El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó este jueves pasado los logros de su cruzada contra las pandillas y anunció una “guerra frontal” contra la corrupción, que incluye construir una cárcel especial para “delincuentes de cuello blanco”. Bukele anunció además que impulsará una reforma legal para reducir de 84 a 60 los escaños legislativos y bajar de 262 a 44 los municipios en el país, en un discurso ante el Congreso al cumplir cuatro años de mandato, en medio de seguidores que coreaban “reelección, reelección”.

“Hoy declaramos la guerra contra la corrupción”, aseguró el mandatario, tras considerar que se trata de un mal “endémico” que, “al igual que las pandillas, tiene tentáculos en todos los niveles del Estado” salvadoreño. “Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado, con todas las herramientas legales que tenemos, sin titubear en ningún momento, también iniciaremos la guerra frontal contra la corrupción”, sostuvo el mandatario.

Bukele prometió que también se construirá “una cárcel” para los “delincuentes de cuello blanco”, tal como construyó una megacárcel para pandilleros. “También construiremos una cárcel para los corruptos. Incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado”, prometió. Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40.000 presos, la prisión “más grande de América”, con un severo régimen de reclusión denunciado por organismos de derechos humanos.

En su discurso el mandatario resaltó la lucha contra las pandillas, lanzada hace 14 meses, la cual -dijo- ahora permite a los salvadoreños tener “más seguridad en las calles”. En virtud de un régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, casi 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, de los cuales han sido liberados unos 5.000, según el gobierno.

Bukele aseguró que la “guerra” contra la corrupción será a todos los niveles, pues lo cometen funcionarios del Estado en contubernio con “empresarios privados”. “En este país los corruptos pasan pensando todo el tiempo en cómo hacer para sacar más dinero de las arcas del Estado (...) y, ojo, para que exista el funcionario corrupto también hay un empresario corruptor”, sostuvo. El mandatario no precisó cifras sobre corrupción, aunque aseguró que los actos de corrupción no permiten al Estado destinar fondos a áreas sociales u otras necesidades de la población.

Durante su discurso ante el Congreso, Bukele explicó que no se encontraba en el lugar uno de los invitados, el fiscal general Rodolfo Delgado, pues se encontraba encabezando un operativo de “extinción de dominio” de propiedades del expresidente derechista Alfredo Cristiani (1989-1994), señalado de actos de corrupción.

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Cristiani, según Delgado, “huyó” del país, pero la Fiscalía “prepara” una “formulación de cargos de naturaleza penal” en contra del exmandatario por presunta corrupción, aunque no precisó los delitos que se le imputarán. Las autoridades no han mencionado cuándo y hacia qué país se fue el expresidente.

De momento la Fiscalía ha procedido a la “extinción de dominio”, avalada por un juzgado, de 156 inmuebles de Cristiani, entre ellas varias mansiones en distintos puntos del país, además de 42 vehículos y varios “productos financieros”. “No podemos tolerar que este tipo de personas se burle de nosotros y básicamente juegue con el dinero que le pertenece al pueblo salvadoreño”, agregó el fiscal general en declaraciones al noticiero del estatal Canal 10 de televisión.

El presidente salvadoreño señaló que “espera” que sus propuestas para reducir el número de diputados y el número de municipios del país sean “aprobadas” por el Congreso antes de las elecciones generales de 2024.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha definido que la elección de presidente y de diputados al Congreso se realice el 4 de febrero, mientras que la elección de concejos municipales de los 262 municipios del país y diputados al Parlamento Centroamericano se realice el 3 de marzo de 2024. Bukele dijo en septiembre que aspira a buscar la reelección en 2024, pero no tocó el tema este jueves en su mensaje al país.

El presidente Nayib Bukele cumplió cuatro años en el poder en El Salvador con gran popularidad por su “guerra” contra las pandillas, pero con críticas sobre la vigencia de los valores democráticos. Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, que ha devuelto la seguridad a las calles, pero su cruzada antipandillas encendió las alarmas de los defensores de los derechos humanos y algunos analistas advierten que parece gobernar sin contrapeso de otros poderes del Estado.

“Se puede calificar como un logro notable el tema de la reducción de la operatividad de las pandillas (...), por la reducción del número de delitos cometidos”, declara a la AFP Carlos Carcach, investigador del área de políticas públicas en la Escuela Superior de Economía y Negocios. “El principal logro es el tema de la seguridad, la desarticulación de las pandillas”, coincide Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva. “Realmente ha generado un nuevo clima donde se comienza a ver una revitalización del tejido productivo de microempresas”, afirma a la AFP.

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Las pandillas mantenían el control del 80 % del territorio del país, según el gobierno, y se financiaban con masivas extorsiones, sicariato y tráfico de drogas. Para combatirlas rige desde hace 14 meses un régimen de excepción que permite a la policía y el ejército hacer arrestos sin orden judicial. La medida fue aprobada por el Congreso a pedido del Bukele, en respuesta a una escalada de violencia pandillera que se cobró la vida de 87 personas.

Las autoridades han ido liberando barrios y recuperando miles de casas usurpadas por pandilleros. Los homicidios cayeron en 2022 a una cuarta parte de la cifra de 2019, según datos oficiales. Amenazada por las pandillas, Cristina Arévalo, de 71 años, tuvo que cerrar su pequeña tienda en la periferia de San Salvador hace unos años, pero ahora piensa reabrirla.

“Con la seguridad que se vive, pronto reabriré, porque ya no me van a extorsionar”, dice la mujer a la AFP. Hasta ahora han sido detenidos casi 69.000 presuntos pandilleros, de los cuales unos 5.000 han sido liberados, según el gobierno. Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40.000 presos, la prisión “más grande de América”, con un severo régimen de reclusión. La ONG Cristosal dijo que hasta abril 153 reclusos murieron “bajo custodia del Estado”.

Publicista de 41 años asiduo a las redes sociales, Bukele enfrenta una oposición casi inexistente desde el “remezón” de 2019, cuando venció a los candidatos de los partidos tradicionales de derecha e izquierda. Con apoyo del Congreso, donde posee gran mayoría, en 2021 destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más alta instancia judicial del país.

También destituyó al fiscal general y a un tercio de los 690 jueces (a los mayores de 60 años o con 30 años de servicio). Estados Unidos, la ONU y la OEA llamaron entonces a El Salvador a respetar la separación de poderes. Además, Bukele consiguió que la Corte Suprema lo habilitara para buscar la reelección en 2024, aunque la Constitución lo prohíbe, generando un debate sobre si la medida es legal.

“El gobierno y el presidente tienen todo servido para la reelección, no solo por el respaldo popular, sino que tiene el control de la mayoría de la institucionalidad”, señala a la AFP el vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Omar Serrano. “Ha sido un gobierno que ha sacudido al país”, pero que “se ha llevado por delante muchas cosas, que ha socavado los incipientes avances democráticos que se tenían”, agrega.

Para Carcach, el costo de contener a las pandillas ha sido el de “implantar un régimen de excepción que implica la desaparición del estado de derecho y del reino de la constitución”. En tanto, el sacerdote jesuita y docente de la UCA Rodolfo Cardenal afirma que en el país se vive “la negación del derecho constitucional y los derechos humanos”.

No se puede “resolver un crimen cometiendo una serie de violaciones”, indica. Los salvadoreños avalan los métodos de Bukele porque “el país tiene una mentalidad dictatorial y autoritaria desde hace muchísimo tiempo, y porque piensa que esa es la solución, pero a largo plazo no se sostiene”, advierte Cardenal.

Otra medida polémica de Bukele fue la adopción del bitcoin como moneda de curso legal. En septiembre de 2021, El Salvador fue el primer país en adoptar el bitcoin, junto con el dólar, que circula desde 2001. Pero la cotización de la criptomoneda se desplomó y ha tenido poca aceptación en el país. La adopción del bitcoin “ha sido la medida más impopular y que menos respaldo social ha tenido”, afirma Serrano, encargado de estudios de opinión pública de la UCA.

Fuente: AFP