Las inundaciones provocadas por la crecida de ríos y arroyos continúan causando graves estragos en distintos puntos de Paraguay. En Ciudad del Este, al menos 287 familias tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, unas 60 familias fueron evacuadas y reubicadas en albergues y refugios temporales ante el avance del río Paraná. El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Cnel. Arsenio Zárate, explicó que la contingencia en Alto Paraná responde al aumento del caudal del río Iguazú y la crecida del Acaray. El masivo volumen de agua del Iguazú genera un represamiento sobre el Paraná, lo que dificulta el vertido de los arroyos internos y agrava los anegamientos en las zonas urbanas.

El impacto del temporal se extenderá progresivamente a otras localidades ribereñas como Cerrito, en Ñeembucú, Yabebyry, en Misiones, y Coronel Martínez, en Guairá. En Ayolas, donde los espacios disponibles ya se encuentran totalmente ocupados, las brigadas construyen viviendas provisorias a la espera de que el nivel del Paraná alcance su pico máximo para comenzar su paulatino descenso.

Fiel a su estrategia procesal, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, en compañía de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó este miércoles la suspensión de su audiencia preliminar, posponiendo así el avance de su proceso judicial por presunta lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La audiencia preliminar del legislador había sido fijada por el tribunal para esta fecha a las 9:00; sin embargo, tras este nuevo recurso planteado por la defensa, la diligencia quedó reprogramada para mañana jueves, 15 de octubre. El dirigente opositor argumenta que se encuentra pendiente de estudio una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción de su causa y su sobreseimiento definitivo.

El juez Carlos Luis Mendoza Peña otorgó, por un plazo de 90 días, la prisión domiciliaria al exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien se encuentra en etapa de recuperación tras permanecer internado en el Hospital Nacional de Itauguá debido a un cuadro de meningitis bacteriana y un traumatismo craneoencefálico por una caída ocurrida el pasado 6 de septiembre. La resolución del magistrado, emitida este miércoles 14 de octubre, detalla que el periodo de 90 días correrá desde mañana, jueves 15 de octubre, con vencimiento el 11 de enero del 2027. Agrega que la decisión podrá ser revocada ante cualquier violación grave de la misma.

Refiere también que el exanimador de radio y televisión “permanecerá bajo un estricto control de un trabajador social y un médico forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio en que guardará prisión y remitir, antes del vencimiento del plazo, informes actualizados al juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver fundadamente la continuidad, modificación o cese de esta modalidad”.

Agentes Especiales del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la Senad, liderados por el fiscal Fernando Escobar de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná - Unidad 2, interceptaron un tractocamión a la altura del km 3,5 de la ruta PY02, en Ciudad del Este, a pocos metros del Puente de la Amistad, cuando se dirigía a San Paulo, Brasil. Mediante un trabajo de inteligencia, los agentes de la Senad ya tenían la sospecha de que el rodado transportaba una carga ilícita, por lo que lo retuvieron y lo revisaron. Efectivamente, hallaron un cargamento de cocaína oculto en un doble fondo en el techo de la cabina.

Al mando del camión iba Leonice Esser Pereira, quien presentó un documento en el cual consignaba una carga de arroz. En total encontraron 235 paquetes que contenían 261,9 kilos de clorhidrato de cocaína. Los paquetes estaban envueltos en cinta de embalaje transparente y llevaban la insignia de la marca de cigarrillos Marlboro. Según estimaciones, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil.

Un grupo de farmacéuticos y bioquímicos del Instituto de Previsión Social (IPS) lleva adelante una manifestación en la intersección de las calles Constitución y Herrera, en Asunción, frente a la Caja Central de la entidad. Los manifestantes se concentraron en el lugar a la espera de una audiencia con las máximas autoridades de la institución previsional.

El objetivo central de la movilización es entregar un petitorio formal que exige el fin de la precarización laboral y la actualización de sus ingresos. La medida de fuerza congrega a profesionales que, en numerosos casos, superan una década de antigüedad prestando servicios bajo el régimen de contratación temporal sin acceder a la estabilidad. Según la vocera del gremio, la Dra. María Arce, el sector está conformado por más de 1.200 profesionales, entre químicos, farmacéuticos y bioquímicos. De ese total, cerca del 50 % permanece en situación de contrato, lo que refleja la alta vulnerabilidad laboral en la que operan dentro del sistema de salud previsional.

El senador Gustavo Leite señaló que, a su criterio, el informe remitido al Senado por el Banco Central del Paraguay (BCP) es insuficiente, y adelantó que su postura será solicitar el cambio total de los miembros del BCP y del superintendente de bancos. El legislador se refiere a la respuesta remitida por la entidad financiera sobre la supervisión regulatoria, los procesos de absorción o fusión bancaria y los límites crediticios en entidades de plaza.

“Necesitamos la certeza de que el Banco Central está trabajando afanosamente, rápidamente y con equidad para desterrar todos los temores existentes. Yo dije la semana pasada que si la respuesta del Banco Central era cantinflesca (confusa), tendría que pedir la remoción de sus miembros. Ha sido una respuesta absolutamente insatisfactoria que no responde a nada”, declaró este miércoles a los medios de prensa en el Senado.

El Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel advirtió a Miguel Prieto y a otros 10 acusados que deben preparar su defensa ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso Tía Chela sean ampliados a estafa y producción de documentos no auténticos. El aviso se dio durante el juicio que enfrenta Prieto por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal

Prieto está sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del covid-19. En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos. El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.

Organizaciones sociales y allegados a Daisy Paola Giménez Segovia se movilizarán mañana sábado a partir de las 17:00 en la Plaza de la Democracia, para exigir justicia por el feminicidio ocurrido en la noche del jueves en Lambaré.

La manifestación tiene el objetivo de repudiar el brutal asesinato y reclamar medidas efectivas contra la violencia hacia las mujeres.

Hasta octubre de 2026 el Ministerio Público registra 20 víctimas de feminicidio y 28 víctimas de tentativa de feminicidio en todo el país. Se abrieron 19 causas penales por estos delitos, además de registrarse un homicidio, 4 tentativas de homicidio a víctimas colaterales y 6 ataques de extrema gravedad

La Articulación Feminista del Paraguay convoca a la ciudadanía a una movilización por el feminicidio de Deisy Paola, para exigir justicia y respuestas efectivas frente a la violencia contra las mujeres.

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Este movimiento expresa solidaridad con su familia y sus seres queridos, rechazando la violencia feminicida, al tiempo de reclamar que las instituciones responsables actúen con diligencia para garantizar justicia, protección y prevención.

En un comunicado, explicaron que detrás de cada feminicidio hay una vida arrebatada, una familia destrozada, sueños interrumpidos “y nos preguntamos, ¿hasta cuándo?“.

Daisy Paola falleció trágicamente luego de recibir dos disparos de arma de fuego en la cabeza, en un hecho ocurrido en la noche del jueves, cuyo autor sería su expareja Aldo Alexis Duarte (26)

La autopsia realizada al cuerpo de la víctima de feminicidio en Lambaré, confirmó que la joven recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza, uno de los cuales le provocó lesiones mortales en el tallo encefálico.

La víctima contaba con una orden de restricción y denuncias previas por amenazas contra su expareja, quien es buscado por las autoridades.

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Vecinos de los barrios Lérida y Reducto de San Lorenzo se manifestaron este miércoles de mañana exigiendo la reubicación del campamento de una empresa adjudicada con la ampliación de la Ruta D027, que une las ciudades de San Lorenzo, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

Lugareños piden que se reubique el campamento debido a las complicaciones que afectan a los vecinos. Son aproximadamente 200 personas afectadas en su salud por la contaminación y en su tranquilidad por el ruido generado por la circulación constante de vehículos pesados.

“Desde comienzos de año se instaló esta empresa del Consorcio Victoria que fue adjudicada para la obra. Primero fue con la prefabricación de tubos para desagüe que necesita mucha maquinaria. Entonces, hay muchos camiones pesados, cisternas que entran y salen”, explicó Catalina Insfrán en diálogo con el programa Dos en la ciudad de canal GEN y Universo 970AM.

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Añadió que a mediados de año instalaron su planta asfáltica. “Eso fue lo peor por la emisión de gases tóxicos, hollín, polvo que es imposible convivir en nuestra propia casa”, lamentó.

En julio, la planta asfáltica comenzó a operar sin permiso de la Municipalidad, por lo que la comuna les impidió realizar sus actividades momentáneamente. Pero los afectados solicitan que sea reubicada en un lugar aislado.

“Pedimos al gobierno central, a través del MOPC, que reubique en un lugar descampado. Esta planta estaba en medio de un vecindario”, manifestó la vecina.

Las actividades están pausadas parcialmente. Pero, la gente no se va a quedar contenta si no se reubica porque puede estar dentro de los barrios muy poblados, aclaró la vocera.

“No vamos a cansarnos, vamos a seguir con la lucha”, advirtió Insfrán.

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Tras más de una década, la coalición internacional antiyihadista encabezada por Estados Unidos concluyó su misión en Irak, donde ayudó a liberar al país del grupo Estado Islámico, al tiempo que causó constantes fricciones. El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, celebró este miércoles el fin de la misión y habló de un nuevo capítulo en la historia del país.

“Ha comenzado una nueva etapa, definida por la soberanía de Irak, la fortaleza de sus instituciones, la preparación de sus fuerzas, la unidad en la toma de decisiones y unas alianzas equilibradas con sus amigos”, dijo durante una ceremonia. El Departamento norteamericano de Defensa anunció minutos antes en un comunicado el fin oficial de la operación ‘Inherent Resolve’ en Irak.

Las fuerzas de esa alianza llegaron a Irak y Siria para combatir al grupo Estado Islámico (EI), que en 2014 tomó grandes extensiones de ambos países, donde cometió numerosas masacres, decimó a la minoría yazidí y esclavizó a mujeres y niños.

Con la indispensable ayuda de los combatientes kurdos y de milicias iraquíes afines a Irán, el movimiento fue derrotado en 2017 en Irak y en 2019 en Siria.

Pero las fuerzas de la coalición permanecieron para enfrentar a sus remanentes.

Bagdad y Washington acordaron en 2024 poner fin a la misión, y sus soldados comenzaron a retirarse gradualmente de las bases en Irak, limitándose finalmente a la norteña región autónoma del Kurdistán.

Para el gobierno iraquí, la salida de la coalición significa que las milicias proiraníes ya no tienen excusas para mantener sus arsenales.

Al Zaidi declaró el 1 de octubre, la primera jornada tras el retiro de la coalición, como Día de la Soberanía.

El lunes, los líderes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial elogiaron la ocasión como un hito que “consolida la presencia del Estado y sus instituciones”.

Pero advirtieron que ahora “se debe abordar la presencia de armas fuera de la autoridad estatal (...) en línea con los plazos establecidos por el gobierno”.

Zaidi, quien llegó al poder este año con apoyo estadounidense, prometió reforzar el control estatal sobre las armas y asegurar que las facciones proiraníes entreguen su armamento al Estado.

Inicialmente, su gobierno fijó este 30 de septiembre como fecha límite para que esas facciones se desarmaran, pero luego retiró dicho tope para dejar espacio a las conversaciones políticas sobre la “regulación” de las armas, un asunto que llevará tiempo resolver.

Varios grupos se niegan a desarmarse, y plantearon como condición no sólo el retiro de las tropas extranjeras, sino también el fin de la interferencia política y económica estadounidense.

El grupo Kataeb Hezbolá dijo el lunes en un comunicado que la salida de “las fuerzas de ocupación (...) es un primer paso para alcanzar la plena soberanía”.

De paso amenazó también al gobierno de Zaidi.

“Un gobierno que no trabaja por el bien de su pueblo será depuesto por todos los medios posibles”, aseguró el grupo.

Durante la batalla contra el EI, la coalición internacional y las facciones proiraníes enfrentaron a los yihadistas, su enemigo común.

Pero tras la derrota del Estado Islámico, un grupo sunita ultrarradical, la presencia de la coalición se convirtió en un foco de disputa entre las autoridades iraquíes y las facciones afines a Irán, la gran potencia chiita de Oriente Medio.

Durante la guerra de Oriente Medio, Irán y sus milicias aliadas intensificaron los ataques contra las fuerzas estadounidenses en la región del Kurdistán.

Esos grupos exigieron el retiro de tropas estadounidenses y las atacaron con drones y misiles, lo que provocó bombardeos de represalia.

Los kurdos de Erbil, la capital de la región de Kurdistán, dijeron a la AFP que les preocupa saber quién los protegerá de los drones que suelen atacar su zona cuando se retiren los interceptores de la coalición.

Fuente: AFP.