La justicia argentina designó este martes al tribunal oral que juzgará a los ocho profesionales de la salud acusados por la muerte del ídolo deportivo Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
La causa fue asignada al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, 20 km al norte de Buenos Aires, integrada por dos jueces y un tercero que debe ser nombrado, indicaron fuentes judiciales a la prensa. Todavía resta fijar la fecha de inicio del juicio.
Un tribunal de apelaciones resolvió en abril que el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros seis acusados, todos en libertad, fueran juzgados por “homicidio simple con dolo eventual”, y podrían recibir penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El juez de primera instancia Orlando Díaz validó el informe de la Fiscalía que había calificado el cuidado médico de Maradona, de 60 años, como “temerario” y “deficiente”.
Maradona, reconocido como uno de los grandes astros de la historia del fútbol y emblema de la selección albiceleste, falleció en su lecho de enfermo, convaleciente de una cirugía por un hematoma en la cabeza sufrido en un accidente hogareño.
El deceso se produjo cuando el capitán del seleccionado campeón en el Mundial de México-1986 se encontraba bajo internación domiciliaria, en una residencia de un barrio privado de Tigre, a 40 km al norte de Buenos Aires.
Fuente: AFP
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En octubre debe comenzar un segundo juicio oral al exfiscal general y su esposa
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Adriana Planás Sonia Sánchez y Matías Garcete, fijó para el 1 de octubre a las 8:30, el inicio del segundo juicio oral y público contra el exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Díaz Verón y su esposa serán nuevamente juzgados por resolución del Tribunal de Apelación que anuló la absolución que dictaron los jueces de sentencia Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez.
El Tribunal de Apelación Penal en mayoría, con los votos de los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez anuló la absolución de culpa y pena del exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo.
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La camarista Bibiana Benítez señaló en su voto que “habiendo detectado serias violaciones a las reglas legales, fundamentalmente la inobservancia del artículo 175 del Código Procesal Penal, ya que han omitido referirse a pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la citada norma manda a resolver la causa de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas; se han detectado razonamientos absurdos y arbitrarios, que han provocado una falta de fundamentación, por lo que corresponde anular la determinación de primera instancia”, dice el criterio de la mencionada jueza.
Antecedentes
El proceso penal contra la pareja Díaz Verón, Morínigo se inició a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio Público en el año 2019, que señalaba que entre los años 2008 y 2017 los ingresos de Díaz Verón fueron de G. 10.702 millones, mientras que sus egresos alcanzaron los G. 21.143 millones, generando un déficit injustificado de G. 10.495 millones en su patrimonio y en el de su cónyuge.
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Caso Valenzuela: intendenta liberal enfrentará juicio oral
La jefa comunal del Municipio de Valenzuela, Mirtha Fernández y otras seis personas están acusadas, por lesión de confianza, y otros hechos, por un supuesto daño patrimonial de G. 1.199 millones. El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió elevar esta causa a un juicio oral, luego de que la intendenta liberal se haya presentado a los estrados judiciales el pasado lunes, la misma se encontraba prófuga con orden de detención.
El magistrado también dispuso el arresto domiciliario de la autoridad municipal y de los demás acusados en esta causa, también se le otorgó un permiso para trabajar en horas de la mañana, es decir, continuar al frente de la administración local.
La intendenta liberal fue procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones. Este proceso judicial ya se viene arrastrando desde el 2023 con varias chicanas presentadas por los abogados de la jefa comunal, dilatando la audiencia preliminar.
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La imputación se dio en marzo del 2023 por los fiscales de Delitos Económicos Diego Arzamendia y Néstor Coronel. El proceso de investigación se dio ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
Nueva imputación
Por otra parte, el día de ayer la intendenta y otras cinco personas fueron imputadas por la agente fiscal Betti Brítez, de la Fiscalía Zonal de Piribebuy, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso y declaración falsa.
De acuerdo a la fiscalía, esta nueva imputación tiene que ver con un perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad por aproximadamente G. 300 millones, debido a pagos realizados con recursos del Fonacide, en obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado. Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.
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Condenan a 28 años de prisión a septuagenario por abuso sexual de una niña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En juicio oral fue condenado a 28 años prisión un hombre de 70 años, por abuso sexual en niños y coacción sexual. Fue víctima una niña desde los 6 hasta los 11 años. El fallo se dio a conocer este martes 9 de septiembre en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, por el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.
La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, fue quien defendió la acusación en el juicio y el fallo condenatorio de 28 años de prisión, fue lo solicitado por la citada representante del Ministerio Público.
El condenado abusó de su hijastra menor de edad durante varios años y también de la madre de la niña. La misma, se enteró del hecho y pasó a ser sometida a agresiones sexuales, de acuerdo a lo presentado en el juicio.
Los antecedentes indican que los abusos comenzaron en el 2018, cuando la niña tenía seis años de edad, y siguieron sucediendo hasta octubre de 2023, cuando ya tenía 14 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda familiar ubicada en el kilómetro 14 de Minga Guazú.
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Inicialmente, las agresiones consistieron en manoseos, hasta que la niña fue más violentada físicamente, en ocasiones, el agresor sometía a la niña con una sonda puesta, según la exposición de la fiscal. Todo esto fue relatado con detalles por la niña, a una psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, responsabilizando a su padrastro de los vejámenes.
El hombre actuaba con violencia y la amenazaba constantemente con matar a su madre, si revelaba los abusos, según lo expuesto en juicio. Cuando la víctima finalmente le contó a su madre, y esta confrontó a su pareja, también empezó a sufrir terribles castigos físicos y psicológicos, además de ser sometida sexualmente a la fuerza y amenazada de muerte, según la fiscal Coronel.
El abusador llegó al extremo de someter sexualmente a madre e hija al mismo tiempo. Durante la investigación, el médico forense de la Fiscalía, doctor Aníbal Duarte, había confirmado las agresiones sexuales.
Reportaron 1.959 casos en siete meses
De enero a julio de 2025, el Ministerio Público atendió un total de 12.943 niños, niñas y adolescentes víctimas por diferentes hechos punibles, lo que indica 61 niños por día, según los datos Abiertos del Ministerio Público.
De los hechos punibles contra niños y adolescentes, son 1.959 casos de abuso sexual en niños, de enero a julio de 2025 en Paraguay. De la totalidad, encabezan la lista los departamentos Central, con 724 casos y Alto Paraná con 240 casos. Se mantiene la cifra de 88 % de los casos cometidos que tienen como autores a familiares o a personas conocidas del entorno, como el caso que se reporta en este texto.
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Condenan a 6 años de cárcel y envían a prisión a exsíndico de quiebras Blas Velázquez
El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Ortiz, Lourdes Garcete y Manuel Aguirre, condenó a 6 años de cárcel al exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y su posterior uso en vender varias veces un inmueble en el marco de un proceso judicial que ocasionó un perjuicio de G. 519.340.480.
Asimismo, los jueces de sentencia decidieron revocar las medidas y ordenaron que el condenado cumpla de forma efectiva la sentencia por lo que ya ingresará a la cárcel.
El colegido sostuvo que es sumamente grave que una persona utilice el sistema de justicia para sacar ventajas económicas por lo que corresponde condenar al acusado Blas Velázquez a la pena de 6 años de cárcel.
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VENTA IRREGULAR
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la firma Agroganadera Ypyta S.A., solicitó a la fiscala Andrea Vera Urdapilleta que presente la imputación contra el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, quien vendió de forma irregular y a un costo irrisorio varios bienes de la mencionada agroganadera, así como realizó varios pagos millonarios a supuestos funcionarios fantasmas de Ypyta.
El escrito de la denuncia señala que el exsíndico de quiebras vendió de forma directa la estancia Laguna Pora, de 7.430 hectáreas, ubicada en Lorito Picada en el departamento de Amambay, que forma parte como activo de Ypyta S.A.
El valor del establecimiento ganadero sería de G. 150 mil millones de acuerdo a la tasación, pero dicha estancia fue regalada por Velázquez por tan solo G. 31.080 millones.
También se denunció otras irregularidades contra el exsíndico debido a que avaló el pago por la suma de G. 255 millones a varios supuestos funcionarios de la firma Ypyta S.A.
Por su parte, la representante legal de la mencionada agroganadera negó que 11 personas hayan trabajado en dicha empresa y para ello no existe constancia ni tampoco libro laboral o planillas del IPS donde fueron inscriptos los funcionarios fantasmas.
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