La jueza argentina María Eugenia Capuchetti elevó este lunes pasado a juicio oral el proceso en curso contra tres acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien se había opuesto y había solicitado más medidas de prueba. La elevación a juicio, que implica el cierre de la etapa de investigación, había sido pedido el 30 de mayo pasado por el fiscal Carlos Rívolo. La defensa de los tres acusados no interpuso queja por lo que la jueza le dio curso, según la resolución publicada por la prensa.
La querella reclama que investigue si hubo autores intelectuales y financistas del ataque, pero igual participará como parte acusadora en el juicio, dijo el abogado José Manuel Ubeira. “Elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad”, había advertido Ubeira cuando el fiscal solicitó el cierre de la parte investigativa.
El ataque se produjo el 1 de setiembre de 2022 frente al domicilio de Kirchner, cuando uno de los detenidos, Fernando Sabag Montiel, armado con una pistola, se mezcló entre un grupo de simpatizantes, se acercó a la vicepresidenta y apretó varias veces el gatillo, sin que salieran los disparos.
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En aquellos días un tribunal estaba juzgando a la expresidenta (2007-2015) por un caso de corrupción, por el que luego fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política, cargos que ella apeló y que atribuyó a una persecución en su contra y la llevó a desistir de presentarse a las elecciones generales de octubre.
Sabag Montiel, de 35 años, y su novia Brenda Uliarte (23 años) están acusados como coautores. Nicolás Carrizo, de 27 años, y quien empleaba a la pareja como vendedores ambulantes, está imputado como “partícipe necesario”. La causa quedó catalogada por el fiscal como “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”.
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La jueza recordó en su dictamen que el fiscal consideró que de la investigación “no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona” que se les hubiese brindado asistencia para el suceso. El fiscal también descartó que haya elementos que muestren “la colaboración de terceros con dinero para el atentado”.
Al conocerse el dictamen de Rívolo, Kirchner había advertido que “toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”.
Fuente: AFP.
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Francia condena a 20 años de prisión a un excirujano por agresión de 299 pacientes
- Vannes, Francia. AFP.
La justicia francesa condenó este miércoles pasado al excirujano Joël Le Scouarnec a la pena máxima de 20 años de prisión por violar o agredir sexualmente a casi 300 pacientes, en su mayoría cuando eran menores. El juicio iniciado en febrero conmocionó al país, meses después de otro caso “fuera de lo común”: el de las violaciones en serie a Gisèle Pelicot, que acabó con 51 hombres condenados.
“Se tuvo en cuenta que los hechos cometidos eran especialmente graves por el número de víctimas, su corta edad y el carácter compulsivo” del acusado, indicó la presidenta del tribunal de Vannes, Aude Buresi, al leer el veredicto. Después de que se comunicara el fallo, uno de los abogados del excirujano, Maxime Tessier, indicó que su cliente no recurrirá y que “nunca tuvo intención” de hacerlo.
La fiscalía había pedido 20 años de prisión contra este “diablo” de “bata blanca” y otras medidas menos comunes como su reclusión en un centro para su tratamiento y vigilancia después de cumplirla. Pero el tribunal de esta ciudad del oeste de Francia le impuso una condena más leve, al subrayar su “voluntad de reparación” y su edad. El hombre de 74 años podrá así solicitar la libertad condicional cuando cumpla dos tercios de la pena de 20 años.
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La justicia también le impuso un seguimiento socio-judicial durante 15 años que incluye, en particular, someterse a tratamiento y una prohibición definitiva de ejercer una profesión médica o una actividad en contacto con menores. El veredicto fue acogido con gritos de “¡Qué vergüenza de justicia!” en la sala de retransmisión reservada a las víctimas.
Algunas, que se concentraron frente al tribunal, se abrazaron, llorando. “Qué decepción”, comentó Manon Lemoine, portavoz de un colectivo de víctimas de Joël Le Scouarnec, ante la prensa. Otra víctima, Amélie Lévêque, se dijo “humillada por este veredicto”. En cambio, Cécile de Oliveira, una de los abogados de las partes civiles, consideró que el veredicto se “adapta de forma muy fina a la situación psiquiátrica de Le Scouarnec”.
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Nueva investigación
Joël Le Scouarnec reconoció durante el juicio su culpabilidad en todos los actos perpetrados en hospitales entre 1989 y 2014, tanto violaciones como agresiones sexuales. Entonces, 256 de estos pacientes tenían menos de 15 años.
Pero, durante el proceso, reconoció otros “abusos sexuales” sobre su nieta y se dijo responsable del suicidio de dos de sus víctimas.
El excirujano cumple 15 años de prisión desde 2020 por violaciones o agresiones sexuales contra dos sobrinas, una joven paciente en los 1990 y una vecina suya de 6 años en Jonzac en 2017.
A raíz de la denuncia de esta última, los investigadores descubrieron en casa del acusado “cuadernos” en los que apuntaba con detalle sus agresiones, miles de imágenes de pornografía infantil y decenas de muñecas, entre otros.
El 20 de marzo, la fiscalía anunció la apertura de una nueva investigación sobre “víctimas no identificadas o recién declaradas” del excirujano.
“Peligrosidad muy grande”
Le Scouarnec nació en París de padre ebanista y madre conserje. El mayor de tres hermanos era un muy buen alumno, más bien solitario, que soñaba con convertirse en cirujano, lo que logró en los años 1980.
Se casó y tuvo tres hijos entre 1980 y 1987. Pero bajo la imagen de una familia sin problemas, la relación del matrimonio fue cada vez más tensa a medida que aumentaban las tendencias pedófilas del médico.
“Este señor es un enigma”, dijo al tribunal Jean-Jacques Dumond, uno de los psiquiatras que lo examinaron y que no encontraron la causa de su pedofilia. Su “peligrosidad es muy grande”, abundó su colega Isabelle Alamone.
La justicia lo descubrió en 2004. Su tarjeta bancaria, que utilizaba para acceder a sitios de pornografía infantil, lo traicionó y un tribunal de Vannes lo condenó en 2005 a cuatro meses de prisión, con suspensión de pena.
Esta condena por posesión de imágenes de pornografía infantil no le impidió seguir con su carrera de cirujano en varios hospitales hasta 2017, cuando se jubiló.
Frustración
Los meses de audiencias han estado marcados por el horror ante los actos del exmédico y por la frustración de las víctimas ante la falta de actuación de las autoridades médicas y judiciales.
Un colectivo de víctimas, que denunció el “silencio político” durante el juicio, anunció una reunión el 11 de junio con el ministro de Salud, Yannick Neuder.
Este último prometió en la radio France Info trabajar para evitar que se repitan este tipo de hechos. “¿Cómo pudimos llegar a una situación como esta?”, se preguntó. El proceso se vio opacado por las acusaciones contra el primer ministro, François Bayrou, por supuestamente haber encubierto casos de violencia en un colegio católico, algo que él niega.
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Agricultor peruano pierde juicio en Alemania contra grupo energético
- Hamm, Alemania. AFP.
Un tribunal alemán rechazó el miércoles la demanda de un agricultor peruano contra la empresa energética RWE, asentando un revés a los activistas medioambientales en este caso emblemático de justicia climática. La Corte de Apelaciones de Hamm, en el oeste de Alemania, reconoció sin embargo el principio de responsabilidad global de las energéticas.
"Si existe una amenaza de daño, el responsable de las emisiones de CO2 puede estar obligado a tomar medidas preventivas (...) [o] a asumir los costes en proporción a su cuota de emisiones", dictaminó el tribunal. El caso empezó con la demanda de Saúl Luciano Lliuya, de 44 años, que sostenía que RWE, una de las mayores emisoras de dióxido de carbono del mundo, debía compartir el coste de proteger su ciudad natal, Huaraz, de una laguna glaciar que amenaza con desbordarse por el deshielo.
La Corte de Apelaciones no reconoció sin embargo riesgo importante de inundación, un requisito previo para examinar la cuestión de la posible responsabilidad de RWE en el caso. El agricultor no podrá solicitar una revisión del juicio y deberá pagar los costes de aquel, según el fallo.
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Lucha de expertos
El caso poseía una dimensión jurídica crucial, ya que RWE no tiene centrales en Perú y, por tanto, ningún vínculo directo con la localidad del demandante ni con los efectos locales del calentamiento global.
El agricultor y las organizaciones que lo apoyan querían que RWE sirviera de ejemplo de la responsabilidad jurídica global que, en su opinión, tienen las empresas energéticas sobre el cambio climático.
Lliuya y la oenegé Germanwatch exigían que el gigante energético alemán pagase una indemnización proporcional a su parte de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde el inicio de la era industrial, que estimaron en un 0,38% en un estudio.
La casa del peruano estaría amenazada por el deshielo de los glaciares que rodean la laguna de Palcacocha, en la cordillera central, acelerado por el cambio climático.
Según el ingeniero Rolf Katzenbach, citado por el tribunal, el riesgo en los próximos 30 años se sitúa en torno al 1%, tras una estimación inicial del 3%.
Sin embargo, Lukas Arenson, un experto convocado por la parte demandante, alegó que el estudio de Katzenbach subestima los efectos futuros del cambio climático.
Por otra parte, el equipo jurídico de Lliuya pidió, sin éxito, que se anulara el testimonio de Katzenbach, alegando que estaba sesgado porque el ingeniero supuestamente tenía vínculos con una filial de RWE.
“Seguimos adelante”, declaró Roda Verheyen, abogada del peruano, tras este fracaso.
La primera acción legal de Lliuya se remonta a 2015 en el tribunal de Essen, sede de RWE, donde reclamó 17.000 euros a la empresa para proteger a su comunidad de las inundaciones. El tribunal desestimó la demanda, pero el tribunal superior de Hamm admitió en 2017 un recurso de apelación.
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“Paso adelante”
La decisión suscitó esperanzas entre los defensores del medio ambiente que esperaban que el caso sentara un precedente en cuanto a la “justicia climática global”, un concepto político según el cual el Norte contaminante debe compensar a los países del Sur víctimas de la contaminación.
Verheyen esperaba que el tribunal confirmase un principio sin precedentes: que una empresa debe responder de las consecuencias de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
“Esto enviaría un mensaje muy importante a los tribunales de todo el mundo”, añadió Noah Walker-Crawford, investigador que asesora al equipo jurídico de Lliuya, y sería “un enorme paso adelante”.
Por su parte, RWE sostiene que los efectos del cambio climático no pueden atribuirse legalmente a emisores concretos.
“De lo contrario, cualquiera podría demandar a cualquiera a causa del cambio climático”, declaró a AFP un portavoz de la compañía energética, añadiendo que esta “ha cumplido en todo momento todas las normas legales relativas a las emisiones de CO2 en el curso de sus actividades comerciales”.
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Patagonia argentina en pie de guerra contra amenaza a su industria
- Ushuaia, Argentina. AFP.
Una ráfaga de viento subantártico sacude a la operaria Claudia Tigüel mientras acampa afuera de una fábrica en el extremo sur de Argentina. Allí, miles luchan por mantener la producción de celulares, amenazada por una medida del presidente Javier Milei. “Las fábricas son mi vida”, asegura.
En Tierra del Fuego, una provincia insular a 1.000 km de la Antártida, las industrias instaladas al amparo de exenciones fiscales son en su mayoría del rubro electrónico. Pero un decreto de Milei, un economista ultraliberal que aboga por el libre mercado, determinó el pasado martes una eliminación gradual de los aranceles a la importación de teléfonos para fomentar precios más competitivos.
En respuesta, los trabajadores de las fábricas de Tierra del Fuego donde se producen celulares, que emplean a unas 8.500 personas, llamaron a una huelga general y a una manifestación el miércoles.
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La protesta reunió a miles en Ushuaia, la ventosa capital provincial apodada “la ciudad del fin del mundo”. Bordeó el canal Beagle hasta el centro, bajo una temperatura de -4°C.
“Estamos luchando por nuestras fuentes de trabajo, somos muchas familias que dependemos de esta actividad”, dijo a la AFP Paula Mayor, operaria de NewSan, uno de los principales fabricantes de electrodomésticos y celulares del país.
Desde la semana pasada, cuando se anunció la medida que tomaría el gobierno, unos veinte trabajadores se instalaron en una carpa frente a una planta de NewSan, calefaccionados por tres tachos con fuego.
Entre ellos Tigüel, de 48 años. “La mitad de mi vida está aquí. Tratar de no dramatizar lo que nos pasa es imposible”, dice a la AFP.
En esta región, una ley de 1972 exime de impuestos a habitantes y empresas. La medida fue adoptada para fomentar el poblamiento de una zona de gran relevancia geopolítica, que pasó de 13.000 habitantes en la época a 190.000 ahora.
“Las fábricas son parte de la identidad de este lugar. Muchísimos vinieron a trabajar aquí de todas partes del país. Y gracias a ello se pobló el lugar”, relata Tigüel.
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Miles de empleos
Los aranceles a la importación de celulares bajarán del 16 al 8 % en una primera etapa y del 8 al 0 % desde enero de 2026.
Esto “pone en riesgo el futuro de la provincia y de miles de familias fueguinas”, dijo en la red X el gobernador Gustavo Melella.
Luis Galli, CEO del grupo Newsan, advirtió que las consecuencias “serán altas”.
El economista Juan Pablo de Luca estima que se comprometerán de “3.500 a 4.000 puestos de trabajo”.
“La industria promocionada explica cerca del 35 % de la economía fueguina, incluyendo uno de cada cuatro empleos privados. Solo en salarios implica 10 millones de dólares mensuales”, dice a la AFP.
Las principales críticas al sistema de producción local radican en su costo fiscal por la exoneración de impuestos.
Según el centro de investigación Fundar, el Estado deja de recaudar “1.070 millones de dólares” anuales por el régimen industrial de esta región, un 0,22 % del PIB.
El instituto provincial de estadísticas informa que en 2024 se fabricaron más de 10 millones de celulares Samsung, Motorola, TCL, ZTE y Alcatel, entre otros, que abastecen el 96 % del mercado nacional.
Pero el jefe de gabinete del gobierno argentino, Guillermo Francos, cuestiona que las fábricas de Tierra del Fuego solo “arman productos que vienen desarmados desde el exterior”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostiene que “en Argentina, un celular con tecnología 5G cuesta el doble que en Brasil o Estados Unidos”, y que los precios pueden bajar hasta un 30 % con la importación, además de “reducirse el contrabando y el robo de celulares”.
Modo de vida
Frente a la planta fabril de Ushuaia, los compañeros de Claudia se ponen de pie para atajar la carpa de plástico amenazada por las ráfagas de viento.
“La fábrica es mi vida. Yo me crié acá. Al trabajar tanto tiempo en un lugar los compañeros empiezan a convertirse en familia”, afirma la operaria.
Raúl Caucota, que trabaja hace 35 años en el mismo puesto, asiente a su lado. “En mi caso es todavía peor. Con mi edad no podría conseguir otro empleo”.
Raúl se mudó hace décadas desde el otro extremo del país, la provincia norteña de Jujuy, buscando oportunidades para desarrollarse y formar una familia. “Primero fue un simple empleo pero ahora es parte de nuestra identidad. Un modo de vida que vamos a defender como sea necesario”, asegura.
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Escándalo de la “jueza de dios” por grabar caso Maradona sin autorización
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
“La jueza de dios”, una magistrada del tribunal argentino encargado de definir si la muerte de Diego Maradona fue un homicidio, ratificó este martes pasado que pretende continuar al frente del juicio tras el escándalo por su participación en un audiovisual que ha puesto el proceso al borde del fracaso.
La figura de la jueza Julieta Makintach está en la picota después de que se conocieran grabaciones no autorizadas dentro del tribunal de San Isidro, 30 Km al norte de Buenos Aires, en el que se juzgan las posibles responsabilidades por la muerte de Maradona en 2020, cuando tenía 60 años. “La jueza de dios” es el apodo que la prensa local le dio a la abogada.
Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020 debido a un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria recuperándose de una cirugía neurológica. La pena en caso de ser hallados culpables va de 8 a 25 años de prisión. El escándalo pone en riesgo la validez de las 20 audiencias que llevan transcurridas y los más de 40 testimonios presentados en el juicio desde el 11 de marzo.
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“Gran operación mediática”
Los videos se difundieron el fin de semana después de que los abogados querellantes denunciaran que Makintach iba a participar en un documental sobre el caso sin conocimiento de las partes y a pesar de que el acceso de cámaras no se permite desde la segunda audiencia.
“No hay irregularidad, delito o causal de mal desempeño. Lo que puede haber es una gran operación mediática para ocasionar que me aparte de este debate, pero yo no me voy a excusar, no hice nada irregular”, dijo la jueza este martes ante el tribunal cuando las partes solicitaron que dejara la causa.
En varias de las tomas que se filtraron a la prensa tras una serie de allanamientos, Makintach se presenta, camina frente a la cámara y declara: “No me imagino haciendo otra cosa (que ser jueza)”. La magistrada negó que esos videos fueran parte de un documental.
El fiscal Patricio Ferrari la acusó de mentirosa. “No logro salir del asombro. La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara”, dijo este martes ante el tribunal.
“Esto fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach que en todo momento ofició de actriz y no de jueza”, agregó.
El abogado querellante Mario Baudry consideró que lo sucedido “es el peor escándalo en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en toda su historia”.
Fernando Burlando, representante legal de dos de las hijas de Maradona (Dalma y Gianinna), había adelantado que pediría la recusación de la magistrada y el juicio político contra Makintach, lo que puede inhabilitarla como jueza.
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“Escándalo absoluto”
El juicio dio un giro el 15 de mayo cuando una de las defensas pidió la recusación de Makintach por parcialidad -señalando su vehemencia al interrogar testigos- y por sospechar que había participado en la realización de un documental, algo que se rumoreaba entre las partes y la prensa desde el comienzo de las audiencias el 11 de marzo.
La jueza rechazó también esos cargos. “Nadie puede decir que yo tengo inclinación en la balanza de la justicia hacia alguna de las partes”, afirmó en su descargo.
Al pedido de recusación, que fue apelado, le siguieron dos solicitudes más en igual sentido de abogados defensores. Ambas deben resolverse este martes.
Una de las implicadas en las grabaciones sostuvo que los videos forman parte de una entrevista a la magistrada “en su rol de jueza y mujer” y negó el proyecto de un documental, en un escrito presentado ante la fiscalía al que accedió la AFP.
Adrián Tenca, doctor en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, dijo a la AFP que esta situación “es un escándalo absoluto porque los jueces penales o los jueces en general tienen que mantener ante todo el decoro y, segundo, ser objetivos”.
Makintach “debe ser destituida por un juicio político” y el proceso judicial “debe anularse”, opinó. La policía allanó seis domicilios el jueves tras la denuncia presentada por los abogados Burlando y Baudry. Durante el proceso, la querella cuestionó la internación en el domicilio, las condiciones del lugar y la atención brindada a Maradona. Una octava acusada será juzgada por separado.