El Parlamento iraní aprobó este miércoles un proyecto de ley discutido desde hacía varios meses que refuerza las sanciones contra las mujeres que no usen el velo obligatorio en los lugares públicos, según los medios oficiales. “Los diputados aprobaron la implementación del proyecto de ley sobre ‘el hiyab y la castidad’ por un periodo de prueba de tres años”, indicó la agencia Irna, en un contexto de endurecimiento del tono por parte del gobierno contra el creciente número de mujeres que salen a la calle con la cabeza descubierta, sobre todo en las grandes ciudades.
El proyecto de ley endurece las penas a toda persona objeto de una denuncia por haber infringido el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres, uno de los pilares ideológicos de la República Islámica desde la caída del sah en 1979. El texto prevé sanciones financieras por “la promoción del desnudo” o la “burla del hiyab” en los medios y las redes sociales, así como multas y prohibiciones de salir del país para los propietarios de empresas cuyas empleadas no utilicen velo.
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Como máximo, “toda persona que” comete el delito “de no llevar velo o llevar vestimentas inapropiadas en cooperación con los gobiernos, medios, grupos u organización extranjeras u hostiles (a la República Islámica) o de manera organizada, será condenada a una pena de prisión de cuarto grado”, es decir entre 5 y 10 años, indica el proyecto.
Para convertirse en ley, el texto tiene que ser aprobado por el Consejo de los Guardianes de la Constitución. El proyecto de ley fue adoptado cuatro días después del primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, el 16 de septiembre de 2022 tras su detención por la policía por haber presuntamente vulnerado el código de vestimenta para las mujeres. Esta muerte provocó un amplio movimiento de protesta en el país.
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Fuente: AFP.
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Químicos y técnicos alimentarios respaldan sanciones de Dinavisa a minimercado
La Asociación Paraguaya de Directores Técnicos de Industrias Alimentarias (Apadi) y la Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos (Apiq) dieron su respaldo a las medidas aplicadas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) contra dos cadenas de minimercado, luego de los hechos que tomaron estado público.
A través de un comunicado, ambas organizaciones sostienen que las acciones de Dinavisa están sustentadas en la ley y en criterios técnicos que buscan salvaguardar la salud de la población. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la salud pública y el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria vigente”, expresan.
El documento recuerda que la Ley 836, el Código Sanitario y las normas que regulan la manipulación, conservación y comercialización de alimentos son de cumplimiento irrestricto, ya que garantizan la inocuidad y reducen los riesgos sanitarios.
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Señalan, además, que cualquier incumplimiento compromete directamente la seguridad de los consumidores y genera responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Los gremios hacen énfasis en que toda transgresión a la normativa no solo expone a la ciudadanía, sino que también erosiona la confianza en el sistema de control del país.
Por ello, destacaron la importancia de que Dinavisa ejerza su labor de fiscalización con objetividad, rigor técnico y transparencia, aplicando sanciones y medidas correctivas cuando sea necesario. El texto también subraya tres puntos claves:
La obligación de garantizar la seguridad alimentaria mediante el estricto cumplimiento de la normativa; la necesidad de asegurar transparencia y trazabilidad en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización; y el rol esencial de los profesionales responsables de la dirección técnica en los establecimientos, como garantes del cumplimiento técnico-legal y de la salud pública.
Así también, instan a mantener y reforzar las inspecciones en todos los puntos de expendio para verificar el estricto cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y demás estándares nacionales.
A la vez, solicitaron a las empresas involucradas implementar de forma inmediata y sostenida las medidas correctivas necesarias, a fin de acatar la normativa vigente y reanudar sus operaciones con total transparencia y responsabilidad frente a la sociedad.
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Proteger al consumidor es esencial para un mercado formal, dice UIP
La Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) intensificaron los controles en comercios del país, tras detectar la venta de productos vencidos, en mal estado y con alerta sanitaria vigente.
Ayer informaron que detectaron irregularidades en una conocida cadena de minimercados, con reetiquetado e incluso, productos vencidos. Por ende, la Sedeco ordenó la suspensión de todos los locales de este minimercado que opera las 24 horas del día, de lunes a lunes.
Al respecto, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado donde sostienen que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normativas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo.
Exponen que los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, además de fortalecer y promover la competencia.
“Estos procedimientos deben aplicarse con criterios de proporcionalidad, difusión adecuada y enfoque correctivo, evitando impactos irreversibles en las cadenas de valor, empleo y las inversiones. En un país donde el sector productivo es el motor de desarrollo, resulta clave equilibrar la regulación con la sostenibilidad empresarial”, afirman.
Mencionan que las decisiones que afectan a las unidades productivas y comerciales deben partir del cumplimiento irrestricto de la normativa y de la protección de la salud y los derechos de los consumidores.
También aseguran que es necesario contemplar el impacto económico y social que pueden generar medidas desproporcionadas y la información y comunicación pública sobre estos procesos deben manejarse con responsabilidad, priorizando la precisión y orientándose siempre hacia soluciones que resguarden el interés general.
“Por ello, la UIP alienta a que las fiscalizaciones y sanciones se desarrollen bajo protocolos claros y procedimientos transparentes, garantizando el cumplimiento normativo, al tiempo de preservar la continuidad operativa, la salud pública y el empleo”, finaliza el texto.
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Tomar el desayuno y correr al búnker en 90 segundos
Cuando empiezan a sonar las sirenas de alerta sobre los cielos de Tel Aviv, la familia Weisman y millones como ellos buscan refugio de los misiles en camino y hoy continúan recogiendo los escombros de sus vidas.
Vera Lucía Papaterra, de origen dominicano, reportera del periódico estudiantil The Independent Florida Alligator (Gainesville, EE. UU.) busca ser una corresponsal internacional y fue invitada a Israel por la agencia de noticias del Medio Oriente para el mundo hispano parlante, Fuente Latina, para adentrarse a lo más profundo de un país que sigue en guerra pero que una vez más, da muestra de resiliencia, tras los ataques sufridos desde Irán, semanas atrás.
Una de sus entrevistadas fue una mujer israelí residente en Tel Aviv, Hadar Weisman, quien le relata como es la vida casi cotidiana bajo el sonar de las sirenas.
El decir por favor y gracias. Cómo usar cubiertos. Respetar a los mayores. A esa lista de lecciones básicas, la israelí Hadar Weisman añadió una que sus hijos repiten sin dudar: qué hacer en los 90 segundos después de que suenan las sirenas que indican que algún o varios misiles vienen en camino.
El 22 de junio de 2025 fue uno de esos días. En la llamada “Guerra de los doce días”, Israel y Estados Unidos habían atacado instalaciones nucleares iraníes e Irán había devuelto el fuego, lanzando decenas de misiles contra Israel. Varias zonas residenciales de Tel Aviv y en otras ciudades resultaron impactadas; 30 personas fallecieron y al menos 23 personas quedaron heridas. En Tel Aviv resultaron con daños severos varios edificios de Ramat Aviv,incluido el de Weisman. Fue una mañana de concreto roto y vidrios pulverizados que dejó a miles de israelíes sin casas, aunque con vida.
Misma sirena, diferente final
Aquella mañana, a las 7:23, tocaron a la puerta de Weisman. Eran los repartidores de un gavetero que había pedido una semana antes. Lo pusieron en el dormitorio. Apenas salieron, sonó la alerta. “Estamos muy acostumbrados a entrar al cuarto seguro”, cuenta Weisman. “Con los niños lo hacemos desde antes del 7 de octubre (del 2023 cuando terroristas de Hamás atacaron Israel)”.
Todos en casa de Weisman estaban ya vestidos y despiertos por el ruido de los obreros, así que caminaron con calma hacia la mamád, la habitación reforzada que muchos israelíes tienen en sus casas para protegerse de los misiles. El impacto llegó minutos después. El misil cayó entre los edificios de la cuadra. Ninguna estructura recibió un golpe directo, pero el golpe de la onda expansiva convirtió la casa en escombros. “Todo el edificio se sacudió y se cortó la luz”, recuerda Weisman, doctora en economía y profesora de microeconomía en la Universidad de Tel Aviv que vivía en ese apartamento desde 2019. “Nos quedamos 45 minutos en la oscuridad, sin saber qué habría cuando abriéramos la puerta”.
Sentados con una bolsa de caramelos
Dentro del cuarto seguro, un detalle dominguero: la tapa plástica del conducto del aire acondicionado salió volando y por ahí entraron polvo y residuos del edificio tras el impacto. Sentados en un colchón, con el teléfono en una mano y una bolsa de caramelos en la otra, los padres usaron el tiempo para hacer llamadas y tranquilizar a los niños. El mayor, de nueve años, lloró pensando en sus juguetes.
El impacto en el más pequeño, su hijo de tres años y medio, se mide más allá de una preocupación por sus cosas. En sí, el niño siempre pregunta la ubicación del cuarto seguro —como quien pregunta por el baño— cuando llega de visita a una casa desconocida. “Es una forma de vida y no debería serlo”, dice visiblemente emocionada Weisman. “No es manera de criar a nuestros hijos”.
Afuera, el grupo de WhatsApp del edificio se convirtió en un mapa humano. Vecinos reportaban quién estaba adentro y quién estaba en la calle para que los equipos de rescate no perdieran tiempo en búsquedas inútiles. Policías, bomberos y la unidad de rescate de la Fuerza de Defensa israelí subieron piso por piso. Forzaron la puerta acorazada del quinto piso, que quedó doblada, del apartamento de los Weisman. “Menos mal que esperamos”, dice. “Si hubiéramos intentado salir, el corredor estaba cubierto de muebles y cosas caídas. Nos habrían caído encima”.
Hay que mantener la rutina
El edificio de Weisman es uno de los más nuevos en el barrio y sus cimientos resistieron mejor que otros. Otros en la cuadra, no tanto. La familia pasó dos semanas en un hotel y luego consiguió un subarriendo en el mismo barrio para que los niños siguieran asistiendo a su misma escuela y su kínder. “Volveremos, dicen que para Pascua”, explica, con ese optimismo que nace de una rutina resistente. “Creo que será más tarde, quizá en julio”, añade con una sonrisa corta, como quien ya aprendió a negociar con la incertidumbre.
El ataque del 22 de junio fue parte de una escalada de doce días que cruzó fronteras y agendas políticas. Para Weisman, sin embargo, la política se traduce en una caminata sabatina. Ella asiste cada sábado a las manifestaciones por la paz que se llevan a cabo en la avenida Begin de Tel Aviv, donde discurso tras discurso pide el fin de la guerra y el retorno de todos los rehenes. “Voy desde antes de octubre”, cuenta, refiriéndose al 7 de octubre del 2023. “Esto no puede seguir así. Incluso si alguien creyó que al principio había justificación, ya no se ve un final ni resultados positivos. Es la forma equivocada de hacer las cosas”.
Su crítica tiene varios destinatarios. A su gobierno, que a su juicio no ha ofrecido una salida real ni ha priorizado un acuerdo para los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre. A Hamás, “una organización terrible, mala para Israel y aún peor para los gazatíes”. Y a cualquiera que crea que “disparar es mejor que hablar”, o que la vida de alguien vale menos que “un pedazo de tierra”. “Es inexcusable porque es obra humana”, dice Weisman, y la frase le tiembla en la garganta.
La confianza, admite, ya estaba dañada antes de octubre. “Siguen intentando cambiar el Estado de derecho en medio de la guerra”, señala Weisman sobre las modificaciones constitucionales que el gobierno trata de implantar para fortalecer los poderes ejecutivos y legislativos a expensa del judicial, algo que ha creado malestar en sectores de la sociedad israelí. Weisman escucha rumores sobre comicios, sospechas de fraude y un clima que erosiona las instituciones. Aun así, la decisión íntima no es simple. “Si nos paramos y decimos que esto es demasiado y nos vamos, ¿quién se queda? ¿Los que creen que esto está bien? Tampoco quiero que mi hijo cargue con esto”. Lo discuten en casa, una y otra vez.
Como casas de muñecas
Al volver a su apartamento en ruinas para recoger papeles y ropa, Weisman mira por la ventana y ve fachadas abiertas como casas de muñecas. Luego baja la mirada al pasillo, donde antes no se podía caminar sin tropezar, y recuerda la lección que repite a los niños: Hay una alarma. Se hace lo que toca. La vida va primero. “Estamos bien”, les dice. “La casa es solo cosas”.
La normalidad se despega a veces en pequeños gestos. Volver al subarriendo con mochilas y bolsas. Hacer la tarea de matemática. Preparar una cena sencilla. Y sí, repetir las reglas: por favor y gracias, respetar a los mayores, así se agarra un tenedor. Y esa otra, más urgente y aprendida a la fuerza, que suena como un juego pero enseña a sobrevivir: Sirenas en el aire. Un minuto y medio. Respira. Vete al búnker. Cierra su puerta reforzada. Espera. Vuelve a salir. Sigue adelante.
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Alexandre de Moraes afirma que ignorará las sanciones de EE. UU. por el caso Bolsonaro
El juez de la corte suprema de Brasil a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro afirmó este viernes que va a “ignorar” las sanciones de Estados Unidos, y que la justicia brasileña “no se doblegará” ante las “amenazas”.
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El gobierno de Donald Trump le impuso el miércoles sanciones económicas al magistrado Alexandre de Moraes, al que acusa de una “caza de brujas ilegales contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”.
Después de esas medidas, y de una subida arancelaria a las exportaciones brasileñas confirmada el jueves por Washington, el poderoso juez se pronunció durante una sesión muy esperada del plenario del Supremo Tribunal Federal.
En un tono duro, durante un discurso transmitido en vivo por las emisoras brasileñas, Moraes dijo que va “a ignorar las sanciones” y “continuar trabajando”.
“No solo esta corte, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal no se doblegarán ante las amenazas”, añadió el juez.
Moraes, a quien Estados Unidos ya había revocado la visa, fue objeto de sanciones financieras personales en virtud de la ley Magnistky, un instrumento para castigar a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo.
Según la Casa Blanca, Moraes “ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos” en coordinación con otros jueces de la alta corte brasileña.
Soberanía no se negocia
Las sanciones contra Moraes abarcan el bloqueo de todos sus eventuales activos en Estados Unidos y la prohibición de ciudadanos y empresas estadounidenses de hacer negocios con él. Una fuente judicial brasileña dijo, sin embargo, a la AFP que “el juez no tiene bienes en Estados Unidos”.
La corte suprema “siempre será absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional y en su compromiso con la democracia”, enfatizó este viernes Moraes.
El magistrado también denunció a quienes, siendo brasileños, han actuado “de manera cobarde y traicionera con la finalidad de intentar someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado”.
Fue una mención velada al diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien, radicado en Estados Unidos, lleva adelante un eficiente lobby ante el gobierno Trump en defensa de su padre y contra los poderes Ejecutivo y Judicial de Brasil.
El juez abrió recientemente una investigación contra Jair Bolsonaro y su hijo por presunta “obstrucción” del proceso contra el expresidente, al impulsar “actos hostiles” contra Brasil.
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En el marco del proceso, el exjefe de Estado de extrema derecha (2019-2022) debe llevar una tobillera electrónica, además de la prohibición de usar redes sociales, entre otras.
Fuente: AFP