Perú castigará hasta con cadena perpetua el robo de un teléfono móvil que involucre lesiones o la muerte de la víctima, según una reforma al código penal aprobada por el gobierno. “La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental”, indicó la nueva norma publicada este viernes en la gaceta oficial.
La medida endurece la sanción por el robo de celulares, el hurto más común en Perú. Antes era considerado un delito común con penas de entre 3 hasta 8 años. Con la reforma penal, la pena mínima será de 12 años.
Según las autoridades locales, en el primer semestre del año se reportaron al menos 860.363 celulares robados en Perú. Se estima que unos 4.500 aparatos son robados a diario. En Perú se aplica cadena perpetua en 11 tipos de delitos, entre los cuales el feminicidio, sicariato y la explotación sexual de menores seguida de asesinato.
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Fuente: AFP.
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Máximo tribunal de Perú blinda a Boluarte frente a múltiples investigaciones
Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) de Perú cegó a la presidenta Dina Boluarte frente a las múltiples investigaciones que enfrentaba en la fiscalía, incluido el escándalo ‘rolexgate’ por relojes de lujo que no declarado entre sus bienes, según un fallo divulgado este martes.
La decisión ordena restablecer la inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo y representa una victoria para la mandataria, una de las más impopulares, según encuestas.
De acuerdo con la corte, las investigaciones quedarán “suspendidas y continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial” después del 28 de julio de 2026, cuando Boluarte concluirá el mandato.
La sentencia, que se aplicará en adelante para los presidentes, fue publicada por el TC en su página web.
Los presidentes podrían ser investigados penalmente, pero solo ser sometidos a un eventual juicio al término de su período.
Boluarte, de 63 años, presentó en abril una demanda ante el TC contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, para frenar las investigaciones en su contra.
Su defensa presentó el recurso tras el allanamiento a su vivienda y al despacho presidencial en el marco de la investigación por el escándalo que se desató cuando la presidenta apareció con relojes y joyas de lujo que no declarados en su lista de bienes.
Según la fiscalía, las alhajas habrían sido parte de un soborno a cambio de favores políticos.
También era investigada por la muerte de 50 personas durante la represión de las protestas cuando asumió el poder en diciembre de 2022, en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su intento fallido de disolver el Congreso.
Además, tenía un expediente abierto por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley.
Boluarte se ha declarado inocente en todas las causas.
“Este fallo le va a servir a la democracia, no hay impunidad. Termina el mandato y la investigan previa acusación constitucional”, declaró el abogado presidencial Joseph Campos a la radio RPP.
- Fuente: AFP
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Poder Ejecutivo evalúa la posibilidad de implementar la prisión preventiva revisable
El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció que el Poder Ejecutivo se encuentran analizando la posibilidad de implementar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere sustancialmente de propuestas que se encuentran actualmente dentro del Congreso.
“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la prisión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo, incluso en este debate está participando una eminencia del derecho como es la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, estamos hablando y viendo que si se hace bien, se puede. La prisión permanente revisable no es cadena perpetua, porque la cadena perpetua es inconstitucional en el Paraguay”, explicó.
En este sentido, el secretario de Estado detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibilidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad, en cambio, con la prisión permanente revisable sí es posible, pero está sujeto a constantes análisis que determinen si realmente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.
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“Por ejemplo, si se le condena a una persona por 30 años en el marco de la prisión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis profundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambiental y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado, si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.
Gutiérrez señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artículo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos puntos, de la reinserción de la persona privada de libertad, pero también de la protección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradicción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado, pero ponés como condicionante que le tenés que proteger a la sociedad, es equilibrar los dos pilares que están dentro de la Constitución”, sostuvo.
Esta propuesta en análisis difiere del proyecto presentado por el diputado Rubén Rubin, que estipula la posibilidad de elevar penas, llegando incluso a superar los 90 años. El ministro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador, si bien fue presentada como una prisión permanente revisable, no lo es.
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“No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho, tengo un doctorado y soy del área constitucional. Así como está planteada la propuesta, es inconstitucional. A lo que se presentó se le dio el nombre de prisión permanente revisable, pero no es, no se compadece de esa figura, es como querer llamarle gato al caballo”, aseveró.
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Disputa por isla amazónica: Perú detiene a dos topógrafos colombianos
La policía de Perú detuvo el martes a dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones de terreno en el distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería sobre el río Amazonas, una zona que recientemente desató una controversia fronteriza entre ambos países. Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territorial en la zona donde los dos países andinos también tienen límites con Brasil. Lima sostiene que en Santa Rosa los residentes y autoridades siempre han sido peruanos.
Según imágenes difundidas por la televisora estatal TVPerú, los colombianos fueron interceptados por agentes policiales y llevados a una comisaría con sus equipos de GPS por realizar trabajos sin autorización. “Han sido intervenidos dos ciudadanos (colombianos) en esta zona de frontera. La policía se va a encargar del procedimiento”, dijo Marcial García, funcionario encargado de Migraciones del Perú en Santa Rosa.
Los detenidos alegaron desconocer que necesitaban un permiso y afirmaron que su labor era demarcar y medir el nivel del terreno para un consorcio de su país con el fin de construir un muelle en la orilla opuesta, en territorio colombiano. “Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, dijo uno de los topógrafos citado por la prensa.
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Los detenidos se identificaron como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón. El incidente es el tercero en la zona desde que el pasado jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla. Ese mismo día un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa y provocó la protesta de Perú por la incursión.
El lunes, el aspirante a la presidencia colombiana y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, plantó en Santa Rosa la bandera de su país tras cruzar en bote el Amazonas. Las autoridades peruanas la retiraron minutos después. Los cambios del cauce del río Amazonas hacen más compleja la disputa, pues no deja certeza en la línea fronteriza sobre el caudaloso afluente.
La declaración de Petro provocó el enérgico rechazo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Según Lima, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y envió a funcionarios a la zona. Delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.
Fuente: AFP.
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Isla amazónica genera tensiones de soberanía entre Perú y Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció ayer jueves la jurisdicción de Perú sobre una isla en el río Amazonas ubicada en la frontera entre ambos países, una declaración que el gobierno de la mandataria peruana Dina Boluarte rechazó enérgicamente. Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre la línea fronteriza en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas.
La isla Santa Rosa está ubicada en el río Amazonas y en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Según las autoridades peruanas es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y mandó a funcionarios a la zona.
“La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”, aseguró Petro el jueves.
Habló en la ciudad amazónica de Leticia, muy cerca de la isla contestada, adonde trasladó los festejos por el 215 aniversario de la independencia de Colombia por esta disputa. “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, aseguró Petro. El gobierno de Colombia, que hace un año ya había calificado de “ocupación irregular” la presencia peruana en la isla, dijo esta semana que ese territorio nunca fue “asignado” a Perú y pidió que una comisión binacional se pronuncie al respecto.
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“No tiene razón”
El gobierno de Boluarte reaccionó más tarde a los dichos de Petro a través del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, que leyó una declaración desde la isla Santa Rosa, adonde viajó este jueves. “Rechazamos categóricamente estas expresiones que desconocen la soberanía peruana”, señaló Arana ante periodistas y autoridades locales de Santa Rosa.
Desde Japón, donde se encuentra de visita oficial, Boluarte declaró que “nuestra isla Chinería está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte”, según un comunicado. El canciller Elmer Schialer, que la acompaña en ese viaje, había dicho más temprano que Petro “no tiene razón jurídica, ni histórica, ni geográfica”.
“La isla Santa Rosa no es un nuevo islote. Es parte del territorio peruano reconocido desde hace más de un siglo. Esta es una situación que se debe manejar con prudencia, sin escalar tensiones entre pueblos hermanos”, señaló al canal N. Schialer dijo que había propuesto al gobierno colombiano adelantar para el 11 y 12 de septiembre una reunión técnica binacional prevista inicialmente para octubre para tratar temas fronterizos. En su discurso en Leticia, Petro confirmó esa fecha y dijo que la reunión tendrá lugar en Lima.
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“Patriotismo peruano”
Las dinámicas hidrológicas del río Amazonas hacen que la delimitación de la frontera sea compleja. Según un tratado bilateral firmado en 1922, la división territorial se establece en el punto más profundo del río. La disminución del caudal del río Amazonas en los últimos años preocupa a los expertos hidráulicos colombianos, que advierten que el país podría quedarse sin acceso directo al río. Este fenómeno tendría un impacto negativo en Leticia, capital amazónica e importante puerto comercial colombiano.
Lima sostiene que en Santa Rosa los pobladores y las autoridades siempre fueron peruanos. Su población actual es de menos de 3.000 habitantes. “Nosotros hacemos patriotismo peruano” pero queremos buscar “la solidaridad entre las tres fronteras”, dijo el martes a la AFP Walter Rubio, un pescador de 43 años y local de la isla.
Fuente: AFP.