Ismael Zambada fue condenado a pasar el resto de sus días en prisión tras un juicio en Estados Unidos.

• AFP

El capo mexicano de la droga Ismael “El Mayo” Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, por haber codirigido el Cártel de Sinaloa. Encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años, Zambada se había declarado culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de ese cartel narcotraficante en agosto de 2025.

Su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos. De 76 años, “el Mayo” fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos el 26 julio de 2024. Asegura que fue engañado por un aliado del cártel para subir a un avión que lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.

A cambio de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses renunciaron a solicitar la pena de muerte. Un comunicado del Departamento de Justicia señaló que el juez federal de distrito Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua en la corte federal de Brooklyn sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal de una “organización criminal continua” y por violaciones de la ley de crimen organizado.

“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente”, declaró el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr. Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas escalando en la estructura del cártel, eludiendo tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido a su llegada en avión a territorio estadounidense al mismo tiempo que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su antiguo socio fundador. Se trató de una trampa: el hijo de Guzmán reconoció haber engañado a Zambada para trasladarlo a Estados Unidos y obtener la indulgencia de los jueces. A su vez se declaró culpable de tráfico de drogas.

Esta traición del hijo de “El Chapo” contra Zambada desató una guerra intestina entre las facciones del cártel de Sinaloa que desde entonces ha dejado más de 1.200 muertos en México. Otros dos hijos de Guzmán siguen activos en el país y dirigen la facción conocida como los “Chapitos”, a la que las autoridades estadounidenses consideran un eje central del tráfico de fentanilo.

Un cuarto hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López, fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos, donde también se declaró culpable de tráfico de drogas y de participación en una organización criminal. México anunció recientemente que lleva a cabo una investigación para determinar si Estados Unidos violó su soberanía al capturar al poderoso capo de la droga.

El FBI exhibió el avión en el que viajaba el narcotraficante cuando fue detenido, presentado como parte de una operación de la policía federal estadounidense (FBI). Sin embargo, en el momento de los hechos, la embajada de Estados Unidos en México había asegurado que ninguna agencia estadounidense había participado en una operación contra Zambada.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo que, si una de las agencias de Estados Unidos participó en la operación, habría violado tratados internacionales y la Constitución mexicana. La relación bilateral con Estados Unidos se ha tensado en particular a raíz de la imputación en abril por la justicia estadounidense del gobernador de Sinaloa, miembro del partido en el poder, acusado de vínculos con el cártel.

El gobernador Rubén Rocha Moya se apartó de sus funciones tras su inculpación por la fiscalía de Nueva York, que reclama su detención y extradición. La presidenta mexicana ha insistido en que se presenten pruebas sólidas en su contra. La fiscalía acusa a Rocha Moya y a otros nueve responsables mexicanos, actuales y pasados, de haberse asociado con el cártel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de estupefacientes en Estados Unidos”.

La justicia estadounidense acusa también a la facción de los “Chapitos” de haber ayudado a Rocha Moya a ser elegido gobernador. Además, en abril, dos agentes estadounidenses murieron accidentalmente durante una operación de la CIA, principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, cuando su entrada en territorio mexicano no había sido autorizada por el gobierno federal, como exige la ley mexicana.

Al menos 2.300 personas han muerto en Haití desde principios de año a causa de la violencia de las bandas criminales, anunció este lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “En Haití, la violencia de las pandillas ha causado al menos 2.300 muertos, 1.100 heridos y 99 secuestros desde principios de año”, declaró Volker Türk ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en la violencia de bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. El Alto Comisionado instó a las autoridades a “actuar con rapidez para establecer estructuras judiciales que permitan combatir la impunidad”.

También pidió continuar desplegando la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), una misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. En septiembre, el Consejo de Seguridad decidió reemplazar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) por la FRG, que podrá contar con hasta 5.500 efectivos uniformados, entre policías y militares.

Fuente: AFP.

Mientras las expectativas por el Mundial de Fútbol 2026 crecen en todo el mundo, algunas selecciones llegan desde contextos marcados por conflictos armados, desplazamientos e incertidumbre. ¿Qué hay detrás del fútbol en países atravesados por crisis humanitarias y conflictos regionales? Las historias de Haití, Congo y Jordania.

Hoy 48 selecciones van por la Copa del Mundo, pero no todas parten del mismo lugar. Haití y Congo enfrentan crisis humanitarias agudas: violencia armada, desplazamiento interno y sistemas de salud al límite. Jordania atraviesa una realidad desafiante: es uno de los países que más refugiados acoge en el mundo. El evento deportivo es una oportunidad de visibilizar realidades que rara vez ocupan la agenda internacional. En estos contextos, equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) brindan atención médica de emergencia, atención materno-infantil, cuidados para sobrevivientes de violencia sexual, rehabilitación y respuesta a brotes epidémicos. Hoy, mientras el fútbol concentra la atención del mundo, también es una ocasión para mirar qué pasa afuera de la cancha.

Haití atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de la región. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la violencia armada y el colapso institucional se profundizaron: grupos armados controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones del país, miles de personas fueron desplazadas y gran parte de la población quedó atrapada entre enfrentamientos y situaciones de violencia.

El deterioro del sistema de salud es extremo. Más del 60 % de las instalaciones sanitarias de Puerto Príncipe están cerradas o fuera de servicio, y solo queda un hospital público con capacidad quirúrgica, completamente desbordado. Mientras tanto, aumentan las necesidades médicas vinculadas a heridas por violencia armada y violencia sexual, utilizada cada vez más como mecanismo de control territorial.

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Los ataques reiterados contra ambulancias, hospitales y personal sanitario agravan todavía más la situación. En varias ocasiones, MSF se vio obligada a suspender actividades y cerrar centros de atención.

Aún en este contexto, Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene su presencia en hospitales, clínicas móviles, servicios materno-infantiles y espacios de atención para sobrevivientes de violencia sexual. Solo en los primeros meses de 2026, se realizaron más de 7.500 consultas médicas y se atendieron más de 4.300 urgencias.

En medio de esta crisis, Haití volverá a jugar un Mundial después de 52 años.

En la República Democrática del Congo (RDC), el desplazamiento se volvió parte de la vida cotidiana. Los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas estatales obligaron a más de 7 millones de personas a abandonar sus hogares, en un contexto de violencia e inestabilidad que sigue deteriorando las condiciones de vida de la población.

A esta situación se suman crisis sanitarias recurrentes. La RDC es, de hecho, el país donde Médicos Sin Fronteras (MSF) desarrolla su mayor número de proyectos médico-humanitarios. Los equipos de la organización trabajan en consultas ambulatorias, campañas de vacunación, programas de hospitalización y tratamiento para la desnutrición infantil e intervenciones quirúrgicas. Además, responden a emergencias epidemiológicas y desastres naturales en diversas regiones del país.

En mayo, se declaró un nuevo brote de Ébola en el este del país, una región afectada desde hace años por la violencia y la inestabilidad. Frente a esta emergencia, MSF desplegó una respuesta a gran escala junto con el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y organizaciones locales. Cientos de trabajadores y trabajadoras de la organización llevan adelante actividades de atención médica, aislamiento y tratamiento de pacientes, vigilancia epidemiológica, rastreos de contactos y medidas de prevención y control de infecciones. MSF tiene una amplia experiencia en la respuesta a brotes de enfermedad por ébola y está movilizando equipos, recursos y materiales para apoyar y colaborar con las autoridades de la RDC.

En medio de este escenario crítico, el país volverá a participar de un Mundial después de 50 años.

Jordania alberga a una de las mayores poblaciones refugiadas de Medio Oriente: personas que huyeron de crisis y conflictos en Irak, Yemen, Sudán y Somalia, además de 2,4 millones de refugiados palestinos, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo (UNRWA).

En Amán, capital del país, Médicos Sin Fronteras (MSF) gestiona un hospital de cirugía reconstructiva. Este centro especializado ofrece atención integral para pacientes que requieren cirugías reconstructivas por heridas de guerra, fracturas, quemaduras, en otras causas, provenientes de diversos conflictos en Medio Oriente.

A nivel general, el programa trabaja de forma continua para crear soluciones innovadoras y mejoras en la atención de todos sus pacientes, tales como prótesis impresas en 3D, mascarillas para quemaduras y un laboratorio especializado en microbiología y resistencia a los antibióticos.

Dentro de este contexto regional, la situación de la Franja de Gaza representa un desafío crítico. En los últimos casi tres años, la escalada de la guerra en Gaza ha causado pérdidas y devastación inimaginables; las personas han sido asesinadas, heridas, sitiadas y desplazadas de manera sistemática.

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Frente a este escenario, los equipos de MSF en Amán brindan atención especializada a heridos de la guerra en Gaza, incluidos niños y niñas evacuados por motivos médicos.

Sin embargo, MSF denuncia que, desde el 1 de enero de 2026, las autoridades israelíes bloquean la mayoría de las evacuaciones médicas de pacientes que necesitan atención especializada fuera de Gaza. Esta medida agrava una situación que ya era crítica: las derivaciones por traslados médicos fuera de la Franja llevaban meses siendo extremadamente limitadas. Como consecuencia, más de 18.500 personas continúan en lista de evacuación médica, incluidos 4.000 niños, según datos de la OMS.

Este año será la primera participación de Jordania en un Mundial. Pero detrás del debut histórico también están las historias de millones de personas desplazadas por las guerras y conflictos de la región.

Un tribunal federal de Miami condenó ayer viernes a cuatro personas por conspirar para matar o secuestrar al presidente haitiano Jovenel Moïse, cuyo asesinato en julio de 2021 en Puerto Príncipe sumió el país caribeño en una gran inestabilidad política que continúa cinco años después. Tras casi nueve semanas de juicio en la ciudad de Florida, el jurado comunicó la condena de los cuatro acusados: el venezolano Antonio Intriago, de 63 años, el colombiano Arcángel Pretel Ortiz, de 53, el estadounidense Walter Veintemilla, de 57, y el haitiano-estadounidense James Solages, de 40.

Además del cargo principal, todos fueron condenados por proporcionar apoyo material a dicha conspiración y participar en una operación armada contra una nación amiga. Los cuatro se enfrentan a cadena perpetua y su sentencia se conocerá en los próximos meses. El asesinato de Moïse agravó el caos que impera en Haití, donde poderosas pandillas controlan casi toda la capital, incluido el aeropuerto, así como las principales carreteras del país.

La nación más pobre de América no ha celebrado elecciones desde 2016 y no tiene presidente desde el magnicidio. El primer ministro interino Alix Didier Fils-Aimé ejerce el poder actualmente con el respaldo de Estados Unidos. Según la investigación, los acusados pusieron en marcha un plan a principios de 2021 para derrocar al presidente Moïse e instalar a un sucesor elegido por ellos, el haitiano-estadounidense Christian Sanon.

Intriago y Ortiz, gestores de la empresa de seguridad CTU en Miami, aspiraban a obtener contratos lucrativos de seguridad con un futuro gobierno presidido por Sanon, cuyo juicio fue aplazado por problemas de salud. Veintemilla se sumó a la trama como financiador y Solages actuó como representante de CTU en Haití, según investigadores.

Para ejecutar el complot, los acusados reclutaron aliados en Estados Unidos, Colombia y Haití, entre ellos 22 exsoldados del ejército colombiano y líderes de pandillas haitianas.

Meses antes del magnicidio, los acusados elaboraron varios planes para secuestrar a Moïse, pero, al no conseguirlo, ordenaron a los mercenarios colombianos que asaltaran la residencia presidencial y lo mataran.

El 7 de julio de 2021, Solages y los mercenarios del país sudamericano tirotearon a Moïse, de 53 años, en su dormitorio y dejaron gravemente herida a su esposa, Martine, sin que sus guardaespaldas intervinieran.

Otros ocho coacusados en este caso, incluidos dos de los mercenarios colombianos y varios de los aliados haitianos y estadounidenses del grupo, ya se habían declarado culpables por su participación en la conspiración. La mayoría de los exsoldados colombianos están encarcelados en Haití, en un caso separado.

Fuente: AFP.