El gobierno de Uruguay anunció el jueves una inversión de 4.000 millones de dólares para la construcción de una planta de producción de hidrógeno verde y proyectos de energías renovables. “En esa transformación energética que está viviendo el mundo, Uruguay ha hecho los deberes”, afirmó el presidente Luis Lacalle Pou, al revelar el plan en la ciudad de Paysandú, unos 400 km al noroeste de Montevideo, donde se ubicará la planta.
Señaló que la construcción se prevé que comience este año, tras una licitación lanzada en septiembre pasado en la que se recibieron propuestas de más de 50 empresas. La elegida fue HIF Global, una multinacional de combustibles sintéticos con sede en Houston, Texas, que “cuenta con amplia experiencia adquirida a lo largo de los años” en proyectos en Estados Unidos, Australia, y Chile, dijo la petrolera estatal Ancap en un comunicado.
El hidrógeno es una alternativa a los combustibles fósiles que propician el cambio climático, dado que en su combustión no emite contaminantes. Pero la actual generación de hidrógeno, principalmente a partir de gas natural y carbón, está bajo la lupa por emitir grandes cantidades de CO2.
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Por eso el mundo apuesta cada vez más al hidrógeno verde, esto es, el hidrógeno generado mediante electrólisis a partir de energías renovables, como la solar, la hidráulica y la eólica. El proyecto en Paysandú será el primero en Uruguay dedicado a la generación de electrocombustible, dijeron las autoridades. Ancap dijo que se prevé producir 180.000 toneladas por año de e-gasolina a partir de la captura de 710.000 toneladas por año de CO2 proveniente de la combustión de biomasa y destilación de alcohol de cereales, y de la producción de 100.000 toneladas de hidrógeno verde por año.
“El proyecto requerirá una inversión cercana a los 1.985 millones de dólares en la captura de CO2, producción de metanol y terminación de gasolina sintética, junto con otros 2.000 millones de dólares en la instalación de parques de aerogeneradores, granjas fotovoltaicas y líneas de transmisión en un radio de hasta 180 km de la ciudad de Paysandú”, según el comunicado.
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Fuente: AFP.
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Oficialismo inscribe cuatro candidatos a primaria para elección presidencial en Chile
- Fuente: AFP
La coalición oficialista de izquierda en Chile inscribió el miércoles cuatro candidatos que competirán en la primaria que definirá su carta única para las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.
Los partidos de la alianza que respalda al gobierno del presidente Gabriel Boric buscan medirse en las primarias voluntarias previstas para el próximo 29 de junio.
Carolina Tohá, exministra del Interior de Boric, es la mejor posicionada para ganar esa interna, en la que también participarán la comunista y exministra del Trabajo Jeanette Jara, y los diputados Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social).
Los partidos de derecha no se inscribieron para las primarias y sus candidatos se medirían en primera vuelta.
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A nivel general, Evelyn Matthei, exalcaldesa del municipio capitalino de Providencia y apoyada por los partidos de la derecha tradicional, lidera la carrera presidencial con 20 % de la intención de voto.
La última encuesta Cadem le da a Tohá el 6 % de las preferencias. La siguen Winter y Jara, ambos con 4 %. Mulet no marca en los sondeos.
“Los años de más avance social, de más logro democrático, de más avance de las mujeres (...) han sido encabezados por el progresismo”, destacó el miércoles Tohá, frente a unas 200 personas que acompañaron la inscripción del pacto “Unidad por Chile” en el Servicio Electoral.
Cientista política, de 57 años, ingresó al gobierno de Boric en setiembre de 2022 para enfrentar el aumento del crimen organizado en el país. Dejó el cargó a inicios de marzo para buscar su primera candidatura presidencial.
Tohá es militante del Partido por la Democracia (PPD) y es apoyada por los partidos Socialista, Radical y Liberal.
Además de Matthei, en la papeleta de noviembre competirían por la derecha José Antonio Kast, del Partido Republicano, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, y Francesa Muñoz, del Partido Social Cristiano.
Kast, que en 2021 perdió en segunda vuelta frente a Boric, figura en los sondeos con el 12 % de la preferencias, mientras que Kaiser acumula el 11 %.
El 18 de agosto vence el plazo de inscripción de candidatos presidenciales.
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Gremio porcino celebra apertura del mercado argentino y apunta a Chile
La carne porcina paraguaya tiene a Argentina como nuevo destino y los productores celebran el hito y destacan el buen trabajo tanto del sector como de la Cancillería Nacional, en las gestiones. Desde la Cámara de la Industria Porcina y Derivados (Capainprod), afirman que la importancia del mercado argentino radica en su proximidad y por las oportunidades de crecimiento comercial con el vecino país.
La presidenta de la Capainprod, Marta Mareco de Ros, destacó que empresarios argentinos visitaron varias plantas procesadoras locales y se espera que el primer envío de carne porcina al país vecino se materialice en la brevedad. “Argentina nos habilitó de manera muy dinámica y estamos en contacto con compradores interesados”, dijo a la 1330 AM.
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De esta manera, dicho país se suma a los destinos ya consolidados como Taiwán, Rusia y Uruguay, destacando a este último país como el primero que abrió su mercado para la proteína porcina paraguaya en medio de un escenario complicado como el de la pandemia del Covid-19.
La presidenta del gremio hizo una mención especial a la labor de la Cancillería Nacional por las gestiones interinstitucionales y afirmó que esta apertura tendrá un impacto sumamente positivo para productores del interior del país, ejemplificando que en localidades como Alto Verá lograron una transformación económica a través de esta actividad pecuaria.
“Las familias que trabajan en todo el sector productivo porcino son alrededor de 50.000 y muchas vienen de pequeñas granjas, de pequeños productores. Por eso es la sostenibilidad la que tenemos que trabajar con este sector, porque nosotros necesitamos crecer todos juntos”, consideró.
Según Mareco de Ros, el desafío actual es lograr la apertura de otros mercados como Chile, Singapur, Filipinas y México, países con los que ya se desarrollan las fiscalizaciones previas. “El cerdo paraguayo es una proteína saludable, eficiente y de alta calidad. Queremos que esta industria siga creciendo de forma planificada e inclusiva, con participación de los pequeños, medianos y grandes productores”, afirmó.
Dijo además que durante los primeros meses de mayo, presentarán al Servicio Nacional de Calidad y Salubridad Animal (Senacsa), la compartimentación que realizaron en Itapúa. Se trata de un sistema de gestión que busca mejorar la sanidad y seguridad de la producción porcina, facilitando el acceso a nuevos mercados internacionales.
“Eso es sumamente importante porque se va a certificar la unidad de genética, la unidad productora de lechones, la fábrica de lanceado, el frigorífico y las granjas. Va a ser todo un proceso totalmente trazable y eso nos vamos a presentar al Senacsa para poder abrir el mercado chileno”, destacó.
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Apuntando al Uruguay: productores de zapallo de Ñacunday buscan su primera exportación
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Productores de zapallo de Ñacunday se preparan para concretar la primera exportación que, en este caso será al Uruguay. Para ello existe un trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) para la fitosanidad de la producción, de acuerdo a la exigencia del mercado uruguayo.
Así manifestó a La Nación/Nación Media, el ingeniero agrónomo Guido Servían, del Senave, sobre el trabajo que se viene realizando en 25 hectáreas de zapallo, pertenecientes a 12 productores organizados en la Asociación de Productores Ponta Jovai, de Lomas Valentinas. Informó que por hectárea producen un promedio de 15.000 kilos.
“Uruguay exige que el producto sea libre de una especie de mosca llamada anastrepha grandis, para que puedan recibir la producción nuestra; en tal sentido estamos haciendo el seguimiento con los trabajos técnicos y de laboratorio para lograr el objetivo”, explicó el funcionario del Senave.
Por su parte, Juan Bosco Gómez Cáceres, miembro de la asociación, informó que el 30 de abril se reunirán con el empresario que compraría los zapallos, una vez completado los requerimientos. Mencionó que varios de los productores ya están con las hortalizas listas para ser comercializadas.
“Nos estamos preparando para la exportación a la República Oriental del Uruguay. Ya el año pasado tuvimos el proyecto de exportar, pero en la total ignorancia sobre el proceso fitosanitario que debíamos hacer”, expresó el productor.
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Indicó además que “esta vez el representante de la empresa se va a reunir con nosotros, comercializaremos directamente con el mercado uruguayo”. De la reunión también participará la empresa contratada por la firma compradora para el transporte de los zapallos.
Buen precio y nuevos mercados
“Lo que buscamos es buen precio, cuesta la producción, desde la preparación de la parcela para sembrar, lo que incluye fertilizantes, fungicidas, insecticidas, la semilla que no está tan barata, un paquete de semillas cuesta 1 millón de guaraníes y se necesita como mínimo tres paquetes para una hectárea de siembra”, explicó Juan Gómez Cáceres.
El productor dijo que buscan “nuevos mercados para que haya competencia”, además de mencionar el perjuicio que les ocasiona el contrabando. “El contrabando afecta considerablemente los precios”, remarcó el productor de Ñacunday.
En lo que respecta a Alto Paraná, cinco productores de Juan León Mallorquín, con un total de 35 hectáreas de cultivos de zapallo, también son parte del proyecto de comercialización al Uruguay, al igual que unos diez agricultores de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, según el ingeniero Guido Servían.
Datos claves
- Por hectárea los agricultores producen un promedio de 15.000 kilos de zapallo.
- Los productores buscan “nuevos mercados” para una mayor competencia.
- Un paquete de semillas de zapallo tiene un precio de 1 millón de guaraníes.
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Paraguay-Uruguay: a 142 años del Tratado de paz, amistad y renuncia de pagos de deuda
La Guerra de la Triple Alianza dejó a Paraguay una serie de secuelas que con los años y el esfuerzo de la ciudadanía y autoridades de la época se fueron subsanando. En el marco de esta realidad es indiscutible como gran parte de ese trabajo de reconstrucción se vio impulsado por acciones claves como la firma del Tratado de paz, amistad y renuncia del pago de gastos de guerra entre las repúblicas de Paraguay y Uruguay el 20 de abril de 1883.
Con la firma del mencionado tratado se llegaba a un entendimiento a través del cual se declaraba nulo y sin ningún valor el proyecto de Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación de diciembre de 1873 (también conocido como Tratado Miranda-Sienra Carranza), ratificándose la renuncia formal al cobro de los gastos de guerra, equivalente a la suma de 3.690.000 pesos.
En el Tratado Miranda-Sienra Carranza, la República del Paraguay reconocía como “deuda suya” el importe de los gastos de guerra hechos por la República Oriental del Uruguay para la campaña guerrera de 1865-1870 y debían ser cubiertos los “daños y perjuicios irrogados por la guerra, a los ciudadanos y demás personas amparadas por el derecho de la República Oriental del Uruguay”.
En conversación con La Nación/Nación Media, el exembajador del Uruguay en nuestro país, Federico Perazza, recordó este hecho largamente estudiado como una práctica poco común, pero que sin ninguna duda sentó un precedente en las relaciones amistosas entre ambos países vecinos.
“Hay que recordar que en nuestro continente, en el transcurso del XIX, la práctica de condonar deudas de guerra a través de tratados no era algo usual. Muy por el contrario, en el mencionado siglo, los tratados contemplaban deudas y gastos de guerra, reflejando de manera concreta los intereses políticos, económicos y estratégicos de la época, en ese contexto particular de formación de nuevos Estados independientes y de frecuentes conflictos bélicos entre naciones”, remarcó Perazza.
El diplomático explicó que el presidente de aquel momento del Uruguay, el general Máximo Santos, empieza a emitir leyes por las que la nueva reconfiguración departamental del país abreva en figuras trascendentes de su historia y, por supuesto, se ve ante una época en que había que repensar la relación con el Paraguay después del desastre de la guerra grande.
“Parecía, pues, que en este contexto histórico tan particular algunas acciones internas iban a permear medidas de política exterior, sobre todo aquellas relacionadas con la paz con sus vecinos. Entiendo que ese momento había llegado y con él intentar la reconstrucción de relaciones a través de la formalidad de un tratado vinculante que abordara la paz definitiva y todo lo que ella conlleva para su perpetuidad”, indicó Federico Perazza.
Al analizar la firma de este tratado, el diplomático enfatizó que en las negociaciones llevadas adelante por el representante paraguayo, el canciller José Segundo Decoud, y por el enviado especial de la República del Uruguay, Ernesto Kubly, se pudo advertir la postura receptiva, solidaria y conciliadora del Uruguay, que era ni más ni menos que la posición pragmática del general Máximo Santos sintetizada en su frase “el Paraguay no nos debe nada”.
“El perdón de la deuda paraguayo fue una alta inspiración del general Santos. Los miembros del gabinete paraguayo aspiraban a dicha exención que, a no dudarlo, tenía una gran importancia para las finanzas de su país, y complacerlos era una medida de elevada política. Los pequeños estados americanos hallarían su salvaguardia en la práctica de los grandes principios que niegan el derecho de la fuerza”, enfatizó Perazza.
Tras la firma de este tratado, La Plaza San Francisco en Asunción fue renombrada como “Plaza República Oriental del Uruguay”, conocida como Plaza Uruguaya. Así también el General Santos fue honrado con la ciudadanía paraguaya y el nombramiento como General honorífico de los ejércitos de Paraguay. Y en 1885 se vivió la devolución de los trofeos de guerra por parte del gobierno del Uruguay.
De esta manera, Paraguay lograba con Uruguay la condonación de su deuda de guerra, algo que no había podido lograr con Brasil en 1872 ni tampoco con Argentina en 1876. Con Argentina se debió esperar hasta 1942 para que el Gobierno de Ramón Castillo y su parlamento sancionaran la ley 12.747 que renunciaba al cobro de la misma y con Brasil en 1943, bajo la presidencia de Getulio Vargas, se hizo lo propio.
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