Un tribunal brasileño rechazó una demanda de 10.000 reales (unos 18.600 euros) presentada por el expresidente Jair Bolsonaro contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, por llamarle “delincuente” y “gángster”.
La Sala Civil Séptima del Tribunal de Justicia de Distrito Federal rechazó por unanimidad el recurso de apelación presentada por la acusación de Bolsonaro, que alegaba perjuicios y daños morales, manteniendo así la decisión de primera instancia, informa el diario ‘O Globo’.
Lula se despachó con Bolsonaro de esta manera en un discurso que dio en junio de este año en Belém para anunciar que la capital del estado de Pará acogerá en 2025 la conferencia del clima de Naciones Unidas.
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“Cuando decidí presentarme nuevamente a la presidencia de la república, sabía a lo que me iba a enfrentar. No sé si están al corriente (...), se gastaron 300.000 millones de reales (casi 56.000 millones de euros) en este país para que el gángster que estaba allí pudiera seguir gobernando”, dijo.
Asimismo, la queja presentada por el expresidente también hacía referencia a otras declaraciones de Lula en las que le relacionaba con la mansión que tiene en Estados Unidos el hermano de quien era su colaborador, ahora en prisión, el teniente coronel Mauro Cid.
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Fuente: Europa Press
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Piden archivar demanda civil, pero juez dilata porque tendría algún interés
El abogado Rubén Melgarejo Lanzoni, representante legal de Jorge Edmundo Roa, socio cuotista de la firma Everest Ingeniería S.R.L., solicitó la desestimación de la acción, es decir, el archivamiento de la demanda el pasado 11 de agosto al Juzgado en lo Civil a cargo de Heinrich Fabián Von Lücken Gamarra, pero hasta el momento, el referido magistrado no hizo lugar al archivo de la demanda.
Dicha situación llama poderosamente la atención porque existiría algún tipo de interés del juez en el presente juicio civil.
Este caso debe llamar la atención de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en especial de los integrantes de la Sala Civil de la máxima instancia y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El pasado 20 de agosto el abogado Melgarejo Lanzoni volvió a presentar un segundo urgimiento al juez Von Lücken Gamarra, pero el mismo no hizo caso a la presentación formulada por el citado profesional del derecho.
El presente litigio judicial está caratulado como “Jorge Edmundo Roa Espinoza contra Teresa Dejesús Mereles Villalba sobre nulidad de acto jurídico”.
Igualmente, en el presente juicio civil, el juez primeramente designó como administrador judicial al ingeniero Jorge Edmundo Roa, pero luego, sorpresivamente cambió de postura y designó al licenciado Luis Miguel Gamarra como administrador de la empresa Everest Ingeniería S.R.L con quien tendría un grado de parentesco.
Este caso denota la mora judicial en casos puntuales, en los que están en juego miles de millones de guaraníes, y a la designación en puestos clave, de personas probablemente de su círculo cercano.
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Juicio a Bolsonaro por golpismo se definirá desde el 2 de septiembre
La corte suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que puede llevarlo a la cárcel. El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022.
El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la sala del supremo que lleva el juicio, convocó varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque el veredicto puede tener lugar antes de esa última fecha. De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se habría frustrado por falta de apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas.
Bolsonaro, líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, se ha declarado inocente y dice ser un “perseguido”. El expresidente se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto, ya que el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, consideró que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales.
Pero este sábado dejará su residencia temporalmente para realizarse exámenes médicos en un centro hospitalario en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal también juzga por golpismo a siete excolaboradores de Bolsonaro. El juicio ha desatado una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de “caza de brujas” y en represalia implementó aranceles comerciales de hasta 50% a Brasil. Estados Unidos también impuso sanciones a Moraes y a otros siete magistrados de la corte.
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Veredicto por votación
La sesión fijada para el 2 de septiembre comenzará con la lectura de Moraes de su relatoría del juicio. Luego habrá lugar para las últimas palabras de la fiscalía y las defensas. Finalmente, los jueces darán a conocer sus votos y sus justificaciones sobre la culpabilidad o inocencia de cada acusado en relación con cada delito imputado. Se pronunciarán por turnos y de forma oral y pública. Los acusados, por su parte, pueden optar por estar presentes o no en la sala.
Las fechas para emitir el veredicto sobre Bolsonaro se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas. El llamado a esos actos había sido lanzado previamente, con motivo de la fiesta nacional. Durante el juicio, Bolsonaro no sólo fue indagado sobre la presunta trama golpista sino también sobre un supuesto plan para asesinar al izquierdista Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.
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Bolsonaro negó la existencia de ese plan, aunque admitió haber evaluado “si existía alguna hipótesis de un dispositivo constitucional” para impugnar los resultados de las presidenciales de 2022, que perdió por un estrecho margen y sobre las que aún hoy arroja sospechas de fraude.
El capitán retirado del Ejército se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación brasileño, lo que le impide presentarse a los comicios del próximo año. Bolsonaro también niega responsabilidad en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia pocos días después de la asunción de Lula. La fiscalía ve los disturbios como un último intento del expresidente de aferrarse al poder.
Fuente: AFP.
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Bolsonaro pidió su absolución en los alegatos finales de juicio por golpismo
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió ayer miércoles a la corte suprema su absolución, en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.
Por tanto, “exigen la absolución (...) de todas las acusaciones”. Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula. El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.
Él se declara inocente y dice ser un “perseguido”. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica.
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“No hay manera de condenarlo”
La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una “organización criminal armada” que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario del plan. Según la acusación, el expresidente actuó “de forma sistemática” durante su mandato “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.
El expediente se centra también en reuniones donde se habrían presentado minutas de decreto que incluían la posible prisión de autoridades como jueces de la corte suprema. Pero la defensa subrayó que “no hay manera de condenar” a Bolsonaro “con base en las pruebas presentadas en los autos, que demostraron ampliamente que ordenó la transición” de poder para Lula.
Los abogados también cuestionan la validez de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, sobre cuyo testimonio se sostiene buena parte de la acusación. Los alegatos destacaron que después de las elecciones de 2022, Bolsonaro ordenó la transición del gobierno de forma “pacífica e inmediata”, incluyendo la nominación de comandantes militares indicados por el nuevo gobierno, lo que contradice, según el escrito, la narrativa de un intento de golpe.
La defensa también cuestionó la imputación relacionada con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron las sedes de la Presidencia, la corte suprema y el Congreso. Argumenta que estos fueron “delitos multitudinarios” sin conexión directa con Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos en ese momento. La corte suprema debe juzgar el caso en las próximas semanas.
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Tensión diplomática
La situación judicial del expresidente está en el centro de una fuerte tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El gobierno de Trump suspendió la visa del juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.
Además, Trump impuso aranceles punitivos de 50 % a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra el exmandatario. “La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump al anunciar los gravámenes en una carta destinada a Lula.
Fuente: AFP.
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Brasil busca sumar a Trump al diálogo climático en la COP30
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este martes que planea llamar a Donald Trump para invitarlo a la COP30 en Belém, pero no para hablar sobre los aranceles que el mandatario estadounidense le impuso al país sudamericano porque, según él, Trump “no quiere hablar de eso”.
El anuncio de convite a la mayor cumbre sobre el clima de la ONU llega en medio de una crisis diplomática y comercial entre ambos países por cuenta de las sobretasas de Trump y el juicio que enfrenta en Brasil el exmandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense.
“Voy a llamar a Trump para invitarlo a la COP, porque quiero saber qué piensa sobre la cuestión climática”, dijo Lula, en vísperas de la entrada en vigor de los nuevos aranceles.
Al inicio de su mandato, Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015, poniendo en peligro los esfuerzos mundiales contra el calentamiento global. Desde entonces, se ha mantenido en una política de escepticismo frente a este fenómeno.
La COP30 tendrá lugar en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.
Lula, indicó este martes que no quiere tratar con su homólogo el espinoso tema de los aranceles: “Sé que no quiere hablar de eso”, dijo durante una ceremonia oficial en Brasilia.
El 30 de julio, Washington anunció un recargo del 40% sobre una parte de los productos brasileños exportados a Estados Unidos, que se suma al 10% de aranceles ya anunciados en abril.
Trump justificó esa medida con razones políticas, al denunciar una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro, predecesor de Lula, que está bajo arresto domiciliario desde el lunes por una supuesta tentativa de obstruir el juicio que enfrenta por cargos de golpismo.
Lula criticó el “hito lamentable” que los recargos marcan en la relación bilateral. “El presidente norteamericano no tenía derecho de anunciar esos aranceles como los anunció”, enfatizó el mandatario izquierdista.
El presidente brasileño no mencionó el arresto de Bolsonaro, acusado de liderar una conspiración para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, cuando fue derrotado por el propio Lula.
El lunes por la noche, el juez Alexandre de Moraes, a cargo de este juicio que debe concluir en las próximas semanas, ordenó su arresto domiciliario por incumplimiento de las medidas impuestas a mediados de julio, cuando le prohibió expresarse en las redes sociales.
En la Cámara de Diputados en Brasilia, legisladores bolsonaristas denunciaron el martes una “censura” contra su líder pegándose una cinta adhesiva en la boca. Anticiparon una “obstrucción” a los tramites del legislativo como forma de protesta y afirman que impedirán físicamente la realización de los debates.
Fuente: AFP