacional para gestionar disturbios públicos ya se ha hecho anteriormente, pero el despliegue actual es inusual. Durante las protestas generalizadas de Black Lives Matter, en 2020, más de la mitad de los estados del país activaron a la Guardia Nacional para mantener el orden y ayudar a hacer cumplir los toques de queda.

Antes de eso, también fueron desplegados en Los Ángeles en 1992 para responder a los disturbios que se produjeron después de que los agentes de policía que habían golpeado al automovilista Rodney King fueran absueltos en el juicio.

En aquel momento, los disturbios, saqueos e incendios provocados se extendieron por toda la ciudad, con decenas de muertos y miles de heridos. La Guardia Nacional fue igualmente desplegada durante la época de las luchas por los derechos civiles, en los años 1950 y 1960, para ayudar a hacer cumplir las leyes contra la segregación racial en las escuelas, tras una histórica sentencia del Tribunal Supremo.

• Ballymena, Reino Unido. AFP.

Cientos de personas se congregaron el miércoles en las calles de la localidad de Ballymena, en Irlanda del Norte, en la tercera noche de tensiones antiinmigrantes, ante una fuerte presencia policial. Las dos noches previas fueron marcadas por la intensa violencia que la policía calificó como “matonismo racista”.

Los primeros focos de violencia estallaron el lunes por la noche al final de una concentración en apoyo a la joven víctima de un presunto intento de violación y a su familia. Sin embargo, el miércoles las multitudes se dispersaron sin la misma violencia registrada antes y que dejó casas y comercios incendiados y 32 policías heridos.

La policía vigilaba con escudos antimotines y cañones de agua a los cientos de manifestantes que caminaron la noche del miércoles por el centro de esa localidad de 31.000 habitantes. El subjefe policial Ryan Henderson dijo que pidió apoyo a las policías de Inglaterra y Gales para contener los disturbios. El martes, seis personas fueron detenidas y 17 policías resultaron heridos en los disturbios desencadenados tras la imputación de dos adolescentes por el intento de violación de una joven.

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El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, condenó el miércoles la violencia “irracional” en Irlanda del Norte. También se registraron “disturbios esporádicos” en otras partes de esta provincia británica, especialmente en Belfast. La policía, que ha señalado que los actos violentos están motivados “por consideraciones raciales”, evitó informar sobre el origen de los dos jóvenes de 14 años imputados por el intento de violación en Ballymena.

Según medios británicos, se expresaron a través de un intérprete rumano durante su comparecencia ante el tribunal el lunes. Los incidentes ocurrieron especialmente en zonas donde viven migrantes rumanos en esta ciudad situada a unos 50 kilómetros al noroeste de Belfast. “Condeno firmemente la violencia de la pasada noche en Ballymena y en otras regiones de Irlanda del Norte, en particular contra agentes de policía”, declaró Starmer ante el Parlamento.

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• Los Ángeles, Estados Unidos.

Las protestas contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump se multiplicaron por Estados Unidos el miércoles a pesar del despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles y las amenazas de represión. Más de 1.000 personas se congregaron en la segunda ciudad más grande del país para participar en esta sexta jornada de movilizaciones, que transcurrieron de forma pacífica por las calles.

Una segunda noche de toque de queda también entró en vigor en el centro de la metrópolis como medida para controlar los actos de vandalismo y saqueos que se produjeron en días anteriores. “Diría que, en general, todo está en orden aquí en la Zona Cero”, declaró a la AFP la manifestante Lynn Sturgis, una maestra jubilada de 66 años.

“Nuestra ciudad no está en llamas, no se está quemando, como nuestro terrible líder intenta decirles”, añadió en referencia al presidente Trump. El magnate republicano había dicho poco antes en redes sociales: “Si nuestras tropas no entraran en Los Ángeles, ahora mismo estaría ardiendo”. Añadió que sus habitantes tuvieron “mucha suerte”.

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Alrededor de 1.000 reservistas de los 4.700 que Trump ordenó enviar a la ciudad vigilaban la zona y trabajaban en estrecha colaboración con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó Scott Sherman, al mando de las operaciones. En el resto figuran 700 Marines en activo, algunos de los cuales reciben entrenamiento para lidiar con disturbios civiles, añadió.

El Pentágono ha declarado que el despliegue costará a los contribuyentes 134 millones de dólares. Las protestas estallaron debido a la dureza de las redadas contra los migrantes que se encuentran ilegalmente en el país. Los agentes los detienen en la calle, escuelas, lugares de trabajo o cuando comparecen en los tribunales, denuncian abogados y organizaciones de defensa de los derechos civiles.

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“Desde el 6 de junio, ha habido 330 migrantes ilegales arrestados como parte de estos disturbios en Los Ángeles”, de los cuales 113 con “condenas penales previas”, afirmó el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. “El presidente Trump nunca permitirá que el gobierno de la turba prevalezca en Estados Unidos”, dijo la vocera, según la cual “el deber más básico del gobierno es preservar la ley y el orden”.

Trump ganó las elecciones en parte gracias a su retórica antimigrantes y aprovecha la oportunidad para sacar rédito político. El gobernador de California, Gavin Newsom, opuesto al despliegue de militares, estimó el martes que “la democracia está bajo ataque”.

Trump afirmó que, si él fuera su zar fronterizo, Tom Homan, arrestaría a Newsom, considerado posible candidato presidencial demócrata para 2028. Según la Constitución el actual mandatario no podría volver a presentarse al cargo en las próximas elecciones.

Leavitt añadió leña al fuego: “Newsom afirmó que las medidas de control migratorio causan caos. Así de radicales se han vuelto los demócratas”. “Su oposición al presidente Trump los ha obligado a aliarse con los delincuentes indocumentados en sus comunidades, con violentos alborotadores y saqueadores, en lugar de con los agentes del orden público que simplemente hacen su trabajo”, lanzó.

A pesar de las amenazas de Trump de desplegar la Guardia Nacional en otros estados gobernados por demócratas, las protestas se propagan. Durante el día se celebraron manifestaciones contra la represión migratoria en Nueva York, San Luis (Misuri), Indianápolis (Indiana), Raleigh (Carolina del Norte), Denver (Colorado) y Spokane (Washington).

En esa última ciudad, la alcaldesa Lisa Brown también declaró la noche del miércoles un toque de queda ante las protestas. Horas antes, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, había anunciado el despliegue de la Guardia Nacional contra una manifestación prevista en San Antonio.

Los organizadores amenazan, por su parte, con más manifestaciones el sábado, cuando Trump presidirá un desfile militar en el centro de Washington. En un discurso en una base militar el martes, Trump advirtió que cualquier protesta durante el desfile militar de Washington se toparía con una “fuerza” muy contundente. El desfile con aviones de guerra y tanques, organizado para celebrar el 250 aniversario de la fundación del Ejército de Estados Unidos coincide con el día del 79 cumpleaños de Trump.

La administración Trump considera las protestas como una amenaza a la nación. “No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero”, advirtió el presidente el martes. Los manifestantes y el opositor Partido Demócrata acusan a Trump de crear una crisis para justificar una represión autoritaria.