El fiscal especial que investiga a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, anunció su intención de acusarlo antes de finalizar septiembre por la posesión ilegal de un arma de fuego, según documentos judiciales publicados el miércoles. En un documento de la corte, el fiscal David Weiss dijo que de acuerdo con las normas del tribunal hay un gran jurado emitirá la acusación antes del 29 de septiembre.
La fiscalía tiene intención de hacerlo “antes de esa fecha”, añade. Hunter Biden, de 53 años, es acusado de evasión de impuestos y de adquirir un arma a pesar de haber admitido abiertamente su problema de drogas. El hijo del presidente demócrata llegó en junio a un primer acuerdo para declararse culpable con el fiscal Weiss, en Delaware (este), el estado de origen de la familia Biden, lo que le habría permitido evitar tiempo en prisión y un juicio vergonzoso.
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Sin embargo, en julio un juez cuestionó la validez del acuerdo y fue anulado. Luego se declaró inocente del cargo de evasión fiscal. El fiscal especial dijo en agosto que había cerrado la investigación por evasión fiscal en Delaware, pero advirtió que se reabriría en otros estados.
Hunter Biden, abogado y lobista, es acusado de no presentar sus declaraciones de impuestos en 2017 y 2018 por ingresos totales de 1,5 millones de dólares. El predecesor de su padre, Donald Trump, y otros republicanos lo han convertido en uno de sus blancos favoritos, al punto de considerarlo el talón de Aquiles de Joe Biden.
Los congresistas conservadores lo acusan de haber realizado negocios turbios en Ucrania y China mientras Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), aprovechándose de las conexiones y del nombre de su padre.
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Fuente: AFP.
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Peña reafirma defensa del consumidor en controles a cadenas
El presidente de la República, Santiago Peña, reafirmó su compromiso en defensa del consumidor e informó que desde el Gobierno se están realizando estrictos controles en los supermercados, expendios de alimentos, incluyendo también a los frigoríficos, no solo en la calidad, sino también en el control de los precios, como una política de Estado.
“Cuando nosotros empezamos a ver que este aumento de las ventas venía gran parte en detrimento de precios sobre la canasta básica, nosotros dijimos, tenemos que salir a controlar y a defenderle al consumidor. Nuestra decisión es: vamos a cuidar al consumidor, que hoy lastimosamente está indefenso”, dijo el mandatario este domingo en entrevista al programa “Mina en casa”.
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El jefe de Estado explicó que, en los últimos 22 meses, en el registro de indicadores mensuales, ha habido un continuo crecimiento, que no se veía desde el 2006, 2007 y 2008.
“Nunca la economía ha crecido durante tanto tiempo; ahora, muchos de estos números, de las estadísticas macroeconómicas, no se reflejan en un bienestar de la clase media, la clase baja, y eso en gran medida es porque el Estado ha sido muy exitoso en construir la estabilidad macroeconómica, que le beneficia al gran empresario y una red de protección social que le ayuda al más vulnerable”, indicó.
En este sentido, se refirió a la clase media, que se encuentra en el medio, y es el sector que está más indefenso ante la mano invisible del mercado. “Nosotros tenemos que cuidar el capitalismo de los abusos de los capitalistas y en el Paraguay nosotros tenemos tres instituciones principalmente, que son muy nuevas”, apuntó.
Peña se refirió a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), institución que parte de los paraguayos no sabe que existía, era una institución opaca, muerta. “Entonces, la primera medida fue traer a la mesa Sedeco, yo debo ser el primer presidente de la República que se reúne con la ministra de Sedeco”, detalló.
Así también, citó a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), que es “una institución que tiene que evitar que los grandes grupos económicos que tienen un poder monopólico u oligopólico usen ese poder en detrimento del consumidor”.
Y como tercera institución de control, el mandatario mencionó a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), que es para los que están en la industria farmacéutica, para control de los medicamentos. “Nosotros pasamos una reforma que pusimos al mismo nivel, así como controlamos los medicamentos, también tenemos que controlar los alimentos”, afirmó Peña.
Caso cadena minimercado
Por otra parte, el presidente se refirió al caso de la cadena de minimercado mediatizado la semana pasada. “La medida no tiene que ver con Biggie, y tiene todo que ver con el consumidor. Nosotros estamos cumpliendo dos años y la verdad que los números macroeconómicos son buenos, eso dicen las estadísticas”, aseveró.
En este caso, contó que fue advertido de las “consecuencias”, teniendo en cuenta que la cadena también pertenece a un grupo de medios, pero aclaró que el mismo control se está realizando en otros locales, supermercados, expendios de alimentos y frigoríficos.
“Hoy la noticia es Biggie, porque también ese medio de comunicación que es propiedad de Biggie le ha dado destaque, pero en realidad nosotros estamos haciendo un control sobre todas las cadenas, todos los supermercados, todo lo que es expendio de alimentos y principalmente controlando, nosotros estamos haciendo investigaciones, qué está pasando en los frigoríficos, cómo se están fijando los precios”, sentenció.
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Juicio a Bolsonaro por golpismo se definirá desde el 2 de septiembre
La corte suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que puede llevarlo a la cárcel. El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022.
El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la sala del supremo que lleva el juicio, convocó varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque el veredicto puede tener lugar antes de esa última fecha. De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se habría frustrado por falta de apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas.
Bolsonaro, líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, se ha declarado inocente y dice ser un “perseguido”. El expresidente se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto, ya que el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, consideró que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales.
Pero este sábado dejará su residencia temporalmente para realizarse exámenes médicos en un centro hospitalario en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal también juzga por golpismo a siete excolaboradores de Bolsonaro. El juicio ha desatado una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de “caza de brujas” y en represalia implementó aranceles comerciales de hasta 50% a Brasil. Estados Unidos también impuso sanciones a Moraes y a otros siete magistrados de la corte.
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Veredicto por votación
La sesión fijada para el 2 de septiembre comenzará con la lectura de Moraes de su relatoría del juicio. Luego habrá lugar para las últimas palabras de la fiscalía y las defensas. Finalmente, los jueces darán a conocer sus votos y sus justificaciones sobre la culpabilidad o inocencia de cada acusado en relación con cada delito imputado. Se pronunciarán por turnos y de forma oral y pública. Los acusados, por su parte, pueden optar por estar presentes o no en la sala.
Las fechas para emitir el veredicto sobre Bolsonaro se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas. El llamado a esos actos había sido lanzado previamente, con motivo de la fiesta nacional. Durante el juicio, Bolsonaro no sólo fue indagado sobre la presunta trama golpista sino también sobre un supuesto plan para asesinar al izquierdista Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.
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Bolsonaro negó la existencia de ese plan, aunque admitió haber evaluado “si existía alguna hipótesis de un dispositivo constitucional” para impugnar los resultados de las presidenciales de 2022, que perdió por un estrecho margen y sobre las que aún hoy arroja sospechas de fraude.
El capitán retirado del Ejército se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación brasileño, lo que le impide presentarse a los comicios del próximo año. Bolsonaro también niega responsabilidad en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando centenares de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia pocos días después de la asunción de Lula. La fiscalía ve los disturbios como un último intento del expresidente de aferrarse al poder.
Fuente: AFP.
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El presidente de la Corte alerta sobre uso indebido de su nombre en gestiones no autorizadas
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, alertó a la ciudadanía sobre el uso indebido de su nombre en supuestas gestiones realizadas mediante mensajes, llamadas u otros medios digitales. Desmintió categóricamente haber solicitado contrataciones, donaciones u otros beneficios institucionales por canales informales, y reafirmó que toda actuación debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y ética pública.
Diesel fue tajante al señalar que no ha autorizado ni autorizará ningún tipo de gestión o intermediación que no se encuentre estrictamente enmarcada dentro de los canales formales y legales de la administración judicial.
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La aclaración se emite en atención a la circulación de mensajes y comunicaciones a través de medios digitales, en los que se menciona indebidamente el nombre del ministro Diesel para la supuesta realización de pedidos institucionales, tales como contrataciones, donaciones u otros beneficios. Al respecto, el titular de la Corte expresó su preocupación ante la gravedad del hecho y advirtió que este tipo de acciones podrían configurar figuras punibles.
En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a desestimar cualquier comunicación que invoque su nombre por fuera de los canales institucionales establecidos, y reiteró que toda actuación del Poder Judicial debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y ética pública.
Finalmente, reafirmó el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la integridad institucional, la confianza ciudadana y la estricta observancia del marco legal vigente. Señaló, además, que cualquier intento de obtener beneficios indebidos será perseguido y denunciado conforme a derecho.
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Bolsonaro pidió su absolución en los alegatos finales de juicio por golpismo
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió ayer miércoles a la corte suprema su absolución, en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.
Por tanto, “exigen la absolución (...) de todas las acusaciones”. Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula. El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.
Él se declara inocente y dice ser un “perseguido”. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica.
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“No hay manera de condenarlo”
La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una “organización criminal armada” que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario del plan. Según la acusación, el expresidente actuó “de forma sistemática” durante su mandato “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.
El expediente se centra también en reuniones donde se habrían presentado minutas de decreto que incluían la posible prisión de autoridades como jueces de la corte suprema. Pero la defensa subrayó que “no hay manera de condenar” a Bolsonaro “con base en las pruebas presentadas en los autos, que demostraron ampliamente que ordenó la transición” de poder para Lula.
Los abogados también cuestionan la validez de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, sobre cuyo testimonio se sostiene buena parte de la acusación. Los alegatos destacaron que después de las elecciones de 2022, Bolsonaro ordenó la transición del gobierno de forma “pacífica e inmediata”, incluyendo la nominación de comandantes militares indicados por el nuevo gobierno, lo que contradice, según el escrito, la narrativa de un intento de golpe.
La defensa también cuestionó la imputación relacionada con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron las sedes de la Presidencia, la corte suprema y el Congreso. Argumenta que estos fueron “delitos multitudinarios” sin conexión directa con Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos en ese momento. La corte suprema debe juzgar el caso en las próximas semanas.
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Tensión diplomática
La situación judicial del expresidente está en el centro de una fuerte tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El gobierno de Trump suspendió la visa del juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.
Además, Trump impuso aranceles punitivos de 50 % a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra el exmandatario. “La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump al anunciar los gravámenes en una carta destinada a Lula.
Fuente: AFP.