• Fuente: AFP

Más de 1.600 personas, en su mayoría integrantes de pandillas armadas, murieron en Haití durante los tres primeros meses de 2025, cuando los grupos criminales intensificaron su ofensiva territorial, anunció el miércoles la ONU.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, “1.617 personas murieron y 580 resultaron heridas como consecuencia de la violencia en la que participaron bandas, grupos de autodefensa y miembros no organizados de la población, así como durante operaciones de las fuerzas de seguridad”, según el informe trimestral de la misión política de la ONU en el país (BINUH, por sus siglas en inglés).

Estas cifras representan un descenso con respecto al trimestre anterior (1.741 muertos de octubre a diciembre) y al primer trimestre de 2024 (2.505 muertos), pero la intensidad de la violencia no es necesariamente lineal con las cifras, variando según los ataques de las bandas y las operaciones policiales.

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“Entre enero y marzo de 2025, a pesar del gran número de muertos entre sus filas (936 individuos), las bandas intensificaron sus esfuerzos para extender su control territorial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores”, señaló el informe.

“Se han centrado especialmente en barrios como Delmas 30 y Carrefour Feuilles, que, de ser tomados, les facilitarían el paso a Pétion-Ville, “una de las últimas zonas que no se han visto afectadas por el control de las bandas” y donde se encuentran embajadas, bancos y otras instituciones.

A finales de marzo, las pandillas también lanzaron “ataques violentos” contra las localidades de Mirebalais y Saut-d’Eau, en el departamento del Centro, para “controlar el acceso a la frontera con la República Dominicana en un tramo de casi 70 km”.

La ONU también resaltó que “se han consolidado tres dinámicas de violencia y abusos” que habían surgido claramente en 2024: la violencia directamente vinculada a la actividad delictiva de las bandas (responsable del 35 % de los muertos y heridos), las operaciones policiales contra las bandas y las “ejecuciones en las que participan” agentes de policía (56 % de los muertos y heridos) y, por último, las acciones violentas de los grupos de autodefensa, en particular el movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kalé (9 % de los muertos y heridos).

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• Naciones Unidas, Estados Unidos. AFP.

Haití, escenario de una nueva escalada de las violentas pan­dillas en las últimas semanas, se acerca a un “punto de no retorno” que amenaza con sumir al país caribeño en un “caos total”, advirtió la repre­sentante especial de la ONU, la ecuatoriana María Isabel Salvador.

“Los haitianos viven en una vulnerabilidad cada vez mayor y son cada vez más escépticos sobre la capacidad del estado para responder a sus necesi­dades”, subrayó Salvador ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que examinó la situa­ción del país caribeño.

“Nos acercamos a un punto de no retorno”, alertó.

En su informe trimestral, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subraya los “temores de un colapso inmi­nente de la presencia del estado en Puerto Príncipe”, la capital haitiana controlada en un 85 % por las bandas criminales que siguen aumentando su presen­cia en el resto del país.

Se necesita “de inmediato” apoyo adicional a la policía para evitar que “la capital se deslice hacia el abismo”, escribe Guterres, en el informe al que tuvo acceso la AFP.

En esta situación, la diplo­mática ecuatoriana instó a la comunidad internacional a que brinde ayuda “deci­siva, concreta y sin dilación” ya que de lo contrario, el país más pobre de América podría caer en el “caos total”.

• por Lourdes Torres
• lourdes.torres@nacionmedia.com
• Fotos: Gentileza

En esta entrega de “Paraguay en la historia”, abordamos un hecho acaecido en el convulsionado periodo de la posguerra del 70: el asesinato del presidente de la República Juan Bautista Gill a plena luz del día y en pleno microcentro de Asunción.

Era la mañana del 12 de abril de 1877. El joven presidente Juan Bau­tista Gill, quien entonces tenía 37 años, estaba reali­zando su tradicional cami­nata por la otrora calle Villarrica, hoy Presidente Franco. Al alcan­zar el cruce con Independen­cia Nacional, lo aguardaban los conspiradores, que dispara­ron con escopeta a la altura del estómago, causándole la muerte casi al instante.

Para poner en contexto este suceso, el historiador Claudio Velázquez comenzó expli­cando que Juan Bautista Gill asumió la presidencia de la República en noviembre de 1874 en reemplazo de Salva­dor Jovellanos.

En este sen­tido, señaló que durante la pos­guerra Gill supo ganarse el favor del Ejército bra­sileño, que en aquel tiempo ocu­paba Asunción. “Para tener una idea de la fuerza que ejer­cía el Ejército brasileño, había de 2.000 a 2.500 brasileños que formaban parte del ejér­cito de ocupación en la pos­guerra. Mientras que el Ejér­cito paraguayo, la fuerza de policía le daba con suerte 700 efectivos. Eran muchí­simos más los brasileños. Gill supo ganarse la causa brasileña y era cuestión de tiempo nada más para que asuma la presidencia”, sos­tuvo.

Velázquez recordó que pre­viamente Gill fue ministro de Hacienda y su gestión fue objeto de cuestionamien­tos por el despilfarro de los dos grandes empréstitos que hizo el Paraguay tras la gue­rra contra la Triple Alianza. Aun así, asumió el Gobierno en gran parte, como se men­cionó, gracias al apoyo de las fuerzas imperiales.

Agregó que en ese proceso de ascenso al poder Gill se ganó muchos adversarios políti­cos, quienes finalmente ter­minarían tramando y ejecu­tando el primer magnicidio de la historia del Paraguay.

“Gran parte de ese crimen se debió a que para abril de 1877 ya no estaban las fuer­zas de ocupación brasileñas en Asunción. Gill ya no tenía protectores que pudieran tutelarle, entonces esa situa­ción es plenamente aprove­chada por sus adversarios para asesinarlo”, precisó.

El historiador señaló que uno de los principales adversarios políticos de Gill fue Juan Sil­vano Godoy, un intelectual del derecho, político y autor para­guayo. Godoy fue el que orga­nizó y planificó el asesinato de Gill con ayuda de su hermano Nicanor, Matías Goyburú y José Dolores Molas, el legen­dario Pa’i Loló, de destacada actuación en la guerra.

“El presidente Juan B. Gill realizaba su caminata tra­dicional sobre la calle Villa­rrica, hoy llamada Presi­dente Franco. Una cuadra antes de la intersección con Independencia Nacional, curiosamente la esposa de su vicepresidente, Higinio Uriarte, quien era su primo, lo ve desde una ventana y le advierte que existen rumores sobre una conspiración para asesinarlo”, relató.

Con soberbia, Gill le dijo que no se preocupara, ya que estaba bien cuidado. Sin embargo, una cuadra más adelante, al llegar al citado cruce, estaban sus asesinos esperándolo: José Dolores Molas y Nicanor Godoy. El historiador señaló que, de acuerdo a los testimonios, ante la falta de proyectiles usaron las patas de un soporte de ollas.

Velázquez detalló que Gill estaba acompañado de dos edecanes (oficiales de alta graduación que eran sus escoltas), que también resul­taron heridos. A partir de ahí se inició una persecución porque la Policía reaccionó rápidamente ante el aten­tado. Tras el magnicidio, ese mismo día fue asesinado su hermano, Emilio Gill, a quien posterior a su muerte le des­membraron las orejas como prueba de que se cumplió el encargo.

Velázquez indicó que, tras el crimen, se abrió un proceso. Tanto Juan Silvano Godoy como su hermano Nicanor quedaron impunes debido a que lograron huir cruzando el río Paraná y se instalaron en Corrientes. “Sí se abrie­ron algunos procesos con­tra José Dolores Molas y otros personajes. Algunos injustamente fueron endil­gados de culpables en este proceso. Uno de ellos fue Facundo Machaín”, pre­cisó. Respecto a este último, explicó que existían algu­nos rumores políticos en su contra a raíz de que fue una eminente figura política y sus adversarios deseaban truncar su carrera.

“No encontraron mejor solución para terminar la brillante defensa que ejer­cía Facundo Machaín en los juicios que hacer una supuesta intentona de fuga masiva de la cárcel pública, que estaba ubicada al lado de la Catedral Metropoli­tana. La Policía reaccionó y ese incidente fue aprove­chado para acabar con la vida de Facundo Machaín, José Dolores Molas y otros a quienes se atribuía haber participado del magnicidio de Gill. De esa forma ter­minó el proceso del primer magnicidio en la historia paraguaya”, refirió.

Finalmente, como balance de su gobierno de casi dos años y medio, Velázquez citó la firma del Tratado de Lími­tes, Paz, Comercio y Navega­ción con la Argentina, rubri­cado por Facundo Machaín y Bernardo de Irigoyen, en el cual se definieron los límites con el vecino país tras la gue­rra contra la Triple Alianza.

Además, mencionó que durante el gobierno de Gill se implementó el Código Civil argentino o Código de Vélez Sarsfield, que fue un cuerpo legislativo fun­damental para organizar la sociedad paraguaya de la época. En tanto, en lo econó­mico tomó medidas como el estanco del tabaco con vis­tas a aumentar las recauda­ciones y mejorar las escuá­lidas finanzas del Estado paraguayo.

• Guayaquil, Ecuador. AFP.

Disputas a muerte y frágiles alianzas. Una explosión de bandas de curiosos nombres componen el nuevo mapa del crimen en Ecuador, un país acorralado por las mafias y ante el desafío de elegir a un presidente capaz de doblegarlas. Los Freddy Krueger provocan pesadillas en las calles, los sofisticados Peaky Blinders se disputan el dominio del golfo de Guayaquil y El Cuartel de la Feas controla las prisiones. Estos se suman a los ya famosos Choneros, Lobos y Tiguerones.

La misma violencia cambia de nombre cada tanto debido a una atomización de los grupos armados y a un cóctel perfecto que allanó el terreno de la guerra: puertos estratégicos para la salida de droga, vecindad con Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína-, una economía dolarizada y entidades corruptas.

Y en el medio, la gente. Una comerciante extorsionada recuerda el día en que explotó una bomba en su restaurante en Guayaquil, capital económica y del crimen del país. “Decían que eran de la mafia, pedían 15.000 dólares para no matarnos”, cuenta a la AFP la mujer que mantiene su identidad bajo reserva.

Los tentáculos de las organizaciones no conocen fronteras. Se engendran en la costa del Pacífico con apoyo de carteles de México y Colombia, así como de la mafia albanesa. Luego cruzan la cordillera andina hasta ciudades como Quito, Ambato o la minera Ponce Enríquez (sur ecuatoriano), según expertos. La seguridad está en el centro de las campañas presidenciales de cara al balotaje del domingo que enfrenta al mandatario Daniel Noboa y la candidata izquierdista Luisa González.

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En enero y febrero Ecuador registró un muerto cada hora, según cifras del ministerio del Interior. Es el inicio de año más sangriento desde que se tiene registros. “La guerra es por territorio. Ya no hay cabezas conocidas como antes, cada quien quiere su independencia”, señala bajo reserva el cabecilla de una agrupación.

Esta fragmentación dificulta el control de las bandas por parte de las autoridades. “Vemos una asociación de pequeños grupos y menos rígidos. Esto ya pasó en la Colombia de los 1990 tras la muerte de Pablo Escobar”, sostiene la experta en seguridad Carla Álvarez.

Las jerarquías empezaron a romperse en 2018, cuando se dividió una de las mayores organizaciones. La muerte en 2020 del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ahondó las pugnas. En Quito, Marianela recibe amenazas e intentos de extorsión por WhatsApp. “Los bloqueo”, dice bajo reserva esta empleada de un restaurante.

La angustia se instaló en el convulso barrio Martha Bucaram de la capital, donde policías y militares suelen realizar operativos en busca de armas y droga. “Acá a la vuelta hubo como dos muertos” durante una balacera, recuerda. Apenas suenan los disparos, los negocios cierran.

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De los 1.300 barrios de Quito, unos 100 son considerados conflictivos. Para las mafias, la ciudad es “un mercado de consumo de drogas, como sucede en diferentes capitales latinoamericanas”, explica Carolina Andrade, secretaria de Seguridad municipal. Quito, enclavada en los Andes, también se percibe “como un espacio seguro para venir a esconderse”, pues no tiene el mismo control policial o militar de la costa.

Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que los grupos tienen ciertas especialidades. El Cuartel de las Feas, por ejemplo, opera en las prisiones con extorsiones y microtráfico. Esta banda desató enfrentamientos entre los reos por la alimentación. El preso que no pagaba la “vacuna” (extorsión), no comía, comenta. Y en el puerto de Guayaquil, los Peaky Blinders, Choneros y Tiguerones chocan por las rutas de la droga, a veces camuflada en contenedores de banano o camarón.

En Quito pequeñas pandillas buscan entrar a “organizaciones más grandes para tener mayor presencia, mayor legitimidad y mayor control” territorial, señala Andrade. En la cima de la pirámide criminal de la capital están los Lobos y Latin Kings. Las mafias “han ido ganando espacio, es complejo combatirlas”, admite el comandante policial de Guayaquil, Pablo Dávila.

“Los ruidos de las balas no nos dejan dormir”, dice una líder de un empobrecido barrio guayaquileño, donde solo en una tarde mataron a 22 personas. El presidente Daniel Noboa aplicó una política de mano dura contra las bandas que logró bajar el índice de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.

Pese a la caída, el centro de estudios Insight Crime sostiene que esta última tasa es la más alta de América Latina y “enmascaró” un año de violencia persistente. “La intervención militar obligó a los grupos criminales a transformarse en lugar de desaparecer”, señaló.