• Jorge Zárate
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• Fotos: Archivo/Gentileza

Tiene una presencia ya histórica en el país y la mayoría de las víctimas son mujeres. Los sobrevivientes suelen desarrollar depresión, ansiedad y estrés postraumático. Los traficantes utilizan cada vez más las redes sociales para reclutarlas, lo que hace difícil rastrear el origen. Este año se instaló una oficina en el Ministerio del Interior para ocuparse de este delito que crece en el mundo, donde los repudiables casos de esclavitud se multiplican.

Un grupo de chicas que se escapan de un prostíbulo de la Patagonia argentina, una banda de camioneros detenidos por llevar mujeres jóvenes a lupanares de Chile, unos primos paraguayos rescatados de una finca agrícola brasileña, otro grupo de un taller clandestino de costura en Sao Paulo. Las noticias se reiteran en una secuencia que da cuenta de un problema muy grande.

“Tuvimos casos con compatriotas en Turquía, Corea y Japón”, dice Teresa Martínez, flamante titular de la Secretaría Ejecutiva de Trata de Personas, que en sus tiempos de agente fiscal se especializara en este delito que crece en el mundo.

Recuerda aún con sorpresa la situación en Japón, “porque ellos tienen controles muy estrictos”, dice contando que fue un caso de trata laboral, en el que llevaron a un grupo de paraguayos a trabajar en una fábrica metalúrgica de la rama de las autopartes.

“Eran como una suerte de empresas tercerizadas donde los capataces se quedaban con buena parte del salario de las personas, era un caso de esclavitud. Vivían en muy malas condiciones, pasaban frío en el lugar donde pernoctaban, estaban mal alimentados, todo muy feo…”, señala.

Explica que en general la trata es un delito autónomo, aunque últimamente se comenzaron a ver “vínculos con el narco­tráfico”.

También que “el mito de que en el exterior se está mejor y se gana más dinero” es la llave para convencer a jóvenes que no tienen esperanza laboral en el país o que tienen poca capa­citación.

Apunta “que cada vez se hace más difícil detectar las redes porque van cambiando los sis­temas de captación, ahora se hace muy difícil prevenir, casi siempre los encontramos ya en destino”. Las tecnologías de comunicación les facilitan las cosas, aunque “en buenas investigaciones también les puede jugar en contra”, dice Martínez, respaldada en la experiencia.

En el caso de las chicas que son captadas para prostituirse, cuenta que otras mujeres que fueron forzadas a ejercer el ofi­cio “vienen desde el exterior a hacer la captación. Es muy triste”, apunta.

Martínez, desde su nuevo rol, tiene a cargo el llamado Programa contra la Trata de Personas, que buscar articular acciones entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y otros organismos del Estado “para una respuesta integral y basada en los derechos humanos”, mencionaron al ponerlo en marcha.

Cuenta que se trabaja en la elaboración del presupuesto de la entidad, que partirá de un piso de un millón de dólares anuales, pero que se necesitará incrementarlo en el tiempo con el fondo previsto en la ley.

“El principal desafío es desarrollar una política de prevención”, expresa recordando que el costo para el Estado en la recuperación de un “sobreviviente a la trata es muy elevado”.

Parte de ella será “fortalecer las medidas de control en las fronteras y las zonas de captación identificadas”, que de acuerdo a los reportes están principalmente en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Puerto José Falcón.

También vale mencionar que el río Paraguay tiene en sus zonas portuarias núcleos de explotación sexual de mujeres menores y adultas en Central, Ñeembucú, San Pedro y Concepción.

“Es importante que el combate se dé con más datos, información, recursos humanos y tecnología”, describe Martínez mencionando que entre los desafíos está también aumentar la financiación y la dotación de personal de la Unidad Antitrata de la Policía Nacional (PNPTU).

Para Luz Ibarra, especialista del Ministerio de la Mujer, “el trabajo en fronteras debe ser absolutamente prioridad”, recordando el vínculo de la trata con el tráfico de drogas, donde adolescentes son usados como mulas para el trasporte de estupefacientes, en un delito que suele ser el paso introductorio a una explotación aún peor.

Carina Sánchez, fiscala de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, insiste en un punto: “Esperemos que muy pronto el programa cuente con los fondos necesarios para ejecutar las acciones”.

Algo que debe hacerse contra verdaderas mafias que “exportan”, principalmente mujeres, pero también jóvenes y adultos trabajadores a países de la región e inclusive a Europa y otros continentes en un delito que requiere especialización permanente para su combate.

Datos del Ministerio Público revelaron que hubo 392 causas contra la trata de personas en los últimos seis años, un número alto que responde a situaciones diversas.

Lo impactante es que lo que más se llevan son mujeres jóvenes y un 71 % de los casos atendidos fueron en su mayoría víctimas de la explotación sexual.

Lo triste es que hay un número importante de denuncias donde familiares y amigos de las víctimas aparecen como los entregadores.

Los que sufrieron trata, por miedo y lógico temor a represalias, no suelen contar quién los hizo caer, pero es curioso que un 15 % de ellos señalan a personas cercanas contra un 5 % que se atreve a denunciar a redes criminales o captadores que los contactaron en viajes internacionales.

Para Luz Ibarra, especialista en el tema del Ministerio de la Mujer, el número nacional no escapa de la realidad mundial: “A nivel global tenemos un 76 % de mujeres afectadas por la trata de personas. El 50 % son menores de 18 años y se ha notado un sensible aumento. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, su sigla en inglés) dio cuenta de que la trata creció un 25 % en comparación a datos del 2019 y también tenemos una exponencial situación en cuanto al trabajo forzoso”.

La fiscala Sánchez destaca “el trabajo conjunto con países como España y Francia”, pero coincide en que se vive una situación que obliga a extremar trabajos. “Hemos fortalecido la persecución penal y también trabajado en la atención y pro­tección de víctimas”, apunta.

A pesar de ello, Ibarra recuerda que todavía son muy pocos los que fueron a las cárceles por cometer este delito: “Debe­mos reforzar las respuestas de la justicia penal porque si no se lleva a los delincuentes, a los captores, a las redes, a la delincuencia organizada a los estrados judiciales y se logra la penalización ejemplificadora es muy difícil pelear en contra de este crimen”.

A su turno, Ibarra describe que en la Dirección General de Prevención y Atención a Vícti­mas de Trata de Personas, que está a su cargo en el Ministerio de la Mujer (MM), “tenemos funcionarias que ya tienen una especialización dentro del cen­tro de referencias. Asimismo, contamos con un albergue transitorio para protección integral a las personas afecta­das por la trata”.

Allí se cumple con “un proto­colo de atención inmediata”, apunta explicando que tam­bién se está desarrollando lo propio con las gobernaciones de Itapúa, Alto Paraná, Ñeem­bucú, San Pedro, Caaguazú y Concepción.

También se apunta a capacitar a “los alumnos de la Media, los profesores, el cuerpo docente y la comunidad educativa, por­que creemos que es importan­tísimo que ellos conozcan que la trata existe, que cualquier persona de cualquier nivel social o educativo puede ser víctima”.

Para ello está en marcha la campaña internacional #pue­desertrata y la nacional “Con la trata no se trata”, que se dio a través de “un curso virtual a través de una malla curricu­lar establecida en ocho módu­los que tuvo un alcance a nivel nacional dirigido a funciona­rios y funcionarias, operado­res de justicia y de seguridad, así como el sistema de salud, que fue realmente un hito en cuanto a la difusión, la capa­citación y el conocimiento de lo que es la trata de personas”, reseña Ibarra.

“Hemos capacitado casi 300 personas que ayudarán a que haya un conocimiento más generalizado de la población en general para que puedan conte­ner a su familia, a la comunidad en la que viven para que no cai­gan en las falsas promesas”, concluye.

Estrés postraumático, ansiedad, depresión, estigmatización social son padeceres comunes de los sobrevivientes de la trata de personas.

Luz Ibarra, del Ministerio de la Mujer, explica que “el Estado debe brindar una protección integral con agentes o personal o funcionarios especializados para hacer que las mismas entren en confianza y, por sobre todo, se reconozcan como víctimas”.

Sentir que alguien las está persiguiendo, no tener ya fe en la vida, pér­dida de la autoestima son síntomas que sufren, por lo que necesitan “asistencia psicológica, denuncia oportuna y apoyo familiar”.

Más allá de esta fórmula, “debe entenderse que ellas están siempre pensando que son vigiladas por los tratantes o las personas conec­tadas con ellos, ya que muchas de las víctimas son reclutadas localmente y saben que están en su entorno los delincuentes y obviamente se encuentran en un estado de angustia y de permanentes dudas”.

Otra preocupación es la económica: “También quedan con deudas pendientes porque el tratante generalmente les engaña con unos contratos donde ellas supuestamente tendrán grandes ganancias y, sin embargo, las deudas hacen que aún en el rescate ellas queden preocupadas por esa situación teniendo en cuenta que son vulnera­bles a venganzas en su contra o quizás contra su fami­lia”, describe.

Luz Ibarra, del Ministerio de la Mujer, recuerda que “la violencia en cuanto a la manipulación emocional, la sustracción de los documentos, las agencias de empleo fraudulentas y las falsas promesas de educación y oportunidades laborales son propicias para los engaños y de la coerción a las víctimas”.

El país tiene un elemento que opera como un facilitador: se estima que 47.000 niños trabajan en situación de criadazgo y son altamente vulnerables a la trata sexual y laboral.

El delito se inicia en “grandes engaños que precipitan a las personas a quedar atrapadas como mercancías en venta y en reventa, porque el ser humano llega a esa escala de valores con estos delincuentes.

Esta es la esclavitud moderna, aplicada no solamente en este país, sino en el mundo”. A su vez, la fiscala Carina Sánchez recuerda que “en muchos casos la presión económica derivada de la crianza de varios hijos constituye un factor que empuja a las mujeres a aceptar riesgos y desplazamientos que incrementan su exposición a la trata, especialmente en su modalidad internacional”.

El grooming o engaño pederasta es el principal método de captación de niños y niñas, “que es una de las formas de violencia de género más grave”, recuerda Ibarra. Con cuentas falsas los delincuentes se hacen pasar por pares y seducen a niños y adolescentes y los inducen a producir material pornográfico o ejercer la prostitución. “Hay que estarse muy atentos, alertar a la ciudadanía de que este tipo de captación es una vía muy moderna con incidencia en todo el mundo”, explica.

• Hubo 392 causas contra la trata de personas en los últimos 6 años.

• 138 causas responden a explotación sexual (prostitución, servidumbre sexual, actos por­nográficos).

• 57 causas están vinculadas a servidumbre, obligación de trabajar y/o prestar servicios.

• 55 fueron de trabajo o servicio forzoso.

• 12 casos fueron de servidumbre de la gleba: persona ligada a tierra ajena, trabaja a cam­bio un pago o servicio, pero sin posibilidad de moverse del lugar.

• 7 causas fueron de explotación económica de otra persona, esclavitud.

• 34 % de los casos se dio en menores de entre 14 y 17 años.

• 27 % fue sobre personas de entre 18 y 29 años.

• 23% fue de personas entre 30 y 55 años.

• 13 % se dio en menores de hasta 13 años.

• De las 392 causas, un total de 181 fueron registrados en territorio nacional frente a 152 denuncias reportadas internacionalmente.

Fuente: Informe del Ministerio Público entre los años 2019 al 2024.

Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) de Perú cegó a la presidenta Dina Boluarte frente a las múltiples investigaciones que enfrentaba en la fiscalía, incluido el escándalo ‘rolexgate’ por relojes de lujo que no declarado entre sus bienes, según un fallo divulgado este martes.

La decisión ordena restablecer la inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo y representa una victoria para la mandataria, una de las más impopulares, según encuestas.

De acuerdo con la corte, las investigaciones quedarán “suspendidas y continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial” después del 28 de julio de 2026, cuando Boluarte concluirá el mandato.

La sentencia, que se aplicará en adelante para los presidentes, fue publicada por el TC en su página web.

Los presidentes podrían ser investigados penalmente, pero solo ser sometidos a un eventual juicio al término de su período.

Boluarte, de 63 años, presentó en abril una demanda ante el TC contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, para frenar las investigaciones en su contra.

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Su defensa presentó el recurso tras el allanamiento a su vivienda y al despacho presidencial en el marco de la investigación por el escándalo que se desató cuando la presidenta apareció con relojes y joyas de lujo que no declarados en su lista de bienes.

Según la fiscalía, las alhajas habrían sido parte de un soborno a cambio de favores políticos.

También era investigada por la muerte de 50 personas durante la represión de las protestas cuando asumió el poder en diciembre de 2022, en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su intento fallido de disolver el Congreso.

Además, tenía un expediente abierto por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley.

Boluarte se ha declarado inocente en todas las causas.

“Este fallo le va a servir a la democracia, no hay impunidad. Termina el mandato y la investigan previa acusación constitucional”, declaró el abogado presidencial Joseph Campos a la radio RPP.

• Fuente: AFP

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La policía de Perú detuvo el martes a dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones de terreno en el distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería sobre el río Amazonas, una zona que recientemente desató una controversia fronteriza entre ambos países. Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territorial en la zona donde los dos países andinos también tienen límites con Brasil. Lima sostiene que en Santa Rosa los residentes y autoridades siempre han sido peruanos.

Según imágenes difundidas por la televisora estatal TVPerú, los colombianos fueron interceptados por agentes policiales y llevados a una comisaría con sus equipos de GPS por realizar trabajos sin autorización. “Han sido intervenidos dos ciudadanos (colombianos) en esta zona de frontera. La policía se va a encargar del procedimiento”, dijo Marcial García, funcionario encargado de Migraciones del Perú en Santa Rosa.

Los detenidos alegaron desconocer que necesitaban un permiso y afirmaron que su labor era demarcar y medir el nivel del terreno para un consorcio de su país con el fin de construir un muelle en la orilla opuesta, en territorio colombiano. “Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, dijo uno de los topógrafos citado por la prensa.

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Los detenidos se identificaron como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón. El incidente es el tercero en la zona desde que el pasado jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla. Ese mismo día un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa y provocó la protesta de Perú por la incursión.

El lunes, el aspirante a la presidencia colombiana y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, plantó en Santa Rosa la bandera de su país tras cruzar en bote el Amazonas. Las autoridades peruanas la retiraron minutos después. Los cambios del cauce del río Amazonas hacen más compleja la disputa, pues no deja certeza en la línea fronteriza sobre el caudaloso afluente.

La declaración de Petro provocó el enérgico rechazo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Según Lima, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y envió a funcionarios a la zona. Delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.

Fuente: AFP.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció ayer jueves la jurisdicción de Perú sobre una isla en el río Amazonas ubicada en la frontera entre ambos países, una declaración que el gobierno de la mandataria peruana Dina Boluarte rechazó enérgicamente. Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre la línea fronteriza en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas.

La isla Santa Rosa está ubicada en el río Amazonas y en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Según las autoridades peruanas es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y mandó a funcionarios a la zona.

“La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”, aseguró Petro el jueves.

Habló en la ciudad amazónica de Leticia, muy cerca de la isla contestada, adonde trasladó los festejos por el 215 aniversario de la independencia de Colombia por esta disputa. “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, aseguró Petro. El gobierno de Colombia, que hace un año ya había calificado de “ocupación irregular” la presencia peruana en la isla, dijo esta semana que ese territorio nunca fue “asignado” a Perú y pidió que una comisión binacional se pronuncie al respecto.

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El gobierno de Boluarte reaccionó más tarde a los dichos de Petro a través del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, que leyó una declaración desde la isla Santa Rosa, adonde viajó este jueves. “Rechazamos categóricamente estas expresiones que desconocen la soberanía peruana”, señaló Arana ante periodistas y autoridades locales de Santa Rosa.

Desde Japón, donde se encuentra de visita oficial, Boluarte declaró que “nuestra isla Chinería está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte”, según un comunicado. El canciller Elmer Schialer, que la acompaña en ese viaje, había dicho más temprano que Petro “no tiene razón jurídica, ni histórica, ni geográfica”.

“La isla Santa Rosa no es un nuevo islote. Es parte del territorio peruano reconocido desde hace más de un siglo. Esta es una situación que se debe manejar con prudencia, sin escalar tensiones entre pueblos hermanos”, señaló al canal N. Schialer dijo que había propuesto al gobierno colombiano adelantar para el 11 y 12 de septiembre una reunión técnica binacional prevista inicialmente para octubre para tratar temas fronterizos. En su discurso en Leticia, Petro confirmó esa fecha y dijo que la reunión tendrá lugar en Lima.

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Las dinámicas hidrológicas del río Amazonas hacen que la delimitación de la frontera sea compleja. Según un tratado bilateral firmado en 1922, la división territorial se establece en el punto más profundo del río. La disminución del caudal del río Amazonas en los últimos años preocupa a los expertos hidráulicos colombianos, que advierten que el país podría quedarse sin acceso directo al río. Este fenómeno tendría un impacto negativo en Leticia, capital amazónica e importante puerto comercial colombiano.

Lima sostiene que en Santa Rosa los pobladores y las autoridades siempre fueron peruanos. Su población actual es de menos de 3.000 habitantes. “Nosotros hacemos patriotismo peruano” pero queremos buscar “la solidaridad entre las tres fronteras”, dijo el martes a la AFP Walter Rubio, un pescador de 43 años y local de la isla.

Fuente: AFP.