La diferencia entre “internación” y “cuidados” domiciliarios marcó ayer jueves una nueva audiencia en el juicio en Argentina contra siete profesionales de la salud por la muerte de Diego Maradona, quien falleció en 2020 cuando convalecía en una casa alquilada tras una cirugía en la cabeza. “Mi criterio siempre fue el mismo: una internación domiciliaria seria”, afirmó la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales acusadas y quien atendía entonces a Maradona.

Cosachov dijo que nunca consideró adecuado que el exfutbolista volviera a su casa tras la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido el 3 de noviembre de 2020. Para la médica, que habló por primera vez en la sala, la mejor alternativa era continuar la rehabilitación en un centro especializado, debido al cuadro de depresión y adicción al alcohol del paciente de 60 años.

Sin embargo, Maradona se negaba, por lo que surgió la opción de alquilar una casa en Tigre -a 30 km al norte de Buenos Aires- para que pasara su convalecencia. “Para mí, como psiquiatra, no era opción que volviera solo a la casa. Se nos ocurre entonces esta opción intermedia que era el dispositivo de internación domiciliaria”, declaró.

“Solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias”, prosiguió. “Yo firmé convencida de que eso se iba a cumplir. ¿Por qué iba a pensar que una empresa como Swiss Medical no le iba a dar lo mejor a un paciente de estas características?”, sostuvo al referirse a la empresa de medicina privada que participó en la logística.

A su turno, Mariana Flichman, exmédica legista de Swiss Medical que intervino en el acta de externación, declaró como testigo que el servicio previsto era de acompañamiento y enfermería, no de una estructura hospitalaria. “Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos transmite el equipo tratante”, declaró.

“Yo confié en que todos sabían lo que firmaban”, agregó. El juicio en el tribunal de San Isidro, vecino a Tigre, examina tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria que terminó con la muerte del ídolo el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Swiss Medical no está imputada como entidad, aunque entre las acusadas figura Nancy Forlini, médica que trabajaba para la compañía y que actuó como coordinadora médica de la convalecencia. Los siete acusados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que implica haber sido conscientes del riesgo de muerte, y penas de hasta 25 años de prisión. Se espera que el juicio, con dos audiencias semanales, continúe al menos hasta julio.

Fuente: AFP.

El ejército desplegó el miércoles a sus tropas en una zona rural del sureste de Colombia, en medio de letales enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC que se disputan las rentas del narcotráfico en esa región. Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el país elegirá al sucesor del izquierdista Gustavo Petro.

El “crudo enfrentamiento” entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las dos principales estructuras rebeldes del país, dejaron “múltiples víctimas fatales”, dijo en la red social X el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que atribuyó los combates a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.

Los enfrentamientos se registran desde el lunes en el departamento del Guaviare, dijo a la AFP un vocero del ejército, que anunció en un comunicado el despliegue de soldados en la zona para “proteger a la población civil”. Las autoridades aún no han divulgado un balance oficial de víctimas.

Las Fuerzas Militares se movilizan hacia esa zona de difícil acceso en el municipio de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca. Es cuna de las primeras filas que rechazaron el histórico tratado de paz entre las FARC y el gobierno que desmovilizó al grueso de esa guerrilla en 2016.

A cuatro días de la primera vuelta presidencial, el recrudecimiento del conflicto armado de seis décadas es una de las principales preocupaciones de los votantes. Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, priorizó una política de diálogos con todos los grupos armados del país conocida como “paz total”.

Pero a tres meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido éxito. La oposición critica su política de paz y lo acusa de ser indulgente con los criminales. El mandatario, que por ley no puede reelegirse, busca continuar su proyecto con la candidatura de su aliado, el senador Iván Cepeda, que parte como favorito en las encuestas. Le siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que defienden una política de mano dura contra los grupos criminales.

Fuente: AFP.

La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.

El Ministerio Público representado por la fiscal Verónica Valdez, produjo este martes varias pruebas documentales que guardan relación al intercambio de mensajes entre el exministro abdista Arnaldo Giuzzio y el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El juicio oral y público contra el extitular del Interior, acusado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el empresario que se encuentra detenido en Brasil, será retomado el próximo 5 de junio a las 10:00.

El tenista paraguayo, Adolfo Daniel Vallejo, tuvo un estreno histórico y bastante loco en Roland Garros, uno de los torneos más importantes en el mundo de la raqueta. El guaraní se sacó de encima al británico Cameron Norrie, número 24 del ranking ATP.

El jugador europeo sintió una lesión y se retiró del compromiso tras el 7-6 y 2-0, luego de una hora y 18 minutos de juego. El primer set fue terriblemente intenso, ninguno se pudo quebrar el saque y se definió en el tie-break, donde Vallejo llegó a estar 1-5 abajo, pero lo remontó de manera fantástica para cerrarlo con un marcador de 9-7 en 57 minutos.

Una multitudinaria marcha en la capital política de Bolivia derivó el lunes en choques con la policía, pese a que el presidente Rodrigo Paz anunció que bajará a la mitad su salario, en un intento por calmar las protestas que entraron en su cuarta semana. El mandatario centroderechista, que asumió el poder hace apenas seis meses, enfrenta una ola de manifestaciones que exigen su renuncia ante la crisis económica que sufre el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos. “Estamos enojados, porque nos ha mentido” el presidente, aseguró Félix Mamani, minero de 47 años que asegura que su sector apoyó con sus votos a Paz.

"Hace rato que la oposición tiene como hoja de ruta volver a las listas cerradas, sin las máquinas de votación serían impracticable las listas abiertas", dijo el diputado Alejandro Aguilera, en torno a la campaña de desprestigio que impulsa el mencionado sector conjuntamente con la disidencia colorada contra el sistema electoral rumbo a las internas del 7 de junio, para las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Nosotros creemos plenamente en el sistema electoral paraguayo y en la fiabilidad de las máquinas de votación, que ya fueron auditadas en su momento, según los plazos del calendario electoral, con participación de técnicos, partidos políticos y observadores", sostuvo al diario La Nación/Nación Media.

El rubro de la molienda de soja y otras oleaginosas está mostrando gran dinamismo en la primera parte del año. El crecimiento se puede observar en el procesamiento de los productos de origen agrícola y en la ocupación de la capacidad instalada, de acuerdo con los datos de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

La organización dio a conocer los datos del sector industrial al primer cuatrimestre del año. Entre los más destacados se halla el aumento del procesamiento de soja, que llegó a 1.119.038 toneladas, un crecimiento de 9 %, comparando con el mismo periodo del año pasado. Un nivel de procesamiento similar se había alcanzado por última vez, en el mismo periodo del 2019.

El Ministerio Público no avanza en la investigación abierta contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por las inconsistencias detectadas por la Contraloría en sus empresas Aldia SA y Createc SA. Unos 45 millones de dólares fueron blindados bajo la figura de “reservas operativas”. Además se suman los USD 21 millones ocultos en un paraíso fiscal.

El exmandatario, quien al dejar el cargo declaró un patrimonio neto de G. 21,8 mil millones (unos USD 3 millones), se encuentra en el centro de una pesquisa que involucra USD 45 millones en utilidades no declaradas y una denuncia por presuntos depósitos en un paraíso fiscal.

Personal de la Prefectura Naval comenzó este martes con los trabajos de búsqueda en el río Paraguay del agente Lince desaparecido el último fin de semana en inmediaciones del puente Remanso. El objetivo es hallar alguna pista que conduzca a la localización del suboficial José Eduardo Gayoso, de 21 años, cuya moto fue abandonada en la zona citada.

El joven prestaba servicio en la Unidad del Grupo Lince de Luque y debía presentarse por la madrugada de ayer lunes. La denuncia de su desaparición se realizó alrededor de las 4:30. En ese momento, la mamá recibió la información de que hallaron su motocicleta sobre el puente Remanso. Sin embargo, el hecho fue comunicado a la familia recién cuando la madre acudió a la comisaría.