El Parlamento iraní aprobó este miércoles un proyecto de ley discutido desde hacía varios meses que refuerza las sanciones contra las mujeres que no usen el velo obligatorio en los lugares públicos, según los medios oficiales. “Los diputados aprobaron la implementación del proyecto de ley sobre ‘el hiyab y la castidad’ por un periodo de prueba de tres años”, indicó la agencia Irna, en un contexto de endurecimiento del tono por parte del gobierno contra el creciente número de mujeres que salen a la calle con la cabeza descubierta, sobre todo en las grandes ciudades.
El proyecto de ley endurece las penas a toda persona objeto de una denuncia por haber infringido el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres, uno de los pilares ideológicos de la República Islámica desde la caída del sah en 1979. El texto prevé sanciones financieras por “la promoción del desnudo” o la “burla del hiyab” en los medios y las redes sociales, así como multas y prohibiciones de salir del país para los propietarios de empresas cuyas empleadas no utilicen velo.
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Como máximo, “toda persona que” comete el delito “de no llevar velo o llevar vestimentas inapropiadas en cooperación con los gobiernos, medios, grupos u organización extranjeras u hostiles (a la República Islámica) o de manera organizada, será condenada a una pena de prisión de cuarto grado”, es decir entre 5 y 10 años, indica el proyecto.
Para convertirse en ley, el texto tiene que ser aprobado por el Consejo de los Guardianes de la Constitución. El proyecto de ley fue adoptado cuatro días después del primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, el 16 de septiembre de 2022 tras su detención por la policía por haber presuntamente vulnerado el código de vestimenta para las mujeres. Esta muerte provocó un amplio movimiento de protesta en el país.
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Fuente: AFP.
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Israel prepara una “cibercúpula” para defenderse de ataques informáticos de Irán
El sistema de defensa antiaérea israelí “Cúpula de hierro” ha interceptado miles de cohetes desde su puesta en marcha en 2011. Pero, para defenderse de los ataques informáticos, especialmente de Irán, Israel desarrolla ahora una “cibercúpula”. “Es una guerra silenciosa, que no se ve”, explica a la AFP Aviram Atzaba, el jefe de la cooperación internacional de la Dirección Nacional de Ciberseguridad israelí.
El organismo, con sede en Tel Aviv y que depende del primer ministro, se encarga de defender los sistemas de información del sector civil israelí, señala Atzaba. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza el 7 de octubre, se ha registrado un fuerte aumento de ciberataques por parte de Irán y sus “partidarios”, afirma.
Atzaba cita en particular al Hezbolá libanés y el movimiento islamista palestino. “Tratan de piratear todo lo que pueden, pero sin conseguir daños reales”, señala. Según él, se han frustrado cerca de 800 ataques importantes desde el 7 de octubre. Entre los objetivos de estas agresiones están el ejército israelí, infraestructuras civiles y organismos gubernamentales.
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También se piratearon los sistemas informáticos de dos hospitales israelíes en las ciudades de Haifa y Safed, en el norte del país. Aunque Israel ya dispone de sistemas de ciberdefensa, durante mucho tiempo consistieron en “esfuerzos locales que no estaban conectados”, explica Atzaba. Por eso, durante los últimos dos años, el organismo ha desarrollado un sistema centralizado para proteger a todo el ciberespacio israelí.
“Enemigo temible”
Irán, enemigo de Israel, apostó relativamente tarde por mecanismos de ciberguerra, apunta Chuck Freilich, investigador del Instituto israelí de Estudios de Seguridad Nacional. Lo hizo después de dos acontecimientos clave, explica en el estudio “La ciberamenaza iraní”, publicado en febrero.
El primero fue el papel de internet en el levantamiento poselectoral que sacudió la República Islámica en 2009. Además de reprimir el movimiento en la calle, las autoridades cortaron el acceso a las redes sociales y a las páginas webs que cubrían las protestas.
El segundo fue el ciberataque con el virus Stuxnet que golpeó el programa nuclear iraní en setiembre de 2010, atribuido por Teherán a Israel y Estados Unidos. El ataque provocó una serie de daños en las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Desde entonces, Irán desarrolló una verdadera ciberestrategia y se convirtió en “uno de los Estados más activos en este campo”, explica Freilich a AFP.
“Sus ataques buscan sabotear y destruir infraestructuras, recolectar datos para la inteligencia y difundir informaciones falsas con fines propagandísticos”, indicó. Israel no se queda atrás. El país es considerado como una gran “ciberpotencia” y varios ataques contra objetivos iraníes le han sido atribuidos, como la avería informática que paralizó el puerto de Bandar Abás en 2020.
Pero Israel se enfrenta a un “enemigo temible” que seguirá mejorando, sobre todo gracias a la ayuda china y rusa, advierte Freilich. El investigador también subraya que la población iraní es nueve veces mayor que la israelí y que Teherán forma cada vez más estudiantes en cibertecnología y jóvenes militares en técnicas de ciberguerra.
“Ciberterrorismo”
Aviram Atzaba cree sin embargo que el número de hackers es menos importante que la calidad de la tecnología y el uso que se le hace. “Desde hace dos años, desarrollamos una cibercúpula contra los ataques informáticos, que funciona como la cúpula de hierro contra los misiles”, explica. El sistema es “proactivo” y es capaz de centralizar datos dispersos para ofrecer una visión general de la amenaza y responder a ella de forma coordinada, describe.
“Los escáneres analizan continuamente el ciberespacio israelí para detectar vulnerabilidades e informar a los actores de la ciberdefensa de las formas de mitigarlas”, indica Atzaba. “Algunas de las funciones de la cúpula cibernética ya están operativas”, subraya, añadiendo que existe una colaboración estrecha con numerosos países, como Francia o Estados Unidos. “Todos los Estados se enfrentan al ciberterrorismo”, justifica.
Fuente: AFP
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Irán aplica sanción contra individuos y empresas de EE. UU. y Reino Unido
Irán anunció este jueves sanciones contra altos funcionarios estadounidenses y británicos y varias empresas de estos países por su apoyo de Israel en la guerra contra el movimiento palestino Hamás en Gaza. La República Islámica, un archienemigo de regional de Israel, es un aliado de Hamás.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán informó que las sanciones implican el bloqueo de cuentas y transacciones en el sistema financiero y bancario iraní, el congelamiento de activos en su jurisdicción y la prohibición de obtener visas para ingresar a su territorio.
Las sanciones afectan a siete altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al general Bryan P. Fenton, comandante de las Operaciones Especiales, y la lista negra de las autoridades iraníes incluye también al secretario de Defensa británico, Grant Shapps, entre otros.
Teherán también anunció sanciones contra la empresa de defensa estadounidense Lockheed Martin y la petrolera Chevron y las británicas Elbit Systems, Parker Meggitt y Rafael UK.
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La guerra en Gaza estalló el 7 de octubre, cuando los comandos de Hamás mataron a 1.170 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 en el sur de Israel, según un recuento de la AFP basado en estadísticas israelíes.
Irán apoya a Hamás, pero niega que tuviera conocimiento del ataque antes del 7 de octubre. Israel lanzó una ofensiva de represalia en Gaza que ha dejado 34.596 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio palestino gobernado por Hamás.
Fuente: AFP
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Irán califica como “ilegal” pedido de arresto de Argentina de ministro del Interior
El gobierno de Irán ha condenado “firmemente” la “ilegal” solicitud de arresto emitida por Argentina contra el ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, en relación con su supuesta participación en el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, ha sostenido que esta solicitud “se fundamenta en mentiras e invenciones” y ha reiterado que “las acusaciones contra Irán en relación con el caso de la AMIA no tienen credibilidad”. “Estas demandas de autoridades judiciales de otros países son injustificadas y no tienen base legal”, ha afirmado.
Asimismo, ha dicho que Irán “apoya cualquier acto destinado a hacer justicia en el caso y actuar contra los que, destruyendo las pruebas, provocaron su descarrilamiento y ayudaron a los culpables a escapar de la Justicia”, según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores iraní a través de su página web.
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Por último, Kanani ha pedido a Argentina que “evite formular acusaciones infundadas” y “verse influida por las afirmaciones de enemigos de las relaciones entre Teherán y Buenos Aires”, en aparente relación a Israel, que el miércoles agradeció a Argentina la emisión de la solicitud de arresto y describió a Vahidi como un “asesino” y un “terrorista”.
El gobierno de Argentina explicó en un comunicado que sobre Vahidi pesa una alerta roja de Interpol y relanzó su petición aprovechando un viaje oficial del ministro iraní a Pakistán y Sri Lanka, lo que interpelaría directamente a las autoridades de estos dos países, si bien no procedieron a su arresto.
El atentado contra la AMIA ha recuperado protagonismo político y judicial en Argentina a raíz del fallo de la Cámara Federal de Casación que responsabilizó a Irán y al partido-milicia chií libanés Hezbolá de dicho atentado. Teherán criticó este dictamen, celebrado en cambio por las autoridades israelíes.
Fuente: Europa Press
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Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
- Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.