El hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue acusado a última hora del jueves por nueve cargos de fraude fiscal. Esta es la segunda vez en el año que Hunter Biden es acusado por un fiscal especial que investiga sus tratos personales y comerciales.
Hunter Biden “se comprometió en un plan de cuatro años para no pagar al menos 1,4 millones de dólares en impuestos federales que debía por los años fiscales de 2016 a 2019″, dijo el fiscal David Weiss en una acusación de 56 páginas presentada en la corte del distrito de California.
Biden fue acusado de nueve cargos por no declarar y pagar impuestos, evasión y por hacer declaraciones falsas de devolución de impuestos, dice la acusación. Los nuevos cargos se proyectan como una nueva vergüenza para Joe Biden, en un momento clave en la carrera por su reelección en 2024 y con los republicanos acusándolo de beneficiarse de los negocios de su hijo en el extranjero.
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El hijo menor del presidente estadounidense antes fue acusado por mentir sobre su uso de drogas en una solicitud federal para comprar un arma, y se declaró inocente. Joe Biden ha insistido en que apoya a su hijo pese a su comportamiento problemático.
“Un estilo de vida de gastos extravagantes”
La nueva imputación afirma que Hunter Biden ganó más de 7 millones de dólares entre 2016 y 2020, dinero que destinó a darse “un estilo de vida de gastos extravagantes” y por el cual “decidió no pagar impuestos”. Añadió que en ese periodo “gastó este dinero en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y renta de propiedades, carros exóticos, ropa, (...) todo menos sus impuestos”.
Los republicanos abrieron una investigación de juicio político en el Congreso para probar una supuesta conspiración criminal de la familia Biden, pero no han suministrado pruebas que comprometan al presidente con un delito. Hunter es abogado formado en Yale y lobista devenido en artista, sin embargo su vida se ha visto empañada por el alcoholismo y su adicción al crack.
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Fuente: AFP
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Boidanich refuta acusación fiscal y afirma que se cumplieron con todos los trámites
El exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes), Óscar Boidanich, refutó la acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, quienes alegan que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El 12 de junio de 2024, el juez Rodrigo Estigarribia decretó el sobreseimiento provisional del exministro, quien fue imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal, junto con los exfuncionarios de Seprelad, Raquel Cuevas, exdirectora general de Análisis Financiero, y Melissa Parodi, exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos.
El pedido de sobreseimiento provisional fue firmado por la fiscal adjunta Matilde Moreno, tras un trámite de oposición. Sin embargo, el pasado 11 de junio, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor acusaron y pidieron juicio oral contra Boidanich por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal. Ayer martes, el juez Estigarribia resolvió la reapertura de la causa y fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 7 de julio
Solicitud al Brasil
En entrevista con el programa “La caja negra”, Boidanich detalló cuáles fueron los procesos y los trabajos realizados por la Seprelad en su gestión, y refutó las acusaciones en su contra que habría retenido la información en torno al financista brasileño Messer.
Boidanich indicó que, el 20 de octubre del 2016, la Unidad Financiera de Paraguay solicitó información el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, que fue la primera información que envió la Seprelad sobre Darío Messer, alertando sobre las actividades del mismo.
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“Tiene un peso muy significativo en la investigación que está haciendo la fiscalía puesto que en un principio se sostuvo que cuando la COAF, nuestros pares de Brasil, recién nos alertaron, nosotros iniciamos todo este proceso, sin embargo, ya en el 2016, nosotros como cooperación, como unidad de inteligencia financiera, enviamos a nuestro par de Brasil, significando que estábamos haciendo una investigación al señor Darío Messer porque tenía nacionalidad brasilera”, explicó.
Agregó que, los pares de Brasil agradecieron este informe y dijeron que “ellos tenían reportes que iban a utilizar también eso. Posterior a eso, nos pide autorización para que esas informaciones remitidas puedan utilizar ellos en su investigación, de doble utilidad realmente fue”.
Proceso de investigación
El Ministerio Público habla de una demora injustificada en la entrega de los informes de la Seprelad, entonces a cargo de Boidanich, quien explicó que desde la institución se realizaron todos los procesos en tiempo y forma. Así también, señaló que en esta investigación primaron dos pilares fundamentales: evitar filtraciones y consolidar las pruebas.
“Siempre en el área de análisis llegan los reportes, se hacen los análisis pertinentes y empieza un proceso de análisis que lleva mucho tiempo porque muchos de esos datos se requieren y se realizan en forma manual”, describió.
Boidanich indicó que existe un problema en este proceso porque no se cuenta con una forma efectiva de recopilar datos, por lo que normalmente se realizan en forma manual o en forma telefónica. Explicó que se realizaron visitas a sus pares, ya sea el Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaría de Tributación (SET, hoy DNIT), Ministerio de Relaciones Exteriores, para la realización de todas las consultas pertinentes.
“Recopilar todos esos datos lleva su tiempo y hacer un buen análisis. Hay dos pilares fundamentales dentro del proceso de análisis, uno que no se filtre la información, entonces se requiere mucha cautela hacer la investigación porque al requerir algunos de los sujetos obligados, algún dato puede filtrarse”, apuntó.
Por otro lado, señaló que el informe tiene que estar bien elaborado con el marco de sospecha que de alguna manera que le indique o le lleve de la mano ya a la fiscalía para que pueda realizar una imputación. “¿Qué pasa si enviamos un informe medio, que no tiene elementos necesarios? El Ministerio Público te devuelve con una resolución diciendo, no tiene suficientes méritos, sigan investigando”, refirió.
Concluyó que, para evitar eso, se debe elaborar un informe completo, concreto, por lo que estos dos pilares, el secreto, que no se tiene que filtrar se realizó y se cuidó. “El Ministerio Público dice que nosotros retuvimos o tratamos de sostener eso para que el señor Messer siga realizando cosas”, cuestionó.
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Acusaron a jubilados de estafa, ante presunto cobro por gestión de títulos falsos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Docentes fueron acusados por los hechos de estafa y producción de documentos no auténticos, por el fiscal Alberto Torres Flores, de Presidente Franco. Genaro Martínez Moreno (54) y Aurelio Santacruz Gaona (55), habrían cobrado dinero por una validación irregular de título profesional en el Ministerio de Educación y Ciencias.
Uno de los acusados es jubilado, exdecano y propietario de una universidad privada. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde. De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se inician en Otaño, Itapúa.
Norma Beatriz Quiñónez de González y Marta Lorenza Pérez Escobar culminaron en el año 2021 la carrera de profesorado en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos, en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), sede de Mayor Otaño, obteniendo sus respectivos certificados académicos.
Sin embargo, al culminar sus estudios, ambas fueron notificadas por la institución sobre la falta de acreditación oficial de la carrera ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), motivo por el cual solo se les otorgó el título de “Licenciada en Educación Inicial”.
Los hoy acusados contactaron con las víctimas para ofrecerles gestiones ante el Instituto de Formación Docente Virgen de Fátima, de Lambaré, para que obtengan el título de “profesora en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos” y los certificados correspondientes.
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“Mediante declaraciones falsas, los sindicados convencieron a las víctimas de pagar presuntamente la suma de 25 millones de guaraníes para convalidar todas las materias cursadas en la UPAP”, refiere el escrito fiscal de Acusación.
Luego, tras recibir el pago en la ciudad de Los Cedrales, los hoy acusados “entregaron a las víctimas documentos apócrifos que presentaron como auténticos, consistentes en títulos y certificados expedidos presuntamente por el Instituto Virgen de Fátima en el año 2021”.
Posteriormente, el acusado Genaro Martínez Moreno, presumiblemente completó formularios oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con datos falsificados y registró los documentos fraudulentos en el sistema SIGMEC, con firmas adulteradas de las víctimas.
Cuando las maestras presentaron estos documentos ante el MEC, fueron informadas que los títulos y certificados no fueron validados por contener información falsa, y recibieron apercibimientos por presentar documentos apócrifos.
Las afectadas presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, los “gestores” imputados y tras completarse el plazo, el fiscal Alberto Torres presentó la acusación y solicitó la apertura de juicio oral contra Genaro Martínez Moreno y Aurelio Santacruz Gaona.
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Acusan a un hombre por feminicidio en proceso que se intentó pasar como suicidio
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Luis Trinidad Colmán, de la Unidad Penal N° 4 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, presentó acusación por feminicidio contra un hombre y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral. El supuesto victimario, Edgar René Dávalos Martínez, habría asesinado a su pareja, pero presentó el hecho como un supuesto suicidio.
La investigación penal y los estudios forenses descartaron dicha versión, concluyendo que el acusado, presuntamente, produjo una asfixia mecánica a la víctima, según el agente del Ministerio Público.
El crimen ocurrió 4 de diciembre de 2024, en horas de la madrugada, en una vivienda del kilómetro 9 Monday de Ciudad del Este. Resultó víctima fatal Marina Benítez, de 23 años. En esa ocasión, el hombre habría cometido el hecho tras una discusión en el ámbito familiar.
El acusado habría derribado a la víctima, colocándose sobre su torso para ejercer presión sobre su cuerpo, lo que causó la obstrucción de sus vías respiratorias y una asfixia mecánica por sofocación, ante una compresión toraco-abdominal que derivó en la muerte de la mujer, según concluyó la autopsia, refiere el escrito de acusación.
Tras el supuesto crimen, Dávalos Martínez habría montado una escena de suicidio, simulando que su pareja se había quitado la vida. El informe final de la autopsia, realizada en la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, descartó el suicidio.
El examen traumatológico reveló hematomas en el muslo izquierdo y una excoriación lineal en el cuello, mientras que los estudios hepatológicos mostraron edema y hemorragia marcada en los pulmones, signos consistentes con asfixia. Es lo que indica la acusación, en base a los estudios médico forenses.
La investigación fiscal también incluyó el testimonio de Pablina Benítez, madre de la víctima, quien refirió que su hija sufría violencia familiar y maltratos constantes por parte del acusado. Otros testigos, incluyendo vecinos y familiares, coincidieron en que Marina Benítez era constantemente víctima de violencia por parte de Dávalos Martínez.
La Fiscalía considera que los estudios científicos y los demás elementos de prueba recabados, son suficientes para sostener que el caso no se trató de un suicidio, sino de un feminicidio premeditado. El requerimiento conclusivo fue elevado al Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos.
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Fiscalía acusó por contrabando a exsenador argentino
El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó acusación contra el exsenador argentino, Edgardo Darío Kuieder y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, por el hecho punible de contrabando. Esto, al no justificar la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos que intentaron ingresar a Paraguay. El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público.
El hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2024, a la 01:30. Personal de la Armada Paraguaya, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional realizaron una intervención en la zona primaria de la Aduana del Puente de la Amistad donde se pudo detectar.
Durante el procedimiento fue incautado un vehículo Chevrolet con matrícula argentina, en cuyo interior se hallaron importantes sumas de dinero en efectivo que no fueron declaradas conforme a las exigencias legales.
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De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
Ahora el juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la acusación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva o no a un juicio oral y público.
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