Bolivia ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la captura del uruguayo de 32 años Sebastián Marset Cabrera, uno de los más buscados en el Cono Sur por narcotráfico, informó este domingo un ministro.
“Hemos decidido otorgar una recompensa, para quien nos pueda dar con el paradero exacto de Sebastián Enrique Marset, por la suma de 100.000 dólares americanos”, dijo en rueda de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
Marset es buscado desde el pasado sábado 29 de julio en Bolivia, cuando escapó de un operativo policial. Según el mismo ministro Del Castillo, el gobierno fue alertado sobre su presencia en el país en junio de este mes por los gobiernos de Uruguay y Paraguay.
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El gobierno boliviano desplazó a unos 2.000 uniformados para detener Marset Cabrera, considerado por el ministerio de Gobierno (Interior) como “un narcotraficante de alto valor” para la región y el mundo. Del Castillo también restó credibilidad a la propia versión de Marset, quien en un video difundido el sábado en redes sociales dijo estar fuera de Bolivia. “Todo lo que está diciendo es falso”, dijo el ministro de Gobierno.
Además de ser investigado por narcotráfico, Marset ha sido señalado por el asesinato de dos paraguayos: el empresario deportivo Mauricio Schwartzman y el fiscal antidrogas Marcelo Pecci. El primero fue baleado en Asunción, la capital paraguaya, el 12 de septiembre de 2021; mientras que Pecci fue muerto a tiros el 10 de mayo de 2022, en la isla colombiana Barú.
Fuente: AFP.
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Bloqueos de vías en Bolivia se reducen, pero la escasez persiste
Los bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades de Bolivia se redujeron este lunes, aunque la aguda escasez de alimentos, medicinas y combustibles persiste tras más de un mes de protestas contra el presidente Rodrigo Paz, constató un periodista de la AFP.
En las últimas dos semanas, los bloqueos de vías que impiden el transporte terrestre pasaron de más de 100 a unos 50 este lunes, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
En La Paz, los residentes hacían largas filas de hasta tres cuadras en las afueras de un supermercado estatal por el inicio de la venta de carne de pollo a bajo precio.
Pero en los mercados privados de la capital política y de la vecina El Alto no parece sentirse ningún efecto: las carnes y vegetales todavía cuestan más del doble del precio habitual.
En los hospitales también escasean las medicinas y en las cercanías de las gasolineras los conductores duermen por días en sus vehículos a la espera de su turno.
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“Toda la población es la que está sufriendo. Y el gobierno no toma decisiones. Están esperando que de cansancio, de aburrimiento, se levanten todos los bloqueos”, dice a la AFP Paola Herrera, de 50 años y trabajadora de una empresa de transporte.
Ella lleva cinco horas de pie en la fila por un pollo. Solo se entrega uno por persona.
El gobierno anunció que desde este lunes los cargamentos de pollo llegarán diariamente por vía aérea de Santa Cruz (este) a La Paz (oeste) con la ayuda de Estados Unidos, Chile y Argentina, aliados de la administración de Paz, que lleva siete meses en el poder.
Los manifestantes -principalmente obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros- rechazan las propuestas de reformas económicas de Paz y reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
La presidencia de Paz puso fin a 20 años de gobiernos socialistas, después de Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Los principales sectores movilizados no aceptan los llamados al diálogo del gobierno, que no descarta imponer un estado de excepción que restringiría libertades de reunión y movimiento y permitiría emplear militares en el control de las protestas.
El gobierno denuncia que quienes exigen la dimisión de Paz son “narcoterroristas”, a los que vincula con el exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor que él niega.
- Fuente: AFP
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Miles marchan en Bolivia contra el gobierno, que evalúa decretar estado de excepción
Miles de trabajadores marcharon este miércoles en el centro de la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que evalúa decretar un estado de excepción para contener las protestas que empezaron hace cinco semanas.
“¿Qué queremos? ¡Renuncia!”, gritaban los campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas que avanzaron por las calles de La Paz, sede del gobierno, entre el ruido de petardos.
Los manifestantes rechazan las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
“Algunos quieren vender, destrozar al país. Y como bolivianos verdaderos no los vamos a dejar”, dijo a la AFP Omar Hancco, minero de 44 años de Oruro (sur), que viajó más de 380 kilómetros para protestar.
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Vestidos con ponchos, algunos usando cascos, los huelguistas intentaron llegar a la plaza de armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, pero fueron fácilmente dispersados por policías antimotines con gases lacrimógenos.
Paz, con siete meses en el poder, denunció el lunes que las protestas que piden su dimisión son impulsadas por “narcoterroristas” y promulgó una ley que le permite ahora declarar un estado de excepción.
Con esa medida se restringirían las libertades de reunión y movimiento, claves para protestar, y las fuerzas armadas podrían apoyar a los policías en la desactivación de decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país.
En La Paz y la vecina El Alto se agudiza la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. Los precios de carnes y vegetales se duplicaron en los mercados y algunos conductores duermen en sus vehículos en las filas de las gasolineras.
Según el gobierno, el daño económico causado por los bloqueos es de más de 1.200 millones de dólares. Los principales sindicatos en protesta han rechazado los llamados al diálogo del gobierno.
- Fuente: AFP
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Camioneros paraguayos varados en la frontera entre Bolivia y Perú piden ayuda
Este martes, un grupo de camioneros paraguayos que se encuentran varados hace más de 30 días en la frontera entre Bolivia y Perú pidieron ayuda a las autoridades para poder subsitir en tanto duren las manifestaciones. Estos se encuentran a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar, enfrentando difíciles condiciones climáticas y logísticas.
Según Braulio Valdez, camionero afectado, necesitan una intervención urgente de las autoridades de Perú para destrabar la situación y poder continuar su recorrido. Además, de ayuda monetaria para mantenerse en la zona ya que no pueden movilizar sus camiones.
“Nosotros hace 35 días que estamos parados en desaguadero lado peruano y hasta el momento recibimos asistencia de la Embajada Paraguaya, pero es muy poca. Nos enviaron 270 soles y hace una semana nos enviaron 170 soles”, detalló Valdez, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Afirmó que además del dinero, también necesitan alimentos para sobrevivir, porque en la zona todo es más costosos y los comerciantes se están aprovechando. Saben que necesitan o que muchos camioneros de otros países reciben importantes sumas de dinero como ayuda.
“La plata que nos enviaron solo era para dos días y no nos alcanza eso, nos estamos solventado por nuestro propio medio. El problema es Bolivia, tenemos todo en condiciones para pasar, pero ellos tienen un conflicto político en este momento y cierran toda la ruta con máquinas para que ningún vehículo pase”, afirmó.
Agregó que ellos son trabajadores independientes por lo que necesitan ayuda del Gobierno paraguayo. “Nosotros agarramos la carga independientemente y la llevamos a Paraguay. Yo llevo tela, mi compañero plástico y otro aceite, la empresa nos presta su permiso internacional para circular”, puntualizó.
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Bolivia: autorizan usar militares para desbloquear rutas cerradas por protestas
El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.
Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.
Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.
Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones. Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.
Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.
El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos. Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.
Presunción de legalidad
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.
“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.
Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.
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En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de carburantes. Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.
El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.
Fuente: AFP