Familiares, amigos y políticos acompañaron ayer miércoles en Bogotá el entierro del senador y precandidato presidencial asesinado a tiros Miguel Uribe, sin la presencia del presidente de izquierda colombiano Gustavo Petro por pedido de la familia del opositor. Uribe murió el lunes por las heridas en la cabeza de un brutal atentado ocurrido en junio.

"Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa (...) Tuve que decirle a un niño de apenas cuatro años, con todo el dolor de mi alma, la horrenda noticia del asesinato de su madre (...) esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño", evocó este miércoles en el funeral su padre Miguel Uribe Londoño. Nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978-1982), Uribe era hijo de la afamada periodista Diana Turbay, secuestrada por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo policial de rescate.

En un emotivo discurso antes del entierro, su viuda María Claudia Tarazona despidió al senador de 39 años, quien era el candidato favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026. “Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de amor y de felicidad, sin odio y sin rencores”, dijo en el que señaló como uno de los “días más oscuros” de Colombia.

Este mismo miércoles, el congresista de derecha Julio César Triana sufrió un atentado a tiros del que resultó ileso en una zona con presencia guerrillera en el sur de Colombia. El presidente izquierdista Gustavo Petro y sus funcionarios de gobierno se abstuvieron de asistir a los actos fúnebres por solicitud de los allegados de Uribe. “Simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio (...) sea tomado por los partidarios del odio”, escribió el mandatario en la red social X.

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Uribe fue homenajeado desde el lunes en el Congreso y este miércoles se realizó una misa en la catedral de Bogotá. El compositor colombiano y cantante de salsa Yuri Buenaventura, que vive en Francia, interpretó su canción ‘El Guerrero’, usada con frecuencia para recordar al candidato presidencial Luis Carlos Galán, también asesinado en 1989.

Una marcha fúnebre acompañó a los familiares de Uribe hasta el Cementerio Central. Tarazona, sus tres hijas adolescentes y su hijo común, Alejandro, de cuatro años, se despidieron entre lágrimas y lanzaron flores a la tumba. La viuda y el padre del presidenciable, Miguel Uribe Londoño, se dieron un sentido abrazo de pésame.

Uribe Londoño también aprovechó para llamar a la derecha a movilizarse para las elecciones presidenciales de 2026. La oposición ha señalado a Petro de polarizar el debate público y algunos le endilgan responsabilidad política por el magnicidio. En el homenaje estuvieron presentes varios expresidentes de Colombia, así como Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos; John McNamara, embajador de ese país en Colombia; y el senador estadounidense Bernie Moreno.

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“Necesitamos que los órganos de inteligencia de países amigos como los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel ayuden a la inteligencia militar y policial, a los jueces y fiscales a esclarecer este magnicidio”, leyó el opositor Gabriel Vallejo en un discurso escrito por el expresidente Álvaro Uribe, histórico líder de la derecha, ausente debido a su arresto domiciliario por una condena por soborno.

En la noche se organizó una vigilia con velas y fotos de Uribe con el texto “¿quién dio la orden?”, en la que decenas de personas pidieron justicia frente a la Fiscalía. Las autoridades han capturado a seis personas vinculadas al asesinato, incluido el agresor de 15 años, y señalan como principal sospechosa a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.

Fuente: AFP.

La COP30 que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, en Amazonía, podría ser “la más excluyente de la historia” por los elevados precios del hospedaje, alertó este martes una red de organizaciones ambientalistas brasileñas. Países en desarrollo, así como algunos Estados africanos e insulares, han pedido a Brasil que cambie la sede de la conferencia anual de Naciones Unidas sobre el calentamiento global a una ciudad con mayor capacidad hotelera, ante la disparada de los precios de los hoteles en Belém, que pueden exceder los 1.000 dólares por noche.

El gobierno del gigante sudamericano ha descartado esa opción y participará el jueves en una reunión con la ONU para buscar una solución. “Sin una solución inmediata para la crisis, la COP en Brasil corre el riesgo de ser la más excluyente de la historia, con una reducción del número de delegaciones nacionales, de miembros de órganos constituyentes y otros observadores y de la prensa”, alertó la red ambientalista Observatorio del Clima en un comunicado.

Las organizaciones señalaron una “negligencia del gobierno federal y del gobierno de Pará”, estado del que Belém es capital. “Tuvieron dos años y medio para resolver la cuestión del alojamiento en la ciudad y no lo hicieron”, enfatizaron. La semana pasada el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, renunció a participar en la COP30 principalmente por los precios del hospedaje.

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“Una reducción del número de delegados impactaría la propia legitimidad de lo que se negocie en Belém”, alertaron los ambientalistas del Observatorio del Clima. En un esfuerzo por responder a la preocupación sobre los precios de los alojamientos, el gobierno de Brasil lanzó a mediados de julio, con varios meses de atraso, una plataforma virtual con hospedaje a precios de hasta 220 dólares por noche para los países con mayores dificultades financieras para asistir al evento.

“Tenemos que conseguir habitaciones y estamos haciendo todo lo posible para ello. De lo contrario, la COP tendría realmente un problema de legitimidad”, reconoció el presidente de la COP30 André Correa do Lago en entrevista con la AFP. Ante las dificultades para encontrar hospedaje, algunas organizaciones “están pensando en delegaciones más pequeñas y en dormir en iglesias o mezquitas”, dijo además a la AFP una fuente que asesora a varias ONG ambientalistas.

Fuente: AFP.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer viernes el inicio de “conversaciones” en el extranjero con el clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país que bate récords de narcocultivos.

El poderoso grupo ilegal de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, con más de 7.500 miembros entre combatientes y redes de apoyo, es el mayor productor de cocaína del mundo y uno de los principales retos de seguridad del primer gobierno izquierdista del país.

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“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista”, dijo Petro durante un evento en Córdoba (norte), sin dar más detalles. El anuncio se da mientras el país atraviesa su peor ola de violencia, provocada por los grupos ilegales, desde el histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El clan del Golfo insiste en ser reconocido como un grupo político y recibir un trato judicial diferenciado similar al de la guerrilla y los escuadrones paramilitares. Estos están sometidos a un sistema de justicia transicional, en el que prima la reparación a las víctimas y la memoria histórica por sobre las penas de cárcel. Para los expertos en procesos de paz, el grupo narcotraficante no cumple con los requisitos para acceder a la justicia transicional.

“Su conexión con economías ilícitas desde su fundación” y la falta de un “proyecto político detrás de la organización” la alejan de esta categoría, dijo a la AFP Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para La Paz (FIP). A finales de julio, el gobierno presentó una cuestionada propuesta ante el Congreso para someter a los grupos criminales con beneficios como la reducción de penas y la no extradición, a cambio de su desarme.

Desde que arrancó su mandato en 2022, Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados, sin éxito hasta ahora. “Estamos intentando quitar las finanzas” de los grupos que “hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia”, declaró el presidente.

Durante el mandato de Petro, los grupos armados, financiados por actividades como el narcotráfico o la minería ilegal, se han fortalecido, según expertos. Con el estancamiento de la política de paz y a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, Arias considera que “no hay tiempo” para lograr un acuerdo de paz con el Clan del Golfo.

“No hay tiempo ni espacio político para avanzar en un proceso de paz (...) Hay una clara instrumentalización de estos anuncios para hacer campaña electoral para 2026”, dijo. En medio del récord de narcocultivos en el país, con 253.000 hectáreas registradas en 2023 según la ONU, las fuerzas armadas llevan a cabo una gran ofensiva para intentar frenar al grupo narcotraficante.

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Los analistas afirman que el recrudecimiento de la ofensiva contra los grupos ilícitos responde a presiones de Estados Unidos, socio histórico de Colombia, en sus horas más bajas de relación bilateral. El anuncio de las conversaciones llega el mismo día que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para combatir a los cárteles latinoamericanos considerados “terroristas globales”.

Se espera que en setiembre Estados Unidos decida si renueva la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas. Si no lo hace, el país sudamericano dejará de recibir ayuda de ese país para combatir a las guerrillas y los narcotraficantes.

Fuente: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció ayer jueves la jurisdicción de Perú sobre una isla en el río Amazonas ubicada en la frontera entre ambos países, una declaración que el gobierno de la mandataria peruana Dina Boluarte rechazó enérgicamente. Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre la línea fronteriza en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas.

La isla Santa Rosa está ubicada en el río Amazonas y en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Según las autoridades peruanas es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y mandó a funcionarios a la zona.

“La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”, aseguró Petro el jueves.

Habló en la ciudad amazónica de Leticia, muy cerca de la isla contestada, adonde trasladó los festejos por el 215 aniversario de la independencia de Colombia por esta disputa. “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, aseguró Petro. El gobierno de Colombia, que hace un año ya había calificado de “ocupación irregular” la presencia peruana en la isla, dijo esta semana que ese territorio nunca fue “asignado” a Perú y pidió que una comisión binacional se pronuncie al respecto.

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El gobierno de Boluarte reaccionó más tarde a los dichos de Petro a través del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, que leyó una declaración desde la isla Santa Rosa, adonde viajó este jueves. “Rechazamos categóricamente estas expresiones que desconocen la soberanía peruana”, señaló Arana ante periodistas y autoridades locales de Santa Rosa.

Desde Japón, donde se encuentra de visita oficial, Boluarte declaró que “nuestra isla Chinería está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte”, según un comunicado. El canciller Elmer Schialer, que la acompaña en ese viaje, había dicho más temprano que Petro “no tiene razón jurídica, ni histórica, ni geográfica”.

“La isla Santa Rosa no es un nuevo islote. Es parte del territorio peruano reconocido desde hace más de un siglo. Esta es una situación que se debe manejar con prudencia, sin escalar tensiones entre pueblos hermanos”, señaló al canal N. Schialer dijo que había propuesto al gobierno colombiano adelantar para el 11 y 12 de septiembre una reunión técnica binacional prevista inicialmente para octubre para tratar temas fronterizos. En su discurso en Leticia, Petro confirmó esa fecha y dijo que la reunión tendrá lugar en Lima.

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Las dinámicas hidrológicas del río Amazonas hacen que la delimitación de la frontera sea compleja. Según un tratado bilateral firmado en 1922, la división territorial se establece en el punto más profundo del río. La disminución del caudal del río Amazonas en los últimos años preocupa a los expertos hidráulicos colombianos, que advierten que el país podría quedarse sin acceso directo al río. Este fenómeno tendría un impacto negativo en Leticia, capital amazónica e importante puerto comercial colombiano.

Lima sostiene que en Santa Rosa los pobladores y las autoridades siempre fueron peruanos. Su población actual es de menos de 3.000 habitantes. “Nosotros hacemos patriotismo peruano” pero queremos buscar “la solidaridad entre las tres fronteras”, dijo el martes a la AFP Walter Rubio, un pescador de 43 años y local de la isla.

Fuente: AFP.