El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, defendió la política de transparencia que lleva adelante la matriz del fútbol sudamericano en una alocución ante los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, informó la entidad en su página digital.
“La gente pide transparencia, pero cuando se camina en la transparencia, se empieza a ganar grandes enemigos, pero hay que seguir adelante”, expresó el dirigente sudamericano. Domínguez destacó el aumento exponencial de los ingresos desde que tomó el timón de la Conmebol, que de USD 99 millones en 2014, en 2023 se espera que lleguen a USD 511 millones.
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“Hemos logrado transformar el fútbol sudamericano con transparencia, gestión profesional y sobre todo la reinversión en el fútbol”, afirmó el mandamás de la Conmebol, invitado a participar en la sede de la OEA en la 54.ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, que organiza el Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (DDOT) de la OEA.
“Somos la única confederación de fútbol en el mundo que hizo una auditoría forense y a partir de esa auditoría se pudo colaborar en distintas investigaciones (…) y hemos recuperado más de 130 millones de dólares en efectivo”, explicó.
Fuente: AFP.
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Cinco países piden reunión de cancilleres en la OEA por veto electoral en Nicaragua
Un grupo de cinco países de la Organización de Estados Americanos (OEA) propone que los cancilleres de la región se reúnan el 2 de octubre para examinar “las acciones apropiadas” contra Nicaragua, según un borrador de agenda consultado este lunes por la AFP. Los estados miembros de la organización se reunirán este miércoles a las 10:00 (14:00 GMT) en Consejo Permanente para votar esa fecha, tras semanas de negociación interna.
“La Misión Permanente del Paraguay, en nombre propio y de las Misiones Permanentes de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú (...) propuso el viernes, 2 de octubre de 2026, como fecha” para esa reunión extraordinaria de cancilleres, explica el borrador. Los jefes diplomáticos de la región deberán “considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas”, explica el texto, en alusión al anuncio del gobierno sandinista de prohibir la participación de la oposición en las elecciones.
La OEA había aprobado el 19 de agosto la celebración de esta “reunión de consulta” de cancilleres, un mecanismo inusual. Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023. La pareja en la silla presidencial, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, acusa a la oposición de ser “traidores a la patria”, y la Asamblea Nacional nicaragüense votó a principios de mes ese veto electoral. La última reunión de cancilleres de la OEA (33 miembros activos) se celebró a finales de 2019, a causa de la situación en Venezuela.
Estados Unidos, que ha ido adoptando este año una amplia batería de sanciones económicas contra la pareja presidencial nicaragüense, el gobierno y entidades clave en el país centroamericano, presiona a la OEA para que tome medidas de aislamiento del régimen Ortega-Murillo. La OEA como tal no tiene poder para imponer sanciones, sino que deben ser puestas en vigor por cada país individualmente.
Desapariciones forzadas
El gobierno de Nicaragua mantiene a por lo menos una treintena de personas en “desaparición forzada”, un arma que utiliza para “aplastar” a la oposición, denunció este martes un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.
El mandatario Daniel Ortega, un exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.
Desde entonces se registran 161 casos de “desaparición forzada” y la muerte de ocho personas detenidas por motivos políticos, señaló un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, que estima que la cifra de desaparecidos puede ser superior.
Al menos 29 de esas personas continuaban en paradero desconocido al 31 de agosto pasado, detalló el reporte, que asegura que esta práctica constituye un crimen de “lesa humanidad”.
Lo que comenzó como “desapariciones de corta duración” para castigar a los detenidos e intimidar a sus familiares, ha pasado a ser una “práctica estratégica y recurrente de desapariciones prolongadas de meses o años” contra “un conjunto cada vez más diverso de víctimas”, añaden los expertos.
Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, considera que las protestas de 2018 fueron un intento de “golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.
Debido a la represión desatada tras las movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde acaba de aprobarse una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno.
Crímenes contra la humanidad
El Grupo de Expertos fue creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las violaciones y abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 e identificar a sus responsables.
En el informe “Anatomía de la crueldad estatal”, los investigadores denuncian que las desapariciones fueron ejecutadas mediante la actuación coordinada de varias instituciones y “una cadena de mando que llega hasta los niveles más altos del gobierno”.
Estas desapariciones constituyen “crímenes de lesa humanidad” por “encarcelación”, “tortura”, “actos inhumanos” y “persecución por motivos políticos”, subrayan.
El Grupo pidió al gobierno revelar el paradero de las personas desaparecidas, liberar a los detenidos por motivos políticos e investigar las muertes bajo custodia estatal, que incluyen a Humberto Ortega, hermano del presidente, fallecido en 2024.
Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual ha sido reelegido tres veces en cuestionados comicios. En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales.
El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en comicios por solicitud de Ortega y amplía su mandato de seis a siete años.
Caso Brooklyn Rivera
El informe aborda en particular la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, de 73 años, en mayo pasado. Su fallecimiento se produjo tras casi tres años de detención arbitraria, incluidos dos períodos prolongados de desaparición forzada, señaló el Grupo de Expertos.
A su juicio, las versiones oficiales sobre la muerte de Rivera fueron “médicamente incoherentes en aspectos fundamentales” y no podían ser verificadas debido a la ausencia de una investigación independiente.
El gobierno había informado que Rivera padeció varias infecciones respiratorias y otras complicaciones mientras permanecía hospitalizado y aseguró que recibió atención médica especializada.
Sin embargo, los expertos de la ONU señalaron que durante los 32 meses que permaneció detenido su familia no tuvo acceso a la historia clínica y tampoco se le realizó una autopsia que permitiera establecer la causa de su muerte.
Fuente: AFP.
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Candidata de Lista 1 no objetará mesas del PLRA en Capiatá pese a vencer plazo electoral
La candidata a intendenta municipal de Capiatá por la Lista 1 de la Asociación Nacional República (ANR), Laura Gamarra, anunció que su equipo político no presentará objeciones y acompañará las gestiones para que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por la Lista 2, pueda contar con representantes en las mesas de votación durante las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre.
Mediante una conferencia de prensa que brindó este domingo desde su residencia, ubicada en el barrio Santo Domingo de Capiatá, Gamarra explicó que el PLRA no habría presentado dentro del plazo establecido la nómina de sus funcionarios de mesa y apoderados ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), situación que lamentó y calificó como una sorpresa.
De hecho, de los 19 distritos del departamento Central, el PLRA no presentó su nómina para la integración de mesas en siete municipios. Además de Capiatá, están en la misma situación Areguá, Guarambaré, Itá, Itauguá, Luque y San Antonio. Plazo que feneció el pasado lunes 14 de septiembre, conforme al acta de audiencia del Juzgado Electoral de Central. Desde el PLRA señalaron, el pasado viernes, que la situación se está subsanando.
No obstante, la candidata colorada Laura Gamarra, acompañada del apoderado general Julio Ledesma, sostuvo que, por encima de los intereses partidarios, debe prevalecer la participación de los distintos sectores políticos y la voluntad ciudadana.
“Fue una sorpresa muy grande que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no presentó en tiempo estas nóminas de funcionarios de mesa como así también para apoderado y no han participado del sorteo correspondiente. De todo corazón lo digo, lamento muchísimo esa desidia y ese desinterés que han demostrado en esa circunstancia para todos demasiado importante”, comentó.
Gamarra aclaró que se puso en contacto con los apoderados nacionales del Partido Colorado, como también con los diferentes candidatos a concejales de la Lista 1, y aseguró que harán todo lo que sea necesario para acompañar las correspondientes gestiones ante la Justicia Electoral, para facilitar la representación liberal en las mesas electorales de Capiatá.
“Por encima de cualquier interés partidario, para nosotros está nuestra querida ciudad de Capiatá. Como candidata de la Lista 1 y el equipo político el Partido Colorado, en la ciudad no pondremos ninguna objeción con respecto a esa situación para que se pueda encontrar y subsanar esa situación. Teniendo en cuenta que la democracia, la voluntad del pueblo tiene que prevalecer siempre. Hemos tomado esta decisión incluso de acompañar la solicitud y las gestiones que en estos momentos están realizando el PLRA para que puedan contar con la representación de su partido en cada mesa de votación” enfatizó.
En favor de elecciones transparentes
La ciudad de Capiatá cuenta para este año con más de 150.000 electores, distribuidos en 26 locales de votación y más de 450 mesas electorales, según los datos mencionados durante la conferencia de prensa que fue transmitido por las redes sociales de Capiatá Press PY. Gamarra afirmó que la Lista 1 ya tiene organizado y capacitado a su equipo electoral para la jornada.
Por su parte, el apoderado general de la Lista 1 en Capiatá, Julio Ledesma, manifestó que acompañarán el proceso y sostuvo que la presencia de los distintos sectores políticos contribuirá a unas elecciones transparentes. Durante la conferencia se informó que Cruzada Nacional presentó en tiempo y forma su nómina de funcionarios de mesa y que su representación será definida conforme al procedimiento electoral correspondiente.
“Realmente existe un proceso todavía legal y existen instancias, en el cual el PLRA está apelando, en el cual nosotros vamos directamente allanarnos a lo que ellos están solicitando por el lado de la ciudad de Capiatá, entonces se va a facilitar mucho más rápido de que esa resolución sea favorable para el pueblo capiateño, para que todos estén representados en unas elecciones transparentes y que todos los partidos que hoy pugnan con una candidatura tengan su representación en todas las mesas”, acotó Ledesma.
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Conmebol presenta urgimiento en el caso Atlas
El organismo deportivo solicitó a la Corte resolver una recusación que ya lleva cinco meses.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), representada legalmente por el abogado Claudio Lovera, presentó formalmente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un urgimiento para destrabar la causa judicial caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/lavado de dinero” (n.º 6/2021). En esta causa, la Conmebol figura como víctima y querellante adhesiva.
El documento urge que se dicte la resolución correspondiente sobre “la recusación deducida por el abogado Alfredo Kronawetter, en representación del imputado Celio Tuunholi contra los miembros del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Primer Sala, Silvana Luraghi, Publino Escobar y Mario Camilo Torres, en la causa Miguel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”.
El urgimiento se da para que la Sala Penal de la máxima instancia judicial se pronuncie sobre esta acción, teniendo en cuenta que ya lleva más de 5 meses, y con ello destrabar la causa. “Dicha recusación fue interpuesta en fecha 10 de abril de 2026 y en atención al plazo establecido para su resolución viene a urgir el dictado de la resolución respectiva, a efectos de proseguir con la tramitación de la causa”, señala el documento.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
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Conmebol presenta urgimiento a la Corte para resolver recusación en caso Atlas
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), representada legalmente por el abogado Claudio Lovera, presentó formalmente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un urgimiento para destrabar la causa judicial caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/lavado de dinero” (n.º 6/2021). En esta causa, la Conmebol figura como víctima y querellante adhesiva.
El documento urge que se dicte la resolución correspondiente sobre “la recusación deducida por el abogado Alfredo Kronawetter, en representación del imputado Celio Tuunholi contra los miembros del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Primer Sala, Silvana Luraghi, Publino Escobar y Mario Camilo Torres, en la causa Miguel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”.
El urgimiento se da para que la Sala Penal de la máxima instancia judicial se pronuncie sobre esta acción, teniendo en cuenta que ya lleva más de 5 meses, y con ello destrabar la causa. “Dicha recusación fue interpuesta en fecha 10 de abril del 2026 y en atención al plazo establecido para su resolución viene a urgir el dictado de la resolución respectiva, a efectos de proseguir con la tramitación de la causa”, señala el documento.
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La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
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